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Última modificación: 2006-08-01
Prohibición de interceptar y reproducir comunicaciones sin orden judicial

Se demandó el artículo 351 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal anterior), que autorizaba a las autoridades de policía judicial para que, en casos de flagrancia, interceptaran y reprodujeran comunicaciones, sin que se requiriera orden judicial. La Corte, al declararlo inexequible, sostuvo que el artículo 15 de la Constitución en su inciso tercero consigna en relación con la correspondencia y con las demás formas de comunicación las aludidas reservas legal y judicial; empero, se echa de menos en la disciplina constitucional de estas materias la consagración de excepciones al requisito de la orden judicial para proceder a interceptar o registrar y tampoco aparece en la Carta, autorización al Legislador para establecerlas.

Así las cosas y por ser las excepciones de interpretación estricta, no es acertado ni jurídico pretender una extensión de lo plasmado en el artículo 32 de la Carta cuyo tenor literal es por lo demás nítido, para cobijar por la excepción allí contemplada, los supuestos regulados por el artículo 15 superior cuyo texto, utiliza el adverbio "solo" para significar que en ningún evento podrá procederse a interceptar o a registrar la correspondencia y las demás formas de comunicación privada sin que medie la orden judicial. Lo que corresponde al dominio legal es el señalamiento de los casos y del procedimiento, más no está autorizada la ley para dispensar de la orden judicial.

En todos los casos que la ley establezca se requiere orden judicial para interceptar o registrar las comunicaciones lo que "implica una clara y terminante exclusión constitucional de la autoridad administrativa". Ni siquiera en el artículo 38 de la Ley 137 de 1994, estatutaria de los estados de excepción, que se refiere a las facultades del Gobierno durante el estado de conmoción interior, se prescinde de la orden de autoridad judicial competente? nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-657-96

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