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Última modificación: 2006-08-01
Deber de justificar el aplazamiento de la respuesta

· Deber de establecer un plazo razonable para responder la petición, cuando no sea posible dentro del término legal

Un ciudadano solicitó a la Caja Nacional de Previsión el reconocimiento de su pensión de invalidez. Antes de cumplirse los quince días de presentada la solicitud, la entidad respondió que su petición no podía ser tramitada en el término fijado por las normas del Código Contencioso Administrativo, pues existía una gran cantidad de trabajo y se carecía de disponibilidad presupuestal. Transcurridos seis meses, la Caja Nacional no había dado respuesta alguna acerca de la petición. La Corte Constitucional amparó el derecho de petición del actor y ordenó a la entidad que diera respuesta a la solicitud de inmediato. En concepto de la Corte, la prontitud en la respuesta hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental de petición. El tiempo que debe tardarse la administración en responder debe ajustarse al que fije el legislador, pues la Constitución le difiere esta facultad. Ahora bien, el Código Contencioso Administrativo contempla este aspecto y prescribe, en su artículo 6°, que toda petición debe responderse en un término de 15 días a partir de su presentación. De no ser posible en este término responder a la solicitud, la administración debe comunicar los motivos que lo impiden y fijar una fecha en la que será resuelta.

Se vulneró en consecuencia el derecho de petición si la autoridad no informó al solicitante las razones por las cuales se requería más tiempo para responder y, de otra parte, si no se fijó un plazo determinado para hacerlo. Este plazo no quedó al arbitrio de la administración, sino que debía ajustarse a los parámetros de razonabilidad que determinara el trámite de la solicitud, teniendo en cuenta circunstancias tales como la importancia del asunto para el particular y los trámites que debían agotarse por la administración. Desde esta perspectiva no es excusa para dilatar el trámite, la cantidad de trabajo o la espera de documentación que no le corresponde allegar al solicitante, pues él es ajeno a la negligencia y la falta de organización de las entidades. Como en el presente caso la entidad no fijó una fecha razonable para dar respuesta a la solicitud violó con esta actitud el núcleo esencial del derecho de petición consistente en proferir una respuesta de manera pronta. nota 1

· La prórroga del plazo contemplado en la ley, para responder a la petición debe ser una práctica excepcional.

La Corte Constitucional censuró la actitud de una entidad encargada del reconocimiento y pago de pensiones, que imprimió un formato único de respuesta para todas las solicitudes de pensión que a ella se le presentaban en la que consignaba que la solicitud sería resuelta dentro de los ocho meses siguientes. Este proceder vulneró flagrantemente el derecho de petición que se vio frustrada ante una respuesta meramente formal. La utilización de la cláusula del artículo 6° del Código Contencioso administrativo que permite comunicar, dentro del plazo de quince días, la imposibilidad de contestar en el plazo prescrito por la ley, aduciendo los motivos que existen para ello e informando la fecha en la que se dará respuesta, debe ser excepcional alusiva exclusivamente a la imposibilidad de la administración de contestar dentro del término una determinada y específica petición. Esto es, la autorización legal en comento debe entenderse con criterio restrictivo y de ninguna manera general. nota 2

En otro caso posterior la Corte reiteró que no constituye respuesta y, por lo tanto, implica flagrante desconocimiento del derecho del peticionario aquella manifestación verbal o escrita en el sentido de que se le resolverá después, como ha acontecido en esta ocasión. La aplicación del artículo 6 del Código Contencioso Administrativo que permite aplazar la respuesta debe ser excepcional, extraordinaria, alusiva exclusivamente a la imposibilidad de la administración de contestar dentro del término una determinada y específica petición. La autorización legal en comento debe entenderse con criterio restrictivo y de ninguna manera general. Por eso, no puede convertirse en mecanismo usual y generalizado como el puesto en vigencia por la Caja Nacional de Previsión, entidad que ha mandado imprimir formatos en computador que consagran indiscriminadamente tal fórmula, extensivos invariablemente a todas las solicitudes o a un buen número de ellas. Con este tipo de argucias se busca mantener vigente el concepto equivocado de que la exigencia constitucional resulta satisfecha con una contestación formal pero en verdad se ha dejado a la persona sin saber a qué atenerse sobre su petición y se ha prolongado abusivamente el término señalado por el legislador para resolver. nota 3

· El no responder injustificadamente puede acarrear sanciones disciplinarias al funcionario responsable de esta conducta

La actora fue tecnóloga en educación preescolar en establecimientos educativos desde hacía varios años. Dijo que cuando viajaba a laborar al colegio se accidentó el vehículo de pasajeros que la transportaba y sufrió daños en la columna vertebral. Expresó que su mal estado de salud se había visto agudizado por su obligado tránsito por carretera y caminos destapados, para poder laborar como docente. Señaló que desde hace tiempo, ante su grave problema de salud, venía solicitando a los gobernadores y secretarios de educación departamentales que dieran aplicación a las normas sobre salud ocupacional y que se decretara su traslado a una escuela de la ciudad o a un lugar cercano, de modo que pudiera trasladarse con facilidad a recibir el tratamiento médico que su caso requería. No obstante, ello había sido imposible, pues durante todos estos años no había recibido respuesta.

Según la Corte, la autoridad que recibe una petición está en la obligación constitucional y legal de responderla y de hacerlo con prontitud. Si no procede a ello dentro de los términos legales, el funcionario responsable incurre en falta disciplinaria y debe ser sancionado. El funcionario que recibe reiteradas peticiones, una tras otra, durante varios años, procedentes del mismo solicitante y no responde ninguna viola, desde luego, el derecho de petición, pero además, al menospreciar al gobernado, ofende su dignidad y traiciona los principios constitucionales que inspiran la función administrativa (art. 209 Constitución Política). La Corte ordenó, además de proferir respuesta en las siguientes 48 horas, que se compulsaran copias del expediente y de la sentencia a la Procuraduría General de la Nación para que investigara y sancionara, si hay lugar a ello, a los responsables de la violación del derecho de petición de la accionante. nota 4

· Deber de comunicar el trámite e informar el término en que se puede responder cuando se excederá el término legal

El demandante era piloto en el servicio aéreo de la Policía Nacional y por motivos familiares solicitó que se le permitiera su retiro por voluntad propia. En lugar de recibir respuesta a esta petición, se le ordenó por comunicado, trasladarse a otra ciudad. Interpuso acción de tutela, pues consideró violado su derecho de petición. Para la Corte, cuando una petición no puede ser resuelta dentro del plazo establecido en el Código Contencioso Administrativo, el peticionario debe ser informado de tal circunstancia, pues no basta que se estén adelantando internamente los procedimientos respectivos, sino que el peticionario tiene derecho a saberlo. Además, debió informársele que por razones del servicio, se le requería para que se trasladara a determinado lugar, pero que tal circunstancia no impedía que continuara el trámite de su petición. nota 5

· La administración puede solicitar los documentos adicionales exigidos por la ley para atender las peticiones

El actor solicitó que se ordenara a la entidad demandada que realizara la inscripción en el Catastro Distrital de ciertos predios que poseía con escrituras registradas. La inscripción catastral no se había realizado, según el actor, por que exigía la presentación de un requisito que legalmente no era indispensable para ello, imponiendo una gran carga a los interesados, pues era un requisito de alto costo. En este caso la Corte afirmó que no existía vulneración del derecho de petición, puesto que la Administración había dado respuesta, en el sentido de solicitar un documento adicional, para poder atender la solicitud, de conformidad con la legislación vigente. Si se tiene en cuenta el carácter reglado de los actos de la Administración, no puede obligarse a ésta a realizar conductas que no le impone expresamente la ley, y cuando la Administración frente a una solicitud que le es formulada considera que no está en la obligación legal de atender el requerimiento del petente, sin que éste previamente allegue documentos necesarios, no puede decirse que por este solo hecho, la Administración esté violando el derecho de petición. nota 6

· Para dar respuesta de fondo se puede necesitar un concepto adicional de otra entidad y aun así debe darse una respuesta oportunamente

El actor elevó un derecho de petición ante un Fondo de Pensiones solicitando que en concordancia con el artículo 41 y 42 del decreto reglamentario 692 de 1994 que ordenó que se les reajustara dentro de las mesadas pensiónales la diferencia del 7%, se les reembolsara lo que, según el peticionario había sido descontado en exceso. El Fondo de Pensiones y Cesantías, pidió a la Caja Nacional de Previsión, un concepto acerca de la solicitud elevada. Este trámite sirvió como justificación para que el Fondo de pensiones demorara la respuesta a la solicitud. La Corte Constitucional consideró que dentro de la atención del derecho de petición es posible que se necesite la remisión de un concepto de otra entidad para recopilar la información necesaria para dar una respuesta de fondo; de esto se debe comunicar al solicitante para que pueda estar al tanto del curso que ha seguido su solicitud.

Sin embargo, el hecho de que se haya solicitado algún concepto no es óbice para la pronta respuesta. Por regla general, la entidad ante la cual se interpone el derecho de petición debe ser lo suficientemente eficaz para poder solicitar el concepto, analizarlo y otorgar la respuesta final por regla general dentro del término establecido por la ley el cual es de quince días. Una vez se haya recibido el concepto necesitado, la entidad debe ser lo suficientemente ágil para otorgar la respuesta en el menor tiempo posible. nota 7



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-076-95
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-296-97
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-392-97
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-484-93
  5. Corte Constitucional, Sentencia T-356-96
  6. Corte Constitucional, Sentencia T-393-93
  7. Corte Constitucional, Sentencia T-267-01

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