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Última modificación: 2006-08-01
El derecho de petición permite defender a los usuarios de posibles abusos de las entidades bancarias

La actora instauró acción de tutela contra la Superintendente Bancaria y el Gerente de una Corporación de Ahorro y Vivienda por haberse negado esa institución a aplicar al crédito garantizado con hipoteca de su vivienda los abonos provenientes de las sentencias que en la materia había proferido la Corte Constitucional. Su solicitud se orientaba a obtener que se ordenara a la Superintendente Bancaria y al Gerente de la Corporación, reliquidar su crédito, otorgándole los alivios correspondientes. La corporación le negó la reliquidación aduciendo que se trataba de un préstamo comercial y no de vivienda.

El derecho fundamental de petición incluye la posibilidad cierta y concreta de que, cuando las personas acuden a los organismos y servidores públicos, en el campo de sus correspondientes competencias, en demanda de su actividad, para que los protejan de los abusos o excesos de las organizaciones particulares sujetas a la intervención, inspección, vigilancia y control estatales, se produzca efectivamente la actuación oficial que de la autoridad se espera. De allí resulta, entonces, que si alguien se dirige a la Superintendencia Bancaria para obtener que se estudie las condiciones de su crédito hipotecario, dicho organismo está obligado a actuar, y de lo contrario vulnera ese derecho fundamental y los servidores públicos respectivos se hacen acreedores a las sanciones disciplinarias y penales previstas en la ley. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-074-01

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