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Última modificación: 2006-08-01
Prontitud en la respuesta

· Deber de dar pronta resolución a las peticiones

Ciertas comunidades indígenas se dirigieron a la División de Asuntos Indígenas del Instituto de Reforma Agraria -INCORA-, con el fin de que, una vez organizados como Cabildo, se les titulara un territorio como resguardo. Los distintos gerentes del instituto asumieron una actitud dilatoria frente a la petición, por lo que hasta la fecha de la proposición de la acción no se había emitido pronunciamiento al respecto. De acuerdo con la Corte, el derecho de petición, cuyo propósito es el de buscar un acercamiento entre el administrado y el Estado, otorgándole al ciudadano un instrumento idóneo con el cual acudir ante él en busca de una información o con el fin de que se produzca un pronunciamiento oportuno por parte del aparato estatal, es una garantía propia del sistema de gobierno democrático y una manifestación de la soberanía popular.

El derecho de petición involucra no sólo la posibilidad de acudir ante la administración, sino que supone además, un resultado de ésta, que se manifiesta en la obtención de la pronta resolución. Sin este último elemento el derecho de petición no se realiza, pues es esencial al mismo. En el presente caso la pronta resolución no se había manifestado y, por el contrario, se habían dilatado los términos de decisión de manera ostensible, de lo que resultaba el desconocimiento de un derecho fundamental. Y si bien la omisión de la autoridad generó la ocurrencia del fenómeno jurídico del silencio administrativo, que podía ser demandable ante la jurisdicción contenciosa, éste no eximía a la administración del deber de resolver la solicitud y no podía ésta protegerse bajo la égida de su inercia. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-567-92

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