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Última modificación: 2006-08-01
Deber de pagar las copias cuando la cantidad sea excesiva

Se demandó la inconstitucionalidad del artículo 24 del CCA Subrogado por el artículo 17 de la Ley 57 de 1.985. Para el demandante la exigencia contenida en la norma impugnada, de efectuar el pago de las copias de documentos oficiales solicitados en el ejercicio del derecho de petición, cuando la cantidad solicitada así lo justificara, restringía el ejercicio del derecho de petición, a la vez que constituía un obstáculo para el acceso a la educación de la cultura. Señaló el demandante que esa limitante de carácter económico es contraria a la esencia misma del derecho de petición, en tanto la Carta lo consagra como un mecanismo ágil y expedito, para que los particulares puedan obtener de la administración publica una información oportuna clara y precisa que les permita conocer la razón de sus decisiones y fiscalizar sus actos, con lo cual se logra una mayor participación de la ciudadanía, en el desarrollo de actividades del Estado.

Para la Corte la norma demandada no resulta violatoria del derecho fundamental de petición, pues es claro que el propósito que anima al legislador, no es otro que el de pretender racionalizar el ejercicio de la función administrativa (art. 209 de la Constitución Política) así como el de preservar el patrimonio público de las entidades públicas. EL legislador determinó que todas las personas en condiciones de igualdad, cuando en virtud del derecho de petición soliciten la expedición de copias, deberán pagar las mismas, cuando la cantidad solicitada así lo justifique, conforme a la tarifa que adopte el funcionario publico encargado de autorizar la expedición de las mismas, la cual en ningún caso podrá exceder el costo de la reproducción.

En consecuencia conforme a la jurisprudencia de esta Corte el derecho de petición al igual que los demás derechos fundamentales consagrados en el orden constitucional no tienen el carácter de absolutos, pues cuentan con los límites impuestos por los derechos de los demás y el orden jurídico. En este sentido el Legislador, puede, en ejercicio de la cláusula general de competencia prevista en el del artículo 150 superior definir los distintos elementos materiales para concretar el ejercicio de los derechos fundamentales y por lo tanto es un deber constitucional la prevalencia de interés general y la carga ética de todo ciudadano de respetar lo derechos ajenos y no abusar de los propios. (art. 95 num. 1 y 5 Constitución Política). nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-099-01

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