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Última modificación: 2006-08-01
La figura de la detención preventiva no vulnera el principio de presunción de inocencia

Mediante acción de inconstitucionalidad se demandaron los artículos 388, 396, 397, 398, 399, 400, 403, 404 a 409, 417, 418 del Decreto Ley 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal anterior) y los artículos 354 a 367 de la Ley 600 de 2000 (nuevo Código de procedimiento Penal). A juicio del demandante, las disposiciones acusadas vulneran la Constitución por permitir la aplicación de la figura de la detención preventiva, ya que para desvirtuar la presunción de inocencia es necesaria la determinación de culpabilidad de un sindicado por parte de una autoridad judicial competente, a través de una sentencia condenatoria en firme, mientras esto no ocurra la presunción es vinculante, y por lo tanto no puede ser detenido ni siquiera preventivamente, ya que de hacerlo se estaría vulnerado la consagración de su inocencia y su libertad personal.

La Corte sostuvo que la presunción de inocencia en nuestro ordenamiento jurídico adquiere el rango de derecho fundamental, por virtud del cual el acusado no está obligado a presentar prueba alguna que demuestre su inocencia y por el contrario ordena a las autoridades judiciales competentes la demostración de la culpabilidad del agente. Este derecho acompaña al acusado desde el inicio de la acción penal hasta el fallo o veredicto definitivo y firme de culpabilidad, y exige para ser desvirtuada la convicción o certeza, mas allá de una duda razonable, basada en el material probatorio que establezca los elementos del delito y la conexión del mismo con el acusado.

Esto es así, porque ante la duda en la realización del hecho y en la culpabilidad del agente se debe aplicar el principio del in dubio pro reo, según el cual toda duda debe resolverse en favor del acusado. El artículo 28 de la Carta representa la cláusula general de tutela, al mismo tiempo que establece los fundamentos jurídicos mediante los cuales se admite su restricción, al disponer que: "Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado..", salvo que concurran tres requisitos: 1) mandamiento escrito de autoridad judicial competente, 2) que se expida con la observancia de las formalidades legales y 3) por la existencia de motivos previamente definidos en la ley. Si bien el derecho a la libertad personal no hace parte del bloque de constitucionalidad, no por eso debe desconocerse que su interpretación debe realizarse de acuerdo con sus mandatos.

Frente a la presunción de inocencia, la Corte considera que los disposiciones de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia sí forman parte del bloque de constitucionalidad, toda vez que la presunción de inocencia es un derecho humano, el cual no es susceptible de limitación o restricción en los estados de excepción, ya que si el derecho al debido proceso y el principio de legalidad no admiten restricción alguna, menos aún la presunción de inocencia, derecho fundamental a partir del cual se edifican las garantías jurídicas citadas. Las medidas cautelares deben ser decretadas por intermedio de una autoridad judicial con un carácter eminentemente provisional o temporal y bajo el cumplimiento de los estrictos requisitos que la Constitución y la ley prevén. Las medidas de aseguramiento para imputables reconocidas en Colombia mediante el Decreto 2700 de 1991, son: la caución juratoria o prendaria, la conminación y la detención preventiva o domiciliaria.

De acuerdo con la Ley 600 de 2000, nuevo Código de Procedimiento Penal: ?solamente se tendrá como medida de aseguramiento para imputables la detención preventiva?. La procedencia de la detención preventiva tiene como sustento legal el cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales que el ordenamiento impone, estructurados bajo un criterio de graduación punitiva, situación de flagrancia, y en ciertos casos vinculado a delitos taxativamente reconocidos por el Legislador. La Corte ha determinado la constitucionalidad de supuestos que permiten la aplicación de la detención preventiva, con el entendido de que corresponde a la órbita de configuración legislativa determinar, con los criterios de proporcionalidad y razonabilidad, cuál ha de ser la política punitiva del Estado.

La procedencia constitucional de la detención preventiva se encuentra reglada en la Carta y reconocida por las normas rectoras del nuevo Código de Procedimiento Penal, según las cuales, los criterios legales de procedencia de la detención preventiva deben concurrir con los mandatos constitucionales, de tal manera que si la detención se ordena sin considerar los principios y valores que inspiran la Constitución, el presunto infractor de la ley penal, su defensor o el Ministerio Público pueden solicitar el control de legalidad de la medida adoptada, o hacer uso de los mecanismos constitucionalmente previstos para la defensa de los derechos fundamentales, toda vez que de ello resultaría una violación de los derechos constitucionales a la libertad personal y a la presunción de inocencia y se presentaría, además, una violación del debido proceso.

La Corte condicionó la constitucionalidad del inciso 2 del artículo 388 del Decreto 2700/91 ?bajo el entendido que, para la práctica de la detención preventiva, es necesario, el cabal cumplimiento de los requisitos formales señalados (los hechos que se investigan, su calificación jurídica y los elementos probatorios que sirvieron de fundamento para adoptar la medida), en armonía, con el requisito sustancial consiste en los indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso?. Así mismo, declaró la exequibilidad condicionada de los artículos 397 del D. 2700/91 y 357 L. 600/00 bajo el entendido de que, la procedencia general de la detención preventiva está sujeta a que en cada caso concreto se valore la necesidad de la misma en atención a los fines que le son propios, de acuerdo con la Constitución y con la ley.

Por otra parte, frente a la detención domiciliaria consagrada en el artículo 396 del D.2700/91, la Corte sostuvo que se ajusta a los criterios expuestos para la detención preventiva, toda vez que es una modalidad de la misma. Por lo tanto, no puede tener una finalidad sancionatoria ya que su objetivo es asegurar la comparecencia del sindicado al proceso, impedir la continuación de la actividad delictual y evitar que destruya, deforme u oculte los elementos constitutivos del delito. Sin embargo, declaró la inconstitucionalidad del aparte del artículo 396 del Decreto 2700 de 1991, que impone una sanción al sindicado que goza de detención domiciliaria vulnerando el artículo 250 numeral 1º de la Constitución.

Así mismo, frente a la duración de la detención preventiva, la Corte sostuvo que aunque la norma es constitucional, la finalidad de la detención no es remplazar el término de la pena, y que la posibilidad del cómputo previsto en la ley no genera el poder para la autoridad judicial de disponer de la libertad del sindicado hasta que se cumpla el tiempo que dura la pena, ya que de admitirse esa circunstancia, se vulneraría la presunción de inocencia y el debido proceso, al cumplir anticipadamente una sanción sin haberse declarado judicialmente la culpabilidad del sindicado.

La Corte condicionó la constitucionalidad de las disposiciones que consagran la figura del cómputo de la detención, en el sentido de limitar, en las circunstancias de vacío legal su término de duración a un plazo razonable, justo y proporcional con el fin de evitar que la medida se convierta en un anticipado cumplimiento de la pena. Ahora bien, el término razonable, proporcional y justo, debe ser valorado por las autoridades judiciales en cada caso, siguiendo los siguientes parámetros: la efectividad de la duración, el tiempo actual de detención, su duración en relación con la ofensa, los efectos de la conducta punible, los efectos materiales y morales en el sindicado, la conducta del inculpado, las dificultades de la instrucción, la forma como se ha tramitado, la conducta de las autoridades judiciales, entre otros. Igualmente, frente a la revocatoria de la medida de aseguramiento, la Corte declaró la exequibilidad condicionada del artículo 363 de la Ley 600 de 2000, en el sentido de que en la apreciación de las causales de revocatoria de la detención preventiva debe tenerse en cuenta también la consideración sobre la subsistencia de su necesidad en atención a los fines que llevaron a decretarla. Finalmente la Corte declaró la exequibilidad de los artículos 365 y 366 de la Ley 600 de 2000, que consagran la figura de la libertad provisional. nota 1

Se demandaron parcialmente los artículos 375 y 387 y el artículo 388 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal anterior), los cuales se refieren a la detención preventiva. El cargo fundamental radica en la violación del principio de la presunción de inocencia, ya que, en el sentir del actor, ninguna persona podrá ser privada de la libertad mientras no sea declarada su responsabilidad mediante sentencia.

La Corte, al declarar la exequibilidad de las normas acusadas sostuvo que las medidas de aseguramiento no requieren de juicio previo. Ellas pueden aplicarse, a la luz de la Constitución, si se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 28 de la Carta. Así, si media orden escrita del juez competente, se han cumplido las formalidades que la ley consagre al respecto y el motivo de la detención, conminación, prohibición de salida del país o caución está nítidamente consagrado en norma legal preexistente, tales medidas se ajustan al mandato constitucional y no implican desconocimiento del debido proceso, aplicable en el caso de las penas. Pretender que toda detención o medida de aseguramiento deba estar forzosamente precedida de un proceso íntegro llevaría a desvirtuar su carácter preventivo y haría en no pocas ocasiones completamente inoficiosa la función judicial, pues la decisión correspondiente podría tropezar con un resultado inútil en lo referente a la efectividad de la pena que llegara a imponerse. nota 2



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-774-01
  2. Corte Constitucional, Sentencia C-106-94

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