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IV. Instituciones propias del proceso penal ordinario deben respetar el derecho al debido proceso

IV.1. Medidas propias de la investigación penal

IV.1.1. Regulación del allanamiento

Se demandaron los artículos 343 (parcial), 344 (parcial) y 345 del Decreto Ley 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal anterior) que hacen referencia a la figura del allanamiento. La Corte, al declararlos exequibles sostuvo que para el registro del domicilio son tres los requisitos exigidos a las autoridades: la existencia de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, el respeto a las formalidades legales y un motivo previamente definido en la ley.

De estos requisitos, se desprenden las siguientes consecuencias: el respeto al debido proceso que debe presidir la expedición de una orden de allanamiento y su práctica, la reserva legal pues sólo la ley puede establecer los eventos en los cuales es posible el registro del domicilio y, por último, una reserva judicial ya que una orden de esta naturaleza proviene, según el nuevo ordenamiento constitucional, exclusivamente de las autoridades judiciales.

Empero, el régimen constitucional que, tratándose de la inviolabilidad del domicilio, impone la reserva judicial, es exceptuado por la misma Carta en dos hipótesis: las situaciones de detención preventiva administrativa y de flagrancia.

Para la Corte, la efectividad de la diligencia se vería seriamente comprometida si tuviera que procederse a notificar la providencia que la adopta y a surtir el trámite de unos recursos. No significa lo anterior la absoluta falta de controles sobre la diligencia que, según el artículo 343 del CPP, opera cuando "haya serios motivos", excluyen la arbitrariedad y abren la posibilidad al ejercicio de los controles provenientes por ejemplo, de los organismos de vigilancia y control del Estado y aun de los superiores del funcionario que procede a su práctica. Las simples sospechas que no permitan inferir objetivamente la configuración de los supuestos que la norma acusada consagra, no sirven de base para la adopción de la medida.

La decisión de efectuar el allanamiento es adoptada "por funcionario judicial" y mediante "providencia motivada", lo que es indicativo de la observancia cabal de los requisitos constitucionales a los que se aludió. La flagrancia corresponde a una situación actual que torna imperiosa la actuación inmediata de las autoridades, cuya respuesta pronta y urgente impide la obtención previa de la orden judicial para allanar y la concurrencia del fiscal a quien, en las circunstancias anotadas, no podría exigírsele que esté presente por la celeridad e inmediatez que las situaciones de flagrancia requieren, permitiendo, de ese modo, la culminación de una conducta delictiva que pudo haber sido evitada mediante la penetración oportuna de la autoridad al lugar de los hechos, o la evasión del responsable, situaciones éstas que se revelan contrarias a la Constitución.

En cuanto a la presencia de un delegado del fiscal en las diligencias de allanamiento, la Corte considera que esta previsión tiene asidero en las funciones que el artículo 250 de la Constitución encarga a la fiscalía General que son distintas de las que atañen al Fiscal General de la Nación en los términos del artículo 251 superior. En cuanto al allanamiento especial previsto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Penal, la Corte considera que por recaer la orden de allanamiento sobre bienes muebles e inmuebles sometidos por virtud del principio de extraterritorialidad de la ley a una jurisdicción extranjera que los hace inmunes al ordenamiento del país en que se encuentren, no obstante hallarse en territorio extranjero, deben respetarse los trámites previstos en la disposición censurada de conformidad con lo preceptuado por el Derecho Internacional y los tratados ratificados por Colombia. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-657-96
IV.1.2. La orden de registro y allanamiento expedida por el fiscal general de la nación o sus delegados debe determinar los lugares que se van a registrar

Se demandó la inconstitucionalidad de la frase ?La orden expedida por el fiscal deberá determinar los lugares que se van a registrar? contenida en el artículo 14 de la Ley 1142 de 2007, ?por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana?, que modificó el artículo 222 de la Ley 906 de 2004, sobre alcance de registro y allanamientos.

Los demandantes consideraron vulnerados los artículos 28 de la Constitución, 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por cuanto al suprimirse en la modificación demandada la expresión ?con precisión", el fiscal no tendría la obligación de identificar de forma clara los lugares a registrar, como anteriormente la tenía. La identificación precisa de los lugares a registrar ?constituye un presupuesto necesario para evitar arbitrariedades e impedir diligencias en lugares ajenos a la realización de la conducta? y se dirige a ?garantizar la proporcionalidad en la afectación del derecho a la inviolabilidad del domicilio??. La Corte Constitucional declaró exequible la frase demandada.

Siguiendo las razones de la Corte se puede afirmar que la norma demandada exige que en la orden de registro o allanamiento expedida por el Fiscal o su delegado se determinen los lugares donde será efectiva la medida ?y de no poder hacerlo la descripción exacta de aquéllos?, por lo que no se conculca el derecho a la inviolabilidad del domicilio establecido en el artículo 28 de la Constitución y se guarda la reserva judicial que se requiere para este tipo de medidas. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-131-09
IV.1.3. La orden del fiscal para prorrogar la orden de interceptación de comunicaciones telefónicas y similares deberá estar sometida a control previo del juez de control de garantías respectivo

Se demandó la inconstitucionalidad de la expresión ?a juicio del fiscal? contenida en el inciso final del 15 de la Ley 1142 de 2007, ?por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana?, que modificó el artículo 235 de la Ley 906 de 2004 sobre prórroga de la orden del fiscal de la interceptación de comunicaciones telefónicas y similares.

Los demandantes consideraron que el aparte demandado de la norma citada vulnera ?la reserva judicial para la limitación del derecho a la intimidad consagrada en el artículo 15 de la Constitución Política?, toda vez que el fiscal de conformidad con la expresión demandada no necesita el control del juez de garantías para la prórroga para la interceptación señalada La Corte Constitucional declaró exequible la expresión demandada de manera condicionada.

De conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional se puede afirmar que la expresión demandada, según la cual la orden de prórroga de interceptación de comunicaciones telefónicas y similares corresponde al fiscal contraviene el numeral 3° del artículo 250 de la Carta Política ?...En caso de requerirse medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales, deberá obtenerse la respectiva autorización por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías para poder proceder a ello?, concretamente el principio de reserva judicial en la protección del derecho a la intimidad, por cuanto que la prórroga de la orden de las mencionadas interceptaciones implica la afectación de derechos fundamentales y por ende requiere de la autorización del juez de control de garantías.

Por eso la Corte declaró la exequibilidad de la expresión demandada, ?bajo el entendido de que en todo caso, la orden del Fiscal de prorrogar la interceptación de comunicaciones y similares deberá ser sometida al control previo de legalidad por parte del Juez de Control de Garantías?. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-131-09
IV.1.4. En aquellos casos en los que un juez ha declarado la invalidez de la diligencia de registro y allanamiento adelantada por orden de un fiscal, ya sea porque la encontró ilegal o inconstitucional, todo aquello que de ella se deriva debe carecer de valor y, en tal virtud, no puede generar consecuencias válidas para la investigación o para el proceso penal

Se demandó el artículo 232 parcial de la Ley 906 de 2004. La disposición referida a la utilización de las pruebas provenientes de registros o allanamientos declarados nulos para fines de la impugnación, estima el demandante es violatorio del artículo 29 Superior, en tanto permite que algunas pruebas obtenidas con violación al debido proceso sean consideradas en una actuación dentro del proceso penal.

A juicio de la Corte, ningún elemento material probatorio o evidencia física obtenida en diligencia ilegal o inconstitucional puede producir efectos jurídicos en cualquier etapa procesal en el que se presente, pues eso no sólo constituye flagrante violación del debido proceso sino un mecanismo de arbitrariedad y abuso del poder estatal. Agregó, que la prueba ilícita debe ser retirada de todo el proceso penal de tal forma que no quede vestigio alguno de su contenido, por lo que la cláusula de exclusión de las evidencias o materiales probatorios obtenidos en allanamientos y registros nulos no sólo consiste en la expulsión material de esos elementos sino también en el retiro definitivo de aquellos en la mente del juez. Dicho de otro modo, la prueba ilícita debe excluirse del proceso y de la operación intelectual que hace el juez, pues a él corresponde despojarse de su conocimiento e impedir la valoración que de pruebas inconstitucionales pueda hacer el juez de segunda instancia. Debe evitarse, entonces, la contaminación del proceso penal y del proceso volitivo del juez, por lo que no resulta admisible que la prueba ilícita sea evaluada en segunda instancia.

La Corte declaró inexequible la disposición acusada. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-210-07
IV.1.5. En la audiencia de revisión de legalidad de las medidas de registro y allanamiento, retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones, actuación de agentes encubiertos, entrega vigilada de objetos, búsqueda selectiva en base de datos y práctica de exámenes de adn, cuando se practican en la indagación previa, debe permitirse la participación del indagado y su defensor

Se demanda la inconstitucionalidad de los artículos 237 parcial, 242 parcial, 243, 244 parcial y 245 de la Ley 906 de 2004, bajo el argumento que desconoce los artículos 2, 4, 13, 29 y 229 de la Constitución Política, y los artículos 14 del Pacto Universal de Derechos Humanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

A juicio de la Corte, se trata de una posibilidad que coadyuva en el propósito de no excluir al indiciado de la facultad legítima de ejercer en toda su dimensión sus derechos de defensa y contradicción, pues una restricción de esa naturaleza podría incidir negativamente en el desarrollo de las etapas subsiguientes del proceso, en desmedro claro de los intereses del procesado. También busca garantizar el derecho de igualdad de armas, pues siendo el modelo de tendencia acusatoria un proceso adversarial, facilitar la participación de la defensa en la audiencia de control de legalidad, la coloca en condiciones de igualdad frente al ente investigador, no solo por el hecho de que éste sí está expresamente autorizado por la ley para hacer presencia en dicha audiencia, sino además, porque le permite al investigado controvertir la legitimidad de la medida practicada. La jurisprudencia ha dejado dicho que si desde el inicio de la investigación no existe proporcionalidad frente al ejercicio del derecho a la defensa, ?fácilmente la persona puede pasar de investigada, a imputada, a acusada y a condenada; sin haber actuado en equilibrio de fuerzas con quien lo investiga, (?) razón por la cual, existiría una clara violación al derecho de igualdad y al derecho de defensa?. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-029-09
IV.1.6. Todo elemento probatorio y evidencia física que se encuentre en un allanamiento o registro, efectuado con fundamento en una orden viciada, queda contaminado, carece de validez y debe ser excluido de la actuación

Se demandó ante la Corte Constitucional, la inconstitucionalidad de la expresión ? directa y exclusivamente? del artículo 232 de la Ley 906 de 2004 ? Por la cual se expide el Código de procedimiento Penal?, relacionado con la cláusula de exclusión en materia de registros y allanamientos.

Los fundamentos de la demanda se pueden presentar así: De conformidad con la expresión demandada, los elementos indirectos provenientes de una orden de registro y allanamiento emitida por el fiscal, viciada por carencia de alguno de los requisitos esenciales previstos en el código, mantendrían su valor y esto sería contrario a la Constitución porque el artículo 29 inciso 5º señala que ?toda prueba obtenida con violación al debido proceso es nula de pleno derecho sin que el constituyente distinga entre la prueba directa y la indirecta?.

La Corte señaló que el ? ejercicio de una adecuada interpretación constitucional no puede limitarse a tomar en consideración, de manera aislada, el enunciado invocado en este caso por la demandante?, sino que es preciso situarlo en un contexto determinado, el cual será objeto del respectivo control de constitucionalidad.? La Corte examinó de manera global el artículo 232 del nuevo C.P.P.

La Corte al declarar inexequible la expresión ?directa y exclusivamente? del artículo 232 de la Ley 906 de 2004 señaló: ?la disposición acusada dispone, que tan sólo aquellos elementos probatorios y evidencia física que dependa de manera directa y exclusiva de ella carecen de validez y serán excluidos de la actuación, con lo que se restringe el alcance del artículo 29 constitucional para los efectos del registro y allanamiento. En otras palabras, de conformidad con el artículo 29 Superior, cuando se efectúe un allanamiento o registro, con fundamento en una orden viciada, por carencia de alguno de los requisitos esenciales previstos para el efecto, es decir, con violación del debido proceso, por tratarse de una diligencia afectada de invalidez, todo elemento probatorio y evidencia física que allí se encuentre y sea obtenida en la misma queda contaminada, carece de validez y debe ser excluido de la actuación, y no solamente aquellas que dependan directa y exclusivamente.

Cuando ?en la diligencia inválida, de acuerdo a lo considerado anteriormente, se encontraren elementos o evidencias materiales no vinculadas con el proceso pero que ameriten otra investigación penal, implicará el deber del funcionario que realiza la diligencia de ponerlos a disposición de la autoridad competente para el efecto, para que sean tenidos como evidencia material pero no como prueba de responsabilidad.? nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-591-05
IV.1.7. Prohibición de interceptar y reproducir comunicaciones sin orden judicial

Se demandó el artículo 351 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal anterior), que autorizaba a las autoridades de policía judicial para que, en casos de flagrancia, interceptaran y reprodujeran comunicaciones, sin que se requiriera orden judicial. La Corte, al declararlo inexequible, sostuvo que el artículo 15 de la Constitución en su inciso tercero consigna en relación con la correspondencia y con las demás formas de comunicación las aludidas reservas legal y judicial; empero, se echa de menos en la disciplina constitucional de estas materias la consagración de excepciones al requisito de la orden judicial para proceder a interceptar o registrar y tampoco aparece en la Carta, autorización al Legislador para establecerlas.

Así las cosas y por ser las excepciones de interpretación estricta, no es acertado ni jurídico pretender una extensión de lo plasmado en el artículo 32 de la Carta cuyo tenor literal es por lo demás nítido, para cobijar por la excepción allí contemplada, los supuestos regulados por el artículo 15 superior cuyo texto, utiliza el adverbio "solo" para significar que en ningún evento podrá procederse a interceptar o a registrar la correspondencia y las demás formas de comunicación privada sin que medie la orden judicial. Lo que corresponde al dominio legal es el señalamiento de los casos y del procedimiento, más no está autorizada la ley para dispensar de la orden judicial.

En todos los casos que la ley establezca se requiere orden judicial para interceptar o registrar las comunicaciones lo que "implica una clara y terminante exclusión constitucional de la autoridad administrativa". Ni siquiera en el artículo 38 de la Ley 137 de 1994, estatutaria de los estados de excepción, que se refiere a las facultades del Gobierno durante el estado de conmoción interior, se prescinde de la orden de autoridad judicial competente? nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-657-96
IV.1.8. La policía judicial podrá adelantar el registro y allanamiento de un bien, dentro de la investigación penal, sin requerir previamente la orden escrita de la fiscalía general de la nación cuando medie consentimiento libre y expreso del propietario o tenedor del bien objeto del registro o de quien pueda ser afectado por el procedimiento, pero deberá someterse tal actuación al juez de control de garantías para que valore sí el consentimiento fue libre y expreso o fue arbitrario o abusivo.

Se demandó la inconstitucionalidad del artículo 230, numeral 1 de la de la Ley 906 de 2004, relacionada con la excepción de exigir orden escrita de la Fiscalía General para que la Policía Judicial pueda proceder al registro y allanamiento, cuando exista ?consentimiento expreso del propietario o simple tenedor del bien objeto del registro, o de quien tenga interés por ser afectado durante el procedimiento. En esta eventualidad, no se considerará como suficiente la mera ausencia de objeciones por parte del interesado, sino que deberá acreditarse la libertad del afectado al manifestar la autorización para el registro.?, por considerar el demandante que con tal determinación se vulnera el derecho a la intimidad establecido en el artículos 15 de la Constitución Política. La Corte Constitucional declaró el aparte de la norma demandada compatible con la Cata Política y por ende exequible.

La Corte consideró que el consentimiento libre y expreso del propietario o tenedor del bien objeto de registro o de quien pueda ser afectado por el procedimiento constituye una excepción, razonable y proporcionada, a la exigencia de la existencia de la orden escrita por parte de la Fiscalía General de la Nación, para proceder al registro y allanamiento de un bien, en cuanto que el consentimiento de esta manera expresado por los titulares de los derechos afectados supera la sospecha de arbitrariedad que podría darse en un allanamiento sin previa orden escrita y sin ese consentimiento. La norma demandada contiene un motivo previamente establecido: la investigación penal y la formalidad que consiste en que el consentimiento sea libre y expreso, por lo que la ausencia de objeciones por parte del interesado es insuficiente.

La Corte señaló que dicho allanamiento ?debe someterse al examen del juez de control de garantías, quien valorará en cada caso si el consentimiento dado por el afectado por la diligencia de allanamiento fue libre y expreso, o si por el contrario fue fruto de un acto arbitrario o abusivo. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-806-09
IV.1.9. Ley de seguridad y defensa nacional

IV.1.10. Control de legalidad posterior a las ordenes de registro y allanamiento

Se demandó la inconstitucionalidad del inciso primero del artículo 16 de la Ley 1142 de 2007, ?por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana?, que modificó el artículo 237 de la Ley 906 de 2004 sobre audiencia de control de legalidad posterior al cumplimiento de las órdenes de registro y allanamiento, retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones o recuperación de información dejada al navegar por Internet u otros medios similares.

Los demandantes consideraron vulnerados el artículo 250 numeral 2 de la Constitución Política que, entre otros aspectos, señala la obligación del juez de garantías de efectuar el control posterior correspondiente, a más tardar dentro de las 36 horas siguientes, cuando el fiscal adelante registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones, para determinar su validez, por cuanto la norma demandada establece que la audiencia para realizar este control de legalidad debe realizarse dentro de las 24 horas siguientes al ?cumplimiento?, situación que resulta grave cuando se trate de ejecución continuada de aquéllas medidas, por que el control sólo se presentaría una vez termine de ejecutarse la orden. Por lo que tal audiencia podría darse a los tres o seis meses después de expedidas las órdenes. La Corte Constitucional declaró que la disposición demandada es compatible con la Carta Política.

La Corte señaló que de conformidad con el análisis sistemático del artículo 250 inciso 2ª constitucional y de los artículos 228, 233, 235, y 236 de la Ley 906 de 2004, de la cual la norma demandada es común, ?al contemplar el control de legalidad posterior a esas medidas, incluida la orden, dentro de las 24 horas siguientes a su cumplimiento.? Lo anterior mantiene incólume el artículo 250 inciso 2ª constitucional que obliga, para efectos de determinar la validez de las medidas restrictivas de derechos fundamentales, al control posterior por parte del juez de control de garantías, dentro de las 36 horas siguientes, cuando el fiscal adelante registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones y no altera lo perceptuado en los artículos 14 y 154 de la Ley 906 de 2004, sobre el límite máximo de 36 horas ?para que el Juez de Garantías efectúe la respectiva audiencia de control de legalidad formal y material de esas actuaciones, siendo veinticuatro (24) horas un término razonable que se encuentra dentro del margen de configuración del legislador.?

También dijo la Corte ?Y, en los casos expresamente referidos, será aplicable analógicamente lo concerniente a los registros y allanamientos, entre estos el artículo 228, que establece un término máximo de 12 horas para que la policía judicial informe a la Fiscalía y ponga a su disposición lo recabado.?

La Corte finalizó señalando que ?? de acuerdo con el análisis que antecede, bajo la rigurosidad del término de 36 horas establecido en el artículo 250 de la Carta Política para estas actuaciones, aparecen incólumes las garantías de las partes y de los intervinientes en el proceso penal y los principios que regulan la administración de justicia, entre ellos el de la reserva judicial.? nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-131-09
IV.1.10.1. Inconstitucionalidad de una norma que establece el deber del fiscal general de la nación de suministrar al gobierno nacional y al ministerio de defensa información sobre investigaciones penales que adelanta

Mediante sentencia de constitucionalidad la Corte analizó la exequibilidad de la Ley 684 de 2001, Ley de Seguridad y Defensa Nacional. Aun cuando la Corte consideró que la estructura básica de la ley era inconstitucional, analizó otros aspectos puntuales de la misma. Así frente al deber del fiscal de suministrar permanentemente información sobre las investigaciones que se adelantan, que imponía dicha ley a través del artículo 25, la Corte sostuvo que la obligación que establece la norma desborda los lineamientos constitucionales.

Además, cuando hace referencia a ?casos especiales? en los que el Ministerio de Defensa podrá solicitar información con carácter urgente, no sólo desconoce que es el fiscal quien está facultado para entregar la información y no el Ministerio para exigirla, sino que además desconoce que el nivel al cual se desarrolla la colaboración es el más elevado, según la propia Constitución, que se refiere al Fiscal General y al Gobierno. Es pues una colaboración cuyos partícipes fueron definidos directamente por la Carta. La regulación acusada crea también una ambigüedad, pues la norma no permite claridad alguna acerca de cuáles son esos ?casos especiales?, afectando aún más la autonomía e independencia propia del fiscal.

Todo ello demuestra entonces que el artículo 25 de la ley, independientemente considerado, también resulta contrario a la Constitución. Sin embargo, la Corte precisa que nada impide que dentro del respeto de las respectivas órbitas de competencia, el Fiscal General y el Gobierno, sin invadir la autonomía e independencia de la rama judicial, acuerden mecanismos de suministro de información, siempre que se preserve la reserva del sumario y no se comprometa el buen curso del proceso penal. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-251-02
IV.1.10.2. Inconstitucionalidad de una disposición que encarga de la ejecución de las órdenes presidenciales al comandante que asuma el control de la zona teatro de operaciones, cuya aplicación será de manera inmediata y de forma preferente sobre las de los gobernadores y alcaldes de la zona

La Corte, al analizar la creación de los teatros de operaciones, sostuvo que no puede la suprema comandancia de las Fuerzas Militares extenderse ilimitadamente, hasta el punto de subordinar a figuras institucionales que hacen parte del mismo poder civil. El que las órdenes e instrucciones del Presidente deban ser acatadas por las autoridades departamentales y municipales, no implica llegar al extremo de someterlas al poder militar.

Ello representa una restricción de la facultad presidencial de impartir órdenes y adoptar decisiones en materia de orden público, que se apliquen de manera inmediata, sin intermediación de ningún estamento, y en forma preferente, en cualquier lugar del territorio nacional, como lo dispone el artículo 296 de la Carta. No es admisible la intermediación militar en las órdenes entre el Presidente y los mandatarios seccionales. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-251-02
IV.1.10.3. Inconstitucionalidad de la disposición que establece el registro de la población civil en la zona de teatro de operaciones

El inciso final del artículo 54 de la Ley 684 de 2001 diseña un mecanismo de ?registro de la población? y exige a las personas el suministro de información cuando exista cambio de domicilio. El registro incluye el deber de revelar la profesión, el oficio o la actividad de cada persona, lo cual representa una amenaza a otros derechos fundamentales. La limitación de la libertad de locomoción y otros derechos a través de esta figura no redunda sobre la libertad misma, sino que por el contrario extrema el control total del Estado sobre sus asociados.

En consecuencia la Corte concluye que en este punto la norma también es contraria a la Constitución y señala que, para que con base en la figura del teatro de operaciones pudieran limitarse los derechos de las personas, debería éste estar condicionado a la declaración previa de un Estado de excepción. El mismo estado de normalidad sobre el cual están justificados los teatros de operaciones, con todas sus particularidades, lleva a la conclusión que sostener su existencia vulnera las obligaciones asumidas por Colombia cuando ratificó y adhirió a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-251-02
IV.1.10.4. Inconstitucionalidad de la disposición que otorga funciones de policía judicial a los miembros de las fuerzas militares

Frente al otorgamiento de funciones de policía judicial a los miembros de la Fuerza Pública, la Corte sostuvo que este rompe la dependencia funcional entre quienes realizan estas labores y el fiscal. Incluso la integración de las unidades de policía judicial con militares equivale a una intromisión de la administración en la función jurisdiccional. El resultado de ello sería confiar a un aparato institucional, cuya razón se orienta a un uso táctico de la fuerza, a que enderece esa misma razón a la libre interpretación de los hechos y de las normas con un sentido de justicia.

Lo anterior genera una disfuncionalidad inconstitucional ya que las Fuerzas Militares exhiben un carácter estrictamente jerarquizado y adoptan una disciplina rígida frente a las órdenes superiores. Por tanto su régimen propio y el contexto histórico en el que actúan no se concilian con la independencia e imparcialidad inherentes a la policía judicial, atributos característicos de la función jurisdiccional a la cual sirve. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-251-02
IV.1.10.5. Inconstitucionalidad de lo dispuesto en una norma, según la cual el capturado en flagrancia se pondrá a disposición de la autoridad judicial competente mediante comunicación verbal: garantía para la protección integral de la persona privada de la libertad

Frente a la falta de entrega física en los casos de captura en flagrancia, la Corte sostuvo que resulta abiertamente contrario a los propósitos del artículo 28 de la Constitución disponer que se entiende que la persona ha quedado a disposición de la autoridad judicial con la mera comunicación de su captura. Es obligación entregar físicamente al aprehendido a la autoridad judicial. La orden de entregar la persona a una autoridad judicial no tiene como objetivo exclusivo establecer aspectos de competencia en materia de privación de la libertad, sino que opera como una garantía para la protección integral de la persona.

Por lo anterior, no resulta pertinente considerar la existencia del recurso de hábeas corpus para enfrentar las privaciones ilegítimas de la libertad, pues su existencia no autoriza al Estado a eliminar o flexibilizar los controles sobre la aprehensión. El recurso al hábeas corpus ha de ser excepcional y no debe constituir un medio ordinario de defensa. El cumplimiento de los deberes de protección en cabeza del Estado no pueden supeditarse a la solicitud de la víctima de las violaciones; el Estado tiene la obligación permanente de no incurrir en conductas que irrespeten los derechos de las personas privadas de la libertad. La inconstitucionalidad de la norma deriva del hecho de entender que a partir de la comunicación la persona se entiende ?a disposición? de la autoridad judicial. La obligación legal de comunicar, coadyuva a garantizar los derechos constitucionales del retenido, pero en ningún momento puede suplir la obligación de entregar.

La Corte entiende que la expresión ?término de la distancia? es de carácter restrictivo, únicamente aplicable en las situaciones en las cuales, sin lugar a dudas y de manera absolutamente necesaria, debe postergarse la entrega. Únicamente bajo estas circunstancias puede hablarse de una debida justificación, la cual no puede ser autorizada por vía general en la ley, sino apreciada caso por caso por la autoridad judicial nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-251-02
IV.2. Instituciones propias de la etapa de investigación

IV.2.1. La facultad de ordenar la conducción que tiene el funcionario judicial para que el procesado rinda indagatoria es una limitación legítima del derecho a la libertad

La Corte Constitucional declaró exequible la facultad del funcionario para ordenar la conducción del imputado a la diligencia de indagatoria, cuando este no comparezca (art. 336 CPP). Para la Corte, la libertad es un derecho fundamental de las personas que debe ser objeto de especial protección por parte de las autoridades, pero este derecho no es absoluto, pues puede ser restringido en el evento en que se profiera por una autoridad judicial competente una orden escrita que reúna los requisitos que la ley imponga para el efecto y obedezca a los motivos previamente señalados por el Legislador.

Esta restricción de la libertad hecha por el Legislador debe responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, como ocurre siempre que se dispone la limitación de un derecho fundamental reconocido por la Constitución. En la fijación de las condiciones en las que resulte posible la privación de la libertad, el Legislador goza de un margen de apreciación inscrito dentro de la denominada libertad de configuración que le permite, en cuanto representante del pueblo, traducir en normas legales sus decisiones, adoptadas como respuesta a problemas latentes de la sociedad y que son el resultado de un proceso en el que normalmente se involucran consideraciones y valoraciones de naturaleza política.

Sin embargo, esa libertad del Legislador, perceptible al momento de crear el derecho legislado, tiene su límite en la propia Constitución. La Corte se ha referido específicamente a la posibilidad de restringir la libertad personal con el fin de asegurar el cumplimiento de los fines de la investigación penal. Al respecto ha señalado concretamente que la Constitución Política al encomendarle al Estado colombiano, a través de sus autoridades, la consecución de la prosperidad general, la garantía y efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta, la participación de los ciudadanos en la vida de la Nación la independencia de la misma, la convivencia pacífica, y el orden justo (art. 2 CP), le entregó igualmente las herramientas necesarias para el cumplimiento de dichos fines.

Ha de tenerse en cuenta igualmente que la Constitución le asigna a la fiscalía General de la Nación, el deber de ?Asegurar la comparencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento. Además, y si fuere del caso, tomar las medidas necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito?.

La Corte pone de presente que el funcionario a quien corresponde la investigación del hecho punible por el cual el imputado debe rendir indagatoria, actúa en cumplimiento de formalidades legales, es decir, que se haya realizado previamente la citación personal a que se refiere el artículo 336 de la Ley 600 de 2000 y que ante la renuencia a comparecer del imputado así notificado y con el único fin de garantizar la practica de la diligencia, ordena su conducción, lo que resulta plenamente acorde con los requisitos para restringir la libertad de las personas en los términos del artículo 28 constitucional.

Al respecto, resulta pertinente reiterar que las autoridades judiciales, en ejercicio del poder punitivo del Estado, están en la obligación de perseguir y reprimir el delito, para lo cual han sido dotados de herramientas que pueden ir desde la persuasión hasta el uso de la fuerza. Ello con el objeto de asegurar la vigencia del orden jurídico y garantizar los derechos y deberes de todos los ciudadanos. En el caso específico, el funcionario judicial puede ordenar la conducción del imputado para realizar la diligencia de indagatoria a la que previamente fue citado, en tanto éste se niegue a comparecer y por tanto incumpla con su deber de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia. La diligencia de indagatoria está rodeada en el ordenamiento penal vigente de una serie de garantías tendientes a asegurar el respeto del derecho al debido proceso del imputado y en particular de su derecho de defensa nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-330-03
IV.2.2. Declaratoria de persona ausente

En sentencia de constitucionalidad la Corte analizó la exequibilidad de los artículos 136, 313, 356, 384, 385 y 387 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal), que consagraban la declaratoria de persona ausente y los cuales fueron demandados por considerar que con ellos se estaba incentivando el seguimiento de procesos a espaldas del acusado y sin su presencia.

La Corte declaró la exequibilidad de estas normas al considerar que la declaración de persona ausente es una medida con que cuenta la administración de justicia para cumplir en forma permanente y eficaz la función que el Constituyente le ha asignado y, por tanto, al estar comprometida en ella el interés general no puede postergarse so pretexto de que el procesado no ha comparecido al llamado de la justicia, y esperar a que éste voluntariamente se presente o que sea capturado o que la acción penal prescriba, sino que la actuación procesal debe adelantarse procurando por todos los medios posibles comunicar al sindicado la existencia de la investigación que cursa en su contra y designarle un defensor de oficio que lo represente en el ejercicio de su derecho; además de brindarle mecanismos legales que le permitan obtener la corrección de los vicios y errores en que se haya podido incurrir por falta de adecuada defensa.

Considera la Corte pertinente señalar que los procesos que se adelanten con persona ausente no vulneran el derecho a la igualdad de los sindicados, pues estos cuentan con las mismas garantías y oportunidades procesales concedidas a quienes están presentes en el mismo, las cuales pueden ser ejercidas por el defensor que el sindicado nombre o por el defensor de oficio. nota 1

En otro caso, al conocer sobre sobre una demanda en la que el actor alegó vulneración a su derecho fundamental al debido proceso, en tanto no se agotaron todos los medios necesarios antes de que fuera declarado persona ausente en el que dictó sentencia condenatoria en su contra, la Corte encontró que la Fiscalía había cumplido parcialmente con los requisitos formales para la declaratoria de persona ausente, al i) ordenar la vinculación del peticionario mediante indagatoria, ii) realizar su emplazamiento por edicto, y iii) proferir una resolución motivada para la declaratoria. En la revisión del proceso constató la realización de algunas diligencias adicionales para garantizar la comparecencia del imputado al proceso. La Fiscalía solicitó información a los centros penitenciarios de la región y, además, intentó notificar dos decisiones a través de la emisora de San Vicente, Antioquia, "ambiente estéreo". Con todo, el cumplimiento fue apenas parcial, pues en la resolución de declaratoria de persona ausente, no se consignaron las diligencias realizadas para ubicar al imputado, lo que demuestra una falta de coordinación entre las autoridades judiciales y policiales o, simplemente, que no se realizó ninguna diligencia; y, lo que resulta mucho más grave e inexplicable, no se intentó notificar al imputado a través de sus padres, su esposa o su hermano, cuando esta posibilidad se desprendía directamente de la segunda declaración rendida por el padre de la víctima. nota 2

En otra sentencia, al conocer un caso de una persona que consideraba que la Fiscalía General de la Nación le había vulnerado sus derechos porque no había agotado todos los medios para comunicarle sobre la existencia de un proceso penal en su contra, la Corte precisó que "cuando son agotados los medios con los que razonablemente cuenta la Fiscalía para que el sindicado comparezca al proceso penal, no se vulnera el derechos al debido proceso. nota 3

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-488-96, reiterada en la Sentencia C-627-96
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-737-07
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-517-09
IV.2.3. La posibilidad de ordenar la captura del indiciado, no presupone el desconocimiento del derecho a la presunción de inocencia del procesado

Se demanda la inconstitucionalidad del vocablo ?indiciado? contenido en los artículos 219, 230, 297 y 298 de la Ley 906 de 2005, por contrariar supuestamente los artículos 28, 29 y 250 de la Constitución.

Para la Corte, no debe olvidarse que ésta lo ampara desde que se inicia el proceso hasta el momento en que el funcionario judicial lo declara penalmente responsable, por medio de sentencia ejecutoriada. Así mismo, recalcó que se trata de una medida de protección de la sociedad frente al delito y a asegurar la comparecencia ante los jueces. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-479-07
IV.2.4. Las condiciones para que la fiscalía general de la nación lleve a cabo capturas excepcionales, deben estar plasmados claramente en la ley y no pueden quedar a discreción de quien ordena la captura

Se demandó la inconstitucionalidad del artículo 21 de la Ley 1142 de 2007, por infringir los artículos 2, 4, 28, 93 y 250 de la Constitución, el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 9 del PIDCP.

La Corte indicó que en cuanto a las formalidades que deben darse para la expedición de la orden, en la captura ordenada por el juez de control de garantías, el artículo 296 de la Ley 906 de 2004 exige orden previa escrita con las formalidades legales, y motivada. En la captura excepcional por el Fiscal o su delegado, también se exige orden escrita y motivada. En cuanto al fundamento que justifica la expedición de la orden de captura, en la captura ordenada por el juez de control de garantías, el artículo 19 de la Ley 1142 de 2007, exige la existencia de ?motivos razonablemente fundados,? los cuales, según lo que establece el artículo 221 de la Ley 906 de 2004, deben estar sustentados en informes de la policía judicial, en declaraciones juradas de testigos o informantes, o en elementos materiales probatorios y evidencia física. Por su parte, el artículo 21 de la Ley 1142 de 2007 señala que la orden de captura excepcional dictada por el Fiscal General o su delegado debe estar fundada en motivos serios y de fuerza mayor, que muestren que no se encuentra disponible un juez que pueda proferir la medida. En este evento, la norma no exige expresamente que tales motivos estén fundados en elementos probatorios, ni que la motivación deba basarse en una constatación fáctica de la imposibilidad de acudir a un juez de control de garantías para que expida la orden. Estos elementos carecen de la suficiente concreción, precisión y determinación que requiere la fijación de los límites y eventos en que excepcionalmente la Fiscalía General puede realizar capturas, tal y como lo exige el artículo 250 (1) Superior. La expresión ?motivos serios y de fuerza mayor? y el criterio de la falta de ?disponibilidad? del juez de control de garantías, dan lugar a las más variadas hipótesis y supuestos que dejan a la discrecionalidad del propio fiscal que ha de efectuar la captura, la determinación de esas circunstancias.

Por lo anterior, encuentra la Corte que el empleo del calificativo ?serios? que se le otorga a los motivos por los cuales no se encuentra disponible un juez para ordenar una captura, es ambiguo e indeterminado. En estas condiciones, el Fiscal General de la Nación o su delegado pueden fijar a su arbitrio cuándo un motivo es lo suficientemente serio para demostrar que el juez de control de garantías no se encuentra disponible, sin que tal demostración tenga como base un fundamento objetivo que justifique esta medida excepcional, en materia tan grave como lo es la restricción de la libertad. Así mismo, considera la Corte que los motivos de fuerza mayor en el contexto de la norma, exigen un esfuerzo interpretativo que queda en cabeza de quien aplica la medida, con una amplitud tal que se desvirtúa la excepcionalidad que previó el constituyente para una medida tan restrictiva de la libertad. En esas condiciones, esos calificativos no cumplen en manera alguna, los parámetros del principio de legalidad consagrado por la Constitución en su artículo 29 ni por los lineamientos señalados en la jurisprudencia constitucional, pues los motivos y las condiciones para restringir la libertad deben ser plasmados claramente en la ley y no pueden quedar a discreción de quien ordene la captura. La exigencia de que haya ?motivos serios y de fuerza mayor? impone una carga probatoria inferior al fiscal que la que tiene el juez de control de garantías para ordenar la captura de una persona. La vaguedad de estos dos criterios, el hecho de que es el propio fiscal el que los aprecia de manera subjetiva y la amplitud de interpretaciones a que ellos dan lugar, pueden llegar a convertir en regla general la captura ordenada por el Fiscal General. Por esta razón, serán declaradas inexequibles estas dos expresiones. También encuentra la Corte que el criterio ?disponible? es ambiguo y permite una amplitud de interpretaciones al arbitrio del Fiscal o su delegado que permitiría convertir la expedición excepcional de órdenes de captura en una regla general. En efecto, dentro del concepto ?disponible? cabe que el juez no exista, no esté en el lugar, no sea accesible, no está a disposición del fiscal, no responda a las solicitudes del fiscal de manera oportuna, en fin. Por lo tanto, esta expresión también es declarada inexequible. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-185-08
IV.2.5. Detención preventiva

IV.2.5.1. La figura de la detención preventiva no vulnera el principio de presunción de inocencia

Mediante acción de inconstitucionalidad se demandaron los artículos 388, 396, 397, 398, 399, 400, 403, 404 a 409, 417, 418 del Decreto Ley 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal anterior) y los artículos 354 a 367 de la Ley 600 de 2000 (nuevo Código de procedimiento Penal). A juicio del demandante, las disposiciones acusadas vulneran la Constitución por permitir la aplicación de la figura de la detención preventiva, ya que para desvirtuar la presunción de inocencia es necesaria la determinación de culpabilidad de un sindicado por parte de una autoridad judicial competente, a través de una sentencia condenatoria en firme, mientras esto no ocurra la presunción es vinculante, y por lo tanto no puede ser detenido ni siquiera preventivamente, ya que de hacerlo se estaría vulnerado la consagración de su inocencia y su libertad personal.

La Corte sostuvo que la presunción de inocencia en nuestro ordenamiento jurídico adquiere el rango de derecho fundamental, por virtud del cual el acusado no está obligado a presentar prueba alguna que demuestre su inocencia y por el contrario ordena a las autoridades judiciales competentes la demostración de la culpabilidad del agente. Este derecho acompaña al acusado desde el inicio de la acción penal hasta el fallo o veredicto definitivo y firme de culpabilidad, y exige para ser desvirtuada la convicción o certeza, mas allá de una duda razonable, basada en el material probatorio que establezca los elementos del delito y la conexión del mismo con el acusado.

Esto es así, porque ante la duda en la realización del hecho y en la culpabilidad del agente se debe aplicar el principio del in dubio pro reo, según el cual toda duda debe resolverse en favor del acusado. El artículo 28 de la Carta representa la cláusula general de tutela, al mismo tiempo que establece los fundamentos jurídicos mediante los cuales se admite su restricción, al disponer que: "Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado..", salvo que concurran tres requisitos: 1) mandamiento escrito de autoridad judicial competente, 2) que se expida con la observancia de las formalidades legales y 3) por la existencia de motivos previamente definidos en la ley. Si bien el derecho a la libertad personal no hace parte del bloque de constitucionalidad, no por eso debe desconocerse que su interpretación debe realizarse de acuerdo con sus mandatos.

Frente a la presunción de inocencia, la Corte considera que los disposiciones de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia sí forman parte del bloque de constitucionalidad, toda vez que la presunción de inocencia es un derecho humano, el cual no es susceptible de limitación o restricción en los estados de excepción, ya que si el derecho al debido proceso y el principio de legalidad no admiten restricción alguna, menos aún la presunción de inocencia, derecho fundamental a partir del cual se edifican las garantías jurídicas citadas. Las medidas cautelares deben ser decretadas por intermedio de una autoridad judicial con un carácter eminentemente provisional o temporal y bajo el cumplimiento de los estrictos requisitos que la Constitución y la ley prevén. Las medidas de aseguramiento para imputables reconocidas en Colombia mediante el Decreto 2700 de 1991, son: la caución juratoria o prendaria, la conminación y la detención preventiva o domiciliaria.

De acuerdo con la Ley 600 de 2000, nuevo Código de Procedimiento Penal: ?solamente se tendrá como medida de aseguramiento para imputables la detención preventiva?. La procedencia de la detención preventiva tiene como sustento legal el cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales que el ordenamiento impone, estructurados bajo un criterio de graduación punitiva, situación de flagrancia, y en ciertos casos vinculado a delitos taxativamente reconocidos por el Legislador. La Corte ha determinado la constitucionalidad de supuestos que permiten la aplicación de la detención preventiva, con el entendido de que corresponde a la órbita de configuración legislativa determinar, con los criterios de proporcionalidad y razonabilidad, cuál ha de ser la política punitiva del Estado.

La procedencia constitucional de la detención preventiva se encuentra reglada en la Carta y reconocida por las normas rectoras del nuevo Código de Procedimiento Penal, según las cuales, los criterios legales de procedencia de la detención preventiva deben concurrir con los mandatos constitucionales, de tal manera que si la detención se ordena sin considerar los principios y valores que inspiran la Constitución, el presunto infractor de la ley penal, su defensor o el Ministerio Público pueden solicitar el control de legalidad de la medida adoptada, o hacer uso de los mecanismos constitucionalmente previstos para la defensa de los derechos fundamentales, toda vez que de ello resultaría una violación de los derechos constitucionales a la libertad personal y a la presunción de inocencia y se presentaría, además, una violación del debido proceso.

La Corte condicionó la constitucionalidad del inciso 2 del artículo 388 del Decreto 2700/91 ?bajo el entendido que, para la práctica de la detención preventiva, es necesario, el cabal cumplimiento de los requisitos formales señalados (los hechos que se investigan, su calificación jurídica y los elementos probatorios que sirvieron de fundamento para adoptar la medida), en armonía, con el requisito sustancial consiste en los indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso?. Así mismo, declaró la exequibilidad condicionada de los artículos 397 del D. 2700/91 y 357 L. 600/00 bajo el entendido de que, la procedencia general de la detención preventiva está sujeta a que en cada caso concreto se valore la necesidad de la misma en atención a los fines que le son propios, de acuerdo con la Constitución y con la ley.

Por otra parte, frente a la detención domiciliaria consagrada en el artículo 396 del D.2700/91, la Corte sostuvo que se ajusta a los criterios expuestos para la detención preventiva, toda vez que es una modalidad de la misma. Por lo tanto, no puede tener una finalidad sancionatoria ya que su objetivo es asegurar la comparecencia del sindicado al proceso, impedir la continuación de la actividad delictual y evitar que destruya, deforme u oculte los elementos constitutivos del delito. Sin embargo, declaró la inconstitucionalidad del aparte del artículo 396 del Decreto 2700 de 1991, que impone una sanción al sindicado que goza de detención domiciliaria vulnerando el artículo 250 numeral 1º de la Constitución.

Así mismo, frente a la duración de la detención preventiva, la Corte sostuvo que aunque la norma es constitucional, la finalidad de la detención no es remplazar el término de la pena, y que la posibilidad del cómputo previsto en la ley no genera el poder para la autoridad judicial de disponer de la libertad del sindicado hasta que se cumpla el tiempo que dura la pena, ya que de admitirse esa circunstancia, se vulneraría la presunción de inocencia y el debido proceso, al cumplir anticipadamente una sanción sin haberse declarado judicialmente la culpabilidad del sindicado.

La Corte condicionó la constitucionalidad de las disposiciones que consagran la figura del cómputo de la detención, en el sentido de limitar, en las circunstancias de vacío legal su término de duración a un plazo razonable, justo y proporcional con el fin de evitar que la medida se convierta en un anticipado cumplimiento de la pena. Ahora bien, el término razonable, proporcional y justo, debe ser valorado por las autoridades judiciales en cada caso, siguiendo los siguientes parámetros: la efectividad de la duración, el tiempo actual de detención, su duración en relación con la ofensa, los efectos de la conducta punible, los efectos materiales y morales en el sindicado, la conducta del inculpado, las dificultades de la instrucción, la forma como se ha tramitado, la conducta de las autoridades judiciales, entre otros. Igualmente, frente a la revocatoria de la medida de aseguramiento, la Corte declaró la exequibilidad condicionada del artículo 363 de la Ley 600 de 2000, en el sentido de que en la apreciación de las causales de revocatoria de la detención preventiva debe tenerse en cuenta también la consideración sobre la subsistencia de su necesidad en atención a los fines que llevaron a decretarla. Finalmente la Corte declaró la exequibilidad de los artículos 365 y 366 de la Ley 600 de 2000, que consagran la figura de la libertad provisional. nota 1

Se demandaron parcialmente los artículos 375 y 387 y el artículo 388 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal anterior), los cuales se refieren a la detención preventiva. El cargo fundamental radica en la violación del principio de la presunción de inocencia, ya que, en el sentir del actor, ninguna persona podrá ser privada de la libertad mientras no sea declarada su responsabilidad mediante sentencia.

La Corte, al declarar la exequibilidad de las normas acusadas sostuvo que las medidas de aseguramiento no requieren de juicio previo. Ellas pueden aplicarse, a la luz de la Constitución, si se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 28 de la Carta. Así, si media orden escrita del juez competente, se han cumplido las formalidades que la ley consagre al respecto y el motivo de la detención, conminación, prohibición de salida del país o caución está nítidamente consagrado en norma legal preexistente, tales medidas se ajustan al mandato constitucional y no implican desconocimiento del debido proceso, aplicable en el caso de las penas. Pretender que toda detención o medida de aseguramiento deba estar forzosamente precedida de un proceso íntegro llevaría a desvirtuar su carácter preventivo y haría en no pocas ocasiones completamente inoficiosa la función judicial, pues la decisión correspondiente podría tropezar con un resultado inútil en lo referente a la efectividad de la pena que llegara a imponerse. nota 2

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-774-01
  2. Corte Constitucional, Sentencia C-106-94
IV.2.5.2. La aplicación de la detención preventiva contra la persona que hubiere sido capturada dentro del año anterior a la nueva captura no viola el principio de presunción de inocencia y es una medida razonable en términos de política criminal

Se demandó la inconstitucionalidad parcial del artículo 26, relacionada con la aplicación de detención preventiva para quien hubiere sido capturado dentro del año anterior a la nueva captura, contenida en la Ley 1142 de 2007 ?Por la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana?, en cuanto los demandantes lo consideraron que tal disposición ?de manera ambigua, genérica y abstracta una cláusula innominada de afectación ilegítima del debido proceso por vulneración de la presunción de inocencia, afectando el núcleo esencial del derecho a la libertad personal?, siendo violatorio del preámbulo de la Constitución y de sus artículos 1º, 28, 29 y 250. La Corte Constitucional declaró exequible la norma demandada.

Al declarar exequible la norma que establece como causa para adoptar la medida de detención preventiva contra la persona a la que se hubiere capturado dentro del año anterior a la nueva captura, la Corte tuvo en cuenta: 1) Que la medida de detención preventiva no va en contravía del principio de presunción de inocencia, como lo ha reiterado la propia Corte en varias sentencias; 2) Es al legislador a quien le compete establecer los criterios y conductas que dan lugar a media de aseguramiento, dado la libertad de configuración normativa, en tanto implica ?valoración de aspectos generales de política criminal y de protección de los derechos constitucionales en tensión? y 3) Que tal medida es razonable, en términos de política criminal, en tanto instrumento útil y eficaz de protección de los derechos de la sociedad y de las víctimas, dado que dos capturas en el mismo año puede constituirse en indicador de la necesidad de adoptar la medida para evitar la multiplicidad de delitos y para evitar la fuga o la obstrucción de la justicia de quien ha demostrado su desprecio por la administración de justicia.

La Corte señaló que para tener en cuenta la existencia de esta causa de detención preventiva la primera captura debió ser legítima, es decir, en caso de orden escrita del juez de control de garantías con las formalidades y motivos previamente establecidos en la ley o en flagrancia. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-425-08
IV.2.5.3. Las causales de la detención preventiva no se basan en forma exclusiva en la personalidad del sindicado

Se demandó el numeral 7 del artículo 397 nota 1 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal anterior), el cual, a juicio de la demandante, vulnera el artículo 250-1 de la Carta que faculta a la Fiscalía General para imponer medidas de aseguramiento, orientadas a asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, postulado que, en su criterio, restringe las funciones del Legislador al señalamiento de causales de detención que atendiendo, en forma exclusiva, a la personalidad del sindicado, conduzcan a determinar, con independencia del carácter grave o leve del comportamiento, si éste va a comparecer o no al proceso, sin que sea válido recurrir a patrones objetivos como los consagrados en la norma.

La Corte, al declarar la exequibilidad de la norma acusada, sostuvo que el Legislador se mantuvo dentro de los límites fijados por la Carta al disponer la detención preventiva en el caso de los tipos penales referentes a las lesiones personales culposas, así como al introducir una consideración especial relativa a la situación en que se halla el sindicado al momento de incurrir en el hecho y a su comportamiento posterior, circunstancias que, por lo demás, constituyen causales de agravación punitiva.

Debe aclararse que ni el incremento punitivo ni la causal de detención preventiva tienen fundamento en el propósito de formular un reproche a la persona por el hecho mismo de la ingestión de bebidas alcohólicas o de sustancias estupefacientes, sino que reparan en la falta de previsión de quienes, por las alteraciones que se producen en su organismo, están llamados a observar una conducta más cuidadosa, cuya desatención constituye una violación al riesgo permitido, que justifica la detención preventiva, pues tales circunstancias agravan objetivamente el hecho e incrementan la punibilidad, factor este último que acrecienta las posibilidades de fuga del imputado nota 2

  1. ?ARTICULO 397. De la detención. La detención preventiva procede en los siguientes casos:......7. En los casos de lesiones culposas previstas en los artículos 333, 334, 335 y 336 del Código Penal, cuando el sindicado en el momento de la realización del hecho se encuentre en estado de embriaguez aguda o bajo el influjo de droga o sustancia que produzca dependencia física o síquica demostrado por dictamen técnico o por un método paraclínico, o abandone sin justa causa el lugar de la comisión del hecho?.
  2. Corte Constitucional, Sentencia C-425-97
IV.2.5.4. Causales de la detención preventiva que se fundamentan en la gravedad del hecho no desconocen las garantías procesales

Mediante acción de inconstitucionalidad se demandaron los numerales 2 y 3 del artículo 397 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal anterior), los cuales, a juicio de la demandante desconocen el carácter excepcional de la detención preventiva. La Corte, al declarar la exequibilidad de la norma acusada sostuvo que aun cuando el derecho a la libertad no es absoluto, su limitación tampoco ha de tener ese carácter y, por lo tanto, el Legislador, al regular los supuestos en los que opere la restricción del derecho, debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad. La detención preventiva es una medida cautelar aplicable cuando se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 28 de la Constitución y que, por lo mismo, no requiere para su adopción de un juicio previo, por cuanto su finalidad no es la de sancionar a la persona por la comisión de un delito.

En consecuencia, no es correcto atribuirle a la detención preventiva el carácter de pena, pues esta última tiene por presupuesto la convicción que acerca de la existencia de responsabilidad penal surge luego de haberse surtido un juicio con la plenitud de las garantías que integran el debido proceso. Al señalar el numeral 2º que la detención preventiva procede ?cuando el delito que se atribuya al imputado tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de dos años?, el Legislador se atuvo a un criterio de carácter objetivo que atiende a la gravedad del hecho, establecida a partir del monto de la pena, y en ello no encuentra la Corte que se haya consagrado una causal arbitraria que comporte el sacrificio excesivo de la libertad en aras de la finalidad de actuar en contra del delito, como tampoco encuentra violación de la Carta en el atacado numeral tercero que contiene la lista taxativa de los delitos que en criterio del Legislador merecen la detención, porque las conductas allí referidas atentan contra bienes jurídicos que se juzgan de importancia para el logro de la convivencia. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-327-97
IV.2.5.5. Límites de la aplicación de la prohibición de sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la de detención domiciliaria en razón de la imputación de ciertos delitos

Se demandó la inconstitucionalidad parcial del artículo 27, relacionada con la prohibición de la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por detención domiciliaria cuando la imputación se refiera a los delitos del parágrafo demandado, contenidos en la Ley 1142 de 2007 ?Por la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana?, en cuanto el demandante lo considera violatorio de los derechos a la libertad personal (Art. 28 C.P.), la presunción de inocencia (Art. 29 C.P.), los derechos de los niños (Art. 44 C.P.), la excepcionalidad de la detención preventiva (Art. 250 C.P), y la dignidad humana (Arts. 1º y 5º C.P.). Con esta determinación se vulnera la Constitución Política ?al restringir el derecho fundamental a una medida de aseguramiento proporcional, racional y necesaria? y sustrae al juez de control de garantías de la posibilidad de imponer la medida de según las circunstancias del caso concreto. La Corte declaró la constitucionalidad condicionada del parágrafo demandado.

De acuerdo con lo señalado por la Corte, en relación con la limitación impuesta para otorgar la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la de detención domiciliaria, en razón de los delitos que se establezca en la imputación, que aparece en el parágrafo demandado, se puede afirmar que: 1) No constituye una limitación para que el juez de garantías deba valorar la necesidad de imponer o no la medida de detención preventiva; 2) tal limitación se aplica al momento de determinar la sustitución de la medida, cuando el solicitante fundamente que para el cumplimiento de los fines previstos para la detención preventiva en el establecimiento carcelario es suficiente la reclusión en el lugar de residencia y 3) tal prohibición para sustitución de la medida no opera cuando se de alguna de las circunstancias establecidas en los numerales 2, 3, 4, y 5 del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal modificado por el artículo 27 de la Ley 1142 de 2007?, es decir, que ?el imputado o acusado fuere mayor de sesenta y cinco (65) años, siempre que su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito hagan aconsejable su reclusión en el lugar de residencia?; que ?a la imputada o acusada le falten dos (2) meses o menos para el parto. Igual derecho tendrá durante los seis (6) meses siguientes a la fecha de nacimiento?; que ?el imputado o acusado estuviere en estado grave por enfermedad, previo dictamen de médicos oficiales, o que ?la imputada o acusada fuere madre cabeza de familia de hijo menor o que sufriere incapacidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado. En ausencia de ella, el padre que haga sus veces tendrá el mismo beneficio?.

La Corte declaró la exequibilidad condicionada del parágrafo del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, introducido por el artículo 27 de la Ley 1142 de 2007, ?en el entendido que el juez podrá conceder la sustitución de la medida siempre y cuando el peticionario fundamente, en concreto, que la detención domiciliaria no impide el cumplimiento de los fines de la detención preventiva, en especial respecto de las víctimas del delito, y en relación exclusiva con las hipótesis previstas en los numerales 2, 3, 4, y 5 del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal modificado por el artículo 27 de la Ley 1142 de 2007? nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-318-08
IV.2.6. En la etapa de investigación del proceso penal, la titularidad para solicitar la preclusión recae exclusivamente en la fiscalía general de la nación. sin embargo, una interpretación sistemática y de contexto del proceso penal, evidencia que en algunas ocasiones la defensa puede solicitar la preclusión

Se demanda la inconstitucionalidad de los artículos 294, 331, 332 y 333 de la Ley 906 de 2004, que facultad solamente al fiscal para solicitar la preclusión en la etapa de investigación, por considerarlas violatorias de los artículos 2, 13, 29, 228 y 229 de la Constitución y 14 del Pacto Universal de Derechos Humanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Para la Corte, la separación de la investigación y el juzgamiento exige, de este modo, que la averiguación de los hechos, la identificación del investigado, la búsqueda de los elementos probatorios y evidencias que conduzcan a averiguar la verdad de lo sucedido y de la responsabilidad en la conducta delictiva, sean responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación. Por esta razón, es lógico que el legislador le hubiere encargado exclusivamente a esa entidad la función de presentar al juez los elementos de juicio necesarios para que éste resuelva su petición de preclusión de la investigación o de acusación al imputado. En otras palabras, la titularidad exclusiva del fiscal de la facultad para solicitar la preclusión de la investigación en la etapa de la averiguación, deriva de la lógica del sistema penal acusatorio consistente en la separación entre la investigación y el juzgamiento. Refuerza el anterior argumento el hecho de que la solicitud de preclusión de investigación requiere, en la mayoría de los casos, de la averiguación fáctica y de la valoración de evidencias o medios probatorios que, en caso de que la terminación del proceso sea solicitado por la defensa, conduciría al descubrimiento anticipado y al debate probatorio en una etapa ajena a ello, con lo cual se afectaría el debido proceso y se alteraría la estructura del sistema penal acusatorio, pues la etapa diseñada para la confrontación probatoria y para que todos los interesados en las resultas del proceso puedan participar a cabalidad en el debate es la fase del juzgamiento.

Así mismo, advirtió que al hacer un análisis sistemático de las normas que regulan cuáles son los sujetos facultados para solicitar la preclusión de la investigación en la primera fase del proceso, para la Sala es evidente que si bien es cierto, dada la estructura del sistema penal acusatorio la defensa tiene menos posibilidades de solicitar la terminación anticipada del proceso, no lo es menos que sí puede acudir al juez competente para pedirla, pues el artículo 294 de la Ley 906 de 2004 autoriza a la defensa y al Ministerio Público a solicitar la preclusión de la investigación y la libertad inmediata del imputado cuando el Fiscal encargado del caso no ha formulado la acusación ante el juez de conocimiento dentro del término señalado en el artículo 175 del estatuto procesal penal y el plazo concedido por el mismo artículo 294 ibídem. En consecuencia, el hecho de que la defensa no pueda solicitar la preclusión de la investigación en la fase de la averiguación con base en las mismas causales que la ley consagra para el fiscal, no significa que el imputado nunca pueda solicitar la terminación anticipada del proceso en la etapa de la investigación ni que se encuentra impedido para ejercer su derecho de defensa, pues cuenta con los recursos y oportunidades propios de cada fase del proceso penal.

Además, se tiene que si el fiscal decide acusar pese a que se dan los presupuestos para precluir la investigación, es perfectamente posible que la defensa presente sus observaciones sobre el hecho en el escrito de acusación (artículo 339 del Código de Procedimiento Penal), o que interponga recurso de reposición contra la decisión de dar por terminada la audiencia de formulación de acusación (artículo 176 de la Ley 906 de 2004) o que, en etapa del juzgamiento, solicite la preclusión (parágrafo del artículo 332 del estatuto procesal penal), o que en el curso del juicio demuestre la existencia de una causal que excluya de responsabilidad al acusado, o la atipicidad del hecho investigado, o la ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado; causales estas de preclusión de la investigación que, de todas maneras, conducen a la absolución del acusado. En consecuencia, no se encuentra que la exclusión al imputado de la posibilidad de solicitar la preclusión de la investigación vulnere sus derechos de defensa y de acceso a la justicia. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-118-08
IV.2.7. Constitucionalidad de la figura de la sentencia anticipada

Mediante acción de inconstitucionalidad se demandó el artículo 37 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal anterior) que regula la sentencia anticipada, por considerarlo violatorio del debido proceso, específicamente del derecho de contradicción, de la presunción de inocencia y del principio de publicidad. La Corte, al declarar la exequibilidad de la norma, consideró que ésta no era violatoria del derecho de contradicción ya que, en la medida en que el acta tiene el mismo valor de la resolución acusatoria, es obligación del juez respetar el principio de congruencia, dictando la sentencia en armonía con lo acordado en ella. No debe olvidarse que es el fallador quien debe ejercer el control de legalidad, con el fin de verificar si en las actuaciones procesales se han violado garantías fundamentales del procesado.

Así mismo sostuvo que la norma acusada no era violatoria del principio de presunción de inocencia por cuanto el juez no puede fallar basado exclusivamente en la aceptación de los hechos por parte del procesado, sino en las pruebas que ineludiblemente lo lleven al convencimiento de que éste es culpable. La aceptación por parte del implicado de ser el autor o partícipe de los hechos investigados penalmente, aunada a la existencia de prueba suficiente e idónea que demuestre tal afirmación, permite desvirtuar la presunción de inocencia.

Finalmente, frente al principio de publicidad, la Corte señaló que en el trámite de sentencia anticipada no hay lugar a justicia secreta, pues todas las actuaciones son conocidas por el sindicado y cumplidas con su intervención. Que el implicado que pide sentencia anticipada no tiene oportunidad de controvertir la acusación es un argumento que no tiene asidero, pues si la solicitud de sentencia anticipada se presenta en la etapa de instrucción debe levantarse un acta en la que consten los cargos formulados por el fiscal y la aceptación expresa de los mismos por parte del procesado. Si el implicado suscribe dicho documento ha de entenderse que está de acuerdo con su contenido, es decir, con los cargos que se le imputan; de lo contrario, es decir, si está inconforme con las imputaciones simplemente le basta con no firmar el acta. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-425-96
IV.2.8. La figura procesal de la sentencia anticipada consagrada en el decreto 2700 de 1991, modificado por la ley 81 de 1993, y la aceptación unilateral o allanamiento a los cargos que contempla la ley 906 de 2004, son instituciones análogas, con regulaciones punitivas diferentes, razón por la cual es procedente el principio de favorabilidad penal

El demandante estima vulnerado el derecho al debido proceso, bajo la consideración de que se ha negado la aplicación del principio de favorabilidad penal consagrado en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004.

A juicio de la Corte, tanto la sentencia anticipada del decreto 2700 de 1991,modificada por la Ley 81 de 1993, como el allanamiento a los cargos de la Ley 906 de 2004, demandan la asistencia de defensor; una y otra puede presentarse desde la vinculación formal del procesado o imputado; en los dos eventos la aceptación de cargos constituye el fundamento de la acusación o de la sentencia; frente a los dos institutos el fallo es condenatorio y comporta una rebaja de pena; en ninguno de los dos eventos es admisible la retractación; frente a los dos sucesos el juez de conocimiento tiene como únicas opciones dictar sentencia o decretar la nulidad, dependiendo de si se afectan o no garantías fundamentales; para efectos de la concreción punitiva, en uno y otro evento el juez debe acudir al sistema de cuartos. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-356-07
IV.2.9. La figura del descubrimiento de la prueba en el sistema acusatorio. principio de igualdad de armas

La obligación de la Fiscalía de descubrir el material probatorio con el que cuenta abarca la totalidad de las pruebas que haya recaudado, tal como lo exige el principio de igualdad de armas. La Corte Constitucional declaró la exequibilidad, de la expresión contenida en el inciso primero del artículo 344 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2002) que obliga a la Fiscalía, dentro de la audiencia de formulación de acusación, al descubrimiento de un elemento material probatorio específico y evidencia física de que tenga conocimiento, en el entendido de que dicha potestad puede ejercerse independientemente de lo previsto en el artículo 250 constitucional que obliga a la Fiscalía General de la Nación, o a sus delegados, en caso de presentarse escrito de acusación, a ?suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todos los elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia incluidos los que le sean favorables al procesado?.

La Corte explica que la figura del descubrimiento de la prueba, que se da en el momento de la acusación, es un mecanismo que permite garantizar el principio de igualdad de armas, propio de los sistemas acusatorios. La decisión de garantizar el principio de igualdad de armas en el proceso penal mediante el instituto del descubrimiento de la prueba responde al reconocimiento de que el aparato estatal cuenta con recursos económicos, técnicos, científicos y operativos mucho mayores de los que podría disponer un particular acusado de incurrir en un ilícito. La desproporción que en materia investigativa inclina la balanza en contra de la defensa obliga al legislador a garantizar el equilibrio procesal mediante la autorización que se da al procesado para que acceda al material de convicción recaudado por los organismos oficiales.

Del mismo modo, la admisión del inculpado al material probatorio recaudado por los organismos oficiales y, con él, en últimas, a la estructura investigativa del Estado, garantiza la preeminencia del principio de gratuidad de la administración de justicia, pues evita que el particular asuma directamente los costos que exige demostrar su inocencia ante la justicia. Si la defensa no tuviera acceso a las herramientas instructivas y a los resultados probatorios de la Fiscalía, el Estado estaría en la obligación de conferirle una infraestructura de investigación equipotente a la de los organismos oficiales, lo cual resulta sencillamente impracticable.

Para la Corte la norma analizada interpretada en el contexto del sistema acusatorio, concretamente en el marco del principio de igualdad de armas, no puede ser entendida en el sentido de considerar que el legislador quiso limitar el acceso de la defensa a uno sólo de los medios probatorios de la Fiscalía, con exclusión de los demás. Por el contrario, considera que el objeto de la ley es permitirle a la defensa acceder al descubrimiento de cualquiera de los elementos de convicción de que tenga noticia que posee la Fiscalía. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-1194-05
IV.2.10. La inoponibilidad de reserva por parte de las entidades públicas y privadas, así como de particulares, requiere por parte de la defensa la obtención de autorización del juez de control de garantías, cuando su tarea de búsqueda, identificación, recolección y embalaje del material probatorio, realización de entrevistas y valoraciones, afecte derechos fundamentales

Se demanda la inconstitucionalidad del artículo 47 de la Ley 1142 de 2007, que modificó el artículo 125 de la Ley 906 de 2004, bajo el argumento que desconoce los artículos 2°, 15 y 250-3 de la Constitución.

En criterio del demandante, la inoponibilidad de reserva vulnera el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del secreto profesional, bancario y fiscal y sustrae a la defensa del deber que asiste a las partes en el sistema penal acusatorio de obtener autorización judicial para la afectación de derechos fundamentales, por lo cual pide a la Corte declarar su inexequibilidad para que quede establecido que al hacer uso de la referida atribución está sometida, como la Fiscalía, a criterios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad que sopese el juez penal competente.

Para la Corte, dicha autorización no implica que ese juez esté decretando pruebas ni se esté pronunciando sobre el valor de las evidencias cuyo recaudo autoriza, ya que en procura de salvaguardar los derechos fundamentales toma una decisión acerca de la razonabilidad, necesidad y proporcionalidad de restringir tales garantías, en un caso concreto. De esa manera, asegura la legalidad de la actuación investigativa de la defensa en los casos en que afecte derechos fundamentales, para lo cual el juez deberá realizar un juicio de proporcionalidad similar al que se aplica para autorizar medidas de revisión corporal. Agregó, que al extender esa autorización, el juez también deberá tener en cuenta que "en el desarrollo de la investigación y en el proceso penal los servidores públicos se ceñirán a criterios de necesidad, ponderación, legalidad y corrección en el comportamiento, para evitar excesos contrarios a la función pública, especialmente a la justicia" (art. 27 L. 906/04), al igual que los principios de utilidad y circulación restringida que rigen el proceso de acopio, administración y circulación del dato personal, todo lo cual indica que, contrariamente a la opinión del Procurador, sí existen parámetros que permiten al juez regular la actuación de la defensa en materia de recaudo de evidencia. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-186-08
IV.3. Medidas cautelares

IV.3.1. La cancelación de personería jurídica de sociedades y organizaciones por desarrollar actividades delictivas tiente efectos de suspensión. los efectos definitivos sólo pueden determinarse en la sentencia

En ejercicio de la acción de inconstitucionalidad se demando ante la Corte Constitucional el artículo 65 de la Ley 600 de 2000, por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal, relacionado con la orden del funcionario judicial a la autoridad competente de la cancelación de la personería jurídica o el cierre de locales o establecimientos abiertos al público de las personas jurídicas, sociedades u organizaciones, cuando se encuentre demostrado dentro del proceso penal que se han dedicado total o parcialmente a actividades delictivas.

La acción se fundamentó en que la norma demandada vulnera el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución, porque: i) la norma hace que la medida sea inmediata y no brinda a las personas afectadas la posibilidad de presentar recursos; ii) la medida de cancelación de la personería jurídica se torna permanente, es decir, no constituye una medida cautelar sino definitiva; iii) La medida establece una ?sanción? desproporcionada y iv) la norma demandada viola los principios de inocencia y legalidad respecto de las formas propias del juicio.

La Corte Constitucional señaló que las medidas que aparecen en el artículo 65 demandado son de carácter cautelar y no sancionatorio y al declarar la exequibilidad condicionada de la norma, lo hizo porque: 1- Las medidas preventivas establecidas buscan la consecución de un fin constitucional legítimo, cual es el de proteger los derechos de la sociedad de las actuaciones delictivas que se realizan por medio de personas jurídicas, sociedades u organizaciones, o sus locales o establecimientos abiertos al público; 2- El cierre de locales o establecimientos abiertos al público es proporcional puesto que ello no afecta el ejercicio de otros derechos constitucionales, como el de asociación o de la personería jurídica y tal medida es idónea para lograr que no se sigan produciendo conductas delictivas en estos sitios; 3) La cancelación de la personería jurídica de las sociedades u organizaciones al implicar la extinción de la personería jurídica respectiva no puede conllevar efectos definitivos sino a partir de la sentencia, puesto que de otra forma seria desproporcionada y vulneraría derechos fundamentales, por lo tanto, la interpretación acorde con la Constitución es aquella según la cual la medida de cancelación señalada tiene efectos de suspensión, mientras que los efectos definitivos deben determinarse en la sentencia y 4) La providencia interlocutoria en donde se adoptan las medidas es susceptible de los recursos de reposición y apelación, como cualquier otra providencia interlocutoria.

La Corte también señaló que para que el funcionario judicial adopte tales medidas debe encontrarse demostrado en el proceso que las sociedades u organizaciones y que en los locales o establecimientos abiertos al público se desarrollan actividades delictivas; se debe garantizar el derecho de defensa mediante la publicidad y contradicción de la prueba y debe permitir que las personas jurídicas, sociedades u organizaciones puedan ser oídas en el proceso a través de su representante legal, sus socios, si lo solicitan y los titulares de derechos involucrados en los locales o establecimientos abiertos al público.

Con los anteriores argumentos, la Corte declaró exequible el artículo 65 de la Ley 600 de 2000, ?en el entendido que los efectos definitivos de la cancelación se deben determinar en la sentencia, y mientras tanto, esta orden tiene efectos de suspensión. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-558-04
IV.3.2. La cancelación de títulos apócrifos o fraudulentamente obtenidos, puede realizarse en cualquiera de las etapas del proceso penal, sin que se constituya como presupuesto, la necesidad de dictar sentencia condenatoria

Se demanda la inconstitucionalidad parcial del artículo 101 de la Ley 906 de 2005, por considerar que desconoce los artículos 13, 29 y 250 de la Constitución.

Para la Corte, dado que la cancelación de títulos de propiedad y registros fraudulentamente obtenidos es una medida eficaz y apropiada para lograr el restablecimiento del derecho y la reparación integral de las víctimas en un proceso penal, además dentro de los cánones de la justicia restaurativa, la Fiscalía debe, en ejercicio de las facultades antes indicadas, solicitar al juez la aplicación de esta medida, siempre que exista certeza suficiente sobre el carácter apócrifo de aquéllos. Así, resulta inconstitucional que tal medida sólo pueda adoptarse en caso de proferirse una condena, puesto que ello provoca la improcedencia de dicha solicitud cuando quiera que el proceso concluya con un pronunciamiento distinto a aquélla.

En desarrollo del principio de conservación del derecho, ello conduce entonces a la declaratoria de exequibilidad condicionada de la expresión ?En la sentencia?, bajo el entendido de que igualmente procederá la orden de cancelación definitiva de los títulos apócrifos cuando quiera que se dicte otra providencia que ponga fin al proceso penal. En todo caso y para plena claridad, la Corte Constitucional advierte que en cualquier evento en que, de acuerdo con lo expuesto, la cancelación de los títulos apócrifos deba ordenarse en un contexto diferente al de la sentencia de fondo, dicha decisión sólo podrá tomarse en la medida en que, habiéndose permitido el pleno ejercicio del derecho de defensa y contradicción de quienes resultaren afectados por la cancelación, su derecho haya sido legalmente desvirtuado, lo que ocurre precisamente al alcanzarse el ?convencimiento más allá de toda duda razonable? sobre el carácter fraudulento de dichos títulos, requisito cuyo rigor obviamente se mantiene, así no se logre la identificación, vinculación y condena de la o las personas penalmente responsables. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-060-08
IV.3.3. La prohibición de enajenar bienes del imputado sujetos a registro por seis meses no restringe de manera desproporcionada el derecho de propiedad

Se demandó la inconstitucionalidad del artículo 97 de la Ley 906 de 2004 ?Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal?, relacionada con la prohibición de enajenar bienes, por seis meses dentro del proceso penal, sujetos a registro del imputado. La demanda se fundamentó en la limitación desproporcionada de los derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la propiedad privada y los derechos adquiridos del imputado.

La Corte Constitucional declaró compatible con la Constitución la disposición que prohíbe la enajenación de los bienes sujetos a registro del imputado, por seis meses dentro del proceso penal y las consecuencias del desconocimiento de tal prohibición, porque: 1- La medida es idónea y necesaria para proteger los derechos económicos de las víctimas, asegurar el pago de la indemnización y garantizar que la condena civil sea eficaz y 2- Es proporcional ya que no sacrifica otros principios, valores y derechos de mayor peso constitucional que el derecho a la reparación económica de las víctimas del delito y no se restringe de manera desproporcionada el derecho a la propiedad. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-210-07
IV.3.4. La solicitud de devolución de bienes afectados con medida cautelar de comiso debe efectuarse ante la autoridad que ordenó la medida

La Corte estableció que no se vulnera el derecho a la vida, al trabajo y al debido proceso del accionante no implicado que ha solicitado la devolución de unos bienes decomisados al inicio de una investigación previa, cuando tales solicitudes de devolución se han hecho ante autoridades distintas a la Fiscalía Delegada que los incautó y cuando tampoco se probó sumariamente su calidad de tenedor de tales bienes, por cuanto las solicitudes no han cumplido con los requisitos establecidos por la ley para tales efectos.

Señaló la Corte que su jurisprudencia ha sido enfática en sostener que la acción de tutela no puede utilizarse como medio alternativo, adicional o complementario a los procedimientos legales reconocidos en el ordenamiento jurídico, cuando el interesado no ha utilizado adecuadamente los mecanismos de defensa judicial que tiene a su alcance. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1136-04
IV.3.5. La facultad que se otorga al ministerio público de solicitar embargo y secuestro de bienes del imputado en los procesos en los que sean víctimas los menores de edad y los incapaces, no viola el derecho de reparación de las víctimas mayores de edad

Se demandó la inconstitucionalidad del artículo 92 ( parcial) de la Ley 906 de 2004 ? Por la cual se expide el Código de procedimiento penal?, de la expresión ?En los procesos en los que sean víctimas los menores de edad o los incapaces?, relacionada con la facultad del Ministerio Público para solicitar el embargo y secuestro de bienes del imputado en esos casos. La demanda se fundamentó en la violación de los artículos 2, 6, 13 y 93 de la Constitución, en tanto que se desconoce la obligación de protección de los derechos de todas las personas y constituye una diferenciación injustificada que en detrimento de sectores desprotegidos.

La Corte Constitucional declaró compatible con la Constitución la expresión ?En los procesos en los que sean víctimas los menores de edad o los incapaces?, dentro del contexto de la facultad otorgada al Ministerio Público para que en esos casos, pueda solicitar el embargo y secuestro de los bienes del imputado, establecida en el artículo 92 ( parcial) de la Ley 906 de 2004 ? Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal?, porque: 1- El trato diferente de la disposición no conlleva una desprotección de las víctimas mayores de edad ni desatención del derecho a la reparación de estas personas, en tanto que ellas pueden intervenir para solicitar el embargo y el Fiscal tiene el deber legal de proteger dichos derechos y 2- El legislador no tenía la obligación de facultar al Ministerio Público para solicitar el embargo y secuestro de bienes en procesos relacionados con víctimas mayores de edad, en tanto que el deber del Ministerio Público de proteger los derechos y libertades debe realizarse dentro de los parámetros, oportunidades, condiciones y etapas procesales que determine la ley. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-210-07
IV.3.6. Constituye vìa de hecho y violaciòn al debido proceso aplicar el principio de favorabilidad penal en relaciòn con el tiempo de prohibiciòn al sindicado de enajenar bienes sujetos a registro, cuando la norma favorable no habìa entrado en vigor y solamente se contempla para el sistema con tendencia acusatoria

Se demandó la inconstitucionalidad del artículo 92 ( parcial) de la Ley 906 de 2004 ? Por la cual se expide el Código de procedimiento penal?, de la expresión ?En los procesos en los que sean víctimas los menores de edad o los incapaces?, relacionada con la facultad del Ministerio Público para solicitar el embargo y secuestro de bienes del imputado en esos casos. La demanda se fundamentó en la violación de los artículos 2, 6, 13 y 93 de la Constitución, en tanto que se desconoce la obligación de protección de los derechos de todas las personas y constituye una diferenciación injustificada que en detrimento de sectores desprotegidos.

La Corte Constitucional declaró compatible con la Constitución la expresión ?En los procesos en los que sean víctimas los menores de edad o los incapaces?, dentro del contexto de la facultad otorgada al Ministerio Público para que en esos casos, pueda solicitar el embargo y secuestro de los bienes del imputado, establecida en el artículo 92 ( parcial) de la Ley 906 de 2004 ? Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal?, porque: 1- El trato diferente de la disposición no conlleva una desprotección de las víctimas mayores de edad ni desatención del derecho a la reparación de estas personas, en tanto que ellas pueden intervenir para solicitar el embargo y el Fiscal tiene el deber legal de proteger dichos derechos y 2- El legislador no tenía la obligación de facultar al Ministerio Público para solicitar el embargo y secuestro de bienes en procesos relacionados con víctimas mayores de edad, en tanto que el deber del Ministerio Público de proteger los derechos y libertades debe realizarse dentro de los parámetros, oportunidades, condiciones y etapas procesales que determine la ley. nota 1Dentro de un proceso penal por lesiones personales culposas, en el que se escuchó en indagatoria, en febrero de 2004, a dos personas sindicadas, la parte civil solicitó el embargo de un bien inmueble de propiedad de una de ellas, medida que fue decretada el 13 de febrero de 2005. El oficio que ordenaba el embargo del inmueble fue devuelto por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectiva, por cuanto el bien había sido vendido por compraventa del 22 de agosto de 2004, es decir meses después de habersele recibido diligencia de indagatoria. La parte civil solicitó a la fiscalía correspondiente la nulidad del negocio jurídico sobre el inmueble, lo que efectivamente se declaró, por cuanto el artículo 62 de la Ley 600 de 2000, por la cual se adoptó el Código de Procedimiento Penal, estabecía la prohibición para el sindicado de enajenar bienes sujetos a registro durante el año siguiente a su vinculación al proceso penal. Apelada la decisión, el fiscal competente ordenó revocar la nulidad del negocio jurídico, aplicando el principio de favorabilidad, en tanto que el artículo 97 de la Ley 906 de 2004, dismunía a seis meses la prohibición de enajenar bienes sujetos a registro. La ley que fue publicada en el Diario Oficial el 1 de septiembre de 2000, implementó de manera progresiva un nuevo sistema procesal penal y debía ser aplicada para el departamento correspondiente al lugar de las conductas penales investigadas a partir del 1 de enero de 2007. Contra esta providencia se presentó acción de tutela por violación del debido proceso, la cual después de haber sido negada por improcedente en dos oportunidades, fue tutelada por la Corte Constitucional. La Corte ordenó a la fiscalía competente que comunique a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectiva y a la Notaría Única correspondiente la resolución del fiscal para que procedan a registrar la nulidad de la venta del inmueble en la Matrícula Inmobiliaria y se disponga lo correspondiente en el Protocolo de la Notaría.

La Corte Constitucional estableció que al revocarse la nulidad de la compraventa del inmueble que se había embargado dentro del proceso penal en las circunstancias antes descritas, se desconoció el debido proceso penal y se configuró una vía de hecho por defecto sustancial, porque: 1- El bien se enajenó existiendo una prohibición legal de hacerlo antes del año siguiente a la vinculación del sindicado - artículo 62 de la Ley 600 de 2000- y se aplicó una norma de la Ley 906 de 2004, con anterioridad a su promulgación y 2-No se podría aplicar -según jurisprudencia de la Corte- por principio de favorabilidad, la norma que establece una reducción a seis meses la prohibiición al sindicado de enajenar bienes sujetos a registro, ya que este término solo es aplicable y coherente con el nuevo sistema con tendencia acusatoria y ?no guarda ninguna armonía con el anterior sistema.

La resolución proferida por la fiscalía que revocó por ?favorabilidad? la nulidad del negocio jurídico efectuado sobre el inmueble de la sindicada , ?incurrió en una de las causales que hace procedente la acción de tutela contra providencias judiciales, esto es, un defecto sustantivo, al emplear erradamente disposiciones que no podían ser aplicadas al caso concreto, efectuar interpretaciones inconstitucionales de la ley 906 de 2004, y desconocer las normas rectoras que rigen el procedimiento penal.?


  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1057-07
IV.3.7. La orden de cancelación de títulos y registros fraudulentos procede tambièn en contextos distintos de la sentencia condenatoria

Se demandó la inconstitucionalidad del artículo 92 ( parcial) de la Ley 906 de 2004 ? Por la cual se expide el Código de procedimiento penal?, de la expresión ?En los procesos en los que sean víctimas los menores de edad o los incapaces?, relacionada con la facultad del Ministerio Público para solicitar el embargo y secuestro de bienes del imputado en esos casos. La demanda se fundamentó en la violación de los artículos 2, 6, 13 y 93 de la Constitución, en tanto que se desconoce la obligación de protección de los derechos de todas las personas y constituye una diferenciación injustificada que en detrimento de sectores desprotegidos.

La Corte Constitucional declaró compatible con la Constitución la expresión ?En los procesos en los que sean víctimas los menores de edad o los incapaces?, dentro del contexto de la facultad otorgada al Ministerio Público para que en esos casos, pueda solicitar el embargo y secuestro de los bienes del imputado, establecida en el artículo 92 ( parcial) de la Ley 906 de 2004 ? Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal?, porque: 1- El trato diferente de la disposición no conlleva una desprotección de las víctimas mayores de edad ni desatención del derecho a la reparación de estas personas, en tanto que ellas pueden intervenir para solicitar el embargo y el Fiscal tiene el deber legal de proteger dichos derechos y 2- El legislador no tenía la obligación de facultar al Ministerio Público para solicitar el embargo y secuestro de bienes en procesos relacionados con víctimas mayores de edad, en tanto que el deber del Ministerio Público de proteger los derechos y libertades debe realizarse dentro de los parámetros, oportunidades, condiciones y etapas procesales que determine la ley. nota 1Dentro de un proceso penal por lesiones personales culposas, en el que se escuchó en indagatoria, en febrero de 2004, a dos personas sindicadas, la parte civil solicitó el embargo de un bien inmueble de propiedad de una de ellas, medida que fue decretada el 13 de febrero de 2005. El oficio que ordenaba el embargo del inmueble fue devuelto por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectiva, por cuanto el bien había sido vendido por compraventa del 22 de agosto de 2004, es decir meses después de habersele recibido diligencia de indagatoria. La parte civil solicitó a la fiscalía correspondiente la nulidad del negocio jurídico sobre el inmueble, lo que efectivamente se declaró, por cuanto el artículo 62 de la Ley 600 de 2000, por la cual se adoptó el Código de Procedimiento Penal, estabecía la prohibición para el sindicado de enajenar bienes sujetos a registro durante el año siguiente a su vinculación al proceso penal. Apelada la decisión, el fiscal competente ordenó revocar la nulidad del negocio jurídico, aplicando el principio de favorabilidad, en tanto que el artículo 97 de la Ley 906 de 2004, dismunía a seis meses la prohibición de enajenar bienes sujetos a registro. La ley que fue publicada en el Diario Oficial el 1 de septiembre de 2000, implementó de manera progresiva un nuevo sistema procesal penal y debía ser aplicada para el departamento correspondiente al lugar de las conductas penales investigadas a partir del 1 de enero de 2007. Contra esta providencia se presentó acción de tutela por violación del debido proceso, la cual después de haber sido negada por improcedente en dos oportunidades, fue tutelada por la Corte Constitucional. La Corte ordenó a la fiscalía competente que comunique a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectiva y a la Notaría Única correspondiente la resolución del fiscal para que procedan a registrar la nulidad de la venta del inmueble en la Matrícula Inmobiliaria y se disponga lo correspondiente en el Protocolo de la Notaría.

La Corte Constitucional estableció que al revocarse la nulidad de la compraventa del inmueble que se había embargado dentro del proceso penal en las circunstancias antes descritas, se desconoció el debido proceso penal y se configuró una vía de hecho por defecto sustancial, porque: 1- El bien se enajenó existiendo una prohibición legal de hacerlo antes del año siguiente a la vinculación del sindicado - artículo 62 de la Ley 600 de 2000- y se aplicó una norma de la Ley 906 de 2004, con anterioridad a su promulgación y 2-No se podría aplicar -según jurisprudencia de la Corte- por principio de favorabilidad, la norma que establece una reducción a seis meses la prohibiición al sindicado de enajenar bienes sujetos a registro, ya que este término solo es aplicable y coherente con el nuevo sistema con tendencia acusatoria y ?no guarda ninguna armonía con el anterior sistema.

La resolución proferida por la fiscalía que revocó por ?favorabilidad? la nulidad del negocio jurídico efectuado sobre el inmueble de la sindicada , ?incurrió en una de las causales que hace procedente la acción de tutela contra providencias judiciales, esto es, un defecto sustantivo, al emplear erradamente disposiciones que no podían ser aplicadas al caso concreto, efectuar interpretaciones inconstitucionales de la ley 906 de 2004, y desconocer las normas rectoras que rigen el procedimiento penal.?
Se demandó la inconstitucionalidad de las palabras ?En la sentencia condenatoria? contenidas en el inciso segundo del artículo 110 de la Ley 906 de 2004, ?Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal?, sobre el momento procesal de la cancelación de títulos y registros obtenidos fraudulentamente, por ser violatorios de los artículos 13, 29 y 250 de la Constitución. El demandante considera que la limitación establecida en los apartes demandados sobre la cancelación de títulos y registros apócrifos en los casos en que se logre proferir sentencias condenatorias, establece una distinción no justificada entre las posibles víctimas; implica una restricción que frustra una de las finalidades del proceso penal, relacionada con la reparación a las víctimas, lo que afecta el derecho a acceder a la administración de justicia y la garantía del debido proceso y obstruye el cumplimiento de las funciones de la Fiscalía General de la Nación, como la de velar por la protección y asistencia de las víctimas y procurar la reparación integral y restablecimiento de sus derechos. La Corte Constitucional declaró inexequible la expresión ?condenatoria? y exequible demanera condicionada la expresión ?sentencia?.

Condicionar la orden de cancelación de títulos y registros fraudulentos a la sentencia condenatoria es una medida inconstitucional, puesto que el restablecimiento del derecho de las víctimas se torna improcedente cuando el proceso finaliza con un pronunciamiento distinto a aquélla, lo que puede excluírlas del acceso a la administración de justicia, quebranta la garantía del debido proceso y obstaculiza la función de la Fiscalía General de la Nación de protegerla y restablecer los derechos e intereses de las víctimas.

La expresión ?la sentencia? es compatible con la Carta Política, en el entendido que ?la cancelación de los títulos y registros respectivos también se hará en cualquiera otra providencia que ponga fin al proceso penal?.

La Corte Constitucional advirtió que en los casos de cancelación de los títulos apócrifos ordenada en providencia distinta de la sentencia de fondo, la decisión sólo podrá adoptarse cuando se garantice el pleno ejercicio del derecho de defensa y contradicción de los afectados con la medida y su derecho hubiere sido legalmente desvirtuado, es decir, cuando el convencimiento del carácter de fraudulento de los títulos este ?más allá de toda duda razonable?.


  1. Corte Constitucional, Sentencia C-060-08
IV.4. Medidas propias de la etapa de juzgamiento

IV.4.1. El principio de igualdad de armas entre la defensa y la fiscalía, se concreta y se hace efectivo, fundamentalmente en la etapa de juzgamiento

Se demanda la inconstitucionalidad de los artículos 294, 331, 332 y 333 de la Ley 906 de 2004, que facultad solamente al fiscal para solicitar la preclusión en la etapa de investigación, por considerarlas violatorias de los artículos 2, 13, 29, 228 y 229 de la Constitución y 14 del Pacto Universal de Derechos Humanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Para la Corte, se ha venido sosteniendo reiteradamente que el principio de igualdad de armas puede admitir limitaciones, especialmente justificables en la etapa de investigación penal, puesto que a pesar de que es fundamental que las partes cuenten con los medios procesales suficientes para defender sus intereses en el proceso penal, esa igualdad de trato no puede conducir a la eliminación de la estructura de partes que consagra el sistema penal acusatorio. De hecho, incluso, algunos doctrinantes sostienen que, por la naturaleza misma del sistema penal acusatorio, el principio de igualdad de armas es incompatible y no se hace efectivo en la investigación, en tanto que el equilibrio procesal a que hace referencia esta garantía solamente puede concretarse cuando las partes se encuentran perfectamente determinadas, por lo que, sólo en el juicio, puede exigirse que el ataque y la defensa se encuentren en situación de igualdad. De todas maneras, a pesar de que la defensa también podría preparar el juicio mediante la búsqueda de elementos probatorios y de evidencias que desvirtúen la posible acusación, lo cierto es que en la etapa de la investigación el rol fundamental corresponde a la Fiscalía General de la Nación porque ella tiene a su cargo la tarea de desvirtuar la presunción de inocencia que ampara al imputado. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-118-08
IV.4.2. La imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal y la inexistencia del hecho investigado, son causales de preclusión en la etapa de juzgamiento, que constituyen un desarrollo de los principios que orientan la estructura del modelo de enjuiciamiento diseñado por el acto legislativo 03 de 2002

Se demanda la inconstitucionalidad parcial del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, bajo el argumento de que vulnera los artículos 2, 13 y 29 de la Constitución, al limitar a dos las causales de preclusión en la etapa de juicio.

Para la Corte, la limitación de las posibilidades de preclusión en la fase del juicio, responde a la estructura y filosofía del nuevo modelo procesal, caracterizado por los principios de contradicción e inmediación de la prueba en cuya virtud la definición, durante el juzgamiento, de aspectos sustanciales, con impacto sobre un pronunciamiento de ausencia o declaración de responsabilidad penal del acusado debe fundarse en la prueba practicada durante el juicio oral, contradictorio y público. En ese orden de ideas, la pretensión de ampliar las posibilidades de preclusión durante el juzgamiento a los mismos eventos que ameritan tal determinación en la fase de investigación, se funda en una concepción de la prueba basada en el principio de permanencia que regía el modelo probatorio de la Ley 600 de 2000, en virtud del cual la evidencia recaudada antes del juicio constituía prueba, visión que frente al nuevo modelo procesal resulta insostenible, en virtud de los principios de concentración e inmediación que lo rigen.
La pretensión de retrotraer el momento culminante de formación del juicio del juez sobre aspectos definitorios del caso, a una fase anterior, mediante una solicitud de preclusión que apunta a los mismos objetivos del juicio, introduce una alteración a la estructura del sistema, sin que de otra parte, tal opción se traduzca en una mayor garantía para el acusado. Éste debe contar con amplios espacios que le permitan desplegar toda una actividad probatoria y de argumentación jurídica, orientada a desvirtuar la probabilidad de verdad que ampara la acusación, tanto en relación con la existencia de la conducta delictiva, como respecto de la autoría o participación (Art. 336). Este espacio se lo brinda de manera más adecuada el juicio, que una audiencia de preclusión. Trasladar una discusión de la complejidad fáctica y jurídica que implica la verificación de una causal excluyente de responsabilidad, la definición sobre la atipicidad de la conducta o la determinación sobre ausencia de participación en el hecho, a una audiencia de preclusión, una vez que se ha formalizado la acusación, limita no solamente las posibilidades de defensa del acusado como se indicó, sino que reduce sustancialmente los mecanismos de intervención de otros sujetos procesales (Fiscalía) e intervinientes (víctimas y ministerio público) legitimados para participar activamente en la definición del caso. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-920-07
IV.4.3. La solicitud de preclusión efectuada por la fiscalía, la defensa o el ministerio público ante el juez de conocimiento, no lo obliga a su declaratoria

Se demanda la inconstitucionalidad de los artículos 294 y 332 numeral 7 de la Ley 906 de 2004, bajo la consideración de que vulneran los derechos de acceso a la administración de justicia, debido proceso e igualdad.

Para la Corte, el juez de conocimiento no deberá declarar la preclusión de la investigación pasados sesenta (60) días, sino que la defensa o el Ministerio Público podrán solicitarle tal medida. En otras palabras, el juez decidirá autónomamente si se presenta o no alguna de las causales legales que justifiquen tal decisión. Entendida la norma legal en términos de facultad y no de obligación es evidente que el cargo de inconstitucionalidad por violación del derecho fundamental de las víctimas de acceder a la justicia no está llamado a prosperar. En efecto, el artículo 294 de la Ley 906 de 2004 no establece una causal objetiva de extinción de la acción penal; tan sólo pretende ponerle término a una situación procesal anormal, derivada de la inactividad del órgano investigador, la cual termina afectando la libertad del imputado. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-806-08
IV.4.4. Cuando el procesado ha sido condenado a pena de prisión la detención domiciliaria debe revocarse

En el curso de un proceso penal, al sindicado le fue concedida la detención domiciliaria como medida de aseguramiento. La sentencia de primera instancia condenó al acusado a pena de prisión sin beneficio de ejecución condicional. En la parte motiva de esta providencia, el juez explícitamente definió que la medida de detención domiciliaria debía ser revocada, como consecuencia de la sanción impuesta. Sin embargo, en la parte resolutiva de la decisión no apareció ninguna orden en que reflejara la decisión de revocar la detención domiciliaria.

El tribunal de segunda instancia, durante el trámite del recurso de apelación, ordenó, por medio una providencia, el traslado del sindicado de su residencia a la cárcel, al considerar que la orden del juez de primera instancia contenida en la parte motiva de la sentencia de condena debía ser cumplida. Contra la citada decisión, el actor interpuso recurso de reposición, siendo éste negado por el tribunal, al estimar que, según lo dispuesto en el artículo 199 del CPP, los autos dictados en segunda instancia no son objeto de impugnación. El procesado interpuso acción de tutela al considerar que el tribunal incurrió en una vía de hecho, revocando la medida de detención domiciliaria, teniendo en cuenta que no existía ningún fundamento legal para ordenar el cambio de lugar de reclusión, ya que, por un lado, en la parte resolutiva de la sentencia impugnada el a quo no había revocado la medida de aseguramiento de detención domiciliaria y, por el otro, el hecho de que el recurso de apelación se haya concedido en el efecto suspensivo impedía que la sentencia condenatoria se hiciera efectiva antes de quedar debidamente ejecutoriada, esto es, una vez agotados todos los recursos.

Por ello, considera que le asiste el derecho a permanecer en detención domiciliaria y no a que se inicie arbitrariamente la ejecución de la pena de prisión, pues la revocatoria de la detención domiciliaria y la orden de traslado sólo era ejecutable una vez fueran resueltos los recursos interpuestos.

La Corte Constitucional no concedió la tutela al considerar que el tribunal no incurrió en vía de hecho al tomar la decisión de traslado del sindicado, pues, en primer lugar, la decisión del tribunal se fundamenta en una decisión ya adoptada por el juez de primera instancia y por lo tanto no resulta arbitraria ni descabellada y, en segundo lugar, tal medida obedece a una interpretación razonable de las disposiciones vigentes, conforme a una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la cual, una vez proferida la sentencia de primera instancia, debe revocarse la detención domiciliaria, siempre y cuando al condenado no se le haya otorgado el beneficio de la condena de ejecución condicional. Teniendo en cuenta entonces que la decisión del tribunal no es una decisión arbitraria o irrazonable que contradiga abiertamente lo dispuesto por las disposiciones legales, no puede considerarse como una vía de hecho nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-852-02
IV.4.5. La detención domiciliaria en sustitución de la pena de prisión puede otorgarse en atención a la protección de los intereses prevalentes del menor de edad.

El accionante fue condenado a la pena de 90 meses de prisión por el delito de lavado de activos, pena confirmada por el respectivo Tribunal Superior. Posteriormente interpuso recurso extraordinario de casación.

El condenado solicitó al juez de primera instancia la sustitución de la medida de prisión por la de detención domiciliaria, la cual fue negada y la negativa confirmada por el juez de segunda instancia. Al interponer la acción de tutela, el accionante lo fundamentó en ser padre de un hijo menor de doce años, autista, bajo su cuidado y quien posteriormente a su privación de la libertad ha desmejorado en su salud psicológica, comportamiento social y familiar y en su rendimiento académico, por lo que consideró vulnerados los derechos ?al debido proceso y los derechos de su menor hijo discapacitado a la salud, a tener una familia, a no ser separado de ella, a ser protegido contra toda forma de abandono y a la prevalencia de sus intereses?. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo de los derechos enunciados como vulnerados.

La Corte Constitucional amparó los derechos mencionados por el tutelante; revocó la sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema y ordenó dejar sin efecto las decisiones que negaron la detención domiciliaria y se proceda a dictar, dentro 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia una nueva decisión en la que resuelva la solicitud de detención domiciliaria hecha por el condenado- tutelante teniendo en cuenta los lineamientos de la sentencia de revisión .

Al amparar los derechos mencionados por el tutelante, la Corte Constitucional consideró 1) Que el padre condenado reunía las condiciones para ser considerado padre cabeza de familia; 2) La medida de detención domiciliaria es manifiestamente necesaria para el niño, en razón a la especial condición del menor, a su vulnerabilidad agravada por su autismo y a su marcada dependencia afectiva, y emocional de su padre y 3) De no otorgarse tal beneficio al tutelante, el menor quedaría desprotegido. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-093-09
IV.4.6. Cuando desaparece la causa razonable o justa que dio lugar a la suspensión de la audiencia y esta no se reinicia o transcurren seis meses desde su iniciación es procedente la libertad provisional

Se demandó la inexequibilidad de la expresión ?cuando la audiencia se hubiere iniciado, y ésta se encuentre suspendida por causa justa o razonable o?, contenida en el numeral 5º del artículo 365 del Código de Procedimiento Penal. El actor considera que negar la libertad provisional por la suspensión de la audiencia contraría los artículos 28 y 29 de la Constitución Política. Considera que queda al arbitrio del juez decidir la causa ?justa? o ?razonable?, lo cual permite dilaciones injustificadas en el proceso que afectan el derecho fundamental a la libertad.

En relación con el derecho de libertad provisional, considera la Corte que la iniciación de la audiencia pública no interrumpe el término establecido en el artículo 415 del CPP para acceder a ésta. De esta forma, una vez iniciada la audiencia, si ésta no culmina dentro del término de seis meses contados a partir de la resolución de acusación, el procesado tendrá derecho a obtener la libertad provisional, con fundamento en la norma citada.

En consecuencia, la Corte declara exequible la expresión demandada ?con la condición de que se entienda que la libertad provisional es procedente si, una vez superada la causa justa o razonable de la suspensión, no se reanuda inmediatamente la audiencia? nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-123-04
IV.4.7. La excepción a la aplicación del sistema de acumulación jurídica de penas, de las penas ya ejecutadas, no es incompatible con el debido proceso

Se demanda la expresión "ni penas ya ejecutadas" contenida en el inciso 2° del artículo 460 de la ley 906 de 2004 porque presuntamente es violatoria de los artículos 2°, 4°, 13, 29 y 228 de la Constitución Política, al excluir de la aplicación de la garantía de la acumulación jurídica de penas a las personas que hallándose en cualquiera de las hipótesis previstas en el inciso primero de la disposición, hubieren cumplido la totalidad de al menos una de las condenas impuestas.

Para la Corte la consagración por parte del legislador de la figura de la acumulación jurídica de penas y la determinación de los eventos en los que procede, así como de aquellos que quedan excluidos de ese sistema de dosificación punitiva, son materias que se ubican dentro del ámbito de libertad de configuración normativa del legislador en materia penal.

Observa la Corte que la interpretación que al segmento normativo demandado le ha dado el órgano máximo de la jurisdicción encargada de su aplicación y de la unificación de la jurisprudencia en ese ámbito (la Corte Suprema de Justicia), se aviene al precepto constitucional que contempla el debido proceso (Art. 29). De acuerdo con esta interpretación la expresión acusada ?ni penas ejecutadas? que prevé una excepción a la aplicación del sistema de acumulación jurídica de penas, no es predicable de las condenas proferidas por delitos conexos, eventos amparados por el principio de la unidad del proceso, el cual cobra pleno vigor en el momento de la ejecución de las distintas sentencias.

En materia de conexidad, el debido proceso legal establece que "los delitos conexos se investigarán y juzgarán conjuntamente" (Art. 50 C.P.P.). Una eventual ruptura de esa unidad procesal en la fase de investigación, que obedece generalmente a razones ajenas a la voluntad del procesado, no puede conducir a que éste sea privado de la posibilidad de obtener una acumulación jurídica de penas.

La garantía de la libertad convoca una vigilancia efectiva por parte del juez encargado de controlar la ejecución de las sentencias, en tanto que la acumulación jurídica de penas entraña un derecho sustancial con un significativo impacto sobre la libertad, que no puede quedar librado a la discrecionalidad, a la oportunidad o al grado de celeridad con que actúe el funcionario encargado de velar por la ejecución de las sentencias .

En consecuencia, dado que el sentido real, no hipotético, del segmento normativo acusado, fijado por la jurisdicción responsable de su aplicación se ajusta a las exigencias del debido proceso, la Corte declara la exequibilidad de la expresión "ni penas ya ejecutadas" contenida en el inciso 2° del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-1086-08
IV.5. Subrogados penales

IV.5.1. Sólo se puede revocar o negar un subrogado penal cuando los requisitos para acceder a éste no se han verificado, o se han incumplido, sin justa causa, las obligaciones impuestas

Mediante acción de inconstitucionalidad se demandó parcialmente el artículo 522 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal anterior) que, a juicio del actor, viola el derecho a la libertad y los principios de igualdad y de favorabilidad de la ley penal. La Corte, al declarar la exequibilidad de la norma, sostuvo que la norma parcialmente impugnada al disponer que se podrán negar o revocar los subrogados penales "con base en prueba indicativa que origina la decisión" está garantizando que la determinación del juez de ejecución de penas se funde en un parámetro serio y racional y no en su simple arbitrio o discrecionalidad.

Por tanto, es evidente que tal condicionamiento se ha instituido en beneficio del condenado para evitar que se perjudique con decisiones irreflexivas, ajenas a la realidad procesal. La presunta violación del derecho a la libertad es infundada, pues parte de la base de que el artículo 522 del Código de Procedimiento Penal, en lo acusado, permite al juez revocar o negar el subrogado penal, aun cuando el condenado satisfaga todos los requisitos de ley. La facultad que se otorga al juez en la disposición para revocar o negar el subrogado penal, sólo puede ejercerse cuando el juez, después de un análisis serio sobre el material probatorio, concluye que los requisitos para acceder al subrogado no se han verificado, o que se han incumplido sin justa causa, las obligaciones impuestas.

El aparte acusado tampoco viola el derecho a la igualdad entre quienes han recibido el beneficio de la libertad antes de la sentencia, y aquellos a los que les ha sido negado el subrogado penal, pues se trata de situaciones de hecho distintas. Los primeros, que son sindicados de un delito, más no condenados, pueden acceder a la libertad provisional; figura diferente a la de los subrogados penales. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-679-98
IV.5.2. Deber de tener en cuenta las condiciones económicas del beneficiado con un subrogado penal para definir el monto de la caución

La actora fue sancionada con pena privativa de la libertad en sentencia que le concedió el subrogado penal de condena de ejecución condicional por un período de tres años, beneficio que debía garantizar con una caución prendaria consistente en un (1) salario mínimo legal mensual vigente. Desde la notificación de la sentencia la actora no ha podido disfrutar de la libertad concedida, debido a que carece de las condiciones económicas mínimas para consignar por lo menos el salario mínimo que le fue fijado, a pesar de haber realizado todos los esfuerzos que desde una cárcel pueden hacerse.

Por esta razón la condenada remitió una solicitud al juez para que considerara la rebaja de la caución para poderla establecer en un monto acorde con el dinero que ella ha podido conseguir. El juez competente le negó la solicitud argumentando que de acuerdo con la legislación penal vigente no era posible imponer una caución prendaria menor a un salario mínimo mensual.

La Corte Consideró que en este caso no se configuró una vía de hecho por parte del juez, pues al momento de dictar la medida y negar la solicitud de la condenada, la legislación no permitía imponer una caución inferior a un salario mínimo mensual. Sin embargo, para la Corte en este caso es relevante tener en cuenta que la fijación de un tope mínimo para la caución fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional en un fallo posterior a la providencia que se discute.

Para esta corporación debe aplicarse el principio de favorabilidad, una vez se ha modificado la legislación, por pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de la norma, y en consecuencia, por ser más beneficiosa de los intereses de la condenada, debe serle aplicable. La Corte ordenó al juez conceder la solicitud teniendo en cuenta las condiciones personales y económicas de la actora, según el prudente juicio y discernimiento nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-868-02
IV.5.3. No existe vía de hecho cuando el juez tiene en cuenta la situación económica del condenado para fijar la caución que le permita disfrutar del subrogado penal de condena de ejecución condicional de la pena

El actor presentó acción de tutela por considerar que la decisión del juez de ejecución de penas, al negarse a reducir la caución impuesta para conceder el subrogado de condena de ejecución condicional de la pena, había vulnerado su derecho fundamental a la dignidad humana. En efecto, el actor considera que la suma impuesta como caución excedía su capacidad económica y por lo tanto ello implicaba la imposibilidad de acceder al beneficio de ejecución condicional.

La Corte Constitucional estimó que el juez de la causa sí tuvo en cuenta su situación económica al fijar el valor de la caución. Esta facultad fue ejercida por el juez sin que se observe que hubiera actuado de manera manifiestamente arbitraria. En efecto, de conformidad con lo que obra en el expediente, el juez tuvo en cuenta tanto la situación económica del actor como la gravedad de los hechos por los cuales había sido condenado y por esa razón fijó una caución que consideró justa y adecuada. Teniendo esto en cuenta, no puede el juez de tutela suplantar el criterio del juez de ejecución de penas, sino verificar que éste, al decidir, no se haya colocado en los extramuros del derecho nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1002-02
IV.5.4. El juzgador debe ponderar, conforme a los criterios establecidos el monto de la caución prendaria para conceder la libertad condicional

En sentencia de constitucionalidad la Corte revisó nuevamente la disposición del Código de Procedimiento Penal conforme a la cual el sindicado en un proceso penal tiene derecho a la libertad provisional garantizada mediante caución prendaria cuando se dicte, en primera instancia, la preclusión de la investigación, cesación de procedimiento o sentencia absolutoria.

En esta oportunidad, la Corte se refirió a la razonabilidad de la exigencia de una caución prendaria para conceder la libertad. Estimó que el Legislador puede determinar cuándo es necesario privar de la libertad de manera preventiva a una persona que está siendo investigada y juzgada como posible responsable de haber cometido una conducta punible, y cuándo, a pesar de tratarse de conductas socialmente reprochables que en principio justifican la pérdida temporal de la libertad personal, existen circunstancias que señalan que es innecesaria la detención en un establecimiento carcelario.

Lo que puede resultar desproporcionado es la fijación de una cuantía excesiva para la caución. Frente a esta circunstancia, la Corte precisó que en Colombia los criterios escogidos por el Legislador para fijar una caución son la condición económica del procesado y la gravedad de la conducta punible (artículo 369 de la Ley 600 de 2000). La coexistencia de criterios plantea el problema de cómo se han de armonizar en cada caso cuando ambos parecen enfrentados.

En efecto, puede suceder que una persona de escasos recursos sea investigada por una conducta punible muy grave, como el homicidio, o, por el contrario, que una persona adinerada sea investigada por un delito de menor gravedad relativa. En esas circunstancias, corresponde al juez penal ponderar en cada caso concreto los criterios sin darle prevalencia a uno sobre el otro, sino tratando de armonizarlos. Dicha armonización ha de apuntar al logro de los fines de la caución, como el de asegurar que quien sea dejado en libertad regrese a afrontar, si fuere el caso, el proceso; garantizar el pago de una eventual indemnización; y permitir el goce inmediato de la libertad provisional sin esperar a que la providencia correspondiente quede en firme. Para juzgar la constitucionalidad del numeral 3 del artículo 365 de la Ley 600 de 2000 es necesario distinguir dos hipótesis:

La primera de ellas se presenta cuando el sindicado privado de la libertad a favor de quien se ha dictado, en primera instancia, cesación de procedimiento, preclusión de la investigación o sentencia absolutoria, no tiene capacidad económica para pagar una suma de dinero como caución. En ese evento, como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad de la cuantía mínima de la caución declarada por la Sentencia C-316 de 2002, el funcionario judicial podrá prescindir de ordenar el pago de una suma de dinero como condición para conceder la libertad provisional. Por lo tanto, la condición fijada en la norma bajo estudio para la obtención de la libertad provisional no opera de manera ineludible y, por ello, no constituye una condición inconstitucional en esta hipótesis.

La segunda hipótesis se presenta cuando el sindicado privado de la libertad a favor de quien se ha dictado, en primera instancia, cesación de procedimiento, preclusión de la investigación o sentencia absolutoria, sí cuenta con medios económicos para pagar la caución. En este caso, es necesario examinar si en los eventos previstos en la norma citada, condicionar el goce efectivo de la libertad provisional al pago de una suma de dinero constituye un límite razonable de la libertad personal. Para ello, analizará si los fines que procura el Legislador con la disposición acusada son legítimos e importantes; si el medio previsto por el Legislador no se encuentra prohibido y, finalmente, si el medio establecido es adecuado para alcanzar los fines buscados por el Legislador.

La Corte declara exequible la norma por ser una limitación razonable en un proceso, pero precisa los alcances de la decisión: 1) Prohíbe exigir caución a quien carece de recursos. 2) Respeto del principio de proporcionalidad. 3) Ponderación del monto en cada caso por el juez. 4) Al efectuar dicha ponderación, el juez penal no podrá pasar por alto que la presunción de inocencia ha sido confirmada por una providencia del propio Estado y que en ese sentido éste es un caso especial nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-039-03
IV.5.5. Prohibición al juez de considerar los antecedentes del condenado como requisito para conceder el subrogado penal de libertad condicional

Una persona fue condenada por la comisión de dos hechos delictivos. Cuando ha cumplido las dos terceras partes de la pena de prisión, hace la solicitud para que se le conceda el beneficio de libertad condicional, al que puede acceder por cumplir con esta condición. El juez de conocimiento niega este beneficio, aduciendo que si bien el condenado ha cumplido con el requisito objetivo de la pena de prisión, desde el punto subjetivo; el condenado, durante el curso de un proceso que se le adelantó, continuó cometiendo acciones delictivas de la misma índole de aquellas por las cuales se investigaba.

El juez tomó esta decisión sin considerar que existía legislación en el sentido de prohibir al juzgador, considerar las circunstancias y antecedentes tenidos en cuenta para la dosificación de la pena, en el momento de apreciar el beneficio de libertad condicional. El condenado afectado decidió interponer recurso de apelación contra la mencionada decisión, pero desistió del trámite correspondiente y, en su lugar, interpuso acción de tutela. La Corte Constitucional decidió no conceder el amparo al considerar que esta acción no era procedente pues existía un mecanismo judicial adecuado para la protección del derecho como lo era el recurso de apelación.

Para la Corte la acción de tutela no puede ser utilizada si es dable acudir a los recursos que el ordenamiento ha previsto con el mismo fin. Sin embargo, a juicio de este alto tribunal la negativa a conceder la acción no comporta que el actor no tenga derecho a que el juez accionado rectifique su decisión, porque las providencias atinentes a la libertad no tienen carácter definitivo, y las decisiones que quebrantan los derechos fundamentales no pueden permanecer en el ordenamiento. Como quiera que el actor tiene derecho al beneficio de la condena condicional, dado que la legislación no permite tener en cuenta su personalidad, como tampoco las circunstancias y antecedentes que le merecieron la agravación punitiva, la Corte instó al juez de la causa para que reconsiderara su negativa, sin necesidad de que mediara nueva solicitud del afectado nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-894-02
IV.5.6. El subrogado penal de libertad condicional está sujeto a la valoración que el juez haga de la conducta del individuo dentro de la cárcel

Un juez de ejecución de penas negó el subrogado de libertad condicional a una persona privada de libertad, al estimar que no había cumplido con el requisito de mantener buena conducta dentro del penal, teniendo en cuenta que existía una certificación en la que el organismo correspondiente calificaba el comportamiento del condenado como regular. Para el sentenciado, esta decisión vulneró sus derechos a la igualdad y debido proceso, pues ya ha cumplido con el tiempo exigido por la ley penal para conceder la libertad condicional y considera que el concepto de su comportamiento como regular obedece a actuaciones dentro del penal en las cuales ya hace bastantes años ha dejado de incurrir.

La Corte Constitucional estimó que para la concesión de la libertad condicional la legislación establece una serie de requisitos que deben ser tenidos en cuenta por el juez. El primero de ellos es el cumplimiento de las tres quintas partes de la pena, y el segundo, por su parte, está relacionado con la valoración por parte del juez de la conducta del penado en el establecimiento carcelario. Esto quiere decir que el mencionado subrogado no se da automáticamente con el cumplimiento del primer requisito, sino que es necesario que el juez haga una valoración de la conducta del interno durante el término de reclusión, que lo lleve a la convicción de que ésta ha sido buena.

De esta manera el juez, al estimar que por encontrarse probado que en una época del tiempo que el peticionario ha permanecido en la cárcel, el actor no presentó buena conducta, sino que ésta se calificó de ?regular?, entonces no debía por ahora, según su criterio, concederse el beneficio solicitado. Pero para tal efecto obro de conformidad con sus facultades y acorde con lo dispuesto por el artículo 64 del C.P. no realizó una conducta que permita tildar sus decisiones de arbitrarias, ni que con su decisión atentó contra el ordenamiento jurídico, por el contrario aplicó el contenido normativo vigente al caso particular, a partir de una interpretación basada en un criterio jurídico viable acorde con la potestad discrecional de valoración judicial que le asiste nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-895-02
IV.5.7. El otorgamiento de libertad condicional mediante caución prendaria cuando ya se ha absuelto al sindicado en primera instancia no vulnera los derechos de presunción de inocencia

La Corte Constitucional declaró exequible la disposición contenida en el CPP conforme a la cual el sindicado en un proceso penal tiene derecho a la libertad provisional garantizada mediante caución prendaria cuando se dicte, en primera instancia, la preclusión de la investigación, cesación de procedimiento o sentencia absolutoria.

La Corte aclaró que esta norma no puede entenderse como mecanismo para mantener, de manera indefinida, a una persona sujeta al poder punitivo del Estado. A lo que hace referencia, por el contrario, es que el procesado no tendrá que esperar a la ejecutoria de las providencias para tener derecho a la libertad condicional. En la circunstancia en que dichas decisiones sean objeto de recursos, el derecho a la libertad provisional se convertirá en libertad definitiva, una vez los recursos interpuestos contra ellas se hayan resuelto y las decisiones proferidas hayan sido confirmadas. De no presentarse ningún recurso contra cualquiera de las decisiones, surtido el término de ejecutoria, el derecho a la libertad provisional se convierte en libertad definitiva.

Conforme a esto, el contenido de la norma no vulnera la presunción de inocencia, pues la figura de la detención preventiva, de la que se deriva, a su vez, la libertad provisional no comporta resolución alguna sobre la responsabilidad penal del sindicado. Tampoco esta disposición vulnera el derecho a la libertad, pues mientras no se ejecutoríen y queden en firme esas decisiones, y en consecuencia no haya concluido, de manera definitiva el proceso penal, no resulta desproporcionado, ni irrazonable, que le Legislador condicione el disfrute de dicha libertad al cumplimiento de unas determinadas obligaciones, acordes con las finalidades del proceso penal nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-030-03
IV.5.8. Exclusión de subrogados penales y beneficios a delitos de terrorismo, financiación del terrorismo y otros

Fue demandado por inconstitucional el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 "por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones" que excluye de beneficios y subrogados a los delitos de terrorismo, financiación del terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos.

La Corte declara la EXEQUIBILIDAD del articulo 26 de la Ley 1121 de 2006, debido a que la demandante sólo alega la violación al derecho a la igualdad tratando de establecer una comparación entre diversos delitos, sin contar con el segundo elemento que configura el margen de discrecionalidad del legislador. Ya que, el legislador puede establecer, merced a un amplio margen de configuración, sobre cuáles delitos permite qué tipo de beneficios penales y sobre cuáles no. Dentro de esos criterios, los más importantes son: (i) el análisis de la gravedad del delito y (ii) la naturaleza propia del diseño de las políticas criminales, cuyo sentido incluye razones políticas de las cuales no puede apropiarse el juez constitucional.

En síntesis, la Corte indica que: i) el legislador cuenta con un amplio margen de configuración normativa, en tanto que manifestación de su competencia para fijar la política criminal del Estado; ii) con todo, la concesión o negación de beneficios penales no puede desconocer el derecho a la igualdad; iii) se ajustan, prima facie, a la Constitución medidas legislativas mediante las cuales se restringe la concesión de beneficios penales en casos de delitos considerados particularmente graves para la sociedad; iv) el Estado colombiano ha asumido compromisos internacionales en materia de combate contra el terrorismo, razón de mas para que el legislador limite la concesión de beneficios penales en la materia. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-073-10
IV.5.9. Prohibición de otorgar los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión y cualquier otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, cuando la persona hubiere sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los 5 años anteriores

Se demandó la inconstitucionalidad parcial del artículo 32, relacionada con la exclusión de los beneficios o subrogados legales, judiciales o administrativos a quien hubiere sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco años anteriores, contenida en la Ley 1142 de 2007 ?Por la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana?, en cuanto los demandantes consideraron tal disposición es violatoria de los artículos 13 y 29 de la Constitución en tanto se trata de una doble sanción por una misma causa y se fundamenta en el peligrosísmo penal. Es abiertamente irrazonable aplicada a personas en situación de debilidad manifiesta como madres cabeza de familia, enfermos o mujeres que dan a luz en la cárcel. La Corte declaró la exequibilidad de la norma demandada.

La Corte al declarar la exequibilidad de la disposición que establece la exclusión de los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión y cualquier otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, cuando sea efectiva, cuando la persona hubiere sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los 5 años anteriores, tuvo en cuenta que: 1) La norma desarrolla el principio de la libre configuración normativa del legislador y se ajusta a la Constitución porque contiene una medida razonable y adecuada constitucionalmente; 2) Esta situación no corresponde a la aplicación del principio non bis in ídem, por cuanto no se trata de dos sanciones que se imponen por el mismo acto, sino que hace relación al ?deber de cumplir en forma completa la pena impuesta? y 3) ?El concepto de antecedentes penales y contravencionales, regulado en el artículo 248 de la Constitución, está destinado a producir efectos jurídicos que pueden ser tenidos en cuenta por las autoridades públicas como criterio de exclusión o limitación de determinados privilegios. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-425-08
IV.6. Recurso extraordinario de casación

IV.6.1. Prohibición al legislador de desnaturalizar el recurso de casación por vulneración de múltiples garantías procesales

Se demanda la inconstitucionalidad de la Ley 553 de 2000, (por la cual se reforma el capítulo VIII del título IV del libro primero del Decreto 2700 de 1991, Código de Procedimiento Penal anterior). Bajo el ordenamiento anterior, Decreto 2700/91, la casación era un recurso extraordinario que procedía, en efecto suspensivo, contra sentencias de segunda instancia, dictadas por los tribunales penales por delitos que tuvieran señalada pena privativa de la libertad que excediera de 6 años. La Ley 553/2000 modificó dicha normatividad al abolir el carácter de "recurso" a la casación para convertirlo en una acción independiente del proceso penal, que procede por las mismas causales, pero contra "sentencias ejecutoriadas", esto es, en firme y para delitos cuya pena privativa de la libertad sea de 8 años.

La Corte advierte que la casación penal tiene elementos estructurales y de contenido propios y por lo tanto no puede la ley modificarla de forma que la desnaturalice o la convierta en otra figura jurídica menos eficaz conforme a los fines que se le atribuyen. En el presente caso, el Legislador modifica su carácter de recurso extraordinario y lo convierte en una acción (aunque no la denomine así) que procede contra sentencias ejecutoriadas, con lo cual violó la Constitución por desconocer el derecho al debido proceso, la libertad, la presunción de inocencia, el principio de cosa juzgada y el principio de igualdad.

Respecto de la libertad, la Corte sostiene que cuando se profiere una sentencia condenatoria ajustada a derecho, la pena privativa de la libertad es legítima; pero si ello no ocurre, por adolecer la decisión judicial de errores sustanciales que dan lugar a interponer la casación, lo que procede es su corrección inmediata. Mientras no se defina lo relativo a la legalidad del fallo, la decisión judicial viciada no puede adquirir el carácter de cosa juzgada, hasta que no se resuelva.

Según la ley demandada, mientras se resuelve la casación, la persona adquiere la categoría de condenado y se encuentra sujeta a todas las consecuencias jurídicas, familiares, sociales, morales y aun patrimoniales, que de ello se derivan. Para la Corte esto no es constitucionalmente legítimo, pues si una sentencia no ha sido expedida conforme a los mandatos superiores o a la ley por adolecer de errores sustanciales de Derecho, no puede consolidar una situación jurídica con efectos nocivos irreparables para los derechos esenciales de las personas, especialmente si se tiene en cuenta que, de conformidad con el artículo 248 de la Carta, esa condena se asume como definitiva, con todas las consecuencias negativas que ello implica. Por estas razones, las normas acusadas vulneran el derecho a la libertad, principio rector del debido proceso.

La presunción de inocencia sólo puede quedar desvirtuada en una sentencia de carácter definitivo, lo cual no puede ocurrir cuando están pendientes de resolver cuestionamientos acerca de su validez jurídica. Si a un fallo se le imputan errores de derecho esta cuestión debe ser resuelta antes de que haga tránsito a cosa juzgada. Por tanto, dado que la casación apunta a impedir los agravios que se siguen de la inobservancia del debido proceso y del desconocimiento del derecho sustancial que aquél garantiza, ejecutar una sentencia que puede ser cuestionada, implica el desconocimiento de esa presunción.

En cuanto al principio de cosa juzgada, la Corte sostiene que es contrario a la Constitución que las decisiones contrarias a derecho hagan tránsito a cosa juzgada, como sería el caso de aquellas en las cuales se inaplican o aplican indebida o erróneamente normas de Derecho sustancial o procesal sustancial, desconociendo las garantías y derechos fundamentales, circunstancias que están instituidas como causales de casación. Sentencias que desconocen el valor de la justicia al violar la Constitución y lesionar derechos fundamentales, no pueden tener eficacia jurídica, es decir, ser ejecutadas.

Frente al principio non bis in ídem, la Corte sostiene que en el proceso de casación no se vuelve a juzgar al procesado cuya situación jurídica ya fue definida mediante una sentencia, sino la legalidad del fallo, es decir, si la decisión fue dictada con la estricta observancia del ordenamiento legal y constitucional, por lo cual tal principio no se vulnera.

En relación con el principio de igualdad, la Corte señala que el recurso de casación tanto en materia civil como laboral además de continuar siendo un recurso extraordinario, se interpone contra sentencias que aún no han adquirido firmeza. En cambio, en materia penal, con la reforma introducida por la ley acusada, primero se ejecuta la sentencia y luego se discute su legalidad. Si la casación, como medio de impugnación extraordinario, es una institución jurídica destinada a hacer efectivo el derecho material y las garantías fundamentales de las personas que intervienen en un proceso, no hay razón justificativa de un tratamiento distinto y más gravoso en materia penal, cuando están de por medio la dignidad humana, la libertad, el buen nombre, la honra, que exigen mecanismos de protección más eficaces. Alterar la naturaleza de la institución, y precisamente en el ámbito penal, resulta contrario a la Constitución y violatorio del principio de igualdad.

Finalmente, la Corte señaló si lo que pretendía el Legislador era evitar el mal uso que del instituto jurídico de la casación penal estaban haciendo los litigantes, lo apropiado no era restringir o cercenar los derechos y garantías fundamentales de las personas que intervienen en el proceso penal, sino buscar mecanismos proporcionados a ese fin que no sean lesivos del ordenamiento superior.

Por lo anterior, la Corte declara inexequible la expresión "ejecutoriadas" del artículo 218 del Código de Procedimiento Penal vigente, y los incisos 1 y 2 del artículo 223, modificados por los artículos 1 y 6 de la Ley 553 de 2000, materia de acusación. También declara inexequibles la expresión "ejecutoriadas" del artículo 205 y los incisos primero y segundo del artículo 210, de la Ley 600 de 2000, nuevo Código de Procedimiento Penal que reproducen las disposiciones mencionadas. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-252-01
IV.6.2. La decisión de la corte suprema de justicia de casar sentencias ejecutoriadas bajo la vigencia de la norma que admitía el recurso de casación no constituye vía de hecho

En un proceso penal que se adelantaba contra un ciudadano la Fiscalía interpuso recurso de casación contra el fallo absolutorio de segunda instancia. El mencionado recurso se formuló bajo la vigencia de la norma que facultaba a las partes a recurrir en casación frente a sentencias ya ejecutoriadas. Posteriormente la Corte Constitucional declaró en fallo de constitucionalidad la inexequibilidad de tales normas, no obstante lo cual, la Corte Suprema de Justicia al conocer del recurso decidió revocar la sentencia y en su reemplazó condenar al acusado a pena de prisión, a multa y a la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.

El condenado interpuso acción de tutela contra el fallo de la Corte Suprema pues consideró que su derecho al debido proceso fue vulnerado por desconocimiento de la cosa juzgada planteada en la sentencia que declaró inexequible la norma.

La Corte Constitucional consideró que la Corte Suprema de Justicia no incurrió en vía de hecho. Según el fallo de tutela, la declaración de inexequibilidad de las expresión ?ejecutoriadas?, referida a las sentencias contra las cuales se podía interponer el recurso de casación, no privó a la Corte Suprema de Justicia de competencia para decidir en relación con las demandas de casación interpuestas por los condenados antes de ser dictada la sentencia de constitucionalidad, sino que, al contrario, lo que se advirtió fue que tal competencia se mantenía para que se resolviera lo que fuera pertinente por ésta. La Corte Suprema de Justicia, al interpretar la sentencia de inexequibilidad de la norma, no podía establecer distinciones entre sentencias condenatorias y sentencias absolutorias para dictar luego sentencia de casación en unos casos y en los otros abstenerse de hacerlo.

Ya que la interpretación de la Corte Suprema es razonable, no riñe abiertamente con la Carta Política y, por lo tanto, no puede considerarse como vía de hecho, la Corte Constitucional negó el amparo de tutela. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-642-05
IV.6.3. La corte suprema de justicia debe motivar el auto por el cual inadmite la demanda de casación

En el mismo caso, el artículo 9 de la ley demandada señala que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia puede inadmitir la demanda de casación y ordenar la devolución del expediente al despacho de origen, sin hacer referencia a la necesidad de motivar dicho acto. De acuerdo con la Corte, el acto mediante el cual se admite o rechaza la demanda presentada por un particular adquiere especial trascendencia, pues constituye el inicio de la intervención estatal en la resolución de un conflicto jurídico y la delimitación del problema de derecho que se ventila ante las autoridades judiciales.

Resulta lógicamente necesario que en los eventos en los que la demanda no sea procedente, la autoridad competente señale y explique las razones que sustentan su decisión pues, de lo contrario, el ciudadano se vería innecesariamente obligado a interpretar el silencio de la autoridad en perjuicio de su propios intereses, haciendo del proceso judicial un mecanismo incierto y arbitrario para la protección de los derechos. En materia penal, el artículo 181 del CPP señala la necesidad de que las providencias o autos interlocutorios sean fundamentados legalmente con el propósito de sustentar la decisión que se toma. Dicha conclusión también se extiende al caso de la demanda de casación, y sólo dentro de ese entendido puede comprenderse y aplicarse la norma demandada.

De manera que cuando el demandante carece de interés o la demanda de casación no reúne los requisitos legales, debe entenderse que el auto mediante el que se inadmite el recurso debe contener los motivos que sustentan la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del artículo bajo el entendido de que el auto que inadmite el recurso debe contener los motivos o razones que sustentan tal decisión. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-252-01
IV.6.4. La providencia que indamite una demanda de casación, en el contexto de la ley 600 de 2000, tiene ejecutoria inmediata.

El tutelante quien había sido condenado por el delito de hurto agravado, interpuso ación de tutela contra la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al considerar vulnerados sus derechos al debido proceso penal, derecho de defensa y favorabilidad penal en relación con la negativa de esa Corporación de dar trámite a la reposición, por improcedente, contra la providencia que inadmitió la demanda de casación. Fundamentó la acción, en que el artículo 187 de la Ley 600 de 2000, Código de Procedimiento Penal, no excluye taxativamente este trámite como sí lo hacía el artículo 197 del Decreto 2700 de 1991. La sentencia que resolvió en primera instancia la tutela negó el amparo de los derechos solicitados como amparados y la de segunda instancia, que resolvió la apelación interpuesta, declaró improcedente la acción. La Corte Constitucional
Confirmó la segunda decisión, es decir, declarar improcedente la acción.

De lo argumentado por la Corte se puede afirmar que no procede, dentro del contexto del 187 de la Ley 600 de 2000, Código de Procedimiento Penal recurso de reposición contra la providencia mediante la cual se inadmite la demanda de casación, ?con la cual finaliza el debido proceso casacional, dada su ejecutoriedad inmediata, sin detrimento de la obligatoriedad de su notificación para efectos de garantizar el principio de publicidad de las decisiones judiciales.?, y por ende es improcedente la acción de tutela.

También señaló la Corte que interpretar de forma distinta la norma, como lo hizo el tutelante, conlleva a la vulneración al ?debido proceso, que además de afectar potencialmente a otros intervinientes en la acción penal, a las víctimas de la conducta juzgada y a la sociedad, constituiría grave desconocimiento de la Constitución e indebida prolongación del trámite casacional? y conllevaría ?congestionar a la corporación accionada pretendiendo una nueva revisión de la demanda, con lo cual, además, sería agraviado el principio de legalidad, en el ámbito procesal nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-133-10
IV.6.5. Deber del juez de motivar los fallos que reiteran el precedente judicial

El artículo 10 de la Ley 553 de 2000 consagra un mecanismo procesal que contribuye a la resolución de casos respecto de los cuales existe una línea jurisprudencial aplicada de manera uniforme a hechos que ya han sido objeto de estudio por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Para la Corte, la consagración del mecanismo procesal de respuesta inmediata busca alentar el respeto al sistema de precedentes por parte del juez penal que conoce de la demanda de casación. La formulación de la respuesta inmediata, en estos términos, otorga una excesiva discrecionalidad al funcionario judicial que resuelve la casación penal, pues el precepto guarda silencio sobre la obligación de motivar el fallo y exponer las razones por las cuales se reitera determinada línea jurisprudencial.

Así, en aras de una noción eficientista de la actividad judicial y con el propósito de descongestionar el tribunal de casación en materia penal, se sacrifican derechos de quienes defienden sus intereses en el proceso de casación. Las decisiones que toma el juez, que resuelven asuntos sustanciales dentro de un proceso, deben consignar las razones jurídicas que dan sustento al pronunciamiento; se trata de un principio del que también depende la cabal aplicación del derecho al debido proceso pues, si hay alguna justificación en la base de las garantías procesales es la necesidad de exponer los fundamentos que respaldan cada decisión, la obligación de motivar jurídicamente los pronunciamientos que profiere el funcionario judicial.

El sistema de precedentes a través de la respuesta inmediata, consagrada en la norma demandada, desconoce las garantías del debido proceso de los sujetos procesales que intervienen en el recurso de casación, en detrimento de derechos como la libertad personal y la primacía de la justicia material en las actuaciones judiciales, por lo cual la Corte declaró la inexequibilidad del artículo 10 de la Ley 553 de 2000 y del artículo 214 de la Ley 600 de 2000. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-252-01
IV.6.6. El recurso extraordinario de casación penal es idóneo para la protección de derechos fundamentales

La Corte en numerosas sentencias de tutela denegó los amparos solicitados por cuanto determinó que el recurso extraordinario de casación era un mecanismo idóneo para proteger los derechos de los accionantes, de tal forma que al existir otro medio de defensa judicial, la tutela no era procedente nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencias SU-087-99, SU-599-99, SU-542-99, T-627-99, SU-646-99, T-469-99, T-504-00, T-852-00 y T-886-01
IV.6.7. Procedencia de la acción de tutela contra sentencias que constituyan vía de hecho, cuando no se reúnan requisitos para acudir al recurso extraordinario de casación

Los actores interpusieron acción de tutela por considerar vulnerado su derecho al debido proceso, específicamente el principio de la no reformatio in pejus, dado que en segunda instancia, siendo apelante único, el fallador si bien mantuvo inmodificada la pena privativa de la libertad impuesta en primera instancia, adicionó la sentencia apelada exclusivamente por los accionantes al condenarlos a pagar una multa.

Aunque la Corte concluyó que evidentemente se había violado el principio de la no reformatio in pejus, no amparó los derechos del actor por considerar que existían otros medios judiciales de defensa para hacerlo como lo era el recurso extraordinario de casación. La Corte estableció unos criterios para determinar cuándo es procedente el recurso extraordinario de casación y cuándo lo es la acción de tutela, en casos similares al analizado, donde el afectado por la decisión judicial debió haber fraccionado sus pretensiones de forma que si estaba inconforme con la totalidad del fallo agravatorio de segunda instancia elevara la acción de tutela por la agravación de la condena adicionada con la multa e interpusiera el recurso extraordinario de casación con respecto a la agravación de la condena en perjuicios. Los criterios son los siguientes:

?1) Si la sentencia no es objeto de casación porque la pena máxima establecida para el delito en cuestión es inferior a la fijada como requisito de procedibilidad del recurso, entonces la acción de tutela es la vía judicial procedente para proteger los derechos fundamentales vulnerados.

2) Si la casación se impetra respecto de las condenas en lo penal y en lo civil, ambas agravadas por el superior siendo el condenado apelante único, y en ambos casos es procedente recurrir en casación, entonces el medio judicial adecuado para proteger los derechos fundamentales es el recurso extraordinario de casación.

3) Si se recurre en casación la sentencia penal exclusivamente respecto de la condena a la indemnización de perjuicios y la cuantía así lo permite, entonces de nuevo es el recurso extraordinario de casación la vía judicial procedente, sin consideración a la pena señalada para el delito o delitos.? nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-590-05
IV.6.8. Procedencia de la acción de tutela contra sentencias de casación que constituyan vía de hecho

Fue demanda en acción de inconstitucionalidad la expresión ?ni acción? del artículo 185 de la Ley 906 de 2004 que preveía que contra el fallo que aceptare alguna de las causales de casación no era procedente ningún recurso o acción, salvo la de revisión. El actor consideró que tal disposición pretendía desconocer los artículos 4 y 86 Superior, al negar la posibilidad de que contra esas decisiones, cuando constituyera vías de hecho, se ejerciera la acción de tutela, no obstante que tal posibilidad es admitida por la disposición constitucional, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia mayoritaria de la Corte Constitucional.

La Corporación Constitucional declaró la inexequibilidad de la expresión demandada tras indicar que no existe incompatibilidad sino armonía entre la concepción de la casación como un control de constitucionalidad y legalidad del fallo lesivo de derechos y garantías fundamentales y la acción de tutela, como mecanismo constitucional subsidiario de protección de los derechos fundamentales. Para la Corte, si el recurso extraordinario de casación no resulta un medio judicial idóneo y eficaz de protección de los derechos y garantías fundamentales afectados en el proceso penal y la sentencia que lo resuelve desconoce esa situación, nada impide que el afectado acuda ante la jurisdicción constitucional en demanda de amparo para tales derechos.

En este sentido, por ejemplo, un imputado al que se le ha vulnerado el derecho de defensa por no haber estado asistido por defensor en el momento de la formulación de la imputación, puede solicitar, al interior de ese mismo proceso, la anulación de la actuación y contra la decisión que se profiera puede interponer los recursos legales ordinarios. Pero si no obstante esa situación, la actuación no es invalidada, nada se opone a que luego intente, en sede de casación, la invalidación de la sentencia y del proceso en el que ella se dictó. Y si en esta sede no se atiende su pedimento y concurren los exigentes presupuestos necesarios para ello, bien puede interponer acción de tutela en procura de protección del derecho fundamental al debido proceso.

En estas condiciones, dice la Corte, es manifiesta la inconstitucionalidad del aparte demandado del artículo 185 de la Ley 906 de 2004 ya que al indicar que contra la sentencia que resuelve el recurso extraordinario de casación en materia penal ?no procede ningún recurso ni acción, salvo la de revisión?, está excluyendo la procedencia de la acción de tutela contra ese tipo de pronunciamientos y con ello, ?qué duda cabe?, está contrariando el artículo 86 de la Carta Política ya que esta norma no excluye tales pronunciamientos de ese mecanismo de protección de los derechos fundamentales. Es decir, en tanto que la voluntad del constituyente expresada en la norma superior ya indicada fue que la acción de tutela se aplicara respecto de los actos y omisiones de las autoridades públicas, incluidas las judiciales, el legislador ha tomado la decisión, manifiesta en la norma demandada, de excluir de la procedencia de ese recurso las sentencias que resuelven la casación penal.

Entonces, ?como es claro que una ley ordinaria no puede, bajo ninguna circunstancia, modificar o suprimir la Constitución Política y mucho menos uno de los mecanismos constitucionales de protección de los derechos fundamentales?, la expresión ?ni acción? que hace parte del artículo 185 de la Ley 906 de 2004 será expulsada del ordenamiento jurídico pues genera un espacio institucional en el que los derechos fundamentales no podrían ser protegidos. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-590-05
IV.6.9. La ausencia de un recurso de apelación contra la decisión que resuelve un recurso extraordinario de casación no vulnera normas constitucionales

El actor fundamentó la demanda contra el primer inciso del artículo 205 ( parcial) de la Ley 600 de 2000, puesto que considera que al permitirse que la casación proceda cuando en las decisiones de primera y segunda instancia se haya absuelto al sindicado y se case profiriéndose sentencia condenatoria, se vulnera el artículo 29 de la Carta Política porque se desconoce el derecho a impugnar tal sentencia proferida por Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ya que contra ella no procede recurso alguno. También considera vulnerado el artículo 31 Carta Política por cuanto consideró que éste debe interpretarse en concordancia con el artículo 29 superior en el sentido de no permitir al legislador en ningún caso descartar la impugnación de la sentencia condenatoria. La Corte Constitucional integró a la demanda, por unidad normativa, el aparte del inciso primero del artículo 205 mencionado que no había sido inicialmente demandado.

La Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo 205 de la Ley 600 de 2000 ?Por la cual se expide el Código de procedimiento Penal?, de acuerdo con la hipótesis planteada en la demanda, porque: 1) Cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia casa la sentencia de segunda instancia y la reemplaza por una decisión acorde con el ordenamiento jurídico, tal decisión no se asimila con una nueva instancia; 2) La acusación del actor basada en la obligatoriedad de la apelación como único mecanismo de impugnación para las situación descrita en la demanda, no corresponde a la interpretación del artículo 29 de la Carta Política, por cuanto cuando allí se establece el derecho a impugnar la sentencia condenatoria, como garantía del debido proceso, no se refiere a una forma específica de impugnación ni a recurso específico alguno. Debe recordarse como la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que la acción de revisión y la acción de tutela pueden constituirse, en las circunstancias concretas de aplicación, en mecanismos de impugnación de las decisiones judiciales, que se podrían aplicar frente a la sentencia condenatoria que llegaré a proferir por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia , en la hipótesis planteada por el actor y 3) No se puede considerar vulnerado el artículo 31 de la Carta Política, en cuanto que cuando se casa una sentencia de segunda instancia y se dicta una sentencia nueva, no se está frente a una decisión en una nueva instancia.

La Corte señaló que no sobraba señalar que el actor partió de un entendimiento incompleto del mandato contenido en el referido artículo 31 superior, puesto que el artículo mencionado establece que ?toda sentencia podrá ser apelada o consultada..?, pero, ?salvo las excepciones que consagre la ley?. Lo anterior significa que en la Carta Política no se estableció un principio absoluto en esta materia, dejándose al legislador para que estableciera aquellos casos en los que respetando garantías que constituyen el debido proceso (art. 29 CPP) solo se profiriera una decisión de instancia. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-998-04
IV.6.10. El recurso extraordinario de casación no es una tercera instancia. esta previsto a favor de todas las partes que intervienen en el proceso penal.

En acción de inconstitucionalidad fue demandado ante la Corte Constitucional el artículo 205 ? parcial- de la Ley 600 de 2000, que se refiere a la procedencia de la casación en el proceso penal. Señala el demandante que la norma acusada es contraria a los artículos 29 y 31 de la Constitución, por cuanto permite que la casación proceda en casos de sentencias absolutorias de primera y segunda instancia, sin que esa sentencia de la Corte Suprema pueda ser impugnada. Esto, a su juicio, vulnera también el artículo 13 de la Carta Política pues otorga un trato diferencial a los condenados en primera o segunda instancia, quienes si tienen la posibilidad de impugnar la sentencia condenatoria.

La Corte se pronunció sobre la totalidad del inciso primero de la norma acusada, la cual consideró exequible. Fundamentó su decisión en los siguientes razonamientos:

1) El actor desconoce la naturaleza y finalidades de la casación y le atribuye características que no tiene, como la de ser una nueva instancia;

2) Cuando el artículo 29 de la Carta incluye el derecho a impugnar la sentencia no se refiere a una forma específica de impugnar. Tampoco hace mención específica a recurso alguno. En ese orden de ideas, tanto las acciones de revisión como las acciones de tutela son mecanismos de impugnación excepcionales de la sentencia condenatoria que llegue a proferir la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia;

3) El artículo 31 de la Constitución establece que toda sentencia podrá ser apelada o consultada, ?salvo las excepciones que consagre la ley?, lo que significa que el Constituyente no estableció un principio absoluto en esta materia y dejó al legislador la posibilidad de que en ejercicio de su potestad de configuración estableciera aquellos casos en los que sin perjuicio del respeto de todas las garantías ligadas al debido proceso (art. 29 C.P.) solo se profiriera una decisión de instancia; y

4) La garantía de acceso a la administración de justicia y del derecho a la igualdad se predica de todas las partes en el proceso penal. Si no se permitiera al Ministerio Público, a la Fiscalía, a la Víctima o a los perjudicados con el hecho punible solicitar la casación de las sentencia absolutoria con el fin de que se corrija un eventual desconocimiento de la Constitución y la ley, se estaría no sólo desconociendo el derecho a la igualdad de dichos intervinientes en el proceso penal sino su derecho al acceso a la administración de justicia en perjuicio de los derechos del estado, de la sociedad, de la víctima o de los eventuales perjudicados con el hecho punible y con grave detrimento de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-998-04
IV.6.11. Improcedencia de la acción de tutela cuando no se ha dado traslado de la demanda de casación a los demás sujetos procesales no demandantes y no se afectó el derecho de defensa de quien demandó en casación.

Un Tribunal Superior modificó una sentencia recurrida, aumentando la pena de prisión al tutelante, como responsable del delito de concusión, y la inhabilidad en el ejercicio de derechos y funciones públicas a cinco años, fijó multa por 62.5 salarios mínimos mensuales vigentes, revocó la prisión domiciliaria que se le había conferido y le impuso privación de la libertad en establecimiento penitenciario.

El apoderado judicial del condenado presentó recurso de casación. Antes de proferirse el fallo del recurso, el condenado planteó incidente de recusación contra los magistrados del Tribunal, petición que fue rechazada; su apoderado solicitó al Tribunal la declaratoria de prescripción de la acción penal, la solicitud fue negada y finalmente, el apoderado solicitó ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la nulidad de lo actuado, argumentando yerro procedimental, en tanto el Tribunal no había efectuado el traslado a los no demandantes en sede de casación, de conformidad con el artículo 211 de la Ley 600 de 2000, anterior Código de Procedimiento Penal.

La Corte Constitucional al considerar que no se encontraba acreditado el defecto procedimental absoluto en tanto que no se comprobó que el presunto defecto esté vinculado con los derechos subjetivos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del tutelante, tuvo en cuenta que: 1- El artículo 211 de la Ley 600/00 dispone que el traslado de la demanda de casación se surtirá a los no recurrentes, lo que conlleva que el actor no está legitimado para alegar tal violación, en cuanto que esa oportunidad procesal tiene como titulares a los otros sujetos procesales y 2- La presunta ?imposibilidad para los demás sujetos procesales de presentar sus argumentos frente a la demanda de casación?, no afectó de manera ?cierta y verificable? el derecho de defensa del tutelante, porque en primer lugar, la intervención de los no recurrentes es facultativa y no se puede deducir cuál hubiera sido su contenido y en segundo lugar, porque el actor pudo ejercer durante todo el proceso su derecho de defensa. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-565-10

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