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Última modificación: 2006-08-01
El establecimiento de un término de caducidad del dato financiero negativo no viola el principio de incorporación

Varios ciudadanos presentaron acción de tutela contra algunos administradores de bases de datos, a quienes acusaron de vulnerar su derecho al hábeas data por tenerlos incluidos en ellas, a pesar de haber cancelado sus deudas. La Corte Constitucional consideró que en estos casos no existía vulneración de los derechos de los accionantes, dado que la permanencia de sus nombres en las bases de datos se estaba efectuando de conformidad con las reglas de caducidad del dato negativo establecidas en la jurisprudencia de la Corte y respetando los principios rectores que orientan la actividad de las administradoras de bases de datos. De manera particular, la Corte se ocupó de precisar porqué el establecimiento de un término de caducidad del dato negativo no afecta el principio de incorporación. De acuerdo a ese principio, los administradores de las bases de datos están en la obligación de incluir en sus registros la información que genere situaciones ventajosas a favor de su titular, a condición que éste reúna los requisitos que la ley exija para tal fin.

Dentro de estas circunstancias favorables está la exclusión de los datos sobre mora de créditos actualmente redimidos, por lo que conservar dicha información, incluso durante un término previamente definido, constituiría una violación del principio de incorporación. La existencia del principio de incorporación se deriva de la facultad constitucional que tiene el individuo de actualizar la información personal contenida en una base de datos; sin embargo, el uso de esta facultad, al igual que las de conocimiento y rectificación, está limitada por la vigencia de otros bienes jurídicos valiosos, entre ellos, el interés general, el buen funcionamiento del sistema de intermediación financiera y la protección del ahorro público a través de un adecuado cálculo del riesgo crediticio.

Teniendo en cuenta este otro extremo, La Corte estima que la eliminación del registro negativo, de forma inmediata y una vez se produzca el pago de la obligación, constituye un ejercicio desproporcionado de la facultad de actualización del dato financiero, puesto que tal actuación es contraria a la efectiva vigencia de los bienes constitucionales a los que se hizo referencia, relacionados con el derecho a la información y el normal funcionamiento del sistema de crédito. De este modo, la consagración de un término de caducidad del dato negativo se torna en una herramienta útil para proteger los intereses del deudor titular de la información y de los demás agentes económicos, incluidas las instituciones comerciales y financieras, pues, de un lado, permite que la información esté disponible para su utilización en el cálculo del nivel de riesgo crediticio durante un lapso de tiempo razonable y, del otro, obliga a la exclusión del dato negativo concluido dicho término, en aras de salvaguardar la intimidad y buen nombre del deudor que cumplió voluntaria o judicialmente con el pago nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-049-04

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