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10. Competencia del juez de hábeas corpus para garantizar los derechos de los privados ilegalmente de la libertad

El numeral 1 del artículo 3 del Proyecto de Ley Estatutaria de Hábeas Corpus (hoy Ley 1095 de 2006) estableció como una de las garantías para quien estuviera legalmente privado de su libertad la posibilidad de invocar ante cualquier autoridad judicial competente el hábeas corpus para que este sea resuelto en un término de treinta y seis horas.

La Corte Constitucional al declarar exequible esta norma hizo algunas precisiones sobre su alcance. En primer término estimó que tal disposición estaba de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Constitución al reiterar que la acción se puede invocar ante cualquier autoridad judicial y que no es contrario a la misma normatividad el que se haya dispuesto en esta norma de que se trate de una autoridad judicial competente, pues los principios de celeridad, eficacia y eficiencia de la actividad judicial confieren al legislador la capacidad de establecer la forma como distribuye la jurisdicción.

En segundo lugar, consideró que la competencia le corresponde a la autoridad con jurisdicción en el lugar donde la persona se encuentre privada de la libertad pues es de la naturaleza de la acción de hábeas corpus que el juez cuente con la posibilidad inmediata de visitar a la persona en su lugar de reclusión, de entrevistar a las autoridades que hayan conocido del caso, de inspeccionar la documentación pertinente y de practicar in situ las demás diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos. Esta potestad del juez o magistrado que conozca de la acción de hábeas corpus conlleva la correlativa y perentoria obligación de la autoridad cuya actuación se cuestiona, de permitir de inmediato la visita de la persona retenida, así como el acceso a la documentación de que se disponga y el suministro de toda la información que se requiera para la adopción de la decisión que corresponda en relación con el amparo impetrado.

En tercer término, el fallo estimó que la autoridad judicial competente deberá resolver el recurso en un término máximo de treinta y seis horas, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Constitución. Para la protección eficaz del derecho a la libertad personal, y dado el carácter inmediato con que la petición de hábeas corpus debe resolverse, dicho término se contabiliza desde el momento de la presentación de la solicitud y no desde cuando llega al conocimiento de la autoridad judicial a la cual haya correspondido su trámite y decisión. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-187-06

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