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Última modificación: 2008-08-01
Compatibilidad del derecho a la verdad y a la justicia con la figura de la indemnización integral como causal de extinción de la acción penal

Se demandó por inconstitucional la expresión ?indemnización integral? del artículo 32 de la Ley 600 de 2000 que se ocupa de la extinción de la acción penal y el artículo 42 de la misma ley sobre indemnización integral. El demandante sostuvo que la expresión señalada era inconstitucional porque al extinguirse la acción penal con el pago de la indemnización no se tenía en cuenta que la parte civil en el proceso penal también busca otros objetivos como encontrar la verdad de los hechos y sancionar al responsable y que, al permitir dicha extinción de la acción penal se quebrantaba el artículo 29 de la Constitución, puesto que se incitaba a que el sindicado pague la multa así no se considere culpable, lo que impide que se ejerza el derecho de defensa.

La Corte declaró exequibles las normas demandadas al considerar que los derechos a la verdad y a la justicia son derechos compatibles con la indemnización de perjuicios como causal de extinción de la acción penal y que además dichas garantías resultan inescindibles de la indemnización integral, ya que: 1- La indemnización integral de perjuicios como causal de la acción penal es una vía idónea para alcanzar el ideal de justicia y de verdad garantizados por la Carta Política; 2- En ejercicio de la libertad de configuración el Legislador tiene amplia libertad para determinar las causales de extinción del proceso penal, sin que para ello incurra en medidas arbitrarias y desproporcionadas. En este caso ello no ocurre ya que el mecanismo es proporcional a los derechos de las partes en el proceso penal y es racional desde la perspectiva del respeto de los derechos constitucionales; 3- Al establecerse que la indemnización integral extingue la acción penal no se desconocen los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia, ya que dicha indemnización tiene implícito un ideal de justicia que consiste en reparar el daño causado por el delito, además de que el derecho de las víctimas a obtener la verdad y la justicia en el proceso penal no es absoluto y, por ende, esta sometido a limitaciones razonables; 4 ?El derecho a la verdad y a la justicia deben ceder ante la realización de los principios de ?economía procesal y de gastos?, lo que ?redunda en beneficio de la víctima, del inculpado y de la propia funcionabilidad del aparato punitivo del Estado y contribuye necesariamente a la racionalización del sistema penal?, pues la ?extinción de la acción penal por reparación integral del daño posee la virtud de asegurar en cierto modo la justicia material?,ya que el proceso penal no es retaliatorio y su finalidad no consiste, exclusivamente, en sancionar al infractor.

Además, la Corte señaló que existen otras razones relativas a la operabilidad de la indemnización integral de perjuicios como causal de la extinción de la acción penal que muestran su proporcionalidad y razonabilidad en la protección de los derechos de las víctimas. En primer lugar, la enumeración de los delitos cuya acción penal se extingue por la indemnización integral, que aparece en el artículo 42 demandado, muestra el interés del Legislador por limitar este mecanismo de terminación del proceso a casos especiales en los que la afección del orden social y de los intereses públicos es menor. En segundo término, no puede concluirse que la ley estimula la impunidad y descuida los derechos de las víctimas al permitir que el proceso penal termine por indemnización integral, pues la herramienta legislativa tiene restricciones que buscan compensar sus efectos jurídicos con los intereses de la sociedad, como la prohibición de extinguir la acción penal por indemnización integral si dentro de los cinco años anteriores se ha decretado, respecto del mismo procesado, resolución inhibitoria, preclusión de la investigación o cesación de procedimiento por indemnización integral.

En tercer lugar, es evidente que cuando se produce la extinción de la acción penal por indemnización integral se produce un reconocimiento de la autoría del ilícito, lo cual respeta, en cierta medida, el derecho que tiene la víctima a conocer la verdad del proceso respecto del penalmente responsable. Finalmente, la extinción de la acción penal por indemnización integral es una manera de realizar el ideal de justicia puesto que el concepto de reparación del daño hace parte de otro concepto que consiste en obligar al infractor a hacerse cargo de la responsabilidad que implica el quebrantamiento de la ley nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-899-03

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