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Última modificación: 2006-08-01
La cancelación de personería jurídica de sociedades y organizaciones por desarrollar actividades delictivas tiente efectos de suspensión. los efectos definitivos sólo pueden determinarse en la sentencia

En ejercicio de la acción de inconstitucionalidad se demando ante la Corte Constitucional el artículo 65 de la Ley 600 de 2000, por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal, relacionado con la orden del funcionario judicial a la autoridad competente de la cancelación de la personería jurídica o el cierre de locales o establecimientos abiertos al público de las personas jurídicas, sociedades u organizaciones, cuando se encuentre demostrado dentro del proceso penal que se han dedicado total o parcialmente a actividades delictivas.

La acción se fundamentó en que la norma demandada vulnera el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución, porque: i) la norma hace que la medida sea inmediata y no brinda a las personas afectadas la posibilidad de presentar recursos; ii) la medida de cancelación de la personería jurídica se torna permanente, es decir, no constituye una medida cautelar sino definitiva; iii) La medida establece una ?sanción? desproporcionada y iv) la norma demandada viola los principios de inocencia y legalidad respecto de las formas propias del juicio.

La Corte Constitucional señaló que las medidas que aparecen en el artículo 65 demandado son de carácter cautelar y no sancionatorio y al declarar la exequibilidad condicionada de la norma, lo hizo porque: 1- Las medidas preventivas establecidas buscan la consecución de un fin constitucional legítimo, cual es el de proteger los derechos de la sociedad de las actuaciones delictivas que se realizan por medio de personas jurídicas, sociedades u organizaciones, o sus locales o establecimientos abiertos al público; 2- El cierre de locales o establecimientos abiertos al público es proporcional puesto que ello no afecta el ejercicio de otros derechos constitucionales, como el de asociación o de la personería jurídica y tal medida es idónea para lograr que no se sigan produciendo conductas delictivas en estos sitios; 3) La cancelación de la personería jurídica de las sociedades u organizaciones al implicar la extinción de la personería jurídica respectiva no puede conllevar efectos definitivos sino a partir de la sentencia, puesto que de otra forma seria desproporcionada y vulneraría derechos fundamentales, por lo tanto, la interpretación acorde con la Constitución es aquella según la cual la medida de cancelación señalada tiene efectos de suspensión, mientras que los efectos definitivos deben determinarse en la sentencia y 4) La providencia interlocutoria en donde se adoptan las medidas es susceptible de los recursos de reposición y apelación, como cualquier otra providencia interlocutoria.

La Corte también señaló que para que el funcionario judicial adopte tales medidas debe encontrarse demostrado en el proceso que las sociedades u organizaciones y que en los locales o establecimientos abiertos al público se desarrollan actividades delictivas; se debe garantizar el derecho de defensa mediante la publicidad y contradicción de la prueba y debe permitir que las personas jurídicas, sociedades u organizaciones puedan ser oídas en el proceso a través de su representante legal, sus socios, si lo solicitan y los titulares de derechos involucrados en los locales o establecimientos abiertos al público.

Con los anteriores argumentos, la Corte declaró exequible el artículo 65 de la Ley 600 de 2000, ?en el entendido que los efectos definitivos de la cancelación se deben determinar en la sentencia, y mientras tanto, esta orden tiene efectos de suspensión. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-558-04

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