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Última modificación: 2006-08-01
La respuesta puede ser diferente a lo solicitado

· La respuesta no debe ser obligatoriamente favorable al peticionario

Una empresa electrificadora había incurrido en omisión al no llevar a cabo el traslado de tres líneas de alta tensión que pasaban transversalmente y a menos de tres metros por encima de la casa del actor y de otras veinte viviendas, situación que amenazaba la vida de su familia y la de toda la comunidad. Al solicitar una solución técnica, jurídica y ambiental ante la Electrificadora y la Oficina de Planeación Municipal, había obtenido respuestas en el sentido de reconocer la inminencia del peligro y ofrecer futuras acciones, sin que éstas se hubieran llevado a cabo. La Corte sostuvo que es en la resolución y no en la formulación donde el derecho fundamental de petición adquiere su dimensión como instrumento eficaz e idóneo de la participación democrática y la efectividad de los demás derechos fundamentales. El Estado está obligado a resolver la petición, no simplemente a expedir constancias de que la recibió. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso y, en esa medida, podrá ser positiva o negativa: la obligación del Estado no es acceder a la petición, sino resolverla. nota 1

· El peticionario cuenta con los recursos de la vía gubernativa si no está de acuerdo con la decisión

La accionante, luego de trabajar durante muchos años en diversos cargos públicos en un Municipio, sufrió un accidente de trabajo que le hizo perder la capacidad funcional del brazo y por esto fue despedida. Solicitó que se le reintegrara al trabajo para poder completar el tiempo de jubilación o que se le otorgara la pensión de una vez. De acuerdo con la Corte no se accedió a la protección del derecho de petición, en razón de ya haberse resuelto la solicitud precedente. Se le dió respuesta a la solicitud, por lo que existió cesación de la actuación impugnada. En cuanto a la solicitud concretamente se afirmó que al haber sido la respuesta desfavorable y tratándose de un acto administrativo, dispuso la actora de los medios de defensa judicial que para el efecto consagra el Código Contencioso Administrativo. nota 2

En otro caso, el actor solicitó a la División de Asistencia a la Rama Jurisdiccional del Ministerio de Justicia el reconocimiento de su judicatura, para optar el título de abogado, para lo cual dice haber presentado constancias de diferentes juzgados y haber dado cumplimiento a todos los requisitos indispensables para la expedición del certificado correspondiente. El Jefe de la División de Asistencia a la Rama Jurisdiccional profirió la Resolución por medio de la cual decidió "negar la judicatura solicitada", argumentando que el actor no había aportado la certificación expedida por el Consejo Directivo de la Facultad en donde culminó sus estudios en la cual constara que un profesional había sido autorizado previamente para asistir y vigilar la práctica del egresado, dentro de los términos establecidos en la resolución que regula la materia.

Según la Corte, no se entiende conculcado el derecho de petición cuando la autoridad responde al peticionario, aunque la respuesta sea negativa. Ella, siempre y cuando se produzca dentro de los términos que la ley señala, representa en sí misma, independientemente de su sentido, la satisfacción del derecho de petición. Cuando al absolver la petición se resuelve negar lo pedido, no se está desconociendo el derecho de petición y, en consecuencia, ningún objeto tiene la tutela para reclamar la protección de éste. Cuestión muy diferente es la relativa a la validez del acto administrativo en que consiste la respuesta, frente al cual el peticionario dispone de los recursos por la vía gubernativa, en guarda de sus intereses. En esta hipótesis no cabe la acción de tutela, dada la existencia de otros medios de defensa judicial, a menos que se intente como medida transitoria para evitar un perjuicio irremediable. nota 3

· Se entiende que hubo respuesta al derecho de petición así su contenido pueda resultar inconstitucional por violación de otro derecho fundamental

La actora consideró que la negativa de un colegio a admitir a su hija arguyendo que esta era mayor de la edad requerida para entrar al curso que le correspondía, vulneraba su derecho a la educación, y que la respuesta dada por el colegio a su solicitud de conocer las normas legales que sustentaban la decisión que controvirtió, violaba su derecho fundamental de petición, pues se le comunicó en la respuesta una serie de puntos que no resolvieron la petición realizada, pues lo que ella solicitaba es que se le expidiera copia del acto administrativo o de la norma jurídica en la que se estableciera que la edad máxima para ingresar a sexto grado es de trece años. La solicitud del actor fue resuelta cinco días dentro del término establecido para el efecto; ahora bien, el hecho de que la respuesta que dió la accionada no se concretara en la expedición de la copia de la norma jurídica o acto administrativo que contuviera la disposición en la que se respalda el colegio para inadmitir a su hija, por sobrepasar ella la edad máxima establecida, no necesariamente vulneraba el derecho de petición, si la misma fue debidamente resuelta.

De hecho, la rectora del colegio demandado, le informó a la actora que la disposición que sirvió de fundamento a su institución, para negarle el cupo a su hija, la adoptó el consejo directivo del colegio. En esa perspectiva, es claro que la institución demandada no vulneró el derecho de petición del actor, pues resolvió oportunamente y de fondo las solicitudes por él formuladas, indicándole expresamente la disposición en la que fundamentó su decisión, cosa distinta es que el contenido de la misma eventualmente sea contrario al ordenamiento superior, aspecto que en esa misma sentencia resolvió la Corte tutelando el derecho a la educación de la menor. nota 4

· La administración no está obligada a suministrar datos que no reposen en sus archivos

Para acreditar el número de semanas cotizadas con el fin de acceder a la pensión, una persona requería probar el tiempo que laboró en el antiguo Ministerio de Obras Públicas, durante los años 1947 y 1949. Se dirigió a diferentes autoridades para que certificaran el tiempo de trabajo, entre ellas INVIAS y el Ministerio de Transporte. Las respuestas dadas a esta solicitud fluctuaron entre la carencia de organización en el archivo del personal que trabajó en el Ministerio de Obras Públicas y la ausencia de información sobre el peticionario, que en general demostraban la pérdida de la hoja de vida del solicitante. El actor consideró que no se había dado una respuesta de fondo a su solicitud y en consecuencia interpone acción de tutela. La Corte Constitucional consideró que en este caso las autoridades no habían vulnerado el derecho de petición del accionante, pues las diferentes autoridades administrativas presuntamente responsables para expedir la certificación requerida, realizaron las gestiones que estaban a su alcance, pretendiendo satisfacer al petente en su solicitud.

La insuficiencia del material documental en disposición de los archivos, para constatar dicha información, impidió otorgarla. Por lo tanto, frente a la verificación de la posible vulneración del derecho de petición, se encuentra que no era viable exigir una respuesta en el sentido esperado por el petente, en aras de lograr una protección del derecho. En este caso el derecho a la seguridad social para acceder a la pensión no se vio afectado pues el peticionario contó con la posibilidad de allegar pruebas supletorias testimoniales que le permitieran demostrar los hechos que el documento solicitado podía certificar. nota 5

· La entidad esta obligada a responder así se haya entablado un proceso judicial en su contra

La actora que trabajó para distintas entidades oficiales durante más de veinte años, solicitó a la Caja Nacional de Previsión Social el reconocimiento de su pensión de jubilación. La entidad demandada le informó que sólo tendría derecho a la pensión al cumplir los cincuenta y cinco años de edad. Luego de cumplir esa edad, la señora presentó una nueva solicitud, la entidad respondió que hasta que no se resolviera la demanda que interpuso no tendría una respuesta. Para la Corte, la Caja Nacional de Previsión Social violó el derecho de petición de la actora, y los derechos, conexos a la seguridad social y a la salud, sin que le asista razón constitucional o legal para pretermitir indefinidamente la pronta resolución a que está obligada.

La entidad administrativa cuyo acto es demandado por un particular, válidamente no podía tomar represalias en contra de esa persona por el sólo motivo de que ella acudió ante los estrados judiciales para reclamar lo que en derecho cree que le correspondía; durante el proceso, y después de que la sentencia quede en firme, así ésta resulte contraria a los intereses de la entidad pública o encargada de cumplir funciones oficiales, al demandante se le debe dar el mismo trato respetuoso, servicial y presidido por la buena fe, que debe recibir cualquier otra persona. nota 6



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-010-93
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-568-94
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-012-92
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-1577-00
  5. Corte Constitucional, Sentencia T-412-98
  6. Corte Constitucional, Sentencia T-1503-00

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