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III. Derechos del tercero civilmente responsable

III.1. Garantía del debido proceso, el derecho de defensa y el principio de igualdad en el proceso penal

Se presentó demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 69 y 70 del Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000, relacionada con la vinculación del tercero civilmente responsable dentro del proceso penal y la forma como debe hacerse la contestación de la demanda, porque a juicio del actor tales normas vulneraban el principio de presunción de inocencia, el derecho al debido proceso y al derecho de defensa y el principio de igualdad.

La Corte declaró exequibles los artículos 69 y 70, porque:

1- No es cierto que el tercero civilmente responsable pueda ser vinculado al proceso penal sin necesidad de demostrar el nexo causal con el daño que sirve de fundamento para probar la existencia de su obligación de reparar, porque el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 69, señala que la demanda de responsabilidad contra el tercero civilmente debe cumplir con los mismos requisitos de la demanda de parte civil, dentro de las que se destacan que la parte civil debe señalar los eventos que causaron los daños y su monto, la persona o personas que considera presuntamente responsables, los fundamentos jurídicos de sus pretensiones, es decir, las razones de las que se deriva la obligación de reparar del tercero civilmente responsable y, finalmente, las pruebas que pretende hacer valer;

2- Aunque en materia civil no se aplica, como en el proceso penal, el principio de presunción de inocencia, el tercer civilmente responsable solo podrá ser obligado a pagar la indemnización cuando exista sentencia condenatoria y se demuestre que debe responder de conformidad con la ley civil.

3- Al tercero civilmente responsable se le garantizan sus derechos al debido proceso y a la defensa en el proceso penal, en cuanto, entre otros aspectos, una vez constituido en sujeto procesal puede solicitar pruebas y controvertir las presentadas para demostrar la existencia de la obligación de reparar; puede hacer llamamientos en garantía, denunciar el pleito o alegar nulidades; podrá alegar aquellas excepciones que normalmente podría interponer ante la jurisdicción civil, que no hayan sido expresamente señaladas en el Código de Procedimiento Penal y no sean incompatibles con la naturaleza del proceso penal y

4- Las garantías procesales incluidas en el Código de Procedimiento Penal están orientadas a asegurar que el tercero civilmente responsable pueda defenderse adecuadamente de las imputaciones que se le hagan, controvertir las pruebas presentadas por la parte civil y solicitar las que sean necesarias para exonerarse de la obligación de responder civilmente y aunque algunas de tales garantías pueden diferir de las establecidas en el ordenamiento civil, no implica un desconocimiento de sus derechos de defensa ni una violación al principio de igualdad nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-1075-02
III.2. Vía de hecho por violación del derecho de defensa por falta de notificación al tercero civilmente responsable

Una persona interpuso acción de tutela por considerar que se le había vulnerado su derecho de defensa, dado que nunca se le notificó según las prescripciones legales, que había sido vinculado a un proceso penal como tercero civilmente responsable, ya que el juzgador consideró que éste podría haberse enterado de tal providencia por ser el sindicado pariente del actor.

La Corte consideró que constituye vía de hecho condenar a quien no se le ha dado la oportunidad de defenderse. Los accionados no observaron el procedimiento legal para que el auto admisorio de la demanda se pueda tener como legalmente conocido, sino que decidieron conforme su propio convencimiento, y éste proceder en materia de notificaciones resulta inaceptable. Lo anterior, porque puede suceder que los convocados a un proceso adquieran, por fuera del mismo, el conocimiento de que son requeridos que, en algunos casos, dada la cercanía de las partes en conflicto, puede llegar inclusive a suministrar mayor información que la que brinda el trámite legal establecido para el efecto, pero dado que el juzgador debe asegurar la intervención del vinculado, debe tener certeza, y no únicamente convicción de que la notificación se produjo, porque lo cierto admite ser verificado y es oponible al obligado, en tanto lo simplemente intuido, debe quedarse en el fuero interno del juzgador. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-022-02
III.3. Vía de hecho por violación del derecho de defensa del tercero civilmente responsable al haber sido condenado sin haber sido vinculado como tal

Una persona interpuso acción de tutela por considerar vulnerado su derecho de defensa, dado que nunca fue vinculado al proceso penal como tercero civilmente responsable. La Corte tuteló el derecho del actor sosteniendo que las medidas dirigidas a hacer efectiva la condena a la reparación de perjuicios por el daño causado mediante una infracción a la ley penal, no pueden afectar a quienes no fueron previamente obligados a la prestación, ya sea porque siendo sindicados fueron absueltos, o porque, en su condición de terceros civilmente responsables, no fueron vinculados al proceso.

La iniciación de la acción penal no supone el comienzo de la acción civil y la aceptación de esta última no implica la vinculación al proceso del tercero civilmente responsable dado que mientras la acción penal se origina en la realización del hecho punible, la acción civil requiere de la presentación de una demanda, y la vinculación del tercero civilmente responsable exige, además de la plena identificación del implicado, la mención de lo que de él se pretende y el fundamento que la acompaña ?porque el perjudicado puede prescindir de obtener el resarcimiento del daño, u optar por perseguirlo mediante un proceso civil. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-799-01
III.4. Vía de hecho por condena en perjuicios a tercero no llamado en demanda de parte civil

El actor interpuso acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos al debido proceso y defensa, pues fue condenado como tercero civilmente responsable, sin que en la demanda de parte civil fuera llamado a responder como tal. La Corte, al tutelar el derecho del actor, sostuvo que teniendo como principio que el ejercicio de la acción civil le corresponde al sujeto activo de la obligación derivada del delito, el funcionario judicial que conoce del proceso no es competente para adoptar decisiones que le corresponden única y exclusivamente a la parte civil, como el llamamiento al proceso del tercero civilmente responsable, potestad que es propia del ofendido y se ejerce a través de una demanda de constitución de parte civil. La Corte considera que se presentó una violación al derecho fundamental al debido proceso, pues se condenó a una persona a la que no se había vinculado debidamente al proceso, y ello constituye una vía de hecho? nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-258-98

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