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Última modificación: 2006-08-01
Exigencia de ley estatutaria para regular el derecho al hábeas data en tanto derecho fundamental

· Inconstitucionalidad de normas que regulan la administración de bases de datos financieros

Se presentó acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 114 de la Ley 510 de 1999, que regulaba la administración de bases de datos financieros. La norma acusada se refería al suministro de datos financieros de personas naturales, indicando qué clase de datos podrían ser suministrados y tratados automatizadamente y en qué condiciones podrían ser recogidos y transmitidos. La Corte Constitucional consideró que el contenido de esta norma se refería al núcleo esencial del derecho de habeas data, pues involucraba la facultad de las personas para ?conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos?, en especial, cuando hacían referencia a la forma en que pueden conocerse tales informaciones, la posibilidad de actualizar y rectificar dichos datos, y la facultad de la Superintendencia Bancaria para evaluar la solvencia de sus titulares.

La Corte advirtió, en consecuencia, que las leyes que regulan el núcleo esencial de un derecho fundamental deben tramitarse por el procedimiento de ley estatutaria, hecho que en el presente caso no se verificó al comprobarse que en el trámite legislativo ordinario impartido por el Congreso al artículo 114 de la Ley 510 de 1999, se incurrió en un claro vicio de forma. En virtud de lo anterior, declaró la inexequibilidad de esta disposición. nota 1

En otra ocasión, se demandó la inconstitucionalidad de los artículos 110 y 114 de la Ley 510 de 1999, pues se relacionan directamente con el derecho fundamental al habeas data, al referirse a procedimientos que deben seguir las entidades financieras en el manejo de la información personal de los usuarios del sistema financiero y por lo tanto se vulneró la exigencia de regulación mediante ley estatutaria (Art. 152 literal a), Constitución Política). Con base en lo establecido en la sentencia C-384/00, la Corte señaló que cuando se establecen reglas atinentes a los alcances, o a las condiciones de ejercicio de los derechos fundamentales, el legislador está sometido a la llamada reserva de ley estatutaria, en la medida en que ella constituye una garantía constitucional a favor de los ciudadanos.

En particular, refiriéndose al habeas data, cuando se regulen las facultades de los particulares de conocer, actualizar o rectificar informaciones que sobre ellos se encuentren en cualquier base de datos, el trámite correspondiente a tal regulación es el de las leyes estatutarias. La norma demandada está determinando los alcances del derecho de habeas data, respecto de la facultad de actualizar la información personal que se encuentre dentro de las bases de datos de las entidades financieras, por ello, se declaró la inexequibilidad de dicha norma. nota 2

· La regulación de la caducidad del dato negativo requiere ley estatutaria

Se presentó acción de inconstitucionalidad contra el artículo 19 de la ley 716 de 2001 "por medio de la cual se expiden normas para el saneamiento de la información contable en el sector público y se dictan en materia tributaria otras disposiciones". El actor sostuvo que la regulación tocó aspectos que corresponden de forma exclusiva a leyes estatutarias. La Corte Constitucional, al hacer el estudio de constitucionalidad de la mencionada norma estimó que para determinar si la norma acusada requería trámite estatutario, no basta con establecer si el objeto de esa disposición tiene alguna relación con un derecho fundamental. Es necesario constatar si el contenido normativo de la ley desde el punto de vista material, regula elementos que se encuentran próximos y alrededor del contenido esencial de un derecho fundamental, y en caso de realizar restricciones, limites o condicionamientos sobre éstos, debe verificarse si éstas tienen un carácter proporcional y constitucionalmente razonable.

Es claro que si una norma fija pautas y establece supuestos fácticos para la caducidad de los datos de las personas, está reglamentando el contenido conceptual básico del derecho al habeas data, pues por este camino es alterada la forma como distintas personas pueden actualizar y rectificar sus informaciones. De un lado, la consagración de un término de caducidad del dato financiero regula estructuralmente el hábeas data en materia financiera, pues establece las condiciones de tiempo en que las personas pueden exigir que sea removida una información negativa de una base de datos. Ese elemento es básico en la determinación del alcance concreto del hábeas data, puesto que condiciona el éxito de la posibilidad de que una persona modifique la información contenida en una base de datos.

De otro lado, el artículo 15 de la Carta, al regular el habeas data y el derecho a la intimidad, ampara también, dentro de ciertos límites, el derecho de las personas a estructurar bases de datos, pues no sólo prevé que el hábeas data es un mecanismo para rectificar el contenido de dichas bases, sino que además establece que ?en la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución?. Esto significa que existe un derecho a recolectar, sistematizar y circular datos, que además se encuentra profundamente ligado a la libertad de toda persona de informar y recibir información veraz e imparcial (Constitución Política Art. 20). El derecho a sistematizar y circular datos es fundamental, por su consagración expresa en el artículo 15 superior y por su relación inescindible con la libertad de información. Ahora bien, la consagración de un término de caducidad, a partir del cual las entidades financieras no pueden circular determinados datos sobre los deudores, implica una restricción al derecho fundamental a la circulación de datos, por lo cual, requiere una ley estatutaria.

Finalmente, la consagración de un término de caducidad implica una restricción al derecho a informar y a ser informado, que es un derecho fundamental (Constitución Política Art. 20). El legislador, al adoptar esa decisión sobre la caducidad del dato, necesariamente realiza una ponderación entre derechos fundamentales, cuyo resultado deviene inevitablemente, en una regulación de los elementos conceptuales y estructurales mínimos de esos derechos fundamentales, puesto que, como resultado de esa ponderación, es delimitado el contenido constitucionalmente protegido de esos derechos. Por lo anterior la norma se declaró inexequible y se exhortó al Congreso de la Republica a que por medio de la correspondiente ley estatutaria, reglamente este tema. nota 3



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-384-00
  2. Corte Constitucional, Sentencia C-729-00
  3. Corte Constitucional, Sentencia C-687-02

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