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Última modificación: 2006-08-01
El juzgador debe ponderar, conforme a los criterios establecidos el monto de la caución prendaria para conceder la libertad condicional

En sentencia de constitucionalidad la Corte revisó nuevamente la disposición del Código de Procedimiento Penal conforme a la cual el sindicado en un proceso penal tiene derecho a la libertad provisional garantizada mediante caución prendaria cuando se dicte, en primera instancia, la preclusión de la investigación, cesación de procedimiento o sentencia absolutoria.

En esta oportunidad, la Corte se refirió a la razonabilidad de la exigencia de una caución prendaria para conceder la libertad. Estimó que el Legislador puede determinar cuándo es necesario privar de la libertad de manera preventiva a una persona que está siendo investigada y juzgada como posible responsable de haber cometido una conducta punible, y cuándo, a pesar de tratarse de conductas socialmente reprochables que en principio justifican la pérdida temporal de la libertad personal, existen circunstancias que señalan que es innecesaria la detención en un establecimiento carcelario.

Lo que puede resultar desproporcionado es la fijación de una cuantía excesiva para la caución. Frente a esta circunstancia, la Corte precisó que en Colombia los criterios escogidos por el Legislador para fijar una caución son la condición económica del procesado y la gravedad de la conducta punible (artículo 369 de la Ley 600 de 2000). La coexistencia de criterios plantea el problema de cómo se han de armonizar en cada caso cuando ambos parecen enfrentados.

En efecto, puede suceder que una persona de escasos recursos sea investigada por una conducta punible muy grave, como el homicidio, o, por el contrario, que una persona adinerada sea investigada por un delito de menor gravedad relativa. En esas circunstancias, corresponde al juez penal ponderar en cada caso concreto los criterios sin darle prevalencia a uno sobre el otro, sino tratando de armonizarlos. Dicha armonización ha de apuntar al logro de los fines de la caución, como el de asegurar que quien sea dejado en libertad regrese a afrontar, si fuere el caso, el proceso; garantizar el pago de una eventual indemnización; y permitir el goce inmediato de la libertad provisional sin esperar a que la providencia correspondiente quede en firme. Para juzgar la constitucionalidad del numeral 3 del artículo 365 de la Ley 600 de 2000 es necesario distinguir dos hipótesis:

La primera de ellas se presenta cuando el sindicado privado de la libertad a favor de quien se ha dictado, en primera instancia, cesación de procedimiento, preclusión de la investigación o sentencia absolutoria, no tiene capacidad económica para pagar una suma de dinero como caución. En ese evento, como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad de la cuantía mínima de la caución declarada por la Sentencia C-316 de 2002, el funcionario judicial podrá prescindir de ordenar el pago de una suma de dinero como condición para conceder la libertad provisional. Por lo tanto, la condición fijada en la norma bajo estudio para la obtención de la libertad provisional no opera de manera ineludible y, por ello, no constituye una condición inconstitucional en esta hipótesis.

La segunda hipótesis se presenta cuando el sindicado privado de la libertad a favor de quien se ha dictado, en primera instancia, cesación de procedimiento, preclusión de la investigación o sentencia absolutoria, sí cuenta con medios económicos para pagar la caución. En este caso, es necesario examinar si en los eventos previstos en la norma citada, condicionar el goce efectivo de la libertad provisional al pago de una suma de dinero constituye un límite razonable de la libertad personal. Para ello, analizará si los fines que procura el Legislador con la disposición acusada son legítimos e importantes; si el medio previsto por el Legislador no se encuentra prohibido y, finalmente, si el medio establecido es adecuado para alcanzar los fines buscados por el Legislador.

La Corte declara exequible la norma por ser una limitación razonable en un proceso, pero precisa los alcances de la decisión: 1) Prohíbe exigir caución a quien carece de recursos. 2) Respeto del principio de proporcionalidad. 3) Ponderación del monto en cada caso por el juez. 4) Al efectuar dicha ponderación, el juez penal no podrá pasar por alto que la presunción de inocencia ha sido confirmada por una providencia del propio Estado y que en ese sentido éste es un caso especial nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-039-03

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