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Última modificación: 2006-08-01
Inconstitucionalidad de lo dispuesto en una norma, según la cual el capturado en flagrancia se pondrá a disposición de la autoridad judicial competente mediante comunicación verbal: garantía para la protección integral de la persona privada de la libertad

Frente a la falta de entrega física en los casos de captura en flagrancia, la Corte sostuvo que resulta abiertamente contrario a los propósitos del artículo 28 de la Constitución disponer que se entiende que la persona ha quedado a disposición de la autoridad judicial con la mera comunicación de su captura. Es obligación entregar físicamente al aprehendido a la autoridad judicial. La orden de entregar la persona a una autoridad judicial no tiene como objetivo exclusivo establecer aspectos de competencia en materia de privación de la libertad, sino que opera como una garantía para la protección integral de la persona.

Por lo anterior, no resulta pertinente considerar la existencia del recurso de hábeas corpus para enfrentar las privaciones ilegítimas de la libertad, pues su existencia no autoriza al Estado a eliminar o flexibilizar los controles sobre la aprehensión. El recurso al hábeas corpus ha de ser excepcional y no debe constituir un medio ordinario de defensa. El cumplimiento de los deberes de protección en cabeza del Estado no pueden supeditarse a la solicitud de la víctima de las violaciones; el Estado tiene la obligación permanente de no incurrir en conductas que irrespeten los derechos de las personas privadas de la libertad. La inconstitucionalidad de la norma deriva del hecho de entender que a partir de la comunicación la persona se entiende ?a disposición? de la autoridad judicial. La obligación legal de comunicar, coadyuva a garantizar los derechos constitucionales del retenido, pero en ningún momento puede suplir la obligación de entregar.

La Corte entiende que la expresión ?término de la distancia? es de carácter restrictivo, únicamente aplicable en las situaciones en las cuales, sin lugar a dudas y de manera absolutamente necesaria, debe postergarse la entrega. Únicamente bajo estas circunstancias puede hablarse de una debida justificación, la cual no puede ser autorizada por vía general en la ley, sino apreciada caso por caso por la autoridad judicial nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-251-02

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