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3. Habeas data en materia financiera y comercial

3.1. Alcance y límites del derecho a la intimidad: información sobre el comportamiento crediticio de una persona se encuentra fuera del ámbito de protección

Una persona que después de haber sido incluida en una base de datos como deudor moroso, canceló la deuda pendiente, consideró que se le violaban sus derechos al buen nombre, a la intimidad y al habeas data, por no haber sido inmediatamente excluido su nombre de dicha base de datos. La Corte estableció que cuando el artículo 15 de la Constitución consagra el derecho a la intimidad personal y familiar, es evidente que ampara, en primer lugar, aquello que atañe solamente al individuo, como su salud, sus hábitos o inclinaciones sexuales, su origen familiar o racial, sus convicciones políticas y religiosas. Ampara, además, la esfera familiar, lo que acontece en el seno de la familia, que no rebasa el ámbito doméstico, pues nadie extraño tiene, en principio, por qué conocer cómo discurre la vida familiar. Sólo en circunstancias anormales, y precisamente para volver a la normalidad, el Estado, por ejemplo, interviene, y temporalmente el derecho a la intimidad familiar debe ceder frente a otro superior.

Entendidas así la intimidad personal y familiar, es claro que resulta exagerado colocar en este mismo plano el comportamiento de una persona en materia crediticia. Ello, por varias razones: 1) el ser buen o mal pagador es algo que no sólo interesa al deudor, sino a éste y a quienes son sus acreedores actuales o potenciales; 2) el ámbito crediticio tiene un contenido económico, que no puede equipararse con lo que pertenece a planos superiores, como la vida, la libertad y la dignidad del hombre. Dicho en términos sencillos, quien obtiene un crédito de una entidad financiera, no puede pretender que todo lo relacionado exclusivamente con el crédito, y en especial la forma como él cumpla sus obligaciones, quede amparado por el secreto como si se tratara de algo perteneciente a su intimidad. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia SU-082-95. ?Por medio de esta sentencia, la Corte unifica su jurisprudencia en esta materia, en los términos hasta aquí expuestos?. Con esta frase la Corte recoge y determina el alcance de su jurisprudencia anterior en relación con el derecho al Habeas Data en el ámbito financiero. Reiteración total de jurisprudencia en la sentencia SU-089-95
3.2. Alcance y límites del derecho al buen nombre en función de su relación con el derecho al habeas data

En el mismo caso anterior, la Corte se refirió al alcance del derecho al buen nombre garantizado en el artículo 15 de la Constitución. Se atenta contra este derecho cuando sin fundamento se propagan entre el público en forma directa y personal, o a través de los medios de comunicación de masas, informaciones falsas o erróneas que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que, por lo tanto, tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa, o cuando en cualquier forma se manipula la opinión general para desdibujar su imagen.

Pero el derecho al buen nombre no es gratuito. Por su misma naturaleza, exige como presupuesto indispensable el mérito, esto es, la conducta irreprochable de quien aspira a ser su titular y el reconocimiento social del mismo. En otros términos, el buen nombre se adquiere gracias al adecuado comportamiento del individuo, debidamente apreciado en sus manifestaciones externas por la colectividad. No puede alegar desconocimiento o vulneración de su buen nombre quien, por su conducta da lugar a que se ponga en tela de juicio su credibilidad. En lo que tiene que ver con el manejo del crédito, es evidente que la fama de buen o mal pagador se origina en la forma en que usualmente la persona atiende sus obligaciones. Es ella misma quien realiza los actos que configuran su fama. Es elemental, por lo dicho, que la vulneración del buen nombre sólo puede aducirla quien lo tiene, porque lo ha ganado. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia SU-082-95, reiterada por la sentencia SU-089-95. Con respecto a este punto la sentencia en referencia se basa en su totalidad en la sentencia T-228-94
3.3. El conflicto entre el derecho al buen nombre y el derecho a la información

El conflicto entre el derecho al buen nombre y el derecho a la información, se presenta cuando aquél se vulnera por la divulgación de ésta. Hay que partir de la base de que la información debe corresponder a la verdad, ser veraz, pues no existe derecho a divulgar información que no sea cierta. La Corte se planteó la necesidad de responder a las siguientes preguntas: ¿existe un derecho de los establecimientos de crédito a recibir información veraz sobre la conducta de sus posibles deudores en lo tocante al cumplimiento de sus obligaciones?. Y, de otra parte, ¿tiene el deudor derecho a impedir que el acreedor informe sobre la manera como él cumplió o cumple sus obligaciones? Las instituciones de crédito, precisamente por manejar el ahorro del público, ejercen una actividad de interés general, como expresamente lo señala el artículo 335 de la Constitución.

No tendría sentido pretender que prestaran sus servicios, y en particular otorgaran créditos, a personas de las cuales no tienen información. Por el contrario: un manejo prudente exige obtener la información que permita prever qué suerte correrán los dineros dados en préstamo. Cuando un establecimiento de crédito solicita información sobre un posible deudor, no lo hace por capricho, no ejerce innecesariamente su derecho a recibir información. La causa de la solicitud es la defensa de los intereses de la institución que, en últimas, son los de una gran cantidad de personas que le han confiado sus dineros en virtud de diversos contratos. El deudor, por su parte, no tiene derecho a impedir el suministro de la información, principalmente por tres razones: 1) se trata de hechos que no tienen que ver solamente con él; 2) no puede oponerse a que la entidad de crédito ejerza un derecho a recibir información; 3) no se relaciona con asuntos relativos a su intimidad. Lo anterior, bajo el entendido que la circulación de esa información está condicionada a la autorización previa del interesado. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia SU-082-95, reiterada por la sentencia SU-089-95
3.4. Necesidad de autorización previa

En relación con el derecho a la información y la legitimidad de la conducta de las entidades que solicitan información de sus eventuales clientes, a las centrales de información que para el efecto se han creado, así como la facultad de reportar a quienes incumplan las obligaciones con ellos contraídas, tiene como base fundamental y punto de equilibrio, la autorización que el interesado les otorgue para disponer de esa información, pues los datos que se van a suministrar conciernen a él, y por tanto, le asiste el derecho, no sólo a autorizar su circulación, sino a rectificarlos o actualizarlos, cuando a ello hubiere lugar. La autorización debe ser expresa y voluntaria por parte del interesado, para que sea realmente eficaz, pues de lo contrario no podría hablarse de que el titular de la información hizo uso efectivo de su derecho. Esto significa que las cláusulas que en este sentido están siendo usadas por las distintas entidades, deben tener una forma y un contenido que le permitan al interesado saber cuáles son las consecuencias de su aceptación. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia SU-082-95, reiterada por la sentencia SU-089-95
3.5. Derecho a la información veraz y completa en los bancos de datos: derecho a la actualizacion y rectificación del dato

La información para ser veraz debe ser completa. En lo atinente a un crédito, por ejemplo, un banco no daría información completa, si se limitara a expresar que el deudor ya no debe nada y ocultara el hecho de que el pago se obtuvo merced a un proceso de ejecución, o que la obligación permaneció en mora por mucho tiempo. Igualmente, no sería completa si no se informara desde qué fecha el cliente está a paz y salvo. El otorgamiento de créditos es una actividad que implica correr un riesgo. Y éste es diferente según el posible deudor haya sido una persona de las que usualmente cumplen oportunamente sus obligaciones o, por el contrario, se cuente entre quienes suelen incurrir en mora o ser demandados en procesos ejecutivos. Por esto, es claro que incurre en culpa el encargado de otorgar préstamos que no examina esta circunstancia.

Aunque, el deudor tiene derecho a que la información se actualice, esto no significa, como equivocadamente se cree, que si ya cumplió la obligación, solamente debe expresarse que nada debe. Actualizar una información, es decir, ponerla al día, no implica borrar o suprimir el pasado. Significa solamente registrar o agregar, el hecho nuevo. En el caso del deudor moroso que finalmente paga, voluntaria o forzadamente, la información completa sobre su conducta como deudor debe incluir todas estas circunstancias. No que se borre todo lo anterior, como si no hubiera existido. Sostener lo contrario llevaría al absurdo de afirmar que actualizar una historia, es consignar únicamente el último episodio, eliminando todo lo anterior. De otra parte, hay que aclarar que el revelar un dato verdadero, en condiciones normales, no constituye una sanción, sino el ejercicio del derecho a informar y recibir información veraz e imparcial, consagrado por el artículo 20 de la Constitución. nota 1

En sentencia posterior, la Corte revisó el caso de una persona que aún habiendo pagado la deuda, continuaba apareciendo en las bases de datos como moroso. Consideró que el derecho a la información no es absoluto y por lo tanto no se puede utilizar para revelar datos que lesionen la honra y el buen nombre de las personas. La información, debe corresponder a la verdad, no se permite difundir informaciones que no sean ciertas y objetivas. Las entidades financieras tienen un interés legítimo de conocer las informaciones sobre el comportamiento crediticio de sus clientes y en este sentido, mientras las informaciones sobre un deudor sean fidedignas, verídicas y completas, no se puede afirmar que el suministro y la circulación de los datos, vulnera el derecho al buen nombre. Sin embargo, no es admisible que una entidad financiera tenga a un usuario reportado siete (7) meses, ante los centros de información crediticia y no haya actualizado su información del pago voluntario que estos hicieron, aunque se trata, en este caso, de un hecho superado. nota 2

  1. Corte Constitucional, Sentencia SU-082-95, reiterada por las sentencias SU-089-95 y T-303-98
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-578-01, en el mismo sentido ver sentencia T-257-02
3.6. El no pago de obligación que se discute en proceso judicial ordinario no puede ser repotado a una base de datos hasta tanto no se determine la existencia de la obligación misma

Al conocer de una acción de tutela que habían interpuesto dos hermanos contra una central de datos por la inclusión en sus bases de una obligación supuestamente adquirida por ellos con un Banco, cuya existencia discutían en un proceso ordinario ante un Juzgado Civil del Circuito de Bogotá, la Corte Constitucional indicó que mientras no exista certeza sobre la obligación, a través de una decisión judicial ejecutoriada, no puede ser reportado el presunto deudor como moroso a ninguna central de datos. Para la Corte, mantener a una persona reportada a una central de riesgo como deudora morosa de una obligación cuya existencia está siendo discutida en un proceso, ?no solamente puede vulnerar sus derechos al buen nombre, a la honra y a la dignidad humana, sino que también implicaría un desconocimiento de su derecho constitucional fundamental al debido proceso, pues la persona cuenta con toda la garantía constitucional para esperar de la jurisdicción del Estado, una decisión definitiva en relación con el derecho que se controvierte?. Mantenerlo reportado como deudor moroso en esas circunstancias ?resulta a juicio de la Corte, verdaderamente desproporcionado e irrazonable debido al grave perjuicio para sus derechos fundamentales y para su libertad económica que con toda seguridad se vería seriamente restringida durante el tiempo que dure el proceso, todo ello por suministrar información carente de veracidad?. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-846-04. Ver también Sentencia T-204-06
3.7. Derecho a la caducidad del dato

El deudor tiene derecho a que la información se actualice, a que ella contenga los hechos nuevos que le beneficien. Y, por lo mismo, también hacia el pasado debe fijarse un límite razonable, pues no sería lógico ni justo que el buen comportamiento de los últimos años no borrara, por así decirlo, la mala conducta pasada. El deudor, después de pagar sus deudas, con su buen comportamiento por un lapso determinado y razonable ha creado un buen nombre, una buena fama, que en tiempos pasados no tuvo. Corresponde al legislador, al reglamentar el habeas data, determinar el límite temporal y las demás condiciones de las informaciones. Igualmente corresponde a esta Corporación, al ejercer el control de constitucionalidad sobre la ley que reglamente este derecho, establecer si el término que se fije es razonable y si las condiciones en que se puede suministrar la información se ajustan a la Constitución.

Pero, mientras el legislador no determine el término de caducidad del dato, hay que considerar que es razonable el término que evite el abuso del poder informático y preserve las sanas prácticas crediticias, defendiendo así el interés general. En este orden de ideas, sería irrazonable la conservación, el uso y la divulgación informática del dato, si no se tuviera en cuenta la ocurrencia de los siguientes hechos: a) Un pago voluntario de la obligación; b) Transcurso de un término de dos (2) años, a partir del pago voluntario, que se considera razonable. Este término se explica porque el deudor, pagó voluntariamente, y se le reconoce su cumplimiento, aunque haya sido tardío. Expresamente se exceptúa el caso en que la mora haya sido inferior a un (1) año, caso en el cual, el término de caducidad será igual al doble de la mora; y, c) Que durante el término indicado en el literal anterior, no se hayan reportado nuevos incumplimientos del mismo deudor, en relación con otras obligaciones.

Si el pago se ha producido en un proceso ejecutivo, es razonable que el dato, a pesar de ser público, tenga un término de caducidad, que podría ser de cinco (5) años, que es el mismo fijado para la prescripción de la pena, cuando se trata de delitos que no tienen señalada pena privativa de la libertad en el Código Penal, pues si las penas públicas tienen un límite personal, y aun el quebrado, en el derecho privado, puede ser objeto de rehabilitación, no se ve por qué no vaya a tener límite temporal el dato financiero negativo. Como no se puede perder de vista la finalidad legítima a la que sirven los bancos de datos financieros, es importante precisar que el límite temporal mencionado no puede aplicarse razonablemente si dentro del mismo término ingresan otros datos de incumplimiento y mora de las obligaciones del mismo deudor o si está en curso un proceso judicial enderezado a su cobro.

Esta última condición se explica fácilmente pues el simple pago de la obligación no puede implicar la caducidad del dato financiero, por estas razones: a) la finalidad legítima del banco de datos que es la de informar verazmente sobre el perfil de riesgo de los usuarios del sistema financiero; b) la ausencia de nuevos datos negativos durante dicho término, que permite presumir una rehabilitación comercial del deudor moroso. Es claro que si durante los cinco (5) años se presentan nuevos incumplimientos de otras obligaciones, se pierde la justificación para excluir el dato negativo porque en ese caso no se ha reconstruído el buen nombre comercial. Sin embargo, cuando el pago se ha producido una vez presentada la demanda, con la sola notificación del mandamiento de pago, el término de caducidad será solamente de dos (2) años, es decir, se seguirá la regla general del pago voluntario.

Igualmente debe advertirse que si el demandado en proceso ejecutivo invoca excepciones, y éstas prosperan, y la obligación se extingue porque así lo decide la sentencia, el dato que posea el banco de datos al respecto, debe desaparecer. Se exceptúa el caso en que la excepción que prospere sea la de prescripción, pues si la obligación se ha extinguido por prescripción, no ha habido pago, y, además, el dato es público. Se advierte que todo lo anterior sobre el término de caducidad, refleja los criterios generales que la Corte estima razonables a la luz de la Constitución, pero el legislador, al dictar la ley estatutaria correspondiente, podrá según su buen criterio, apartarse, determinando lo que él mismo estime razonable, siempre y cuando se ajuste a la Constitución. nota 1

En otra sentencia, la Corte revisó el caso de una señora que habiendo pagado voluntariamente una obligación crediticia por la cual incurrió en mora, seguía apareciendo en los registros de Datacrédito con una obligación en mora pagada voluntariamente y con la anotación de que dicha obligación ?no refleja ningún tipo de información negativa?. La Corte señaló que a pesar de que el reporte no genere información negativa, ?debe desaparecer de los archivos de la entidad toda vez que el deudor no puede quedar reportado de manera perpetua y resultar eventualmente perjudicado frente a la adquisición de otros comportamientos comerciales. En cuanto a la permanencia de la información, ya se ha dicho que los datos no pueden tener vocación de perennidad y, por tanto, una vez el deudor se ha puesto al día con las obligaciones y transcurrido el término de caducidad razonable establecido por la Corte, se debe proceder a actualizar la información y a desaparecer de los archivos las informaciones negativas?. La Corte ordenó a Datacrédito que ?proceda a eliminar de su banco de datos cualquier registro que posea? de la accionante nota 2.

En otro caso, un señor presentó acción de tutela contra Datacrédito y la Cifin en defensa de sus derechos al hábeas data y al buen nombre. Indicó que había contraído varias obligaciones con un Banco las cuales había pagado en distintos tiempos, en algunos casos por fuera de los plazos previstos, pero que no obstante no deber ya ningún dinero y disponer de un paz y salvo expedido por la entidad bancaria, las accionadas seguían manteniendo el dato negativo en sus bases de datos, impidiéndole acceder a otros créditos. Las accionadas adujeron que el actor tenía otro crédito en mora diferente a las obligaciones con la entidad bancaria y que por ello no era procedente retirarlo de sus bases de datos pues no había saneado su buen nombre comercial.

La Sala de Tutela de la Corte Constitucional indicó que las accionadas habían dado una interpretación inadecuada a la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia pues habían considerado todas las obligaciones de manera global para negarse a borrar los datos negativos, cuando debían proceder a considerarlas de manera individual y eliminar todas aquellas que ya habían cumplido su término de caducidad del dato negativo.

Para la Corte, ?el término de caducidad del dato de una obligación pagada extemporáneamente, no puede tornarse inoperante cuando durante el mismo, entran nuevas obligaciones en mora y que responden a una causa jurídica totalmente ajena a las obligaciones que ya fueron canceladas y que están pendientes de que la información correspondiente caduque. En efecto, cuando el deudor paga sus obligaciones de manera tardía, y se verifica el término de caducidad del dato financiero, su perfil de riesgo, necesariamente, ha mejorado con respecto a éstas. Si eventualmente se presentan otras obligaciones en mora, es lógico que el reporte negativo se mantenga en relación con éstas, pero no con respecto de aquellas que ha cancelado, y cuyo período de caducidad se ha verificado, habida cuenta del mejoramiento del perfil de riesgo que en virtud del pago presenta el deudor. La aplicación, de esta condición debe circunscribirse a obligaciones derivadas de una misma causa jurídica, v.gr. un mismo producto financiero, un mismo contrato de telecomunicaciones, etc.? nota 3

  1. Corte Constitucional, Sentencia SU-082-95, reiterada por la sentencia SU-089-95, T-527-00, T-856-00, T-268-02
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-814-02
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-565-05. Uno de los tres magistrados que conforman la sala presentó salvamento de voto contra esta sentencia, pues consideró que con ella se estaba modificando la sentencia de unificación SU 082 de 1995 que no habla de obligaciones derivadas de una misma causa jurídica sino de manera genérica de otras obligaciones.
3.8. La excepción de prescripción en proceso ejecutivo y el reporte negativo en las bases de datos

Los accionantes instauraron tutela contra una Cooperativa que se negó a ordenar su retiro de una base de datos en la que aparecían como deudores morosos, a pesar de que dentro del proceso ejecutivo que se les adelantó para el cobro de la deuda, el juez reconoció la prescripción de la acción ejecutiva. La Cooperativa alegó que aunque no podía perseguir el cobro del crédito por la vía ejecutiva por haber operado el fenómeno de la prescripción, el juez no había declarado extinguida la obligación contraída por los actores. Ésta subsistía, y en tanto no fuera cancelada, la mora autorizada a la Cooperativa para mantener el reporte negativo en la central de datos.

La Corte Constitucional recordó la Sentencia T-487/04 en la que precisó que sólo en los casos en que el demandado en un proceso ejecutivo invoque excepciones que tengan como fin especifico extinguir la obligación y estas prosperen mediante sentencia que profiera el juez de conocimiento, el antecedente que conserve el banco de datos al respecto debe desaparecer. No así en los casos en que la excepción que prospere dentro del proceso ejecutivo sea la de prescripción, puesto que no ha habido pago. En este evento específico, la obligación ha sido incumplida, pero el acreedor quirografario no puede hacer uso de la acción de la cual era titular, pues ésta caducó. Bajo este supuesto ?dice la Corte, la inscripción en la base de datos debe continuar vigente a pesar de haberse prescrito las acciones legales.

También indicó que el término de caducidad del dato no puede ser el mismo, para aquel deudor que cancela ?que se ha fijado por vía jurisprudencial en cinco años-, en relación con aquel deudor que no ha cancelado. Por ello, para estos últimos casos, el juez debe aplicar la regla general de la prescripción de la acción ordinaria civil y debe señalar que el término de almacenamiento de datos de individuos que no hayan cancelado sus obligaciones financieras será de diez años, que es un término similar al establecido por el Código Civil para la prescripción de la acción ordinaria.

La Corte concluyó que los actores debían permanecer en las bases de datos por el término de diez años, contados a partir de que la obligación respectiva se hiciese exigible, y poner de presente la declaratoria de la prescripción de la acción. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1319-05
3.9. La información enviada por una entidad financiera a una que administra un banco de datos se convierte en información de interés general

El actor adquirió un crédito con una entidad de financiamiento comercial, la cual por equivocación le imputó un pago no realizado sobre la deuda, lo que originó que se diera por cancelada. Al notar el error la entidad, notificó al deudor para exigir el pago que en realidad nunca se llegó a realizar. La entidad no recibió respuesta a su solicitud y decidió reportarlo al banco de datos como deudor moroso. Esto ocasionó que al actor le fuera negado un crédito solicitado a otra entidad, por lo cual recurrió a la primera entidad para llegar a un acuerdo, según el cual una vez cancelara la obligación, la entidad aclaraba la situación crediticia del actor. La entidad reportó la nueva situación, pero no retiró su nombre como deudor, frente a lo cual la persona sintió que se había afectado su derecho al habeas data. La Corte señaló que el dato financiero está establecido en beneficio del interés general, para que las agencias crediticias puedan evitar riesgos en sus transacciones con deudores que se caracterizan por no cumplir sus obligaciones.

Por esta razón no está en manos de las entidades financieras hacer desaparecer los datos que han reportado a las instituciones que se encargan de administrar las informaciones sobre créditos de los usuarios del sistema. Las informaciones permanecen en el sistema por un tiempo razonable, con el fin de garantizar el derecho a la información. Para la Corte, el comportamiento de la entidad demandada era el adecuado, pues no estaba en sus manos hacer desaparecer la información reportada con anterioridad, sino, que simplemente debía limitarse a actualizar la nueva situación en la que se encontraba el señor, quien no tenía derecho, por el simple hecho de pagar, a que su nombre y el dato de la mora en que había incurrido, desaparecieran del sistema. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-121-97
3.10. No pago de seguros de vida hipotecarios por compañías aseguradoras legitima permanencia de dato negativo en bancos de datos hasta tanto se cancelen las deudas correspondientes

Una señora demandó a una entidad financiera que le inició un proceso ejecutivo para el pago de una deuda hipotecaria, cuya obligación de pago debía ser asumida por una Compañía Aseguradora a la cual un juez de tutela le había ordenado el pago de un seguro hipotecario de vida, tras la muerte del esposo de la señora, quien tenía la calidad de copropietario del bien sobre el cual pesaba la hipoteca. Durante el trámite de la acción de tutela se estableció que la Compañía Aseguradora se encontraba en liquidación y por eso no había cancelado la deuda, cuyo pago había sido requerido por la entidad financiera. También se estableció que la entidad financiera se disponía a dar por terminado el proceso ejecutivo iniciado dada la información recibida a través de la acción de tutela, no obstante lo cual mantendría la información financiera de la señora en sus registros hasta tanto se produjera el pago de la obligación.

La Corte señaló que la acción de tutela no procedía en este caso dado ?que la entidad financiera demandada, se ha limitado a reseñar una información que es ajustada a la realidad y que corresponde con el comportamiento negativo o moroso de la accionante con el crédito hipotecario por ella tomado y, la cual, permanecerá inmodificable en los bancos de datos, hasta tanto no se genere una información que modifique la anterior? nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-756-03
3.11. Derecho a extinguir la relación crediticia mediante una dación en pago

El actor asumió un crédito hipotecario y al ver que no podía cumplir con los pagos, ofreció a la entidad bancaria como forma de pago, la entrega de un bien inmueble. La entidad le informó que su solicitud estaba en estudio, pero fue reportado como deudor moroso. Interpuso acción de tutela por considerar violado su derecho al habeas data. La Corte consideró que cuando no se logre redimir la obligación crediticia con dinero, es posible redimirla a través de una dación en pago. La entidad financiera no puede negarse a recibir el pago ni incluir a la persona en una base de datos como deudor moroso causándole perjuicios, pues de acuerdo con la Corte, la dación en pago es una de las formas de extinción de las obligaciones cualquiera sea el carácter de estas. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1085-01
3.12. Procedencia de la acción de tutela frente a entidades prestadoras del servicio de telefonía móvil celular para proteger el derecho de hábeas data

Un señor fue reportado a Datacrédito por Comcel por no haber cancelado una deuda de dos teléfonos celulares que figuraban a su nombre pero que no habían sido solicitados por él sino por otra persona que había falsificado sus datos. En el proceso de tutela se pudo comprobar que el señor no tenía ningún contrato con Comcel por esas líneas telefónicas como si por otro número telefónico que se encontraba al día en sus obligaciones. En la acción, Comcel adujo que por no tener la calidad de entidad prestadora de un servicio público, no se podía interponer acción de tutela en su contra.

Al respecto, la Corte señaló: ?A pesar de que, en términos generales, la tutela no procede frente a entidades privadas prestadoras del servicio de telefonía móvil celular, por no ser éstas entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, la Corte Constitucional aceptó que cuando se trate de proteger el derecho al habeas data, y no diferencias de tipo netamente patrimonial, procede la acción de tutela. En este caso objeto de estudio no tendría ninguna lógica que el señor ? tuviera que sufrir las consecuencias de un acto que no cometió, por consiguiente procederá la tutela a su favor. En este caso el derecho al habeas data de ? está siendo vulnerado puesto que figura en la base de datos de Datacrédito sin haber incurrido en mora, y éste hecho le está trayendo consecuencias negativas, al haber sido reportado en la base de datos?. La Corte ordenó rectificar la información nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-667-03
3.13. Derecho al habeas data de las personas jurídicas en su relación con la intimidad y el buen nombre

Las personas jurídicas son titulares del derecho fundamental al buen nombre, en consecuencia son también titulares del derecho al habeas data, toda vez que este último derecho, reconocido por el artículo 15 de la Carta, existe justamente como garantía de aquel y del derecho a la intimidad personal y familiar. En efecto, la sola lectura del texto constitucional mencionado, pone de relieve que el habeas data, entendido por el constituyente como el derecho de las personas a ?conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y archivos de entidades públicas y privadas?, se vincula directamente con los derechos a la intimidad y buen nombre a los que se refiere el primer enunciado del artículo superior. De esta manera, el habeas data viene a ser como una garantía de estos dos derechos, siendo por lo tanto accesorio de ellos. En cualquier caso para que la petición pueda promoverse es necesario que el demandante demuestre que se le causa perjuicio con la inclusión en el banco de datos, pues de lo contrario el amparo no prosperará. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-462-97

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