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Última modificación: 2008-08-01
El limite de los 1.000 salarios mínimos legales, del artículo 97 cp, corresponde a indemnización de daños morales cuyo valor no fue determinado en el proceso

La Corte Constitucional se pronunció frente a la acción de inconstitucionalidad del artículo 97 del Código Penal, Ley 599 de 2000, sobre el límite de 1.000 salarios mínimos legales mensuales que establece el citado artículo, como indemnización de daños ocasionados con la conducta punible, los factores de tasación y el requisito de que los daños materiales deben probarse dentro del proceso. Para el actor, el límite impuesto por la norma demandada vulnera los derechos de las víctimas de la conducta punible, a la igualdad y a una reparación integral que compense efectivamente el daño sufrido.

La Corte declara exequible de manera condicionada el inciso primero sobre el límite de 1.000 salarios mínimos establecido en el artículo 97 citado, en el entendido de que ese límite se aplica exclusivamente a la parte de indemnización de daños morales cuyo valor no fue objetivamente determinado en el proceso penal, dado que esa interpretación es la que más se ajusta a la Constitución, porque: 1- Si este límite se aplicara a los perjuicios materiales, la disposición resultaría claramente desproporcionada y contraria a la Constitución frente a los derechos de la víctima a la reparación en los eventos en que los daños causados por la conducta punible supere dicho monto, incluso en los casos en que los daños materiales cuya valoración suponga una apreciación de elementos de difícil cuantificación, la disposición demandada impondría una carga desproporcionada sobre los derechos de las víctimas y perjudicados que impediría su reparación integral y podría llegar a convertir en irrisoria la compensación que se obtenga en el proceso penal, por ejemplo en casos como los daños ambientales cuyo impacto futuro es de difícil, pero no imposible valoración.

También señaló la Corte que examinada la disposición cuestionada en relación con un contexto normativo más amplio y si se tienen en cuenta las disposiciones civiles y contencioso administrativas que regulan la responsabilidad derivada del delito, se podrían presentar situaciones en las que las víctimas y perjudicados lograrían la reparación integral en el proceso civil o en el contencioso administrativo, pero no en el proceso penal.

Esta limitación impediría la tutela efectiva de los derechos e intereses jurídicos protegidos por el Derecho Penal, cuando el valor del daño causado fuera superior al monto máximo fijado por el artículo demandado y en esos mismos casos se comprometería, además, el derecho a acceder a la justicia; 2- Que se entienda que el límite no es aplicable a los perjuicios materiales lo que no afecta de manera manifiestamente desproporcionada los derechos del condenado, puesto que la reparación que reconocerá el juez penal corresponderá al daño efectivamente causado cuya existencia y cuantía han sido probados en el proceso penal, aun en los casos de daños materiales de difícil valoración, puesto que la decisión judicial no dependerá de su criterio subjetivo, sino de las pruebas que reposen en el proceso penal; 3- En el caso de los perjuicios morales objetivables, si se estableciera que los perjuicios, de acuerdo con los criterios en que tales pueden ser valorados pecuniariamente, superan el límite fijado por el Legislador, habría una afectación grave del interés de la víctima para lograr la indemnización integral de los perjuicios que se le han ocasionado y cuyo quántum está probado, es decir, que el límite establecido en la norma demandada resultaría manifiestamente desproporcionado frente al derecho de las víctimas a la reparación integral.

4- Frente a los perjuicios morales esta desproporción es más evidente, en cuanto que ni en la jurisdicción civil ni en la contencioso administrativa existe una disposición legal que restrinja la discrecionalidad del juez para decidir la reparación de perjuicios morales, por lo que interpretar que el límite cuestionado se aplica, tanto a daños morales objetivables como a los meramente subjetivos, haría que la reparación integral de los perjuicios sólo se lograría por fuera del proceso penal en los eventos en los que éstos puedan ser valorados en una cuantía superior a los 1.000 salarios mínimos mensuales; 5- Frente a los daños morales que no puedan ser objetivamente estimados, el límite fijo establecido en la norma demandada responde tanto al interés de evitar la arbitrariedad en la decisión, como el de garantizar la reparación integral de las víctimas, resulta ser conforme a la Constitución, puesto que no afecta de manera manifiestamente desproporcionada el derecho de la parte civil a la reparación integral de los daños causados, ni impone cargas irrazonables o desproporcionadas a los derechos al debido proceso y a la libertad del procesado.

6 ? No se aprecia un desconocimiento de la prevalencia del derecho sustancial puesto que todo lo probado será indemnizado sin que límites legislativos impidan compensar justamente los perjuicios cuya existencia real y cuyo quántum fueron demostrados y 7- El derecho a acceder a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva no se vulneran, puesto que, respecto de los perjuicios morales no objetivamente cuantificados, la parte civil solo ha probado su existencia más no su quántum y es precisamente eso lo que justifica que el juez tase el monto que no pudo ser objetivamente valorado en el proceso.

La Corte al tratar el punto relacionado con el principio de igualdad condiciona, además, la interpretación del artículo demandado en el sentido de establecer que el límite se aplicará a la indemnización de dichos daños cuando la fuente de la obligación sea únicamente la conducta punible, porque no obstante que tal interpretación guarda consonancia con el artículo 16 de la Ley 446, en donde el Legislador ha buscado unificar los criterios para orientar la fijación del monto de los perjuicios con el fin de garantizar el derecho a la reparación integral dentro de cualquier proceso, cuando la fuente de la obligación de indemnizar no sea únicamente la conducta punible, en virtud de las normas que regulan otras formas de ilicitud o de antijuridicidad diferente a la penal, no existe razón para aplicar el tope a los daños morales cuyo valor pecuniario no fue objetivamente determinado en el proceso nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-916-02

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