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Última modificación: 2006-08-01
No se requiere que el documento que contenga la solicitud señale expresamente que se trata de un derecho de petición

El actor afirmó que le fue reconocida la pensión de jubilación aunque la entidad acusada liquidó sus prestaciones sociales sin incluir todos los factores salariales, de acuerdo con la Convención Colectiva de Trabajo. El actor instauró demanda ordinaria laboral contra la empresa. Por sentencia se ordenó hacer la reliquidación, pero la empresa acusada dio cumplimiento parcial a dicha obligación. Por lo anterior, el actor dirigió un oficio a la empresa solicitando el adecuado reajuste de su pensión de jubilación. Ante el silencio de la empresa, interpuso acción de tutela. La Corte no comparte las apreciaciones del Juez de instancia cuando afirma que una solicitud, para que merezca respuesta, debe expresar claramente que la misma se hace en ejercicio del derecho de petición, por cuanto así se impone al actor un requisito adicional para el ejercicio del derecho fundamental de petición, que no es exigido ni por la Carta Política ni por el Código Contencioso Administrativo.

No se encuentra en ningún precepto sobre el derecho de petición, que se imponga al particular, como requisito adicional, el indicar a la autoridad que su solicitud se hace en ejercicio del derecho de petición, pues es obvio que cualquier solicitud presentada ante las autoridades, que guarde relación con las disposiciones citadas, es una manifestación de este derecho fundamental y que, en caso de no indicarlo, dicha autoridad no queda relevada de la obligación de emitir una respuesta; lo contrario significaría imponer al ciudadano una carga adicional, que no contempla el ordenamiento jurídico, y que haría más gravosa su situación frente a una autoridad que, de por sí, se halla en un plano de superioridad frente al ciudadano común. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-166-96

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