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V. Ley 975 de 2005 para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y otras disposiciones

V.1. Naturaleza de la ley

V.1.1. La ley 975 de 2005 es una ley ordinaria

Se demandó la inconstitucionalidad de la Ley 975 2005 ?por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios?, por desconocimiento de la reserva de ley estatutaria al tramitarse esta Ley como ordinaria no obstante regular derechos fundamentales de las víctimas, ?los deberes fundamentales de los victimarios e introduce modificaciones en la administración de justicia?, materias propias de una Ley estatutaria. La Corte Constitucional declaró exequible la Ley únicamente por ese cargo analizado.

La Corte señaló que la Ley 975 de 2005 tiene por objeto establecer el ?marco jurídico para la realización de procesos de paz y mecanismos de reconciliación con los grupos armados organizados al margen de la ley, lo cual incluye entre varios aspectos, un procedimiento de investigación y juzgamiento, sanciones y la regulación de los derechos de las víctimas y deberes de los victimarios?, pero que no implica afectar el núcleo esencial, ni regula estructura o integralmente un derecho

La Ley no tiene por objeto disponer ni regular en forma integral, estructural o completa los derechos de las víctimas como concreción de los derechos fundamentales de acceso a la justicia y el debido proceso; la regulación de procedimientos penales y la creación de funcionarios y jueces, como lo hace la ley demandada, no requieren de ley estatutaria. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-319-06
V.2. Alternatividad penal

V.2.1. La figura de la alternatividad penal establecida en la ley 975 de 2005 no constituye una desproporcionada afectación de la justicia ni indulto o perdón de la pena; su otorgamiento exige la colaboración con la justicia dirigido al logro efectivo de los derechos de las víctimas y no elimina las penas impuestas por hechos ocurridos antes de la desmovilización

Se demandaron algunas normas de la Ley 975 de 2005 ?por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios?, con la consideración que el beneficio de alternatividad penal, es decir, la suspensión de la pena impuesta en la sentencia a los desmovilizados y su reemplazo por otra alternativa que contribuyan con la consecución de la paz, colaboren con la justicia, reparen a las víctimas y tengan una adecuada resocialización, constituye impunidad y afecta excesivamente los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y no repetición, así como otros valores, principios y derechos constitucionales.

En el anterior contexto la Corte Constitucional decidió hacer el estudio conjunto de los artículos 3°, sobre alternatividad; 19 ( parcial), sobre la aceptación de cargos hallada conforme a derecho; 20 sobre acumulación de procesos y penas; 24 relacionado con el contenido de la sentencia y la alternatividad y 29 ( parcial) sobre pena alternativa.

La Corte Constitucional declaró compatible con la Constitución, salvo la inexequibilidad que se señala posteriormente, los artículos 3? constitucionalidad condicionada; 19 ( parcial),; 20 ; 24 y 29 ( parcial) e relación con los cargos relativos a la figura de la alternatividad, en tanto que tal figura no conlleva una desproporcionada afectación del valor justicia , ya que en la sentencia contra los desmovilizados se impone originalmente una pena, principal y accesoria, que debe atender los límites del Código Penal, la proporcionalidad con el delito por el que se ha condenado y la cual debe cumplir el desmovilizado cuando no se ciña a los requisitos bajo los cuales se otorga la suspensión de la pena y que están dirigidos a ?satisfacer a cabalidad los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.?

Dentro de ese contexto, la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 3° de la ley citada. La disposición supedita la suspensión de la pena del desmovilizado a la ?colaboración con la justicia?, y por tal colaboración debe entenderse aquella ?dirigida al logro efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.?

La Corte Constitucional declaró contrario a la Constitución, la expresión ?pero en ningún caso la pena alternativa podrá ser superior a la prevista en la presente ley?, establecida en el inciso 2° del artículo 20 de la Ley 975 de 2005, sobre la acumulación de proceso y penas, porque la eliminación de las condenas impuestas por hechos delictivos que los desmovilizados hubieren cometido con anterioridad a su desmovilización ?equivale a una afectación manifiestamente desproporcionada del derecho de las víctimas a la justicia y podría ser interpretado como un indulto disfrazado.? nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-370-06
V.2.2. La comisión de cualquier delito por parte del desmovilizado durante el periodo de prueba conlleva la revocatoria de la libertad a prueba y el cumplimiento de la pena inicial señalada en la sentencia

Se demandaron los incisos 4° ( parcial) y 5° del artículo 29 de la Ley 975 de 2005 ?por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios?, con relación a las expresiones ?los? y ?por los cuales fue condenado en el marco de la presente ley? y por omisión legislativa en lo relativo al cumplimiento de las obligaciones, extinción de la pena principal y revocatoria de la libertad a prueba, ya que consideraron que los desmovilizados a quienes se les aplique penas alternativas no estrían obligados a renunciar a las actividades delictivas para beneficiarse de la reducción de penas.

La Corte Constitucional declaró contrario a la Constitución Política de 1991, la expresión ?los? y ?por los cuales fue condenado en el marco de la presente ley?, porque la comisión de delitos cualquier sea su naturaleza, durante el periodo de prueba del desmovilizado, constituye una desproporcionada afectación del valor a la justicia y del derecho de las víctimas a las no repetición, sin que ello implique la promoción de la paz. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-370-06
V.3. Sobre el término víctimas

V.3.1. Es también víctima cualquier familiar de la víctima directa, cuando hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley

Fueron demandadas las expresiones ?en primer grado de consaguinidad, primero civil de la víctima directa? ? inciso 2° del artículo 5° de la Ley 975 de 2005 ?por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios?, como ampliación de la definición de víctima cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida; ? en primer grado de consaguinidad? ? inciso 4° del artículo 5° de la Ley 975 de 2005-, como parte de la noción de víctima en relación con los miembros de la fuerza pública muertos en desarrollo de actos del servicio, ejecutados por miembros de grupos organizados al margen de la ley; ?en primer grado de consaguinidad? ? Artículo 47 de la Ley 975 de 2005-, relacionados con quienes serán sujetos de la atención médica y psicológica como medida de rehabilitación y el mismo término del numeral 49.3 del artículo 48 de la Ley 975 de 2005, en relación con los sujetos de medidas de satisfacción para que se restablezcan su dignidad, reputación y derechos. Los demandantes señalaron que tales términos restringen el concepto de víctima y por lo tanto limitan inconstitucionalmente la obligación de reparar.

La Corte Constitucional declaró conforme a la Constitución las expresiones demandadas en el entendido que no se excluya como víctimas ?a otros familiares que hubieran sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley.? nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-370-06
V.3.2. La condición de víctima de los miembros de la fuerza pública en los casos de haber sufrido lesiones descritas en el inciso 4º del artículo 5º de la ley 975 de 2005 o el menoscabo de sus derechos fundamentales producidas por las acciones de los miembros de grupos armadas organizados al margen de la ley no contraviene el derecho internacional humanitario

Se demandó el inciso 4° del artículo 5° de la Ley 975 de 2005 ?por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios?, relacionado con la consideración de que los miembros de la fuerza pública que hayan sufrido lesiones o menoscabo de sus derechos fundamentales por parte de los miembros de los grupos armados al margen de la ley tienen la condición de víctimas. Se fundamenta la demanda en que considerar a los miembros de la fuerza pública como víctimas desconoce el artículo 3° común a los Convenios de Ginebra de 1949, en donde se establecen dos grupos de personas quienes participan directamente en las hostilidades y quienes no participan. Proponen un pronunciamiento condicionado según el cual a los miembros de la fuerza pública se les considere víctima ?sólo cuando hubieran depuesto las armas, estuvieran por fuera de combate por enfermedad, herida o detención o por cualquier otra causa, o no estuvieran participando de las hostilidades, en caso contrario no pueden ser considerados como tales.?

La Corte Constitucional declaró compatible con la Constitución el inciso 4° del artículo 5° de la Ley 975 de 2005, en donde se establece la condición de víctima de los miembros de la fuerza pública que hayan las lesiones descritas allí o el menoscabo de sus derechos fundamentales por parte de miembros ? individual o colectivo- de grupos armados organizados al margen de la ley, porque: 1° De los textos del artículo 3° a los Convenios de Ginebra de 1949 y del Protocolo II no se desprende la prohibición de establecer es status de víctima al os miembros de la fuerza pública; 2- Del Protocolo II se desprende la prohibición de hacer discriminaciones respecto de las personas afectadas con el conflicto, incluyendo a los propios combatientes y 3° No existe vulneración del principio de distinción entre sociedad civil y combatientes, ya que el punto central es el otorgamiento a los miembros de la fuerza pública la condición de víctimas. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-575-06
V.3.3. La ley 975 de 2005 establece un concepto de víctima que integra una dimensión individual y colectiva y contiene disposiciones que están dirigidas a la recuperación del tejido social en su conjunto, que trasciende estas dimensiones

Se demandó por inconstitucionalidad el inciso octavo del artículo 8, los incisos 1 a 4, del artículo 23, las expresiones ?obligaciones de reparación moral y económica? contenidas en el artículo 24, la expresión ?más? contenida en el numeral 45.2 del artículo 44 y las expresiones ?particularmente en las zonas más afectadas por la violencia? que hacen parte del artículo 49 de la Ley 975 de 2005.

En la demanda para los distintos partes demandados, se consideró que: 1-las mediadas de reparación colectiva tienen solamente en cuenta el ámbito territorial y no a la calidad e las personas que no pertenezcan a las comunidades afectadas; 2-la reparación integral se establece como una relación procesal, entre víctima y victimario, lo que impide que las víctimas indirectas puedan acceder a la reparación integral; 3-se deja por fuera otros elementos de la garantía real del derecho a la reparación integral, limitándolo a la indemnización económica y moral; 4?el derecho a la reparación no solamente va dirigido a las personas más cercanas a la víctima sino a un varios personas y en todo caso a la sociedad y 5-para la reparación colectiva debe tener en cuenta cada caso particular para determinar cuales son las medidas apropiadas.

La Corte Constitucional al declarar compatible con la Carta Política los aspectos demandados tuvo en cuenta que: 1-los demandantes no tuvieron en cuenta en cuenta la dimensión colectiva del concepto de víctima que trae la Ley y 2-los apartes de los artículos 8 y 49 hace relación ?al direccionamiento de la acción del Estado en relación con la recuperación del tejido social mirado en su conjunto y no de las victimas individuales o colectivas y sus derechos, que como se ha visto en manera alguna pueden entenderse desconocidos por la Ley 975 de 2005.? nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-575-06
V.4. Requisitos de elegibilidad para la desmovilización, colectiva o individual

V.4.1. Los beneficios en favor de los miembros de grupos armados al margen de la ley privados de la libertad que conceden las leyes 975 de 2005 y 782 de 2002, además de la providencia judicial que establezca su pertenencia a dicho grupo, requiere el cumplimiento de los requisitos establecidos en ellas , garantizando el goce efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición

Se demandó el parágrafo del artículo 10 de la Ley 975 de 2005 ?por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios?, relacionado con los requisitos de elegibilidad para la desmovilización colectiva y con respecto al acceso a los beneficios de la Ley 975 de 2005 y de la Ley 782 de 2002 en favor de los miembros de grupos armados al margen de la ley privados de la libertad, siempre que en las providencias judiciales se establezca la pertenencia al grupo, porque consideran lo actores que otorgar beneficios por el solo hecho de pertenecer a estos grupos desconoce el derecho a las víctimas a la justicia al no hacerse la ?distinción entre los tipos de delincuentes, ni las clases de crímenes cometidos, esto es, si son de lesa humanidad, internacionales o delitos de sedición, ni al exigir tampoco un mínimo de cumplimiento de las penas impuestas?. La Corte Constitucional declaro compatible con la Constitución el parágrafo demandado.

Los beneficios de que trata la Ley sobre la reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional -Ley 975 de 2005- y la que consagra instrumentos para la búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia ?Ley 782 de 2002- están supeditados ?al cumplimiento del conjunto de requisitos y obligaciones que en la misma ley se imponen para la concesión de dicho beneficio y no simplemente al que se señala expresamente en la norma de que ?en providencias judiciales correspondientes se determine su pertenencia al respectivo grupo?.

La disposición demandada deben ser examinadas ?de manera sistemática con el conjunto de la ley y particularmente con el entendimiento que dio la Corte del beneficio de la alternatividad al condicionar la exequibilidad del artículo 3 de la Ley 975 de 2005 en el entendido que dicha alternatividad y la colaboración con la justicia que en ella se exige deben estar encaminadas a ?lograr el goce efectivo de los derechos a las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición?. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-575-06
V.4.2. Los miembros de grupos armados al margen de la ley, para efectos de los requisitos de elegibilidad para la desmovilización colectiva, deben informar sobre la suerte de las personas desaparecidas.

Se demandó como contraria a la Constitución, por omisión legislativa, la disposición del numeral 10.6 del artículo 10 de la Ley 975 de 2005 ?por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios?, relacionado con la condición de elegibilidad para la desmovilización colectiva: Que liberen las personas secuestradas que se hallen en su poder.?, con el fundamento que la norma demandada incurrió en una omisión legislativa al no exigir como requisito que los desmovilizados señalen al momento de la desmovilización el paradero de las personas desaparecidas.

La Corte Constitucional declaró compatible con la Constitución la frase ?Que liberen las personas secuestradas que se hallen en su poder? del numeral 10.6 de la Ley 975 de 2005, como condición de elegibilidad, para que los miembros de un grupo armada organizado al margen de la ley puedan acceder a los beneficios de esa Ley, en el entendido que también deben, como condición para los mismos efectos de la disposición demandada, informar sobre la suerte de las personas desaparecidas, lo anterior, en defensa de los derechos a la verdad, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal y a un recurso judicial efectivo. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-370-06
V.4.3. Los bienes que se deben entregar para efectos del requisito de elegibilidad en las desmovilizaciones individuales o colectivas, son aquellos producto de la actividad ilegal

Se demandaron las expresiones ?producto de la actividad ilegal? ?numeral 10.2 del artículo 10 de la Ley 975 de 2005 ?por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios?-, en relación con los bienes que deben entregar los desmovilizados como requisito de elegibilidad para la desmovilización colectiva y ?producto de la actividad ilegal? y ?cuando se disponga de ellos? ? numeral 1.5 del artículo 11 de la Ley 975 de 2005-, relacionada con la entrega de bienes para la reparación de las víctimas, como requisito de elegibilidad para la desmovilización individual, porque los demandantes consideraron que el no obligar a los desmovilizados a involucrar bienes lícitos propios para los efectos legales, vulnera el deber del Estado de garantizar la justa reparación de las víctimas.

La Corte Constitucional declaró que las expresiones ?producto de la actividad ilegal? ?numerales 10.2 y 11.5 de los artículos 10 y 11, respectivamente, de la Ley 975 de 2005-, referidos a la procedencia de los bienes que deben entregar los desmovilizados como requisito de elegibilidad para la desmovilización colectiva e individual, son compatibles con la Constitución, porque la entrega de bienes de procedencia ilícita no supone un traslado de la propiedad, sino que constituye una devolución a su verdadero propietario. Sería distinto la exigencia de entrega del bien lícito, puesto que ?al menos técnicamente, no existe aún título para dicho traslado?. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-370-06
V.5. Requisitos para la concesión de la alternatividad penal

V.5.1. Los miembros de grupos armados al margen de la ley, dentro del proceso de reincorporación a la vida civil, deben confesar desde la versión libre todos los hechos delictivos cometidos con ocasión a su pertenencia a esos grupos, so pena que no se conceda el beneficio de alternatividad penal o se revoque

Se demandó el artículo 25 (parcial) de la Ley 975 de 2005 ?por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios?, con relación a las expresiones,? sin perjuicio del otorgamiento de la pena alternativa, en el evento que colabore eficazmente en el esclarecimiento o acepte, oralmente o por escrito, de manera libre, voluntaria, expresa y espontánea, debidamente informado por su defensor, haber participado en su realización y siempre que la omisión no haya sido intencional. En este evento, el condenado podrá ser beneficiario de la pena alternativa. Se procederá a la acumulación jurídica de las penas alternativas sin exceder los máximos establecidos en la presente ley?, y su inciso final, respecto del beneficio de alternatividad por hechos conocidos con posterioridad a la sentencia en donde se les concedió al desmovilizado el beneficio de pena alternativo o el indulto, por cuanto consideraron que tales apartes permiten a los desmovilizados beneficiados con la alternatividad no decir toda la verdad sobre los delitos cometidos, con lo cual se vulneran los derechos de las víctimas a la verdad y reparación.

Al analizar los apartes demandados del artículo 25 citado, La Corte considero necesario estudiar conjuntamente los artículos 17 (parcial) sobre versión libre y confesión y artículo 29 (parcial), en cuanto respecta a los requisitos para gozar del beneficio de la libertad a prueba.

La Corte declaró contrario a la Constitución la parte del artículo 25 de la Ley 975 de 2005, ?sin perjuicio del otorgamiento de la pena alternativa, en el evento que colabore eficazmente en el esclarecimiento o acepte, oralmente o por escrito, de manera libre, voluntaria, expresa y espontánea, debidamente informado por su defensor, haber participado en su realización y siempre que la omisión no haya sido intencional. En este evento, el condenado podrá ser beneficiario de la pena alternativa. Se procederá a la acumulación jurídica de las penas alternativas sin exceder los máximos establecidos en la presente ley.? y el inciso 2º de la misma norma, según la cual ?Teniendo en cuenta la gravedad de los nuevos hechos juzgados, la autoridad judicial impondrá una ampliación del veinte por ciento de la pena alternativa impuesta y una ampliación similar del tiempo de libertad a prueba?, porque ?el Estado estaría renunciando a su deber de adelantar investigaciones serias y exhaustivas sobre los hechos dentro de un plazo razonable, y estaría sacrificando desproporcionadamente el derecho de las víctimas a conocer la verdad integral y fidedigna de lo ocurrido.?

Dentro del anterior contexto, la Corte declaró acorde con la Constitución el artículo 17, sobre versión libre y confesión analizado conjuntamente, en tanto que la versión libre debe ser completa y veraz, sobre todos los hechos criminales en los que participaron como miembros del grupo armado organizado al margen de la Ley, como medida ?indispensable para satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad y el interés de la sociedad en la construcción de memoria histórica.?

También dentro de este análisis, la Corte declaró compatible con la Constitución el inciso 5° del artículo 29 ya citado, sobre la extinción de la pena principal, la revocatoria de la libertad a prueba y la aplicación de la pena inicialmente impuesta, siempre que se entienda que ?también se revocará el beneficio de alternatividad cuando el beneficiario haya ocultado en la versión libre su participación como miembro del grupo en la comisión de un delito relacionado directamente con su pertenencia al grupo.? nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-370-06
V.5.2. Los miembros de grupos armados al margen de la ley que tengan investigaciones y acusaciones anteriores a desmovilizarse y acogerse a la ley de reincorporación a la vida civil, para acceder al beneficio de alternatividad penal deberán cumplir las etapas procesales y requisitos de la ley, que garanticen el goce efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición

Se demandó el parágrafo del artículo 22 de la Ley 975 de 2005 ?por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios?, respecto de la facultad del desmovilizado, que al momento de acogerse a esa Ley se le adelante por la fiscalía investigaciones o se le formuló acusación en su contra, de aceptar los cargos señalados en la resolución que le impuso la medida de aseguramiento o en la formulación de imputación o en la resolución de acusación, para efectos del beneficio de alternatividad, porque según los demandantes en estas situaciones se omiten los pasos procesales como la versión libre, la entrega de bienes, que se exigen a los otros desmovilizados en la misma Ley, que conlleva el desconocimiento del mecanismo judicial efectivo para garantizar el derecho a la verdad: La Corte Constitucional declaró la norma demandada acorde con la Constitución.

Los miembros de grupos al margen de la ley que tengan investigaciones y acusaciones al momento de desmovilizarse y se acojan a la Ley 975 de 2005 no podrán exonerarse ?del cumplimiento del conjunto de etapas procesales, requisitos y obligaciones que en la ley se imponen? para acceder al beneficio de la alternatividad penal.

Al igual que frente a la exequibilidad del parágrafo del artículo 10 de la Ley 975 de 2005, la disposición aquí analizada se debe examinar con el conjunto de normas de la citada Ley y de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte sobre el artículo 3 de la Ley 975 de 2005, según la cual la alternatividad penal y la colaboración con la justicia deben estar encaminadas a ?lograr el goce efectivo de los derechos a las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición?. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-575-06
V.5.3. La entrega de los menores de edad reclutados por parte de los miembros de grupos armados al margen de la ley no conlleva la pérdida de los beneficios penales, pero no los exime de su responsabilidad penal por esas conductas punibles

Se demandó el artículo 64 de la Ley 975 de 2005 ?por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios?, relacionado con que la entrega de menores de edad por parte de los miembros de grupo armados al margen de la ley no es causal de pérdida de los beneficios de la Ley en la que se encuentra el artículo demandado ni sobre los establecidos en la Ley y782 de 2002, porque el reclutamiento de niños y niñas por los grupos armados organizados al margen de la ley desconoce la normatividad internacional y nacional que prohíbe y sanciona estas conductas y porque la aplicación del artículo genera impunidad. La Corte declaró compatible con la Constitución.

La situación según la cual no es causal de pérdida de los beneficios aludidos en el artículo 64 demandado no es eximente de responsabilidad penal por el reclutamiento de menores, sino que facilita la entrega de dichos menores de edad. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-575-06
V.5.4. El archivo de las diligencias por hechos admitidos o no por el desmovilizado en su versión libre o en posterior actuación procede por decisión motivada, que debe ser comunicada al denunciante y al ministerio público, cuando se compruebe que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan caracterizarlos como delito en su tipicidad objetiva

Se demandó la inconstitucionalidad de la expresión ?admitidos? del artículo 27 de la Ley 975 de 2005 ?por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios?, en relación con los hechos admitidos por el desmovilizado y las circunstancias para que el fiscal disponga de inmediato el archivo de la actuación, por cuanto los demandantes sostienen que la Fiscalía puede archivar diligencias judiciales en delitos por los cuales el desmovilizado admitió su participación, lo que constituye un contrasentido, en cuanto la Fiscalía constitucionalmente tiene la obligación de ?adelantar el ejercicio de la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que llegue a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio?. La Corte declaró que el artículo 27 demandado es compatible con la Constitución por el cargo demandado y resolvió declarar la exequibilidad condicionada de dicho artículo.

El fiscal delegado podrá disponer, en relación con los hechos admitidos o no por el desmovilizado en su versión libre o en posterior actuación, de inmediato el archivo de la actuación cuando llegare a constatar que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delitos ?en el entendido que la caracterización a que en el se alude corresponde a la tipicidad objetiva y que la decisión del archivo de las diligencias debe ser motivada y comunicada al denunciante y al Ministerio Público para el ejercicio de sus derechos y funciones y así se señalará en la parte resolutiva de la sentencia?. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-575-06
V.6. Derechos de las víctimas e intervención en la actuación procesal

V.6.1. Las víctimas tienen derecho a participar en las diligencias de versión libre y confesión, la audiencia de formulación de imputación y de aceptación de cargos dentro de los procesos de reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional

Se demandaron los artículos 17, 18 y 19 Ley 975 de 2005 ?por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios?, relacionados respectivamente con la versión libre y confesión, formulación de imputación y aceptación de cargos. Los demandantes solicitaron la declaratoria de constitucionalidad condicionada de estos artículos ?bajo el entendido de que se deberán garantizar mecanismos idóneos y efectivos para que las víctimas estén en posibilidad de enterarse del inicio del procedimiento, puedan ejercer el derecho a ser oídas permitiéndoles presenciar las diligencias, ser asistidas por un abogado o abogada que les proporcione una defensa técnica de sus intereses y contar con todas las facultades jurídicas que se requieran para participar efectivamente en la construcción de la verdad procesal y el acceso a una reparación integral que sea determinada conforme a los hechos y responsabilidades penales probados con su plena participación.?

La Corte Constitucional declaró compatible con la Constitución, en relación con el derecho de acceso de las víctimas a las diligencias de versión libre, audiencia de formulación de imputación y en la de formulación de cargos, señaladas en los artículos 17, 18 y 19 Ley 975 de 2005, porque estas disposiciones deben verse desde el conjunto de normas de la misma Ley relativas a las facultades procesales de las víctimas, como las que se desarrollan en el capítulo VIII sobre ?Derechos de las víctimas a la frente a la administración de justicia?; el sistema de garantías establecidos en esta Ley se apoyan en los principios del artículo 1° de la Ley, en el que uno de los objetivos es el regarantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación y en cuanto la aplicación de esta Ley debe sujetarse a los desarrollos jurisprudenciales constitucionales, con fundamento en el derecho internacional, según los cuales ?el derecho a la justicia comporta un auténtico derecho constitucional al proceso penal y el derecho a participar en el proceso penal por cuanto el derecho al proceso en el estado democrático debe ser eminentemente participativo? nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-370-06
V.6.2. No se puede exigir la acreditación de registro en base de datos para que las víctimas puedan asistir a la diligencias de versión libre de los desmovilizados en los procesos de justicia y paz, establecido en la ley 975 de 2005

Varias personas interpusieron acción de tutela contra la Fiscalía General de la Nación para que se ampararán sus derechos de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la libertad de expresión y a la verdad, justicia y reparación, en relación a situaciones normadas sobre las diligencias de versión libre frente a las víctimas de delitos cometidos por los paramilitares desmovilizados en aplicación de la Ley 975 de 2005. Los demandantes sostuvieron que las limitaciones a las víctimas para participar en las diligencias de versión libre como acreditar el daño causado (artículos 5º de la Resolución 3398 de 2006, 3º y 4º del Decreto 315 de 2007) y el registro en una base de datos, restringen sus derechos a la verdad, justicia y reparación. En consecuencia, los demandantes piden que, al inaplicar esas normas, la participación de las víctimas de los grupos desmovilizados en las audiencias de versión libre, no tenga ningún tipo de condiciones.?

La Corte al negar el amparo por la vulneración de los derechos de acceso a la justicia, a la verdad, justicia y reparación de las víctimas dentro de los proceso de justicia y paz ? Ley 975 de 2005, en tanto no se encontraban registrados en base de datos para acceder a las salas en donde se práctica la diligencia de versión libre de los desmovilizados, se fundamentó en que no existe en las normas analizadas tal requisito y no se acreditó en la tutela que a las víctimas se les hubiere negado su acceso a las diligencia de versión libre por no encontrarse inscritos en una base de datos.

De lo señalado por la Corte, se puede afirmar que el requisito de tener que acreditar, ante la Fiscalía, de manera sumaria la condición de víctima, para que puedan acceder de manera personal a las salas en donde se desarrolla la versión libre del desmovilizado en los procesos de justicia y paz ? Ley 975 de 2005, no vulnera los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y a la reparación, porque: 1- Siendo la diligencia de versión libre reservada para el público y no para la víctima, es razonable que se solicite la acreditación de tal condición para el acceso a esa diligencia, en tanto que lo contrario sería desconocer el principio de reserva de la investigación penal y desvirtuar el principio de separación de las etapas de investigación y juzgamiento, que es propio del sistema penal acusatorio; 2- La noción de víctima en los proceso de justicia y paz - Ley 975 de 2005 está ligada a la acreditación de daños directos producidos por acciones realizadas por los desmovilizados, miembros de grupos armados al margen de la Ley y 3- La medida es razonable y proporcional. La reglamentación sobre la participación de las víctimas en la diligencia de versión libre tienen objetivos constitucionalmente válidos: la reserva de la investigación judicial, verificación de la veracidad del material probatorio recaudado y proteger la intimidad y buen nombre de las víctimas. Es proporcional porque no sacrifica los valores y principios que son de mayor peso o de especial protección constitucional y el requisito de demostración es mínimo y no restringe de manera desproporcionada el derecho de las víctima. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-049-08
V.6.3. La restricción a dos abogados en la representación de las víctimas en las diligencias de versión libre de los desmovilizados en los procesos de justicia y paz ?ley 975 de 2005- no vulneran sus derechos de acceso a la justicia y a la verdad, justicia y reparación.

Varias personas interpusieron acción de tutela contra la Fiscalía General de la Nación para que se ampararán sus derechos de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la libertad de expresión y a la verdad, justicia y reparación, en relación a situaciones normadas sobre las diligencias de versión libre frente a las víctimas de delitos cometidos por los paramilitares desmovilizados en aplicación de la Ley 975 de 2005. Los demandantes sostienen que la reglamentación de ?la participación de las víctimas en las diligencias de versión libre está limitada a la representación con un número determinado de abogados y a la presencia de una persona por familia (artículo 6º de la Resolución 3398 de 2006). En tal virtud, la demanda pretende que después de inaplicar esas disposiciones, el juez de tutela ordene a los fiscales competentes no limitar el derecho a la representación de las víctimas a dos abogados.?

La Corte al negar el amparo por el desconocimiento de los derechos a la verdad, justicia y a la reparación, por la restricción normativa de la representación de las víctimas a dos abogados en las diligencias de versión libre, en los procesos de justicia y paz - Ley 975 de 2005-, señaló que: 1- No se puede concluir la falta de asistencia técnica por el número de abogados, en tanto que la adecuada representación de los intereses de las víctimas no es un asunto cuantitativo y 2- No está acreditado dentro del expediente que tal limitación les hubiere impedido ejercer sus derechos en la diligencia de versión libre. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-049-08
V.6.4. Las víctimas pueden preguntarle al versionado por intermedio del fiscal y no directamente en desarrollo de la diligencia de versión libre en los procesos de justicia y paz ? ley 975 de 2005

Varias personas interpusieron acción de tutela contra la Fiscalía General de la Nación para que se ampararán sus derechos de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la libertad de expresión y a la verdad, justicia y reparación, en relación a situaciones normadas sobre las diligencias de versión libre frente a las víctimas de delitos cometidos por los paramilitares desmovilizados en aplicación de la Ley 975 de 2005. Los demandantes sostienen que la reglamentación señalada impide a las víctimas interrogar y contrainterrogar ?al versionado, pues sus preguntas deben realizarse mediante el fiscal encargado de adelantar la diligencia (artículos 4º de la Resolución 3398 de 2006 y 2º del Decreto 315 de 2007). Por lo tanto, solicitan que, como consecuencia de la inaplicación de esas disposiciones normativas, el juez de tutela ordene ?Establecer durante la versión libre una fase durante la cual las víctimas o sus representantes puedan interrogar y contrainterrogar directamente al desmovilizado?.

La Corte Constitucional al establecer que la prohibición para la víctima de interrogar y contrainterrogar al desmovilizado en las diligencias de versión libre reguladas en la ley de justicia y paz, no violan los derechos fundamentales de los accionantes, se fundamentó en que la prohibición de la intervención directa de la víctima en dicha diligencia evitaría adelantar el contradictoria y la discusión de los intereses contrapuestos, en tanto que podría afectar la eficacia de la investigación y la separación de las etapas procesales de investigación y de juzgamiento, trasladando el debate de las partes a una etapa no destinada para ello. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencias T-049-08
V.6.5. Para poder entregar copias de la versión libre rendida por los desmovilizados en aplicación de la ley 975 de 2005 se requiere la demostración de la condición de víctima, es decir, de la legitimación para acceder a ellas

Se interpuso acción de tutela contra la Fiscalía General de la Nación para que se ampararán sus derechos de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la libertad de expresión y a la verdad, justicia y reparación, en relación a situaciones normadas sobre las diligencias de versión libre frente a las víctimas de delitos cometidos por los paramilitares desmovilizados en aplicación de la Ley 975 de 2005. Los demandantes sostienen que la reglamentación de la participación de las víctimas en las diligencias de versión libre limitan su posibilidad de ejercer de manera eficiente y adecuada sus derechos a la verdad, justicia y reparación, en tanto que las Resoluciones 0387 de 2007 y 3398 de 2006 expedidas por el Fiscal General de la Nación y en el Decreto 315 de 2007 del Ministro del Interior y de Justicia, someten a reserva las audiencias de versión libre, lo que impide la reproducción de las actas en donde consta dichas diligencias y en cuanto señala que las víctimas deben ubicarse en las salas destinadas a los versionados (artículos 4º a 9º de la Resolución 387 de 2007). Con estos argumentos, solicitan que se inapliquen esas disposiciones y se ordene la transmisión de las diligencias por radio, televisión e internet.

La Corte consideró que no procede la entrega de copias de la versión libre rendida por los desmovilizados en aplicación de la Ley 975 de 2005, porque al no demostrarse la condición de víctimas ante el Fiscal competente, dicha diligencia estaba amparada por la reserva de la investigación. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-049-08
V.6.6. Las víctimas tienen derecho a designar representación judicial durante el juicio y en las otras etapas procesales

Se demandó la expresión ?durante el juicio? del numeral 38.7 del artículo 37 de la ley 975/05, ?por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios?, dentro del contexto de los derechos de las víctimas, por cuanto los demandantes consideran que se ?limita el ejercicio del derecho de defensa de las víctimas a la etapa del juicio, excluyendo las demás etapas del proceso?.

La Corte declaró que la expresión ?durante el juicio? demandada, se encuentra de conformidad con la Constitución, en cuanto que la manifestación expresa de la ley sobre el derecho de las víctimas a tener representación judicial durante el juicio, ?debe entenderse sin perjuicio de que designen representante judicial en otras fases del proceso.? nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-370-06
V.6.7. Las víctimas tienen derecho a que se les facilite el aporte de pruebas, se les informe sobre la decisión definitiva sobre la persecución penal, a participar y conocer las actuaciones procesales anteriores a esta decisión y a intervenir en el proceso

Se demandaron las expresiones ?facilite? del numeral 38.4 del artículo 37 y ?definitiva? del numeral 38.6 del mismo artículo de la Ley 975 de 2005 ?por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios?, en relación respectivamente con el derecho de las víctima para aportar pruebas y a ser informada sobre la decisión respecto de la persecución penal y los recursos, en cuanto los demandantes consideraron, en el primer caso, que tal expresión convierte en indeterminada y discrecional la obligación del Estado de garantizar el derecho de las víctimas a participar en el proceso judicial y en el segundo, en cuanto que la víctima no podría acceder a los documentos dentro el proceso judicial, sino una vez el caso sea definitivo, impidiendo su actuación hasta tanto no exista decisión en firme. La Corte Constitucional declaró las expresiones "facilite? y ?definitiva? demandadas compatibles con la Constitución.

Las disposiciones que señalan que las víctimas tendrán derecho a que se les facilite el aporte de pruebas y a ser informada la decisión definitiva, respecto de la persecución penal, no puede, en el primer caso como limitación de su derecho a intervenir en el proceso ni como exclusión a participar y conocer las actuaciones del proceso antes de la decisión definitiva. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-575-06
V.7. Derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la protección especial a la integridad y la seguridad

V.7.1. El estado debe asegurar el goce efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación, no repetición y al debido proceso

Se demandaron la expresión ? promover? que aparecen en los artículos 4° y 7° de la Ley 975 de 2005 ?por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios?, con relación respectivamente al derecho a la verdad, la justicia y la reparación y el debido proceso y el derecho a la verdad, porque se considero que tal expresión puede entenderse como una posibilidad ?indeterminada? y ?discrecional? frente a la obligación respecto de esos derechos de las víctimas, por lo tanto se solicitó la exequibilidad condicionada del término ?en el entendido, que la misma no puede ser aducida para no garantizar debidamente los derechos de las víctimas de graves violaciones a los DDHH, crímenes de lesa humanidad y de guerra.?

La Corte Constitucional declaró conforme a la Constitución Política de 1991, la expresión ?promover? contenida en los artículos 4° y 7° de la ley 975/ 05, en relación con la obligación frente a los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, la reparación y al debido proceso, porque: 1° Etimológicamente tal expresión ?no excluye que se asegure la realización de los derechos que en este caso se encuentran comprometidos?, 2- La disposición acusada se encuentra dentro de un contexto normativo en que se busca garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación ?Art. 1° de la Ley 975/05 y cuya interpretación deben atender los tratados internacionales ratificados por Colombia ?inciso 2°, art. 2° de la Ley 975/05 y 3°. La colaboración con la justicia para el beneficio de la alternatividad del artículo 3° de la ley 975/05, ?debe estar encaminada a lograr el goce efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición?,- Sentencia C-370/06. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-575-06
V.7.2. Las víctimas tienen derecho desde la iniciación del expediente a acceder directamente a el para ejercer los derechos a la verdad, justicia y reparación

Se demandó la frase ?y en los mismos términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal? del numeral 38.5 del artículo 37 de la Ley 975 de 2005 ?por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios?, relacionada con los derechos de las víctimas y particularmente al derecho a la información. Se pretendió con la demanda, que la remisión al Código de Procedimiento Pena, ?debe ser entendida como remisión a la ley 600 de 2000, y conforme al alcance que la sentencia C-228 de 2002 de la Corte le dio al derecho de acceso a la justicia por parte de las víctimas.?

La Corte al declarar compatible con la Constitución Política la frase y en los mismos términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal del numeral 38.5 del artículo 37 de la Ley 975 de 2005, lo hizo en el entendido que la remisión que hace la disposición demandada se refiere al ?acceso al expediente y el aporte de pruebas por el perjudicado? del artículo 30 de la Ley 600 de 2000, interpretado de conformidad con la sentencia C-228 de 2002, según la cual la víctima o los perjudicados pueden acceder al expediente de manera directa desde su inicio para que puedan ejercer sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. nota 1

  1. Corte Constitucionl, Sentencia C-370-06
V.7.3. La garantía de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación se hace extensiva a los integrantes de las parejas del mismo sexo

Al resolver una demanda de inconstitucionalidad contra distintas distintas de la Ley 975 de 2005 y otras de otros ordenamientos, en la que se plantea, de manera general, la necesidad de establecer, en primer lugar, si, en relación con cada una de las disposiciones demandadas, la situación de las parejas heterosexuales y homosexuales es asimilable, caso en el cual, en el evento en el que la diferencia de trato que resulta del carácter restrictivo que, en general, tienen las expresiones "compañero o compañera permanente", carezca de justificación, se presenta una violación del principio de igualdad, y, en segundo lugar, si tales disposiciones, al no incluir en sus supuestos a los integrantes de las parejas homosexuales dan lugar a un déficit de protección contrario a la Constitución, la Corte expresó indicó:

En estricto sentido, la expresión "parientes" no se extiende a los cónyuges y compañeros permanentes, y, por consiguiente, no puede derivarse de ella un efecto excluyente en relación con los integrantes de las parejas del mismo sexo, quienes de hecho, y con el alcance que se ha fijado en esta sentencia, tienen, en los supuestos de la Ley 975 de 2005, el carácter de víctimas, en los términos de su artículo 5º. Sin embargo, de una lectura sistemática de la ley, se desprende que también los cónyuges y compañeros permanentes pueden, en determinadas circunstancias, encontrarse comprendidos entre los titulares de los derechos previstos en los artículos 47, 48 y 58 de la ley y, por consiguiente, en relación con lo dispuesto en ellos, caben las mismas consideraciones que se han hecho en relación con las expresiones compañero y compañera permanente acusadas en este acápite. Por consiguiente, se declarará la exequibilidad de dichos artículos, en el entendido de que, cuando corresponda, sus previsiones se aplican también al cónyuge, compañero o compañera permanente y, en las mismas condiciones, a los integrantes de las parejas del mismo sexo. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-029-09
V.7.4. La reserva de las diligencias de versión libre en los proceso de justicia y paz impuesta a las víctimas que asisten a tal diligencia y la limitación a los medios de comunicación para transmitirla en directo no vulneran los derechos a la información, la verdad, justicia y a la reparación de las víctimas de los delitos cometidos por paramilitares desmovilizados en virtud de la ley 975 de 2005

Se interpuso acción de tutela contra la Fiscalía General de la Nación para que se ampararán sus derechos de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la libertad de expresión y a la verdad, justicia y reparación, en relación a situaciones normadas sobre las diligencias de versión libre frente a las víctimas de delitos cometidos por los paramilitares desmovilizados en aplicación de la Ley 975 de 2005. Los demandantes sostienen que la reglamentación de la participación de las víctimas en las diligencias de versión libre limitan su posibilidad de ejercer de manera eficiente y adecuada sus derechos a la verdad, justicia y reparación, en tanto que las Resoluciones 0387 de 2007 y 3398 de 2006 expedidas por el Fiscal General de la Nación y en el Decreto 315 de 2007 del Ministro del Interior y de Justicia, someten a reserva las audiencias de versión libre, lo que impide la reproducción de las actas en donde consta dichas diligencias y en cuanto señala que las víctimas deben ubicarse en las salas destinadas a los versionados (artículos 4º a 9º de la Resolución 387 de 2007. Con estos argumentos, solicitan que se inapliquen esas disposiciones y se ordene la transmisión de las diligencias por radio, televisión e internet.

Surtido en trámite de la acción fue negado el amparo de los derechos invocados como vulnerados por los jueces que conocieron del fallo, tanto en primera como en segunda instancia. La Corte Constitucional negó el amparo solicitado y por ende confirmó los fallos revisados.

La Corte Constitucional al negar la tutela de los derechos a la información, a la verdad, justicia y a la reparación de las víctimas de los delitos por paramilitares desmovilizados en virtud de la Ley 975 de 2005 por la reserva de las diligencias de versión libre y las restricciones de información de estas diligencias, tuvo en cuenta que: 1- Las víctimas tienen garantizado el derecho a conocer la versión libre de los desmovilizados, de conformidad con las disposiciones analizadas, mediante su asistencia a las diligencias o por el acceso a las copias de la misma, 2- La publicidad de la diligencia de versión libre en los medios de comunicación está limitada por el principio legal de reserva de esas diligencias y constitucionalmente porque, ?de un lado, es propio del esquema diseñado por el constituyente para el sistema penal acusatorio y, de otro, busca garantizar la efectividad de la indagación de lo ocurrido y verificación de lo informado por el desmovilizado?; 3- ?No existe obligación legal ni constitucional que imponga el deber de ubicar a las víctimas y a los desmovilizados en un mismo recinto. Por el contrario, se considera que ésta es una medida razonable para garantizar la eficacia de la investigación penal y proteger los derechos a la intimidad y a la vida de las víctimas?; 4- ?El control ciudadano respecto de la eficacia de la justicia y el deber del Estado de sancionar los delitos de lesa humanidad no puede efectuarse en la versión libre del desmovilizado, pues esta etapa tan sólo constituye el inicio de la averiguación de lo ocurrido y el objeto de verificación por parte del Estado; y 5 ?El principio de publicidad está limitado en el proceso penal y sólo es exigible en su integridad cuando se trata de informar los resultados finales del proceso.

La Corte señaló que la pretensión de los tutelantes para que se ordené la transmisión en directo por medios masivos de comunicación de las diligencias de versión libre rendidas por los desmovilizados por la Ley 975 de 2005, no se puede acoger además de las anteriores razones porque los demandantes no demostraron que se les hubiere impedido acudir a las diligencias de versión libre y tampoco demostraron que la restricción de la transmisión en directo de las diligencias por radio, televisión e Internet, violaran sus derechos y no los derechos de la comunidad, a quienes iría dirigida la transmisión. En este último caso, señaló que ?la defensa de los intereses difusos y de la sociedad en general debe acres por medio de la acción popular?. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-049-08
V.7.5. La difusión pública y completa de la verdad judicial y las medidas relacionadas con el acceso a los archivos de la memoria histórica de la verdad dentro del proceso de reconciliación nacional, tiene solamente la reserva establecida por otras leyes de tal manera que se garanticen los derechos de las víctimas y los derechos a la vida, la integridad o la seguridad de personas que han colaborado con la justicia en términos de la legislación ordinaria vigente sobre protección de víctimas y testigos

Se demandaron como contraria a la Constitución, las expresiones ?más daños innecesarios? y ?otras personas? del numeral 49.1 del artículo 48 y del inciso tercero del artículo 58 de la Ley 975 de 2005 ?por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios?, como limitación, en el primero de los artículos demandados parcialmente, a la difusión pública de la verdad judicial dentro del proceso de reconciliación nacional y en relación con las medidas, en el segundo de los artículos demandados parcialmente, que se deben adoptar para el acceso a los archivos que contengan la historia de las causas, desarrollo y consecuencias de la acción de los grupos armados al margen de la ley. La demanda así planteada se fundamenta en que una de las interpretaciones de las restricciones a la difusión de la verdad y al acceso a lo archivos es inconstitucional, sí se entiende que en otras personas pueden incluirse por ejemplo a los combatientes desmovilizados o a quienes los apoyaron, porque ello constituye ?negación del derecho a la verdad de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de infracciones al derecho internacional humanitario?.

La Corte Constitucional declaró compatible con la Constitución las expresiones ?otras personas? y ?más daños innecesarios? del numeral 49.1 del artículo 48 de la Ley 975 de 2005 y las expresiones ?más daños innecesarios? y ?otras personas? del inciso tercero del artículo 58 de la misma Ley, en tanto que la ?única interpretación adecuada de estas disposiciones es aquella según la cual se admite la reserva de cierta información, pero en los términos en los cuales las leyes específicas sobre el tema lo establecen, de forma tal que se garanticen los derechos de las víctimas y los derechos a la vida, la integridad o la seguridad de personas que han colaborado con la justicia en términos de la legislación ordinaria vigente sobre protección de víctimas y testigos.? nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-370-06
V.7.6. Todas las personas tienen el derecho de acceder a los archivos, dentro del marco de la ley de reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, relacionado con el conocimiento de la memoria histórica sobre las causas, desarrollos y consecuencias de las acciones de estos grupos, salvo la reserva judicial que establecen las normas vigentes para proteger la vida y la seguridad de los testigos

Se demandó las expresión?y de sus parientes? contenidas en el inciso 1° del artículo 58 de la Ley 975 de 2005 ?por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios?, relacionadas con el acceso a los archivos, porque los demandantes argumentaron que establecer que el acceso a los archivos debe estar en consideración a los intereses de las víctimas y sus parientes vulnera el derecho a la verdad porque en casos de graves violaciones a los derechos humanos no se puede limitar a los parientes de las víctimas sino que de acuerdo cada caso concreto tal derecho puede estar en cabeza de varios actores y de la sociedad en general. La Corte Constitucional declaró compatible con la Carta Política la expresión demandada.

La disposición según la cual se debe facilitar el acceso a los archivos en interés de las víctimas y parientes -término demandado- con el objetivo de que puedan hacer valer sus derechos, ?no puede entenderse como negación del derecho de todas las personas a acceder a ellos?, puesto que respecto de estos derechos no existe ninguna reserva más allá ?de la que establecen las normas vigentes sobre reserva judicial para proteger la vida y la seguridad de los testigos?. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-575-06
V.7.7. La sociedad y otras víctimas tienen el derecho a conocer la verdad sobre las investigaciones y procesos judiciales contra los miembros de grupos armados al margen de la ley y sobre el paradero de las personas secuestradas o desaparecidas

Se demandaron las expresiones ?informar a sus familiares lo pertinente? y ?sobre los hechos objeto de investigación? y ?a los familiares? contenidas en los artículo 7° y 15 ?incisos primero y tercero de la Ley 975 de 2005 ?por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios?-, relacionadas respectivamente con la información sobre las investigaciones y procesos judiciales a los familiares de las víctimas dentro del derecho a la verdad y sobre el esclarecimiento de la verdad y la información que la policía judicial realizará a los familiares sobre los resultados obtenidos de la investigación sobre el paradero de personas secuestradas o desaparecida, en cuanto consideran los demandantes que en el primer caso se restringe el concepto de víctima y se deja a las autoridades determinar que es lo pertinente y que no; en el segundo, porque se restringen el derecho a la verdad a lo sucedido para el caso concreto, desconociéndose con ello que el derecho a la verdad de la víctima y la sociedad se cumple cuando se tenga conocimiento de los factores que condujeron al hecho punible y en el tercero se excluyeron otros sujetos y a la sociedad en general de conocer la verdad. La Corte Constitucional declaró compatible con la Carta Política las expresiones demandadas.

La Corte Constitucional constató que con las expresiones acusada no puede entenderse que con ellas se vulnera o se limita el derecho de las victimas o de la sociedad al conocimiento de la verdad.

En este contexto, cuando la ley menciona a las víctimas y sus familiares respecto del conocimiento de la suerte de los desaparecidos o secuestrados, no se establece ninguna restricción respecto de otras víctimas frente al derecho de la verdad o de la sociedad a conocer dicha verdad, sino que con ello el legislador enfatiza que los familiares de los secuestrados y desaparecidos serán los primeros destinatarios de la información que da cuenta de los mismos. Se debe tener en cuenta que el artículo 7 establece expresamente que la ?sociedad y en especial las víctimas tienen el derecho el derecho inalienable, pleno y efectivo de conocer la verdad sobre los delitos cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada.? nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-575-06
V.7.8. El acceso público a los registros de casos ejecutoriados no puede vulnerar ni limitar el derecho a la verdad ni el derecho de la víctima al acceso al expediente

Se demandó las expresión?ejecutoriados? contenidas en el inciso 2° del artículo 32 de la Ley 975 de 2005 ?por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios?, relacionadas con el acceso al público de casos ejecutoriados, porque los demandantes consideraron que restringir el acceso a los casos ejecutoriados vulnera el derecho a la verdad, ?en la medida en que el deber de garantizar el derecho a la verdad se cumple cuando el Estado permite y facilita eficazmente que las víctimas accedan a la documentación recopilada durante el proceso judicial?. La Corte Constitucional declaró compatible con la Carta Política la expresión demandada .

La mención sobre el acceso a los registros de casos ejecutoriados no puede entenderse como vulneración o limitación del derecho de las víctimas o de la sociedad para conocer la verdad de los hechos, sino que debe entenderse ?en un sentido que concilia las necesidades del proceso penal y la reserva que en el existe con el derecho de todos a conocer la verdad una vez producida la sentencia?. Sin que tampoco signifique la ?negación de los derechos de las victimas al acceso al expediente??. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-575-06
V.7.9. La protección especial de la intimidad y la garantía de seguridad de las víctimas, sus familiares y de los testigos, requiere de la amenaza a estos derechos; del consentimiento expreso del sujeto protegido y no puede entenderse como excusa o limitación para el estado de no garantizar la protección efectiva de los derechos de las víctimas

Se demandó la expresión ?cuando quieran que resulten amenazadas?, del numeral 38.2 del artículo 37 Ley 975 de 2005 ?por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios?, relacionado con la protección de la intimidad y seguridad de la víctima, sus familiares y de los testigos a favor, en cuanto que los actores consideraron que tal expresión constituye un requisito adicional a la obligación general del Estado de protección a las víctimas del conflicto, independientemente de que resulten o no amenazadas. La Corte declaró que dicha expresión es compatible con la a Constitución

Las expresiones demandas deben ser interpretadas desde la perspectiva de la protección efectiva de los derechos de las víctimas y nunca como limitación o excusa para Estado de no garantizarlos. La protección especial de la que trata el numeral de la expresión demandada, debe darse siempre con el consentimiento de la personas protegida -incorporación a un programa especial de protección- y cuando la intimidad y la seguridad se encuentra amenazados. nota 1

  1. Corte Constituional, Sentencia C-575-06
V.8. Derechos de las víctimas a la reparación, bienes y medidas cautelares

V.8.1. A las organizaciones sociales de asistencia a las víctimas no se les puede trasladar la obligación estatal de garantizar el derecho de las víctimas a la reparación

Se demandó como contraria a la Constitución, la expresión ?asistencia? del artículo 36 de la Ley 975 de 2005 ?por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios?, relacionadas con la función de la Procuraduría General de la Nación respecto de la participación de las organizaciones sociales de asistencia a las víctimas, en cuanto consideraron que la esa expresión vulnera el derecho fundamental de las víctimas a la reparación, trasladando esa obligación estatal a los particulares. La Cote Constitucional declaró compatible con la Constitución la expresión ?asistencia? del artículo 36 señalado.

En cuanto al supuesto traslado de la obligación de reparar hacia las organizaciones sociales, la Ley 975 de 2005 establece el deber general de reparar y expresas competencia en el mismo sentido para el Fondo para la reparación de las víctimas y la Red de Solidaridad. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-575-06
V.8.2. El fondo para la reparación de las víctimas está integrado por todos los bienes o recursos entregados por las personas o grupos armados al margen de la ley, los recursos provenientes del presupuesto nacional y por donaciones al fondo, nacionales o extranjeras, en el entendido que los miembros de estos grupos responderán con su propio patrimonio para indemnizar a las víctimas por sus propios actos y solidariamente por los daños ocasionados por otros miembros del grupo

Se demandó la expresión ?por todos los bienes o recursos que a cualquier título se entreguen por las personas o grupos armados organizados ilegales a que se refiere la presente ley?, del inciso 2° del artículo 54 la Ley 975 de 2005, en tanto que vulneran el derecho a la restitución, componente del derecho a la reparación, porque los bienes usurpados violentamente no se restituyen a quienes tenían esos derechos, sino que ingresan al Fondo de Reparación de Víctimas.

La Corte Constitucional declaró compatible con la Constitución la expresión demandada, relacionado con la integración del Fondo para la reparación de las víctimas, ?en el entendido que todos y cada uno de los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, responden con su propio patrimonio para indemnizar a cada una de las víctima de los actos violatorios de la ley penal por los que fueren condenados; y también responderán solidariamente por los daños ocasionados a las victimas por otros miembros del grupo armado específico al cual pertenecieron?. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-370-06
V.8.3. El autor o participe del delito debe a la víctima una pronta e integral reparación por los daños causados con la conducta delictiva ?en el entendido que todos y cada uno de los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, responden con su propio patrimonio para indemnizar a cada una de las víctimas de los actos violatorios de la ley penal por los que fueren condenados; y también responderán solidariamente por los daños ocasionados a las víctimas por otros miembros del grupo armado al cual pertenecieron?. al estado le corresponde una responsabilidad subsidiaria cuando los bienes de los autores o partícipes y los de los miembros de los grupos al que pertenecen sean insuficientes

Se demandó las expresión ?a cargo del autor o partícipe del delito? contenida en el numeral 38.3 del artículo 37 de la Ley 975 de 2005 ?por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios?, en relación con el derecho de la víctima a una pronta e integral reparación de los daños sufridos, porque tal expresión se vulnera el derecho a la reparación integral de las víctimas, en la medida en que tal garantía está siempre en cabeza del Estado ?independientemente de si los autores directos de la violación a los DDHH se les obliga a reparar mediante una sentencia judicial??. La Corte Constitucional declaró que la expresión demandada es compatible con la Constitución de manera condicionada.

Las víctimas tienen derecho a una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o participe del delito, ?en el entendido que todos y cada uno de los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, responden con su propio patrimonio para indemnizar a cada una de las víctimas de los actos violatorios de la ley penal por los que fueren condenados; y también responderán solidariamente por los daños ocasionados a las víctimas por otros miembros del grupo armado al cual pertenecieron; y que al Estado corresponde una responsabilidad subsidiaria en el caso en que los bienes de los autores o partícipes y los de los miembros de los grupos a que ellos pertenecen no resulten suficientes.? nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-575-06
V.8.4. Los bienes que deben ser entregados por los miembros de grupos armados al margen de la ley, como acto de reparación integral, está constituido por el conjunto de bienes de sus patrimonios

Se demandó las expresión ?ilícitamente? contenida en el numeral 45.1 del artículo 44 de la Ley 975 de 2005 ?por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios?, respecto de los bienes que se entregan al Estado como acto de reparación, porque los demandantes argumentaron que tal expresión vulnera el derecho de las víctimas a la reparación integral, al restringir el patrimonio destinado para tal fin. La Corte Constitucional declaró contrario a la Carta Política la expresión ?obtenido ilícitamente" de la norma arriba citada.

Se vulnera el derecho de las víctimas a la reparación integral cuando como acto de reparación se tiene la entrega de los bienes obtenidos ilícitamente y no al conjunto de bienes que constituyen el patrimonio del beneficiario de la Ley, es decir, de quienes tiene que responder de la indemnización a las víctimas por los daños ocasionados. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-575-06
V.8.5. La liquidación y pago de indemnizaciones judiciales para la reparación de las víctimas no puede estar condicionado a los límites sobre disponibilidad de recursos en el presupuesto nacional

Se demandó aparte del numeral 56.1 de artículo 55 de la Ley 975 de 2005, sobre la función de la Red de Solidaridad Social, a través del Fondo de reparación de ?liquidar y pagar las indemnizaciones judiciales dentro de los límites autorizados por el presupuesto nacional?, en tanto que la consideraron violatoria del derechos de la víctimas a la reparación.

La Corte Constitucional declaró contraria a la Constitución la expresión ?dentro de los límites autorizados en el presupuesto nacional?, del numeral y normas citada, porque constituye ?una afectación desproporcionada del derecho de las víctimas a la reparación que violenta las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado colombiano?. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-370-06
V.8.6. Las medidas cautelares sobre los bienes de los desmovilizados para garantizar la reparación integral a las víctimas recae también sobre sus bienes lícitos

Se demandó la inconstitucionalidad de las expresiones ?de procedencia ilícita?, contenidas en el numeral 4, artículo 13 e inciso 2° del artículo 18 de la Ley 975 de 2005, relacionados respectivamente con las medidas cautelares sobre bienes de esta procedencia y los bienes sobre los cuales el fiscal solicitará las medidas cautelares.

La Corte Constitucional declaró contrario a la Constitución Política las expresiones ?de procedencia ilícita? de las normas citadas ?numeral 4, artículo 13 e inciso 2° del artículo 18 de la Ley 975 de 2005 ?por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios?- , relacionados respectivamente con las medidas cautelares sobre bienes de esta procedencia y los bienes sobre los cuales el fiscal solicitará las medidas cautelares en la audiencia preliminar para la formulación de imputación , porque se disminuye la efectividad de la acción estatal dirigida a la reparación integral de las víctimas al impedirse que las medidas cautelares puedan recaer sobre los bienes lícitos de los desmovilizados. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-370-06
V.8.7. Las expresiones legales ambiguas que puedan dar lugar al ocultamiento de bienes, van en detrimento de la obligación de reparar a las víctimas y por lo tanto son contrarias a la constitución

Se demandaron las expresiones ?cuando se disponga de ellos?, ?si los tuvieren? y ?de ser posible?, relacionados con al entrega de bienes por parte de los desmovilizados para la reparación a las víctimas y restitución, respectivamente en el numeral 11.5 del artículo 11, el inciso 2° del artículo 17 y el artículo 46 de la Ley 875 de 2005, en tanto vulneran el derecho a la reparación de las victimas.

La Corte Constitucional declaró incompatible con la Constitución las expresiones demanda?, porque tales apartes, por su ambigüedad, pueden permitir la ocultación de bienes, lo que iría en detrimento de la obligación de reparar a las víctimas, establecidas en la Constitución, las normas civiles y los tratados internacionales.

Dentro del mismo contexto, la Corte declaró contrario a la Constitución la expresión ?si los tuviese?, referida a los bienes que el desmovilizado debe proveer al fondo para la reparación de las víctimas para tener derecho al beneficio de libertad a prueba ?inciso 2° del artículo 44 de la Ley 975 de 2005-, por tener el mismo contenido normativo de las anteriores expresiones declaradas aquí inexequibles. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-370-06
V.8.8. La expresión ?de conformidad con el presupuesto del fondo para la reparación de las víctimas?, para efectos de la atención médica y psicológica como medidas de rehabilitación busca armonizarlo con la noción de víctima, incluidos otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de las conductas delictivas cometidas por miembros de grupos armados al margen de la ley

Se demandó la expresión ?de conformidad con el Presupuesto del Fondo para la Reparación de las Víctimas? ? inciso primero del artículo 47 de la Ley 975 de 2005, dentro del contexto de las medidas de rehabilitación de atención médica y psicológica para las víctimas, en tanto consideraron que dicha expresión ?constituye una afectación del derecho a la reparación, por cuanto sujeta la efectividad de ésta a que existan recursos suficientes en dicho presupuesto?.

La Corte Constitucional declaró compatible con la Constitución la expresión demandada, por cuanto dicha expresión no limita el alcance de la rehabilitación, sino que su objetivo es el de armonizar el presupuesto del Fondo con el alcance de la noción de víctima, en el entendido que en la definición de víctima no se excluye a ?otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de las conductas delictivas cometidas por miembros de grupos armados al margen de la ley. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-370-06
V.9. Aspectos procesales

V.9.1. Es procedente poner al desmovilizado a disposición del magistrado con función de garantías y solicitar la audiencia de imputación de cargos cuando el fiscal hubiere desarrollado a cabalidad el plan metodológico

Se demandó la expresión "dentro de las treinta y seis (36) horas" del inciso final del artículo 17 Ley 975 de 2005 'por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios', sobre la versión libre y confesión, con el fundamento de que el plazo de 36 horas señalado para que el Fiscal formule imputación de los hechos no garantiza un recurso efectivo para garantizar la adecuada y completa investigación de los hechos por los tiempos tan cortos que contempla.

La Corte decidió incluir junto con la expresión demandada, todo el último inciso del mismo artículo 17.

La Corte Constitucional declaró de conformidad con la Constitución la expresión ?dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes señalará y realizará audiencia de formulación de imputación? del inciso tercero del artículo 17 de la Ley 975 de 2005, siempre que se entienda que poner a disposición al desmovilizado confeso a órdenes del magistrado que ejerce la función de control de garantías y solicitar la audiencia de imputación de cargos, procede cuando el fiscal asignado a la investigación halla desarrollado a cabalidad el programa metodológico, como lo dispone el mismo inciso tercero y de conformidad con el artículo 207 de la Ley 906 de 2004 ?por la cual se expide el código de procedimiento penal? , según el cual el fiscal encargado de la investigación ?con apoyo de los integrantes de la policía judicial- trazará un programa metodológico de la investigación y en desarrollo de dicho programa ?ordenará la realización de todas las actividades que no impliquen restricción de los derechos fundamentales y que sean conducentes al esclarecimiento de los hechos, al descubrimiento los elementos materiales probatorios y evidencia física, a la individualización de los autores o partícipes del delito, a la evaluación y cuantificación de los daños causados y a la asistencia y protección de las víctimas?.

Dentro de este contexto, al analizar la frase ?el desmovilizado se dejará inmediatamente a disposición del magistrado que ejerza la función de control de garantías?, del inciso final del artículo 17 señalado, la Corte declaró contrario a la constitución la palabra ?inmediatamente?, porque dicha expresión le fija al fiscal un término que reduce de forma excesiva la posibilidad de investigar el caso antes de la audiencia de formulación de imputación, lo que afecta de manera ostensible el derecho de las víctimas a la justicia y ? torna irrealizable el deber del Estado de investigar los hechos?. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-370-06
V.9.2. La unidad nacional de fiscalía para la justicia y la paz tiene un plazo de 60 días, a partir de la audiencia de formulación de imputación, para investigar y verificar los hechos admitidos por el imputado y todos los demás de que tenga conocimiento dentro de su competencia

Se demandó la expresión ?y dentro de los sesenta (60) días siguientes? del inciso tercero del artículo 18 de la Ley 975 de 2005 ?por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios?, en cuanto se establece ese término a la Unidad Nacional de Fiscalía para que adelante las labores de investigación de los hechos admitidos por el imputado y los demás de los que tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia, con el fundamento de que dicho término no es suficiente para adelantar una investigación sería y garantizar el recurso efectivo dirigido al esclarecimiento de la verdad y realización de la justicia.

La Corte al declarar compatible con la Constitución las expresiones demandadas tuvo en cuenta que tal medida se inserta dentro del propósito de la investigación para la búsqueda de la paz y no constituye una afectación desproporcionada al derecho a la justicia y búsqueda de la verdad, porque este plazo de 60 días se tiene después de que se haya efectuado la audiencia de formulación de imputación y el programa metodológico de investigación, lo que implica que el fiscal ha contado con el tiempo para presentar su caso, máxime si se tiene en cuenta que la expresión ?inmediatamente? del artículo 17 de la misma Ley fue declarada contraria a la constitución. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-370-06
V.9.3. Le corresponde al magistrado de la sala penal del tribunal del distrito judicial verificar, para efectos del examen de aceptación de cargos, que la calificación jurídica correspondan con los hechos que obran en el expediente

Se demandó la expresión ?y dentro de los sesenta (60) días siguientes? del inciso tercero del artículo 18 de la Ley 975 de 2005 ?por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios?, en cuanto se establece ese término a la Unidad Nacional de Fiscalía para que adelante las labores de investigación de los hechos admitidos por el imputado y los demás de los que tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia, con el fundamento de que dicho término no es suficiente para adelantar una investigación sería y garantizar el recurso efectivo dirigido al esclarecimiento de la verdad y realización de la justicia.

La Corte al declarar compatible con la Constitución las expresiones demandadas tuvo en cuenta que tal medida se inserta dentro del propósito de la investigación para la búsqueda de la paz y no constituye una afectación desproporcionada al derecho a la justicia y búsqueda de la verdad, porque este plazo de 60 días se tiene después de que se haya efectuado la audiencia de formulación de imputación y el programa metodológico de investigación, lo que implica que el fiscal ha contado con el tiempo para presentar su caso, máxime si se tiene en cuenta que la expresión ?inmediatamente? del artículo 17 de la misma Ley fue declarada contraria a la constitución. nota 1En el contexto del análisis sobre la participación de las víctimas en las diligencias de versión libre, audiencia de formulación de imputación y en la de formulación de cargos, la Corte Constitucional declaró compatible con la Constitución la expresión ?de hallarse conforme a derecho? del inciso tercero del artículo 19 de la Ley 975 de 2005, relacionada con el control de la Sala del Tribunal de Distrito Judicial correspondiente, en el entendido que el magistrado debe controlar que la calificación jurídica ?nomem juris- , como parte integrante a los derechos de verdad y justicia de las víctimas, corresponda a los hechos que obran en el expediente.

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-370-06
V.9.4. En los casos previstos en la ley 975 de 2005 no podrá haber conflicto o colisión de competencias entre los tribunales superiores de distrito que conozcan dichos casos y cualquiera otra autoridad judicial

Se demandó la inconstitucionalidad del inciso final del artículo 16 de la Ley 975 de 2005 ?por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios?, sobre la prohibición de conflicto o colisión de competencias entre tribunales superiores de distrito judicial competente para conocer del juzgamiento de los procesos de personas vinculadas a grupos al margen de la ley, desmovilizados y que contribuyan a la reconciliación nacional y cualquiera otra autoridad judicial, porque consideraron los demandantes, que con ello se desconocen las competencias establecidas por la Constitución a la Corte Suprema de Justicia y no se tendría acceso al ?mecanismo que históricamente ha sido usado por las víctimas de violaciones a los derechos humanos para garantizar la imparcialidad y autonomía judicial.? La Corte Constitucional declaro compatible con al Carta Política el inciso final del artículo 16 de la Ley 975 de 2005.

En relación con los conflictos de competencia, la Corte Suprema de Justicia no tiene la función constitucional de resolverlos en la justicia ordinaria, sino que esa es una función de carácter legal y ?que los conflictos de competencia no se promueven, establecen ni deciden para garantizar la imparcialidad de los funcionarios que administran justicia, pues para tal efecto existe la figura de los impedimentos y las recusaciones. Por el contrario, mediante la colisión de competencia se busca garantizar el juzgamiento por el funcionario competente en los términos previstos en el artículo 29 constitucional. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-575-06
V.10. Régimen de privación de la libertad

V.10.1. Para efectos de la ejecución de la pena alternativa no se computará el tiempo que los miembros de grupos armados al margen de la ley vinculados al proceso de reincorporación colectiva a la vida civil hubieren permanecido en las zonas de concentración decretadas por el gobierno nacional

Se demandó el artículo 31 de la Ley 975 de 2005, ?por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios, relacionado con el tiempo de permanencia en las zonas de concentración, al considerarse que es inconstitucional el cumplimiento de parte de la pena en esas zonas.

La Corte Constitucional declaró contrario con la Constitución Política el artículo 31 de la Ley 975 de 2005, que ordenaba computar como tiempo de ejecución de la pena alternativa, sin exceder de 18 meses, el que hubieren permanecido los miembros de grupos armados al margen de la ley vinculados al proceso de reincorporación colectiva a la vida civil, en las zonas de concentración decretadas por el Gobierno Nacional, porque tal permanencia en dichas zonas no constituyen el cumplimiento de una pena ni se puede equiparar a dicho cumplimiento. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-370-06
V.10.2. Los establecimientos de reclusión en donde deban permanecer y cumplir la pena alternativa los miembros de grupos organizados al margen de la ley que se reincorporen a la vida civil, están sujetos a todas las normas jurídicas sobre control penitenciario

La Corte Constitucional al estudiar la demanda de inconstitucionalidad del artículo 31 de la Ley 975 de 2005, integró normativamente a este estudio el artículo 30 de la misma Ley, relacionado con los establecimientos de reclusión.

En ese contexto, la Corte constitucional declaró conforme a la Constitución el inciso 2° del artículo 30 de la Ley 975 de 2005, en el que se señala que ?los establecimientos de reclusión deben reunir condiciones de seguridad y austeridad propios de los establecimientos administrados por el INPEC?, en tanto que tales establecimientos quedan sujetos integralmente a las normas jurídicas sobre control penitenciario. Lo anterior porque la norma analizada encubre una sustracción del control de las autoridades penitenciarias en estos sitios de reclusión y desde la dimensión colectiva del derecho de la víctima a la justicia, ?podría verse también afectado por la percepción de impunidad que se deriva de adicionar a las significativos beneficios que en materia punitiva consagra la ley, otros beneficios en la ejecución de la pena que la desvirtúan por completo.?

Como consecuencia de la declaración de inexequibilidad, del artículo 31, la Corte también declaró incompatible con la Constitución la expresión ?en uno de los establecimientos de reclusión determinados por el Gobierno Nacional de acuerdo con el artículo 31 de la presente ley?, establecido en el artículo 17 de la Ley 975/05. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-370-06
V.10.3. La determinación del establecimiento de reclusión en donde deban cumplir la pena los desmovilizados condenados es un acto administrativo a cargo de gobierno nacional

Se demandó el artículo 30 de la Ley 975 de 2005, relacionado sobre la determinación por parte del Gobierno Nacional del establecimiento de reclusión en donde los desmovilizados condenados debe cumplirse la pena efectiva, en tanto que vulnera el principio de separación de poderes. La Corte Constitucional declaró exequible el aparte demandado.

La Corte consideró que no existe vulneración del principio de separación de poderes cuando la norma faculta al Gobierno Nacional para determinar el establecimiento de reclusión en donde los condenados cumplirán la pena , en tanto que que tal decisión no es corresponde a una función judicial, no es un actuación de administración de justicia y en cambio si corresponde con un acto propio de la función administrativa. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-575-06
V.11. Organismos de control

V.11.1. La asistencia de la defensoría del pueblo a las víctimas dentro de los procesos la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, transciende la ley 975 de 2005 y debe darse dentro del marco legal y de las posibilidades de las leyes que atañen a la propia institución

Dentro de la demanda parcial de la frase ?en el marco de la presente ley?, del inciso 2° del artículo 34 de la Ley 975 de 2005 ?por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios?, contexto en el cual la Defensoría del Pueblo habrá de asistir a las víctimas en el ejercicio de sus derechos, la Corte Constitucional declaró contrario a la Constitución la palabra ?presente?, porque tal término constituye una desproporcionada limitación de los derechos de las víctimas y una
severa restricción a la asistencia a las víctimas por parte de la Defensoría del Pueblo. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-370-06
V.11.2. La obligación según la cual la defensoría del pueblo asistirá a las víctimas en el ejercicio de sus derechos no puede entenderse como que se limita sus deberes para con las víctimas o se hacen menos vinculantes

Se demandó la expresión ?asistirá? del artículo 34 de la Ley 975 de 2005 ?por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios?, con relación a la obligación de la Defensoría del Pueblo respecto al ejercicio de los derechos de las víctimas. Para los demandantes tal expresión implica que la Ley haya establecido diferencias entre las funciones que se le asignan a la Defensoría del Pueblo frente a los imputados, acusados y condenados y las que se les asigna en relación con las víctimas, vulnerándose el derecho a la tutela efectiva de los derechos de los sujetos procesales.

La Corte declaró compatible con la Constitución la expresión ?asistirá? del artículo 34 de la Ley 975 de 2005, en relación con la obligación de la Defensoría del Pueblo con el ejercicio de los derechos de las víctimas, porque de las funciones constitucionales y legales de la Defensoría del Pueblo, entre las que se encuentran, la de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos; la de orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos y la de organizar y dirigir la defensoría pública, no puede entenderse que la expresión demandada implique que la norma que la contiene ?limite o haga menos vinculantes para dicha institución sus deberes para con las víctimas.? nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-575-06
V.11.3. La atribución de la procuraduría general de la nación de impulsar mecanismos de participación de las organizaciones sociales de asistencia a las víctimas no limita el derecho de las víctimas al derecho al acceso de la administración de justicia

Se demandó como contraria a la Constitución, la expresión ?impulsará? del artículo 36 de la Ley 975 de 2005 ?por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios?, relacionadas con la función de la Procuraduría General de la Nación respecto de la participación de las organizaciones sociales de asistencia a las víctimas, en cuanto consideraron que la esa expresión da a entender que la Procuraduría tiene una función de mero acompañamiento, de medio y no de resultado, desconociéndose la obligación de garantizar el acceso de las víctimas a los procesos judiciales es garantizar y no solamente impulsar dicho el acceso. La Cote Constitucional declaró compatible con la constitución la expresión ?impulsará? del artículo 36 señalado.

El derecho de las víctimas al acceso a la administración de justicia no está limitado por la disposición demandada en razón a las competencias de la Procuraduría General de la Nación de promover mecanismos para de las organizaciones sociales para la defensa de las víctimas y la participación debe entenderse sin perjuicio de las funciones que la Ley 975 de 2005 y la Constitución asignan a las instituciones que tiene competencias en la ejecución de la Ley. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-575-06
V.12. Recuso de casación

V.12.1. No procede recurso de casación contra las decisiones de segunda instancia en los procesos de la ley 975 de 2005

Se demandó la inconstitucionalidad de la expresión ?Contra la decisión de segunda instancia no procede recurso de casación?, del parágrafo 3° del artículo 26 de la Ley 975 de 2005 por considerarlo discriminatorio en caso de violaciones a los derechos humanos.

La Corte Constitucional declaró compatible con la Carta la prohibición contenido en la expresión demandada, en tanto señaló que: 1- no es apropiado para estos efectos hacer la comparación con el procedimiento ordinario, con naturaleza y finalidades diversas al procedimiento especial; 2- no existe vulneración de derechos y garantías procesales para los intervinientes ni imposibilita la materialización el derecho sustancial y 3- no hay extralimitación del legislador de su potestad de configuración en el diseño de los medios de impugnación frente ?al respeto de los derechos fundamentales, y particularmente del debido proceso?. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-370-06
V.13. Rebaja de penas

V.13.1. Por vicios en el procedimiento en su formación es incompatible con la carta política la norma de la ley 975 de 2005 que estableció la figura de la rebaja de pena en un décima parte

Se demandó la inconstitucionalidad de la expresión ?Contra la decisión de segunda instancia no procede recurso de casación?, del parágrafo 3° del artículo 26 de la Ley 975 de 2005 por considerarlo discriminatorio en caso de violaciones a los derechos humanos.

La Corte Constitucional declaró compatible con la Carta la prohibición contenido en la expresión demandada, en tanto señaló que: 1- no es apropiado para estos efectos hacer la comparación con el procedimiento ordinario, con naturaleza y finalidades diversas al procedimiento especial; 2- no existe vulneración de derechos y garantías procesales para los intervinientes ni imposibilita la materialización el derecho sustancial y 3- no hay extralimitación del legislador de su potestad de configuración en el diseño de los medios de impugnación frente ?al respeto de los derechos fundamentales, y particularmente del debido proceso?. nota 1Se demandó la constitucionalidad del artículo 70 de la Ley 975 de 2005, sobre rebaja de la pena por incumplimiento de las formalidades constitucionales para que fuera parte de una ley de la República.

La Corte Constitucional declaró esa norma demandada contraria a la Constitución por vicios de procedimiento en su formación.


  1. Corte Constitucional, Sentencia C-370-06
V.13.2. La rebaja de la décima parte de la pena que establecía el artículo 70 de la ley 975 de 2005, debe concederse cuando exista condena por sentencia ejecutoriada en vigencia de tal norma, así se solicite posteriormente a la declaratoria de inexequibilidad, siempre que cumpla con los demás requisitos para tasar la disminución de la pena

Dos condenados en procesos penales distintos, a penas desde los 32 a los 12 años de prisión interpusieron acción de tutela frente a la negativa a que se les concediera la rebaja del 10% establecida en el artículo 70 de la ley 975 de 2005, en tanto que consideraron que cumplían con los requisitos establecidos en la norma señalada. Las autoridades judiciales de primera y segunda instancia, al negar la aplicación de la redosificación de la pena, argumentaron que ?(i) la norma fue declarada inconstitucional y (ii) ninguno de los dos condenados reúne la totalidad de los requisitos necesarios para acceder a la rebaja de la pena.?

Interpuesta la respectiva acción de tutela y siendo en ambos casos negado el amparo de los derechos, la Corte Constitucional los revisó y les amparo sus derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad y la libertad personal; ordenó revocar las providencias que denegaron las acciones de tutela, dejar sin efectos los autos de las autoridades judiciales penales que negaron la aplicación de la rebaja de la pena contenida en el 70 de la ley 975 de 2005 y a los jueces de ejecución de penas y medias de seguridad, ?aplicar y tasar rebaja de pena consignada en el artículo 70 de la ley 975 de 2005, conforme a lo definido en esta sentencia?.

La Corte consideró que se incurre en un defecto sustantivo por desconocimiento del principio de favorabilidad penal, cuando el juez competente niega el beneficio de rebaja del 10% de la pena que se contemplaba en le artículo 70 de la Ley 975 de 2005, con fundamento en que la solicitud del beneficio se presentó después de la declaratoria de inxequibilidad de dicha norma, no obstante que la persona estuvo condenado por sentencia ejecutoriada durante su vigencia.

La Corte señaló ?...que de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para acceder a la rebaja no es necesario cumplir con la totalidad de los requisitos específicos sino que dichas variables constituyen una escala a partir de la cual el juez de ejecución de penas tasa la disminución punitiva. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-815-08. En el mismo sentido ver la Sentencia T-355-07
V.13.3. El otorgamiento de la rebaja de pena del artículo 70 de la ley 975 de 2005 puede ser medido y cuantificado, atendiendo el grado de cumplimiento de cada uno de los requisitos demostrados probatoriamente

El demandante condenado a la pena de por los delitos de homicidio agravado, tentativa agravada y otros, a una pena de prisión de 29 años, 4 meses y 10 días, solicitó en varias ocasiones la rebaja de penas del 10%, con fundamento en el artículo 70 de la ley por la ley 975 de 2005.

El juez de Ejecución de penas y medidas de seguridad denegó el beneficio, por cuanto no obstante que el condenado cumplía con los requisitos relacionados con los delitos y la conducta personal observada por el condenado para la obtención de la rebaja, no se acreditaron los relacionados con su obligación de no volver a delinquir, colaboración con la justicia y la reparación de las víctimas. La providencia que resolvió el recurso de apelación también denegó la solicitud, entre otras razones, en cuanto no aparece demostrada su colaboración con la justicia ni el pago de los daños y perjuicios ocasionados con el delito. En relación con la nueva solicitud, las autoridad judicial correspondiente denegó la solicitud, con fundamento en que ya existía pronunciamiento sobre el punto a decidir.

La acción de tutela interpuesta fue por el condenado fue negada en primera y segunda instancia.

En la sentencia de revisión la Corte Constitucional resolvió revocar las sentencias revisadas; tutelar el derecho fundamental al debido proceso; dejar sin efectos las providencias mediante las cuales se les negó el beneficio de la rebaja de penas y ordenó al Juez de Ejecución de penas y medidas de seguridad ? resolver la solicitud de tasación y reconocimiento del beneficio penal de que trataba el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, conforme a las consideraciones de esta sentencia.?

La Corte Constitucional al amparar el derecho fundamental al debido proceso estableció que al negársele al tutelante el beneficio de la rebaja de la del 10% de conformidad con el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, se incurrió en un defecto procedimental al irrespetar las formas legales del juicio, en tanto que el juez negó en su integridad el beneficio, cuando su deber era de tasar, es decir medir o cuantificar el beneficio con fundamento con las pruebas existentes.

De lo expuesto por la Corte se puede señalar que la rebaja del 10% de la pena establecida en el artículo 70 de la Ley 975 de 2005 debe ser entendida en el sentido de que el juez de ejecución de penas, ?puede constatar el grado de cumplimiento de cada uno de los requisitos legales y, obrando en consecuencia, tasar el beneficio, pudiéndose entonces mover en una escala que va desde negarlo, hasta concederlo parcial o totalmente.?

También señaló que la decisión judicial sobre rebaja del 10% de la pena no hace tránsito a cosa juzgada material, la situación para conceder el beneficio puede haber cambiado y por ende es posible volver a pronunciarse sobre la solicitud de rebaja de pena. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-355-07
V.13.4. No se puede otorgar la rebaja de pena de la décima parte, del artículo 70 de la ley 975 de 2005, cuando no se cumplen con ninguno de los requisitos para conceder el beneficio.

El demandante fue condenado, después de aplicarse la figura de sentencia anticipada, por los delitos de homicidio agravado en concurso con hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas y concierto para delinquir, a la pena final de 18 años y cinco meses de prisión. El condenado solicitó la rebaja de la pena por la aceptación de cargos, con fundamento en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 y la rebaja de pena del 10%, con fundamento en el artículo 70 de la ley por la ley 975 de 2005.

Con relación a la rebaja de la pena del 10%, el juez de Ejecución de penas y medidas de seguridad al negar el beneficio lo hizo al considerar que se estaba en presencia de un delito de lesa humanidad; no ha indemnizado ni pagado los perjuicios decretados en la sentencia; y ?no es la oportunidad en razón a que la concesión, de no existir los impedimentos anteriores, lo es cuando se le otorgue la libertad.? El superior confirmó la anterior decisión teniendo en cuenta que en la solicitud no se hizo manifestación de no repetir actos delictivos ni de cooperar con la justicia; no manifestó como repararía a las víctimas ni a pagado el monto de los perjuicios establecidos en las sentencia y finalmente a pesar que su conducta aparece entre buena y ejemplar, también existe constancia de fuga del penal; es decir, no cumplía con los requisitos exigidos para la obtención de la rebaja.

Posteriormente, el condenado solicita nuevamente la rebaja del 10 %, la cual se niega en primera y segunda instancia. En esta última instancia por no haber presentado certificado de conducta y las constancias de haberse fugado cuando estaba privado de la libertad.

El tutelante condenado interpuso acción de tutela por violación al debido proceso penal, entre otros aspectos, por habérsele negado la rebaja del 10% de la pena. Tanto la sentencia de primera como la de segunda instancia negaron el amparo del derecho.

La Corte Constitucional resolvió no amparar el derecho fundamental al debido proceso frente a la negativa de conceder la rebaja del 10% de la pena conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley 975 de 2005.

La Corte Constitucional al no amparar el derecho fundamental al debido proceso frente a las providencias judiciales que negaron el beneficio de la rebaja de la del 10% de conformidad con el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, señaló que el fundamento de las decisiones se centró en que el condenado no cumplió con ninguno de los requisitos señalados para la citada rebaja, en tanto que, no manifestó su compromiso de no volver a delinquir, no colaboró con la justicia, ni presentó forma alguna de reparación a las víctimas y respecto de su comportamiento carcelario, existían reportes de fugas. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-356-07
V.13.5. La prueba sobre la incapacidad económica para otorgar el beneficio de rebaja de pena del artículo 70 de la ley 975 de 2005 no puede ser exhaustiva

El demandante condenado a la pena de 21 años de prisión por los delitos de secuestro extorsivo y tentativa de extorsión, solicitó la rebaja de penas del 10% concedida por la ley por la Ley 975 de 2005, en tanto que los delitos por los cuales fue condenado no estaban expresamente excluidos del beneficio y cumplía con las condiciones del artículo 70 de la Ley señalada.

El juez correspondiente denegó el beneficio, por haber sido declarado inexequible al artículo 70 de la Ley 975 de 2005. Mediante acción de tutela se ordenó al juez pronunciarse de fondo, quien en cumplimiento de dicha acción negó conceder el beneficio de la rebaja, puesto que a su juicio el condenado no cumplía con los requisitos de buena conducta y pago de perjuicios. Apelada la sentencia, fue confirmada por el Tribunal Superior, Sala Penal, reconociendo que el requisito de buena conducta se cumplía y ? no le dio análisis suficiente a la insolvencia? del condenado.

Presenta acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos al debido proceso en tanto se desconoció el Decreto 4760 de 2005 establece en su artículo 27 que ?no se podrá negar la rebaja al interno que carezca de capacidad económica. En tal caso, la reparación de las víctimas se hará con medidas simbólicas? y a la igualdad y libertad. Señaló que el Tribunal no tuvo en cuenta las pruebas que presentó para demostrar que no contaba con los recursos económicos para asumir el pago de los perjuicio.

Las sentencias de primera y segunda instancia negaron el amparo de los derechos invocados en tanto consideraron, respectivamente, que ?...la acción de tutela no procede para revaluar la valoración de la prueba hecha por los operadores jurídicos, salvo que la misma sea manifiestamente contraria a la sana crítica, situación que no se advierte en el caso concreto? y ?la decisión de negar la disminución de la pena se originó en un análisis razonable de los medios de prueba obrantes en la actuación, lo que llevó a la conclusión de que pese a que los demás elementos estaban presentes, no eran suficientes los documentos aportados para acreditar su insolvencia económica?.

En este caso se demostró que para acreditar la carencia de recursos económica para indemnizar materialmente a las víctimas, se presentaron certificados que mostraban que el condenado no había renovado matrícula, desde 1995, de un negocio que tenía; que no tenía deudas por multas y sanciones por infracciones de tránsito; no era propietario de inmuebles; que no tenía asignación de RUT; no registraba movimientos comerciales y tenía tres obligaciones crediticias con moras superiores a 360 días: Además varias declaraciones extrajuicio que dan cuenta que el tutelante por estar privado de la libertad carecía de medios económicos y bienes de fortuna para el mantenimiento de sus dos hijos menores.
La Corte Constitucional al conceder el amparo solicitado, revocó la sentencia revisada y la del Tribunal Superior?Sala Penal y ordenó al mismo Tribunal y Sala que ?en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la comunicación de esta providencia, previo análisis de los demás requisitos exigidos por la Ley 975 de 2005, resuelva nuevamente el recurso de apelación interpuesto...? en el que se negaba la reducción de la pena del peticionario y que para tal efecto debe considerar cumplido el requisito de su incapacidad económica.

La Corte Constitucional al conceder la protección solicitada consideró que se incurrió ?en un defecto fáctico por valoración probatoria, al desconocer que de las pruebas adyacentes presentadas por el tutelante podía deducirse su incapacidad económica? y que este defecto conlleva ?a un error sustantivo en la aplicación de las normas jurídicas, pues los funcionarios demandados inaplicaron la regla que exime de prueba exhaustiva a quien aduce una negación indefinida, en este caso, la incapacidad económica para reclamar el reconocimiento de un derecho.? nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-680-07
V.13.6. El condenado que no hubiere solicitado la reducción de la pena en los términos del artículo 70 de la ley 975 de 2005, mientras estuvo vigente esa disposición, puede hacerlo con posterioridad a la declaratoria de inexequibilidad efectuada mediante sentencia c-370 de 2006

El demandante pide la tutela del derecho fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, al haberse negado a reconocer la reducción de la décima parte de la pena impuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 975 de 2005.

Al respecto, la Corte consideró que no comparte la posición asumida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por cuanto ello conduciría a admitir que una disposición legal declarada inexequible por vicios de procedimiento en su formación, pudiese seguir desplegando efectos jurídicos, postura que sería contraría a lo consagrado en el artículo 243 constitucional. En efecto, el fenómeno de la inexequibilidad conduce a que la norma jurídica no pueda seguir produciendo efecto alguno en el mundo jurídico. De tal suerte que, en el caso concreto, el condenado que no hubiese solicitado el beneficio de que trata el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, durante el tiempo en que la norma estuvo vigente, esto es, desde el 25 de julio de 2005 (fecha de entrada en vigor de la ley) hasta el 18 de mayo de 2006 (fecha en la cual fue declarado inexequible el artículo 70 de la Ley 975 de 2005), no puede en la actualidad solicitar la aplicación de una disposición que fue expulsada del ordenamiento jurídico colombiano. Razonar de manera distinta conduciría a sostener que, a pesar de lo decidido en sentencia C-370 de 2006, el artículo 70 de la Ley de Justicia y Paz sigue vigente. nota 1

Posteriormente, la Corte reconsideró esa posición en la que sostuvo que el principio de favorabilidad penal puede ser aplicado, inclusive respecto de normas que han sido declaradas inexequibles por vicios de procedimiento en su formación, siempre y cuando se cumplan las condiciones de aplicación y no comporte una limitación a los derechos de las víctimas.

La Corte indicó que la aplicación del principio de favorabilidad implica que la declaratoria de inexequibilidad de una norma que haga la Corte Constitucional no impide que la misma pueda seguir produciendo efectos, siempre y cuando se cumpla a plenitud el supuesto de hecho normativo que da lugar a la aplicación de la consecuencia jurídica más favorable durante su vigencia, en especial cuando la inexequibilidad la norma estuvo determinada por vicios de forma. Agregó, que la declaratoria de inexequibilidad de una norma que haga la Corte Constitucional no impide que la misma pueda seguir produciendo efectos, siempre y cuando se cumpla a plenitud el supuesto de hecho normativo que da lugar a la aplicación de la consecuencia jurídica más favorable durante su vigencia, en especial cuando la inexequibilidad de la norma estuvo determinada por vicios de forma y no materiales como ocurre con el artículo 70 de la Ley 975 de 2005.

De igual manera, sostuvo que en virtud del principio de favorabilidad puede aplicarse el beneficio de rebaja de pena a personas condenadas aunque lo soliciten con posterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 70 de la Ley 975 de 2005. Cabe recordar, que si bien se puede presuponer que para la aplicación del mismo la persona que crea tener derecho al beneficio lo solicite al juez respectivo, no consagra dicha norma entre los requisitos para su procedencia, que dicha solicitud se presente dentro del término de vigencia de la norma, pues ella lo concede a las personas que al momento de entrar en vigencia la ley cumplan penas por sentencia ejecutoriada, salvo ciertos casos expresamente indicados.

Exigir la presentación de la solicitud del beneficio, de manera formal, durante la época de vigencia de la norma, cuando ésta ha sido declarada inexequible, es tanto como exigir dicho requisito para los casos de derogatoria, vaciando de contenido el principio de favorabilidad, en virtud del cual, se permite en materia penal la aplicación retroactiva o ultractiva de las normas siempre en beneficio del procesado o condenado. nota 2

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-355-07
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-815-08

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