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Última modificación: 2006-08-01
Improcedencia del hábeas corpus cuando el recurso se interpone luego de haberse proferido una decisión judicial que ampara la captura, salvo cuando esta decisión constituye una vía de hecho.

El actor, ex-juez penal municipal de Bogotá, fue condenado por el delito de prevaricato por acción, al haber concedido una acción de hábeas corpus a favor de dos sindicados, capturados en flagrancia por el delito de homicidio, debido al vencimiento de los términos para resolverles la situación jurídica, pero luego de que se hubiera dictado y confirmado una orden de detención preventiva en su contra. El juez consideró que el artículo 430 del Decreto 2700 de 1991 (modificado por el artículo 2° de la Ley 15 de 1992) debía ser inaplicado en el caso concreto por violar el artículo 30 de la Constitución. El actor interpuso acción de tutela contra las sentencias proferidas por la Sala Penal del Tribunal Superior y por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por considerar que vulneraban su derecho al debido proceso, en tanto constituían vías de hecho, entre otras, por defecto sustantivo por aplicación de una norma inaplicable. El actor solicitó que se declarara que no era responsable de haber cometido el delito y fuera reintegrado a su cargo de juez de la República.

La Corte advirtió que el antiguo artículo 464 del Decreto 50 de 1987 establecía que ?en los casos de prolongación ilícita de privación de libertad no procederá el hábeas corpus cuando, con anterioridad a la petición, se haya proferido auto de detención o sentencia, sin perjuicio de la responsabilidad penal y disciplinaria del funcionario?. Este decreto fue derogado por el Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal), a su vez modificado por el artículo 2 de la Ley 15 de 1992 que respecto al recurso de hábeas corpus era la norma vigente al momento de la decisión: ?El hábeas corpus es una acción pública que tutela la libertad personal cuando alguien es capturado con violación de las garantías constitucionales o legales, o se prolongue ilegalmente la privación de su libertad. Las peticiones sobre libertad de quien se encuentra legalmente privado de ella deberán formularse dentro del respectivo proceso.?

Según el actor, la disposición transcrita no impedía que prosperara una acción de hábeas corpus cuando se había interpuesto luego de que la autoridad judicial había proferido la providencia judicial que ordenaba la detención, pues según el artículo 30 de la Carta, bastaba que el juez constatara que en algún momento del proceso se había producido la privación ilegal de la libertad, para que, en cualquier tiempo y con independencia de las decisiones que entre tanto se hubieren adoptado, prosperara el hábeas corpus.

De acuerdo con la Corte, según el derecho vigente, la garantía de la libertad personal podía ejercerse mediante la acción de hábeas corpus en alguno de los siguientes eventos: (1) cuando la vulneración de la libertad se produzca por orden arbitraria de autoridad no judicial; (2) mientras la persona se encuentre ilegalmente privada de la libertad por vencimiento de los términos legales; (3) cuando, pese a existir una providencia judicial que ampara la limitación del derecho a la libertad personal, la solicitud de hábeas corpus se formuló durante el período de prolongación ilegal de la libertad, es decir, antes de proferida la decisión judicial; (4) si la providencia que ordena la detención es una auténtica vía de hecho judicial. De lo anterior quedaba claro que, para la Corte Constitucional el inciso segundo del artículo 430 del CPP definía una causal de improcedencia de la acción de hábeas corpus.

En consecuencia, no podía apoyarse en la jurisprudencia constitucional la tesis según la cual la mencionada acción procede cuando ha sido interpuesta luego de haberse proferido una decisión judicial que dispone la restricción de la libertad, salvo que dicha decisión pudiera ser calificada como una vía de hecho judicial. En el presente caso, el actor en su condición de juez, había concedido una acción de hábeas corpus interpuesta con posterioridad a la providencia judicial que ordenaba la captura de los sindicados, orden que había sido confirmada.

En ningún momento del trámite del hábeas corpus, del proceso penal contra el actor o de la acción de tutela, se alegó que las decisiones judiciales que impusieron y confirmaron la captura constituían vías de hecho judiciales. En consecuencia, no podía afirmarse que cuando los falladores de instancia dentro del proceso penal seguido contra el actor habían aplicado el artículo 430 del CPP (modificado por el artículo 2° de la Ley 15 de 1992) éstos habían actuado al margen del derecho vigente. Por el contrario, según la doctrina constitucional, el mencionado artículo consagraba una clara causal de improcedencia del hábeas corpus en los casos en los cuales la acción se interponía luego de haberse proferido una decisión judicial que amparaba la captura, salvo cuando la mencionada decisión constituía una vía de hecho. En el presente caso, no se presentaba la excepción de la vía de hecho, luego no podía afirmarse que se apartaba del derecho vigente la tesis de la improcedencia de la acción de hábeas corpus. Por consiguiente, se desestimó el cargo del actor contra las sentencias impugnadas. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-260-99

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