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Última modificación: 2006-08-01
La facultad de ordenar la conducción que tiene el funcionario judicial para que el procesado rinda indagatoria es una limitación legítima del derecho a la libertad

La Corte Constitucional declaró exequible la facultad del funcionario para ordenar la conducción del imputado a la diligencia de indagatoria, cuando este no comparezca (art. 336 CPP). Para la Corte, la libertad es un derecho fundamental de las personas que debe ser objeto de especial protección por parte de las autoridades, pero este derecho no es absoluto, pues puede ser restringido en el evento en que se profiera por una autoridad judicial competente una orden escrita que reúna los requisitos que la ley imponga para el efecto y obedezca a los motivos previamente señalados por el Legislador.

Esta restricción de la libertad hecha por el Legislador debe responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, como ocurre siempre que se dispone la limitación de un derecho fundamental reconocido por la Constitución. En la fijación de las condiciones en las que resulte posible la privación de la libertad, el Legislador goza de un margen de apreciación inscrito dentro de la denominada libertad de configuración que le permite, en cuanto representante del pueblo, traducir en normas legales sus decisiones, adoptadas como respuesta a problemas latentes de la sociedad y que son el resultado de un proceso en el que normalmente se involucran consideraciones y valoraciones de naturaleza política.

Sin embargo, esa libertad del Legislador, perceptible al momento de crear el derecho legislado, tiene su límite en la propia Constitución. La Corte se ha referido específicamente a la posibilidad de restringir la libertad personal con el fin de asegurar el cumplimiento de los fines de la investigación penal. Al respecto ha señalado concretamente que la Constitución Política al encomendarle al Estado colombiano, a través de sus autoridades, la consecución de la prosperidad general, la garantía y efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta, la participación de los ciudadanos en la vida de la Nación la independencia de la misma, la convivencia pacífica, y el orden justo (art. 2 CP), le entregó igualmente las herramientas necesarias para el cumplimiento de dichos fines.

Ha de tenerse en cuenta igualmente que la Constitución le asigna a la fiscalía General de la Nación, el deber de ?Asegurar la comparencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento. Además, y si fuere del caso, tomar las medidas necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito?.

La Corte pone de presente que el funcionario a quien corresponde la investigación del hecho punible por el cual el imputado debe rendir indagatoria, actúa en cumplimiento de formalidades legales, es decir, que se haya realizado previamente la citación personal a que se refiere el artículo 336 de la Ley 600 de 2000 y que ante la renuencia a comparecer del imputado así notificado y con el único fin de garantizar la practica de la diligencia, ordena su conducción, lo que resulta plenamente acorde con los requisitos para restringir la libertad de las personas en los términos del artículo 28 constitucional.

Al respecto, resulta pertinente reiterar que las autoridades judiciales, en ejercicio del poder punitivo del Estado, están en la obligación de perseguir y reprimir el delito, para lo cual han sido dotados de herramientas que pueden ir desde la persuasión hasta el uso de la fuerza. Ello con el objeto de asegurar la vigencia del orden jurídico y garantizar los derechos y deberes de todos los ciudadanos. En el caso específico, el funcionario judicial puede ordenar la conducción del imputado para realizar la diligencia de indagatoria a la que previamente fue citado, en tanto éste se niegue a comparecer y por tanto incumpla con su deber de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia. La diligencia de indagatoria está rodeada en el ordenamiento penal vigente de una serie de garantías tendientes a asegurar el respeto del derecho al debido proceso del imputado y en particular de su derecho de defensa nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-330-03

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