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Última modificación: 2006-08-01
Prohibición al legislador de desnaturalizar el recurso de casación por vulneración de múltiples garantías procesales

Se demanda la inconstitucionalidad de la Ley 553 de 2000, (por la cual se reforma el capítulo VIII del título IV del libro primero del Decreto 2700 de 1991, Código de Procedimiento Penal anterior). Bajo el ordenamiento anterior, Decreto 2700/91, la casación era un recurso extraordinario que procedía, en efecto suspensivo, contra sentencias de segunda instancia, dictadas por los tribunales penales por delitos que tuvieran señalada pena privativa de la libertad que excediera de 6 años. La Ley 553/2000 modificó dicha normatividad al abolir el carácter de "recurso" a la casación para convertirlo en una acción independiente del proceso penal, que procede por las mismas causales, pero contra "sentencias ejecutoriadas", esto es, en firme y para delitos cuya pena privativa de la libertad sea de 8 años.

La Corte advierte que la casación penal tiene elementos estructurales y de contenido propios y por lo tanto no puede la ley modificarla de forma que la desnaturalice o la convierta en otra figura jurídica menos eficaz conforme a los fines que se le atribuyen. En el presente caso, el Legislador modifica su carácter de recurso extraordinario y lo convierte en una acción (aunque no la denomine así) que procede contra sentencias ejecutoriadas, con lo cual violó la Constitución por desconocer el derecho al debido proceso, la libertad, la presunción de inocencia, el principio de cosa juzgada y el principio de igualdad.

Respecto de la libertad, la Corte sostiene que cuando se profiere una sentencia condenatoria ajustada a derecho, la pena privativa de la libertad es legítima; pero si ello no ocurre, por adolecer la decisión judicial de errores sustanciales que dan lugar a interponer la casación, lo que procede es su corrección inmediata. Mientras no se defina lo relativo a la legalidad del fallo, la decisión judicial viciada no puede adquirir el carácter de cosa juzgada, hasta que no se resuelva.

Según la ley demandada, mientras se resuelve la casación, la persona adquiere la categoría de condenado y se encuentra sujeta a todas las consecuencias jurídicas, familiares, sociales, morales y aun patrimoniales, que de ello se derivan. Para la Corte esto no es constitucionalmente legítimo, pues si una sentencia no ha sido expedida conforme a los mandatos superiores o a la ley por adolecer de errores sustanciales de Derecho, no puede consolidar una situación jurídica con efectos nocivos irreparables para los derechos esenciales de las personas, especialmente si se tiene en cuenta que, de conformidad con el artículo 248 de la Carta, esa condena se asume como definitiva, con todas las consecuencias negativas que ello implica. Por estas razones, las normas acusadas vulneran el derecho a la libertad, principio rector del debido proceso.

La presunción de inocencia sólo puede quedar desvirtuada en una sentencia de carácter definitivo, lo cual no puede ocurrir cuando están pendientes de resolver cuestionamientos acerca de su validez jurídica. Si a un fallo se le imputan errores de derecho esta cuestión debe ser resuelta antes de que haga tránsito a cosa juzgada. Por tanto, dado que la casación apunta a impedir los agravios que se siguen de la inobservancia del debido proceso y del desconocimiento del derecho sustancial que aquél garantiza, ejecutar una sentencia que puede ser cuestionada, implica el desconocimiento de esa presunción.

En cuanto al principio de cosa juzgada, la Corte sostiene que es contrario a la Constitución que las decisiones contrarias a derecho hagan tránsito a cosa juzgada, como sería el caso de aquellas en las cuales se inaplican o aplican indebida o erróneamente normas de Derecho sustancial o procesal sustancial, desconociendo las garantías y derechos fundamentales, circunstancias que están instituidas como causales de casación. Sentencias que desconocen el valor de la justicia al violar la Constitución y lesionar derechos fundamentales, no pueden tener eficacia jurídica, es decir, ser ejecutadas.

Frente al principio non bis in ídem, la Corte sostiene que en el proceso de casación no se vuelve a juzgar al procesado cuya situación jurídica ya fue definida mediante una sentencia, sino la legalidad del fallo, es decir, si la decisión fue dictada con la estricta observancia del ordenamiento legal y constitucional, por lo cual tal principio no se vulnera.

En relación con el principio de igualdad, la Corte señala que el recurso de casación tanto en materia civil como laboral además de continuar siendo un recurso extraordinario, se interpone contra sentencias que aún no han adquirido firmeza. En cambio, en materia penal, con la reforma introducida por la ley acusada, primero se ejecuta la sentencia y luego se discute su legalidad. Si la casación, como medio de impugnación extraordinario, es una institución jurídica destinada a hacer efectivo el derecho material y las garantías fundamentales de las personas que intervienen en un proceso, no hay razón justificativa de un tratamiento distinto y más gravoso en materia penal, cuando están de por medio la dignidad humana, la libertad, el buen nombre, la honra, que exigen mecanismos de protección más eficaces. Alterar la naturaleza de la institución, y precisamente en el ámbito penal, resulta contrario a la Constitución y violatorio del principio de igualdad.

Finalmente, la Corte señaló si lo que pretendía el Legislador era evitar el mal uso que del instituto jurídico de la casación penal estaban haciendo los litigantes, lo apropiado no era restringir o cercenar los derechos y garantías fundamentales de las personas que intervienen en el proceso penal, sino buscar mecanismos proporcionados a ese fin que no sean lesivos del ordenamiento superior.

Por lo anterior, la Corte declara inexequible la expresión "ejecutoriadas" del artículo 218 del Código de Procedimiento Penal vigente, y los incisos 1 y 2 del artículo 223, modificados por los artículos 1 y 6 de la Ley 553 de 2000, materia de acusación. También declara inexequibles la expresión "ejecutoriadas" del artículo 205 y los incisos primero y segundo del artículo 210, de la Ley 600 de 2000, nuevo Código de Procedimiento Penal que reproducen las disposiciones mencionadas. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-252-01

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