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Última modificación: 2006-08-01
Derecho a la caducidad del dato

El deudor tiene derecho a que la información se actualice, a que ella contenga los hechos nuevos que le beneficien. Y, por lo mismo, también hacia el pasado debe fijarse un límite razonable, pues no sería lógico ni justo que el buen comportamiento de los últimos años no borrara, por así decirlo, la mala conducta pasada. El deudor, después de pagar sus deudas, con su buen comportamiento por un lapso determinado y razonable ha creado un buen nombre, una buena fama, que en tiempos pasados no tuvo. Corresponde al legislador, al reglamentar el habeas data, determinar el límite temporal y las demás condiciones de las informaciones. Igualmente corresponde a esta Corporación, al ejercer el control de constitucionalidad sobre la ley que reglamente este derecho, establecer si el término que se fije es razonable y si las condiciones en que se puede suministrar la información se ajustan a la Constitución.

Pero, mientras el legislador no determine el término de caducidad del dato, hay que considerar que es razonable el término que evite el abuso del poder informático y preserve las sanas prácticas crediticias, defendiendo así el interés general. En este orden de ideas, sería irrazonable la conservación, el uso y la divulgación informática del dato, si no se tuviera en cuenta la ocurrencia de los siguientes hechos: a) Un pago voluntario de la obligación; b) Transcurso de un término de dos (2) años, a partir del pago voluntario, que se considera razonable. Este término se explica porque el deudor, pagó voluntariamente, y se le reconoce su cumplimiento, aunque haya sido tardío. Expresamente se exceptúa el caso en que la mora haya sido inferior a un (1) año, caso en el cual, el término de caducidad será igual al doble de la mora; y, c) Que durante el término indicado en el literal anterior, no se hayan reportado nuevos incumplimientos del mismo deudor, en relación con otras obligaciones.

Si el pago se ha producido en un proceso ejecutivo, es razonable que el dato, a pesar de ser público, tenga un término de caducidad, que podría ser de cinco (5) años, que es el mismo fijado para la prescripción de la pena, cuando se trata de delitos que no tienen señalada pena privativa de la libertad en el Código Penal, pues si las penas públicas tienen un límite personal, y aun el quebrado, en el derecho privado, puede ser objeto de rehabilitación, no se ve por qué no vaya a tener límite temporal el dato financiero negativo. Como no se puede perder de vista la finalidad legítima a la que sirven los bancos de datos financieros, es importante precisar que el límite temporal mencionado no puede aplicarse razonablemente si dentro del mismo término ingresan otros datos de incumplimiento y mora de las obligaciones del mismo deudor o si está en curso un proceso judicial enderezado a su cobro.

Esta última condición se explica fácilmente pues el simple pago de la obligación no puede implicar la caducidad del dato financiero, por estas razones: a) la finalidad legítima del banco de datos que es la de informar verazmente sobre el perfil de riesgo de los usuarios del sistema financiero; b) la ausencia de nuevos datos negativos durante dicho término, que permite presumir una rehabilitación comercial del deudor moroso. Es claro que si durante los cinco (5) años se presentan nuevos incumplimientos de otras obligaciones, se pierde la justificación para excluir el dato negativo porque en ese caso no se ha reconstruído el buen nombre comercial. Sin embargo, cuando el pago se ha producido una vez presentada la demanda, con la sola notificación del mandamiento de pago, el término de caducidad será solamente de dos (2) años, es decir, se seguirá la regla general del pago voluntario.

Igualmente debe advertirse que si el demandado en proceso ejecutivo invoca excepciones, y éstas prosperan, y la obligación se extingue porque así lo decide la sentencia, el dato que posea el banco de datos al respecto, debe desaparecer. Se exceptúa el caso en que la excepción que prospere sea la de prescripción, pues si la obligación se ha extinguido por prescripción, no ha habido pago, y, además, el dato es público. Se advierte que todo lo anterior sobre el término de caducidad, refleja los criterios generales que la Corte estima razonables a la luz de la Constitución, pero el legislador, al dictar la ley estatutaria correspondiente, podrá según su buen criterio, apartarse, determinando lo que él mismo estime razonable, siempre y cuando se ajuste a la Constitución. nota 1

En otra sentencia, la Corte revisó el caso de una señora que habiendo pagado voluntariamente una obligación crediticia por la cual incurrió en mora, seguía apareciendo en los registros de Datacrédito con una obligación en mora pagada voluntariamente y con la anotación de que dicha obligación ?no refleja ningún tipo de información negativa?. La Corte señaló que a pesar de que el reporte no genere información negativa, ?debe desaparecer de los archivos de la entidad toda vez que el deudor no puede quedar reportado de manera perpetua y resultar eventualmente perjudicado frente a la adquisición de otros comportamientos comerciales. En cuanto a la permanencia de la información, ya se ha dicho que los datos no pueden tener vocación de perennidad y, por tanto, una vez el deudor se ha puesto al día con las obligaciones y transcurrido el término de caducidad razonable establecido por la Corte, se debe proceder a actualizar la información y a desaparecer de los archivos las informaciones negativas?. La Corte ordenó a Datacrédito que ?proceda a eliminar de su banco de datos cualquier registro que posea? de la accionante nota 2.

En otro caso, un señor presentó acción de tutela contra Datacrédito y la Cifin en defensa de sus derechos al hábeas data y al buen nombre. Indicó que había contraído varias obligaciones con un Banco las cuales había pagado en distintos tiempos, en algunos casos por fuera de los plazos previstos, pero que no obstante no deber ya ningún dinero y disponer de un paz y salvo expedido por la entidad bancaria, las accionadas seguían manteniendo el dato negativo en sus bases de datos, impidiéndole acceder a otros créditos. Las accionadas adujeron que el actor tenía otro crédito en mora diferente a las obligaciones con la entidad bancaria y que por ello no era procedente retirarlo de sus bases de datos pues no había saneado su buen nombre comercial.

La Sala de Tutela de la Corte Constitucional indicó que las accionadas habían dado una interpretación inadecuada a la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia pues habían considerado todas las obligaciones de manera global para negarse a borrar los datos negativos, cuando debían proceder a considerarlas de manera individual y eliminar todas aquellas que ya habían cumplido su término de caducidad del dato negativo.

Para la Corte, ?el término de caducidad del dato de una obligación pagada extemporáneamente, no puede tornarse inoperante cuando durante el mismo, entran nuevas obligaciones en mora y que responden a una causa jurídica totalmente ajena a las obligaciones que ya fueron canceladas y que están pendientes de que la información correspondiente caduque. En efecto, cuando el deudor paga sus obligaciones de manera tardía, y se verifica el término de caducidad del dato financiero, su perfil de riesgo, necesariamente, ha mejorado con respecto a éstas. Si eventualmente se presentan otras obligaciones en mora, es lógico que el reporte negativo se mantenga en relación con éstas, pero no con respecto de aquellas que ha cancelado, y cuyo período de caducidad se ha verificado, habida cuenta del mejoramiento del perfil de riesgo que en virtud del pago presenta el deudor. La aplicación, de esta condición debe circunscribirse a obligaciones derivadas de una misma causa jurídica, v.gr. un mismo producto financiero, un mismo contrato de telecomunicaciones, etc.? nota 3



  1. Corte Constitucional, Sentencia SU-082-95, reiterada por la sentencia SU-089-95, T-527-00, T-856-00, T-268-02
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-814-02
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-565-05. Uno de los tres magistrados que conforman la sala presentó salvamento de voto contra esta sentencia, pues consideró que con ella se estaba modificando la sentencia de unificación SU 082 de 1995 que no habla de obligaciones derivadas de una misma causa jurídica sino de manera genérica de otras obligaciones.

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