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Última modificación: 2008-08-01
Prohibición de iniciar o proseguir la acción civil cuando el procesado es absuelto penalmente por haber actuado en ejercicio de un deber legal no vulnera el derecho de la víctima a recibir indemnización

En acción de inconstitucionalidad fue demandado ante la Corte Constitucional el artículo 57, parcial, de la Ley 600 de 2000, relacionado con los efectos de la cosa juzgada penal absolutoria y específicamente la expresión ?o que obró en estricto cumplimiento de un deber legal?, como situación en la cual la acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse cuando se haya declarado por sentencia en firme que el actuar del sindicado se realizó en esa situación. Señala el demandante que la expresión demandada es inconstitucional, puesto que impide que la víctima tenga acceso a la justicia para que se le indemnice por los perjuicios a los cuales tiene derecho, porque si bien es cierto que es razonable que no se considere penalmente responsable al sindicado, nada justifica el que no se indemnice a la víctima pues de igual manera se le habría causado un perjuicio que ha de ser subsanado a pesar de haber sido causado en desarrollo de un deber legal. Así lo dispone el artículo 90 de la Constitución.

Al declarar la exequibilidad de las expresión demandada, únicamente por los cargos analizados en esta providencia, se puede afirmar que la Corte llegó a la conclusión que no se vulnera el derecho de la víctima a recibir indemnización al establecer la norma la imposibilidad de iniciar o proseguir la acción civil cuando el procesado sea absuelto penalmente por haber actuado en ejercicio de un deber legal. La situación planteada está conforme con la Constitución, porque: 1- Cuando se actúa en estricto cumplimiento de un deber legal se descarta que el resultado típico sea producto del dolo o culpa del procesado y ello conlleva, por lo que atañe al cargo de la demanda, la absolución del infractor por esa situación y que se extingua la acción civil. y 2- El cargo dirigido por el demandante contra la expresión ? que obró en estricto cumplimiento de un deber legal? no tiene fundamento constitucional, en tanto que del artículo 90 de la Constitución se desprende que el daño antijurídico es aquel que proviene de la conducta del Estado y que la víctima no estaba en la obligación de soportarlo, de lo que se puede concluir, en primer lugar, que el daño antijurídico al que se hace referencia en el cargo de la demanda no necesariamente proviene de la conducta ilícita o antijurídica del Estado, sino que puede tener origen en una conducta lícita y en cuanto el artículo constitucional aquí referenciado establece una clara diferencia entre la responsabilidad del Estado y la que se puede deducir de sus agentes.

De esta segunda consideración se puede concluir que el hecho de que el agente estatal actúe en ejercicio de un deber legal no incide en la indemnización que merece el afectado. Siempre y cuando el daño sea antijurídico, el responsable frente al particular es el Estado, no el agente, y la sujeción o desconocimiento de la conducta del último al deber legal establecido no modifica en nada el derecho a ser indemnizado. En suma, las conductas lícitas desplegadas por los agentes del Estado, es decir, aquellas que se realizan en cumplimiento de un deber legal, no impiden que el Estado indemnice a la víctima que ha sufrido un daño antijurídico. Simplemente, impiden que el Estado repita contra el agente que causa el daño nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-899-03

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