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Última modificación: 2006-08-01
Sólo se puede revocar o negar un subrogado penal cuando los requisitos para acceder a éste no se han verificado, o se han incumplido, sin justa causa, las obligaciones impuestas

Mediante acción de inconstitucionalidad se demandó parcialmente el artículo 522 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal anterior) que, a juicio del actor, viola el derecho a la libertad y los principios de igualdad y de favorabilidad de la ley penal. La Corte, al declarar la exequibilidad de la norma, sostuvo que la norma parcialmente impugnada al disponer que se podrán negar o revocar los subrogados penales "con base en prueba indicativa que origina la decisión" está garantizando que la determinación del juez de ejecución de penas se funde en un parámetro serio y racional y no en su simple arbitrio o discrecionalidad.

Por tanto, es evidente que tal condicionamiento se ha instituido en beneficio del condenado para evitar que se perjudique con decisiones irreflexivas, ajenas a la realidad procesal. La presunta violación del derecho a la libertad es infundada, pues parte de la base de que el artículo 522 del Código de Procedimiento Penal, en lo acusado, permite al juez revocar o negar el subrogado penal, aun cuando el condenado satisfaga todos los requisitos de ley. La facultad que se otorga al juez en la disposición para revocar o negar el subrogado penal, sólo puede ejercerse cuando el juez, después de un análisis serio sobre el material probatorio, concluye que los requisitos para acceder al subrogado no se han verificado, o que se han incumplido sin justa causa, las obligaciones impuestas.

El aparte acusado tampoco viola el derecho a la igualdad entre quienes han recibido el beneficio de la libertad antes de la sentencia, y aquellos a los que les ha sido negado el subrogado penal, pues se trata de situaciones de hecho distintas. Los primeros, que son sindicados de un delito, más no condenados, pueden acceder a la libertad provisional; figura diferente a la de los subrogados penales. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-679-98

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