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Última modificación: 2006-08-01
La recoleccion de datos publicos sobre las personas que aspiren a contratar con la administración no requiere de ley estatutaria

Se presentó acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 1°, 2° y 3° (totales) de la ley 190 de 1.995 en la que se reitera lo establecido en las sentencias C-326/ 97 y C-567/97 y se analiza el cargo según el cual los actores consideran que la preceptiva acusada viola la Constitución dado que las normas, como las presentes, deben tramitarse como leyes estatutarias dado que regulan derechos fundamentales y no como en este a través de una ley ordinaria.

La Corte determinó que la información exigida por la administración a quienes pretendan contratar con ella no viola los derechos a la intimidad y al habeas data y que la reserva de ley estatutaria se aplicaría para aquellos casos en los que la actividad regulada consiste en la recolección, procesamiento o circulación de datos personales que comprometan la intimidad de las personas, único supuesto en el cual, por verse involucrada una afectación de derechos fundamentales, resulta de mérito un mayor rigor en el ejercicio de las facultad legislativa, para garantizar el sopesamiento, reflexión y debate que se justifican por la materia a regular.

Si aquellos datos que deben suministrarse en el formato único de hoja de vida, se refieren a información de carácter académico y laboral y en general a aspectos que bien pueden ingresar en la órbita de lo público y que en nada afectan el núcleo esencial del derecho a la intimidad, resulta evidente que, por sustracción de materia, está excluida la afectación de derechos humanos de carácter fundamental, especialmente del derecho a la intimidad, por lo cual la reserva de ley estatutaria no resulta aplicable. Resulta excesivamente riguroso sostener que la exigencia legal de suministrar información académica y laboral para poder contratar con la Administración, o para vincularse a ella como servidor público, y los requisitos del posterior almacenamiento y circulación de dicha información, deban ser formulados mediante el trámite de una ley estatutaria. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-446-98

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