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Última modificación: 2006-12-04
El das debe asegurar al interesado una forma gratuita de suministro de información sobre sus antecedentes judiciales

Fueron demandados por inconstitucionalidad los artículos 1 y 3 parciales de la Ley 961 de 2005, ?por la cual se regulan las tasas por la prestación de los servicios del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, y se dictan otras disposiciones?. Tales disposiciones creaban una tasa como contraprestación de los servicios prestados por el Departamento de Seguridad de i) la expedición física del certificado de antecedentes judiciales; ii) la renovación del certificado de antecedentes judiciales; iii) la disponibilidad electrónica de información sobre antecedentes judiciales para ser consultados por el interesado o por terceros; y iv) la renovación del servicio de disponibilidad electrónica de la información sobre antecedentes judiciales.

A juicio de la demandante, esa tasa vulneraba distintas normas constitucionales y el precedente sentado en la sentencia C-511 de 1999 en cuanto al papel del artículo 40 constitucional como un límite a la libertad de configuración del legislador en materia tributaria. Indicaba, entre otras afirmaciones, que la tasa vulneraba el derecho al hábeas data porque imponía una tasa uniforme que debía pagar los interesados para acceder a la información relacionada con sus antecedentes judiciales, tasa que estimaba demasiado elevada en relación con el nivel de ingresos del colombiano promedio, de manera tal que la mayoría de las personas no podría costearse la expedición del certificado de antecedentes judiciales y en esa medida no podría ejercer el derecho a la autodeterminación informativa respecto de la información consignada en las bases administradas por el Departamento Administrativo de Seguridad.

La Corte destacó que el certificado de antecedentes judiciales tenía estrecha relación con el ejercicio del derecho fundamental a la autodeterminación informativa, previsto en el artículo 15 de la Carta Política, pues este documento estipula si el titular no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales y de policía, o si no es solicitado por las mismas autoridades. En esa medida tener acceso a esta información, actualizarla y eventualmente corregirla resulta de fundamental importancia para las personas residentes en Colombia no solo para el eventual ejercicio de cargos y funciones públicas, sino también incluso para garantizar su libertad personal.

No se debe confundir el certificado de antecedentes judiciales con la información relativa a la situación judicial de un ciudadano frente a la justicia y autoridades colombianas, información a la cual, en principio, pueden acceder los interesados por medios distintos al certificado judicial, como por ejemplo, en ejercicio del derecho de petición. Sin embargo, por la interpretación que el DAS ha hecho de la normas, en la práctica, el acceso a la información sobre si una persona tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales y de policía, o si no es solicitado por las mismas autoridades ha estado condicionado al pago de un tasa. Lo cual resulta a todas luces inconstitucional, porque una persona interesada, que carezca de los recursos suficientes para el pago del tributo, no podrá acceder a esa información en extremo relevante para su libertad personal, ni tampoco podrá actualizarla ni corregirla, tal como prevé el artículo 15 constitucional. Supeditar el ejercicio de derechos fundamentales al pago de una contraprestación económica significa ignorar su carácter inalienable, tantas veces puesto de relieve por la jurisprudencia constitucional.

El literal a) del artículo tercero de la Ley 961 de 2005 preveía como hechos generadores de la tasa demandada la expedición física del certificado de antecedentes judiciales y sus renovaciones (numeral 1) y la disponibilidad electrónica de información sobre antecedentes judiciales para ser consultados por el interesado o por terceros (numeral 2). De manera tal que, como antes se consignó, todas las posibilidades de acceso a la información sobe los antecedentes judiciales estaban condicionadas al pago de una tasa, razón por la cual la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la expresión ?por el interesado? contenida en el numeral 2 del literal a) del artículo 3 de la Ley 961 de 2005, para garantizar que las personas interesadas pudieran tener acceso a la información electrónica sobre sus antecedentes judiciales de manera gratuita, y de esta manera dejar a su disposición una vía no onerosa para poder asegurar el ejercicio de su derecho a la autodeterminación informativa.

La Corte ordenó al Departamento Administrativo de Seguridad habilitar las condiciones necesarias para que los interesados puedan tener acceso a la información electrónica sobre sus antecedentes judiciales de manera gratuita, pues sólo de esta manera es posible garantizarse efectivamente el derecho a la autodeterminación informativa.

La Corte también observó que el Departamento Administrativo de Seguridad hacía una interpretación de las normas relacionadas con el certificado de antecedentes judiciales de conformidad con la cual sólo estaba autorizada a informar a los interesados para suministrar información sobre antecedentes judiciales mediante la expedición del certificado. Tal interpretación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la expedición de este documento ?precisó- desconocía claramente el derecho a la autodeterminación informativa, por cuanto impedía el acceso a la información relativa a la situación judicial frente a la justicia y autoridades colombianas, la cual es relevante para las personas residentes en Colombia. Por ello la Corte Constitucional indicó que el Departamento Administrativo de Seguridad estaba obligado a suministrar a petición del interesado y de manera gratuita información sobre sus antecedentes judiciales, para que éste pueda conocer tal información, actualizarla y rectificarla, sin que la respuesta a esta solicitud reemplace al certificado de antecedentes judiciales, en los trámites y actuaciones para los cuales este documento es requerido. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-536-06

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