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Última modificación: 2006-08-01
La petición no tiene que ser presentada por escrito

La Corte Constitucional señaló, que la solicitud verbal hecha por una señora ante una entidad de seguridad social a la cual estaba afiliada para inscribir como beneficiario de sus servicios a su marido constituía un correcto ejercicio del derecho de petición. Para la Corte todo tipo de formalismo o ritualidad destinados a ser observados por las personas que se acercan a las autoridades con el objeto de obtener reconocimiento, garantía, protección o efectividad de sus derechos, debe tener asidero legal y ser razonable. En consecuencia, si no existe una reglamentación de tipo legal, reglamentario o estatutario que exija la presentación por escrito de una solicitud a determinada entidad, no puede exigirse a las personas este requisito para que se verifique el correcto ejercicio del derecho. La ley permite que las entidades en orden a racionalizar su funcionamiento exijan el diligenciamiento de formularios para realizar solicitudes.

Sin embargo, en el caso que originó esta tutela, los estatutos de la entidad no consagraban la obligación de elevar en forma escrita la solicitud de inscripción de las personas que pretenden ser afiliadas por parte de sus miembros. Simplemente exigían una serie de documentos que debían ser presentados al funcionario encargado, quien le daba el trámite correspondiente. La sencillez de los procedimientos hacía inoficiosa cualquier solicitud escrita de la afiliación. Precisamente, el funcionario que atendió a la peticionaria se negó a recibir los documentos debido a que según la reglamentación de la entidad no era posible que las mujeres afiliaran a los esposos en los mismos términos en los que los hombres lo hacen respecto de sus cónyuges o compañeras permanentes. No se puede sin embargo, deducir de esta situación que la persona no hubiera hecho ejercicio efectivo de sus derechos, pues había recibido respuesta negativa a su solicitud. nota 1

En otro caso, La actora señaló que es madre de cinco hijos e indicó que, en razón de no haber sido atendida en el SISBEN y no haberle sido expedido el carné que la acredita como afiliada a ese programa, luego de haberlo pedido en varias oportunidades, se había visto obligada a correr con los gastos de hospitalización de sus hijos. De acuerdo con la Corte, para solicitar información sobre el proceso de afiliación al SISBEN, la actora se dirigió personalmente a las oficinas competentes y formuló, verbalmente, las respectivas solicitudes. Dicho trámite, no había sido refutado por la parte demandada ni controvertido por el juez de instancia, y no podía ser ignorado so pretexto de que no existiera una solicitud por escrito. El derecho de petición de información no se vulnera exclusivamente cuando el ciudadano ha formulado, por escrito, la respectiva solicitud. La mencionada exigencia sirve sí como una prueba irrefutable de la existencia de la petición, pero no constituye requisito sine qua non para el ejercicio del derecho. El principio de buena fe impulsa a las autoridades públicas y, dentro de ellas, a las Cortes a confiar en las afirmaciones de los ciudadanos. nota 2



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-098-94
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-307-99

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