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Última modificación: 2007-01-24
Facultades del juez de hábeas corpus

La Corte Constitucional al revisar la constitucionalidad del artículo 5 del Proyecto de Ley Estatutaria de Hábeas Corpus (hoy Ley 1095 de 2006) que regula las atribuciones del juez de conocimiento para darle trámite a la acción estimó que la naturaleza del mecanismo judicial que se reglamenta, es decir, su carácter inmediato y eficaz, hacen del servidor público encargado de conocer de la petición un agente ?inquisitivo?, facultado para decretar y practicar las pruebas que legalmente estime conducentes, entre ellas las relacionadas con inspecciones judiciales, recepción de testimonios, solicitud de informes, visitas al lugar de reclusión y entrevistas con la persona privada de la libertad, con el evidente propósito de contar con suficientes elementos de juicio para garantizar el hábeas corpus y decidir dentro del término establecido en la Constitución.

El texto prevé como principio para la actuación del funcionario judicial el deber de entrevistarse con la persona privada de la libertad, bien en el lugar de su reclusión o bien ordenando que ésta sea presentada ante él en la sede judicial. Esta importante previsión pretende la protección integral del hábeas corpus, dado que, cómo éste derecho fundamental lleva insita no solo la protección de la libertad de la persona en cuyo favor se invoca, sino también la garantía de su vida e integridad personal, la posibilidad de entrevista con la persona privada de la libertad se orienta más concretamente a la determinación de las condiciones personales en que se encuentra respecto de su vida e integridad personal y las posibles amenazas que se ciernen sobre ellas o puedan sobrevenir, las cuales sólo podrían percibirse por el funcionario a quien corresponde resolver el hábeas corpus mediante la aplicación de esta previsión legal a fin de que emita un pronunciamiento inmediato.

La entrevista con la persona privada de la libertad es una diligencia que, en principio, habrá de ser llevada a cabo. Sin embargo, cuando el juez decida no adelantarla, deberá explicar en la respectiva providencia las razones de su determinación.

Para la Corte, la atribución así asignada es constitucional, pues, dada la independencia del funcionario y el ejercicio de su autonomía, nada obsta para que el legislador le permita decidir en las condiciones descritas por el texto que se examina, más aún cuando puede ocurrir que estime como suficientes los demás elementos probatorios recaudados, con lo cual se garantiza la eficacia de la administración de justicia. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-187-06

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