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Última modificación: 2008-08-01
Inexistencia de vía de hecho por dictar providencia conforme a derecho

El accionante interpuso acción de tutela por considerar vulnerado su derecho al debido proceso dado que en la fiscalía en donde cursaba denuncia penal interpuesta por el actor fue precluída la investigación. A juicio del actor la decisión de la fiscalía constituye una vía de hecho porque desconoce el contenido del material probatorio, del que aparentemente se desprende la clara responsabilidad del inculpado, y porque fue adoptada sin que se efectuara la audiencia de conciliación que ordena la ley.

La Corte, al negar el amparo solicitado sostuvo que la resolución judicial atacada no reviste visos de arbitrariedad o subjetividad que la hicieran reprochable frente a la ley. El trabajo de interpretación adelantado por el fiscal, sobre el material probatorio aportado al expediente, no parece ignorar de manera grosera ninguno de los elementos de juicio que fueron recopilados durante la investigación. En ejercicio de su actividad, los funcionarios encargados de interpretar y aplicar la ley tienen un amplio margen de autonomía que no puede ser desconocido por vía de tutela, so pretexto de que otra interpretación de la ley o de las pruebas resulta asimismo admisible o más convincente. En lo referente a la celebración de la audiencia de conciliación (la cual es obligatoria), ésta fue efectivamente convocada por la fiscalía. Aunque no existe prueba de que éste haya comparecido, lo cierto es que la misma no pudo realizarse debido a la no comparecencia del sindicado. No consta en el expediente constancia del fracaso de dicha diligencia, hecho que constituiría, a lo sumo, una irregularidad procesal que no amerita ser calificada como vía de hecho; sin embargo, lo relevante en esta causa, es el hecho de que la diligencia no se cumplió por causas ajenas a la autoridad competente a la que, por el contrario, le correspondía continuar con el trámite de la investigación como en efecto lo hizo, llamando a rendir indagatoria al actor.

La Corte encuentra con toda claridad que, desde la apertura de la instrucción, el actor estaba enterado de los trámites adelantados en el proceso y que, por tanto, desde ese momento, tenía la posibilidad de acceder a los recursos legales para reclamar los derechos derivados de su condición de víctima y afectado. El accionante, para efectos de hacer valer sus derechos, contaba con la posibilidad de constituirse en parte civil; mecanismo que, al reconocerle la calidad de sujeto procesal, lo habilitaba para impugnar la resolución preclusiva de la investigación y para perseguir la indemnización de los perjuicios que presuntamente le fueron ocasionados. No obstante, este hecho no ocurrió ya que el actor no se asesoró de un abogado sino después de que la decisión le fue comunicada y, por supuesto, luego de que fracasara el intento de conciliación. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-166-00

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