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Última modificación: 2006-08-01
Utilización de información de bases de datos oficiales reservados para expediente penal

La actora se encontraba detenida en la cárcel cumpliendo la orden de un juzgado de instrucción de orden público, el cual encontró pruebas para presumir la comisión del delito de rebelión, luego de un allanamiento realizado por el Ejército. Obra en el expediente una constancia de antecedentes de la actora, allegada por los organismos de inteligencia del Estado, en donde califican a la peticionaria de "rebelde", integrante del ELN, sin que sobre ella pese sentencia condenatoria por ese acto. De acuerdo con la Corte, en el caso en que existan antecedentes penales en un banco de datos oficial, en donde exista constancia de que la persona ha cometido alguna conducta considerada punible por el ordenamiento pero no exista condena en firme, y posteriormente se vincule a un nuevo proceso penal por la comisión de los mismos hechos punibles, no es violatorio del derecho al habeas data que los antecedentes se incluyan en el nuevo expediente.

De hecho el Estado tiene por misión el servicio a todas las personas, para ello debe dotarse, respetando los derechos humanos y el debido proceso, de idóneas herramientas que le permitan mantener un clima de paz y convivencia, de suerte que pueda incluso recopilar y archivar información sobre una persona, en el marco de sus funciones, siempre y cuando no divulgue ni de a la publicidad por ningún medio la información sobre esa persona, salvo el evento que ella tenga antecedentes penales o contravencionales, esto es, que tenga una condena proferida en sentencia judicial definitiva, como lo dispone el artículo 248 constitucional. El Estado debe guardar la absoluta reserva y dar a conocer al interesado sólo aquella parte que puede conocer, actualizar o rectificar en virtud del artículo 15 de la Constitución, según lo expuesto y frente a terceros la reserva es total.

La investigación, su soporte científico y el resultado tienen por objeto nutrir al investigador (en la investigación previa o en la investigación-instrucción), y debido a su especial carácter reservado está prohibido darla a conocer a terceros; por lo tanto la labor que realicen los organismos encargados de llevar a cabo la investigación, no debe hacerse pública antes de la etapa de juzgamiento. La Corte confirmó la sentencia que denegó la tutela al considerar que en este caso no se vulneraron los derechos fundamentales de la actora. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-444-92

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