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Última modificación: 2006-08-01
La administración puede solicitar información laboral o academica a contratistas de prestación de servicios

Se presentó acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2, 3 (todos parcialmente), de la Ley 190 de 1995, en lo que respecta a las exigencias de información de quienes aspiren a celebrar contratos de prestación de servicios con la administración. Señalaron los demandantes, que la información requerida violaba el derecho a la intimidad de los potenciales contratistas de servicios del Estado, dado que se refiere a aspectos propios de su vida privada, que nada tienen que ver con la relación contractual que ellos establecen con la administración pública, la cual debe regirse exclusivamente por el contrato y la ley contractual; así mismo, que eventualmente dicha información puede ser mal utilizada por el Estado, acarreando para las personas que la suministran consecuencias contrarias a sus legítimos intereses.

La Corte advirtió, en primer lugar, que la información solicitada, descrita en el artículo 1 de la ley 190 de 1995, se refiere a aspectos académicos que acredita la persona, (años de estudio, niveles de educación cursados, títulos y certificados obtenidos); a la experiencia laboral que ha acuñado, (cargos desempeñados tanto en el sector público como en el privado, y los datos que permitan constatar esa información); y aquella información que le permita a la administración determinar si la persona está o no incursa en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades que establece la ley, aspectos todos que bien pueden ingresar en la órbita de lo público y que en nada afectan el núcleo esencial del derecho a la intimidad.

La información de carácter académico y laboral no está sustraída al conocimiento público pues con base en ella la persona se da a conocer en el ámbito social y se promociona en el mercado laboral, sin que su consignación en un sistema de información público amenace su derecho fundamental a la intimidad, mucho menos cuando ella ha sido voluntariamente suministrada por quien expresamente ha manifestado su interés de ofrecer sus servicios a la administración pública, que es lo que hace la persona natural cuando diligencia el formato único de hoja de vida que se le exige como condición previa para considerar su contratación con el Estado, o la persona natural o jurídica que en su calidad de consultor se inscribe en el correspondiente registro.

En segundo lugar, el Estado, a través del legislador, está habilitado para diseñar e imponer la utilización de esos instrumentos técnicos, que de una parte le permiten garantizar la vinculación de los más capaces y de los más idóneos a la administración, como servidores públicos o como contratistas, y de otra le permiten impulsar la realización de los principios rectores de la administración pública consagrados en el artículo 209 de la Carta, siempre y cuando el contenido de dichos instrumentos no desconozca principios fundamentales de las personas, y contemplen, ellos mismos, mecanismos de control que eviten un uso indebido de la información que los nutre. Con fundamento en lo anterior, la Corte declaró exequibles los artículos demandados. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-326-97

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