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Última modificación: 2006-08-01
Registro y cancelación de órdenes de captura

Un señor fue detenido arbitraria e ilegalmente en varias ocasiones por el DAS, porque mantenía vigente en su base de datos una orden de captura que ya había sido cancelada por la autoridad judicial que la había expedido, pero cuya decisión no se le había comunicado formalmente. La Corte consideró que el DAS había violado los derechos del ciudadano al no actualizar su base de datos en lo concerniente a la vigencia de la orden de captura, ya que esta información la había conocido desde la primera ocasión en que detuvo a dicho ciudadano. La Corte también recordó que los jueces de la Republica están en la obligación de comunicar la cancelación de una orden de captura a todas las autoridades a las cuales se les haya comunicado la expedición de la misma. La Corte señaló que la permanencia en el registro de una información relacionada con una orden de captura que ha perdido su vigencia es un dato negativo que al tenor del inciso 3º del artículo 350 CPP, debe ser descargada de los archivos de las entidades encargadas de llevar su registro.

La orden de captura no es un antecedente penal, por ende, con mayor razón, debe ser retirada de los archivos cuando la autoridad judicial competente haya ordenado su cancelación, incluso en el evento en que haya transcurrido el tiempo de prescripción de la pena. Conservar una orden de captura en los registros, cuando aquélla El principio de incorporación que exige que el dato favorable sea ingresado a la base de datos, para el caso de las órdenes de captura, ?debe entenderse en el sentido que lo favorable es que la información sea retirada completamente de los archivos, a fin de garantizar el derecho al olvido de las personas, evitar que sean molestadas en su libertad personal y en el ejercicio de los demás derechos fundamentales?. La Corte ordenó a la Fiscalía General de la Nación, al DAS y a la Dijin adoptar las medidas necesarias con el fin de cumplir con la función legal de registro oportuno de las órdenes de captura y la cancelación del mismo, por orden judicial y lograr la depuración del sistema nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-310-03

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