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Última modificación: 2006-08-01
Regulación del allanamiento

Se demandaron los artículos 343 (parcial), 344 (parcial) y 345 del Decreto Ley 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal anterior) que hacen referencia a la figura del allanamiento. La Corte, al declararlos exequibles sostuvo que para el registro del domicilio son tres los requisitos exigidos a las autoridades: la existencia de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, el respeto a las formalidades legales y un motivo previamente definido en la ley.

De estos requisitos, se desprenden las siguientes consecuencias: el respeto al debido proceso que debe presidir la expedición de una orden de allanamiento y su práctica, la reserva legal pues sólo la ley puede establecer los eventos en los cuales es posible el registro del domicilio y, por último, una reserva judicial ya que una orden de esta naturaleza proviene, según el nuevo ordenamiento constitucional, exclusivamente de las autoridades judiciales.

Empero, el régimen constitucional que, tratándose de la inviolabilidad del domicilio, impone la reserva judicial, es exceptuado por la misma Carta en dos hipótesis: las situaciones de detención preventiva administrativa y de flagrancia.

Para la Corte, la efectividad de la diligencia se vería seriamente comprometida si tuviera que procederse a notificar la providencia que la adopta y a surtir el trámite de unos recursos. No significa lo anterior la absoluta falta de controles sobre la diligencia que, según el artículo 343 del CPP, opera cuando "haya serios motivos", excluyen la arbitrariedad y abren la posibilidad al ejercicio de los controles provenientes por ejemplo, de los organismos de vigilancia y control del Estado y aun de los superiores del funcionario que procede a su práctica. Las simples sospechas que no permitan inferir objetivamente la configuración de los supuestos que la norma acusada consagra, no sirven de base para la adopción de la medida.

La decisión de efectuar el allanamiento es adoptada "por funcionario judicial" y mediante "providencia motivada", lo que es indicativo de la observancia cabal de los requisitos constitucionales a los que se aludió. La flagrancia corresponde a una situación actual que torna imperiosa la actuación inmediata de las autoridades, cuya respuesta pronta y urgente impide la obtención previa de la orden judicial para allanar y la concurrencia del fiscal a quien, en las circunstancias anotadas, no podría exigírsele que esté presente por la celeridad e inmediatez que las situaciones de flagrancia requieren, permitiendo, de ese modo, la culminación de una conducta delictiva que pudo haber sido evitada mediante la penetración oportuna de la autoridad al lugar de los hechos, o la evasión del responsable, situaciones éstas que se revelan contrarias a la Constitución.

En cuanto a la presencia de un delegado del fiscal en las diligencias de allanamiento, la Corte considera que esta previsión tiene asidero en las funciones que el artículo 250 de la Constitución encarga a la fiscalía General que son distintas de las que atañen al Fiscal General de la Nación en los términos del artículo 251 superior. En cuanto al allanamiento especial previsto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Penal, la Corte considera que por recaer la orden de allanamiento sobre bienes muebles e inmuebles sometidos por virtud del principio de extraterritorialidad de la ley a una jurisdicción extranjera que los hace inmunes al ordenamiento del país en que se encuentren, no obstante hallarse en territorio extranjero, deben respetarse los trámites previstos en la disposición censurada de conformidad con lo preceptuado por el Derecho Internacional y los tratados ratificados por Colombia. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-657-96

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