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5. Habeas data en materia penal, disciplinaria y policiva

5.1. Búsqueda selectiva en bases de datos de no libre acceso requiere de orden judicial previa

Se presentó demanda de inconstitucionalidad parcial contra los artículos 14 y 244 del Código de Procedimiento Penal ?Ley 906 de 2004- por la presunta violación del artículo 250 inciso 2º de la Carta Política. Los apartes demandados contemplan la posibilidad de realizar búsqueda selectiva de información en bases de datos que no sean de libre acceso y a información confidencial, referida al indiciado o imputado con tan sólo la autorización previa del fiscal que dirija la investigación. El actor considera que en dichos casos debe mediar orden del juez de control de garantías, pues dicha búsqueda no forma parte de las excepciones a esa regla (registro, allanamientos, incautaciones e interceptación de comunicaciones) previstas en la norma constitucional. La Corte Constitucional decidió declarar exequibles las expresiones ?cuando resulte necesaria la búsqueda selectiva en las bases de datos computarizadas, mecánicas o de cualquier otra índole, que no sean de libre acceso? del artículo 14 y el inciso segundo del artículo 244 de la Ley 906 de 2004, en el entendido ?de que se requiere de orden judicial previa cuando se trata de los datos personales, organizados con fines legales y recogidos por instituciones o entidades públicas o privadas debidamente autorizadas para ello?.

Para la Corte, la búsqueda selectiva en bases de datos conformadas por instituciones o entidades pública o privadas autorizadas para el tratamiento de datos personales, que contienen información confidencial del indiciado o imputado y que por lo tanto no son de acceso público, involucra afectación al derecho fundamental a la autodeterminación informática, por lo que su práctica sólo puede llevarse a cabo previa autorización del juez de control de garantías, quien para la adopción de la autorización correspondiente tendrá en cuenta la legitimidad de la medida atendiendo a su finalidad, así como a los criterios de pertinencia, idoneidad y necesidad de la misma que determinen su proporcionalidad en el caso concreto.

La Corte i) reitera su jurisprudencia acerca de la regla general sobre la necesidad de autorización previa por parte del juez que ejerce funciones de control de garantías para la adopción de medidas de investigación que afecten derechos fundamentales; ii) constata que las medidas de intervención a que se refieren los artículos 14 y 244 de la Ley 906 afectan los derechos fundamentales a la intimidad y al hábeas data o a la autodeterminación informática; iii) establece que sólo de manera excepcional, y en los precisos eventos establecidos en la Constitución (artículo 250.2) puede la Fiscalía General de la Nación adoptar medidas que afectan derechos fundamentales, sometidas estas al control posterior por parte del juez de control de garantías; y iv) determina que la búsqueda selectiva de información personal o confidencial en bases de datos que no sean de libre acceso, administradas por instituciones o entidades públicas o privadas autorizadas para el tratamiento de datos personales, no se encuentra contemplada, ni es asimilable, a ninguna de las excepciones previstas en la Constitución (artículo 250.2), y en consecuencia, requieren autorización previa por parte del juez de control de garantías. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-336-07
5.2. Las reseñas policivas no constituyen antecedentes penales

El actor, quien estuvo detenido en la cárcel por una riña, intentó luego ingresar a la Policía, pero no fue admitido probablemente por la reseña que se le realizó cuando estuvo en la cárcel. Consideró vulnerados sus derechos al habeas data, a escoger trabajo, profesión u oficio y a que solo las sentencias judiciales definitivas tengan la calidad de antecedentes penales o contravencionales. La Corte señaló que en el manejo de bancos de datos oficiales sobre las conductas delictivas deben regir los principios de intimidad, presunción de inocencia y sólo puede registrarse como antecedentes penales las condenas contempladas en sentencias judiciales. Por esta razón, las denominadas reseñas que tienen a su cargo las autoridades de inteligencia, que contienen un prontuario de las personas acerca de las investigaciones penales que cursan en su contra, aunque su circulación es restringida, no pueden ser consideradas como antecedentes penales.

En consecuencia, tales autoridades deberán tomar también todas las precauciones de rigor para evitar cualquier confusión que pueda conducir en la práctica a que la simple iniciación de investigaciones o sumarios se les atribuya el carácter de antecedentes penales o contravencionales, -con todas las consecuencias perjudiciales que eventualmente puedan derivarse para el ciudadano- en tanto no existan elementos idóneos para desvirtuar debidamente la presunción de inocencia. La Corte advirtió que en este caso, como los datos materia de la reseña policiva se ciñen a la realidad y no aparece descuido o abuso alguno de su circulación y manejo por parte de las autoridades competentes, su cancelación procederá solo de la forma establecida en los preceptos vigentes sobre la materia, teniendo en cuenta que aún no ha culminado el proceso por lesiones personales que se adelanta contra el actor. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-008-93
5.3. Protección en casos de suplantación de identidad

La Corte Constitucional amparó el derecho a la identidad, la honra, el buen nombre, y el habeas data de una persona cuya identificación había venido siendo utilizada por un tercero contra el cual se adelantaron procesos penales que terminaron en condena. Esto trajo consigo un continuo de inconvenientes para la persona suplantada, debido a que en el registro de antecedentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) aparecían diferentes condenas por conductas ajenas a ella. En alguna ocasión, incluso se le detuvo cuando pretendía salir del país, porque en los registros aparecía como sindicado en un proceso penal.

La Corte consideró que la permanente confusión que generaba la suplantación de la identificación de la persona en los archivos de antecedentes del DAS debía ser corregida por las autoridades, pues bajo estas circunstancias se afectaba, la identidad y la honra de la persona que no tenía relación con las acciones delincuenciales de otra que suplantaba su identidad, pero también el derecho de habeas data, al no adoptar las medidas necesarias para mantener una información que se adecuara a la verdadera y corregir una información errada o confusa que se mantenía en los bancos de datos. Por esta razón, se ordenó al DAS abrir una ficha especialmente separada para el accionante, que no permitiera confusiones con los antecedentes de otras personas homónimas. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-455-98
5.4. Utilización de información de bases de datos oficiales reservados para expediente penal

La actora se encontraba detenida en la cárcel cumpliendo la orden de un juzgado de instrucción de orden público, el cual encontró pruebas para presumir la comisión del delito de rebelión, luego de un allanamiento realizado por el Ejército. Obra en el expediente una constancia de antecedentes de la actora, allegada por los organismos de inteligencia del Estado, en donde califican a la peticionaria de "rebelde", integrante del ELN, sin que sobre ella pese sentencia condenatoria por ese acto. De acuerdo con la Corte, en el caso en que existan antecedentes penales en un banco de datos oficial, en donde exista constancia de que la persona ha cometido alguna conducta considerada punible por el ordenamiento pero no exista condena en firme, y posteriormente se vincule a un nuevo proceso penal por la comisión de los mismos hechos punibles, no es violatorio del derecho al habeas data que los antecedentes se incluyan en el nuevo expediente.

De hecho el Estado tiene por misión el servicio a todas las personas, para ello debe dotarse, respetando los derechos humanos y el debido proceso, de idóneas herramientas que le permitan mantener un clima de paz y convivencia, de suerte que pueda incluso recopilar y archivar información sobre una persona, en el marco de sus funciones, siempre y cuando no divulgue ni de a la publicidad por ningún medio la información sobre esa persona, salvo el evento que ella tenga antecedentes penales o contravencionales, esto es, que tenga una condena proferida en sentencia judicial definitiva, como lo dispone el artículo 248 constitucional. El Estado debe guardar la absoluta reserva y dar a conocer al interesado sólo aquella parte que puede conocer, actualizar o rectificar en virtud del artículo 15 de la Constitución, según lo expuesto y frente a terceros la reserva es total.

La investigación, su soporte científico y el resultado tienen por objeto nutrir al investigador (en la investigación previa o en la investigación-instrucción), y debido a su especial carácter reservado está prohibido darla a conocer a terceros; por lo tanto la labor que realicen los organismos encargados de llevar a cabo la investigación, no debe hacerse pública antes de la etapa de juzgamiento. La Corte confirmó la sentencia que denegó la tutela al considerar que en este caso no se vulneraron los derechos fundamentales de la actora. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-444-92
5.5. Registro y cancelación de órdenes de captura

Un señor fue detenido arbitraria e ilegalmente en varias ocasiones por el DAS, porque mantenía vigente en su base de datos una orden de captura que ya había sido cancelada por la autoridad judicial que la había expedido, pero cuya decisión no se le había comunicado formalmente. La Corte consideró que el DAS había violado los derechos del ciudadano al no actualizar su base de datos en lo concerniente a la vigencia de la orden de captura, ya que esta información la había conocido desde la primera ocasión en que detuvo a dicho ciudadano. La Corte también recordó que los jueces de la Republica están en la obligación de comunicar la cancelación de una orden de captura a todas las autoridades a las cuales se les haya comunicado la expedición de la misma. La Corte señaló que la permanencia en el registro de una información relacionada con una orden de captura que ha perdido su vigencia es un dato negativo que al tenor del inciso 3º del artículo 350 CPP, debe ser descargada de los archivos de las entidades encargadas de llevar su registro.

La orden de captura no es un antecedente penal, por ende, con mayor razón, debe ser retirada de los archivos cuando la autoridad judicial competente haya ordenado su cancelación, incluso en el evento en que haya transcurrido el tiempo de prescripción de la pena. Conservar una orden de captura en los registros, cuando aquélla El principio de incorporación que exige que el dato favorable sea ingresado a la base de datos, para el caso de las órdenes de captura, ?debe entenderse en el sentido que lo favorable es que la información sea retirada completamente de los archivos, a fin de garantizar el derecho al olvido de las personas, evitar que sean molestadas en su libertad personal y en el ejercicio de los demás derechos fundamentales?. La Corte ordenó a la Fiscalía General de la Nación, al DAS y a la Dijin adoptar las medidas necesarias con el fin de cumplir con la función legal de registro oportuno de las órdenes de captura y la cancelación del mismo, por orden judicial y lograr la depuración del sistema nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia T-310-03
5.6. Caducidad del registro de sanciones disciplinarias

El artículo 174 de la Ley 734 de 2002 establece que ?las sanciones penales y disciplinarias, las inhabilidades derivadas de relaciones contractuales con el Estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o en llamamiento en garantía, deberán ser registradas en la División de Registro y Control y Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación para efectos de la expedición del certificado de antecedentes.? La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieran a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. ?Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro?.

La Corte, al resolver una demanda de inconstitucionalidad contra el último aparte de la norma señalado, precisó que el derecho al olvido, planteado en relación con la información negativa referente a las actividades crediticias y financieras es aplicable también a la información negativa concerniente a otras actividades que se haya recogido en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Por tanto, el mismo debe aplicarse al registro unificado de antecedentes que lleva la Procuraduría General de la Nación, integrado por documentos públicos y accesible a todas las personas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Nacional, mediante el señalamiento de un término de caducidad razonable, de modo que los servidores públicos, los ex servidores públicos y los particulares que ejercen o han ejercido funciones públicas o tienen o han tenido la condición de contratistas estatales no queden sometidos por tiempo indefinido a los efectos negativos de dicho registro.

Por ello la norma impugnada quebranta el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 respecto del registro de antecedentes en caso de nombramiento o posesión en cargos que no exijan para su desempeño ausencia de ellos, caso en el cual el inciso 3 del artículo 174 del Código Disciplinario Único establece un término de caducidad de cinco años, con la salvedad de las sanciones o inhabilidades que estuvieren todavía vigentes, ya que el supuesto de hecho es el mismo tanto en éste como en el anterior. En esta forma se establece una discriminación que carece de justificación objetiva y razonable y debe eliminarse. La Corte declaró exequible el inciso demandado ?en el entendido de que sólo se incluirán en las certificaciones de que trata dicha disposición las providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren sanciones o inhabilidades que se encuentran vigentes en dicho momento? nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-1066-02
5.7. El das debe asegurar al interesado una forma gratuita de suministro de información sobre sus antecedentes judiciales

Fueron demandados por inconstitucionalidad los artículos 1 y 3 parciales de la Ley 961 de 2005, ?por la cual se regulan las tasas por la prestación de los servicios del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, y se dictan otras disposiciones?. Tales disposiciones creaban una tasa como contraprestación de los servicios prestados por el Departamento de Seguridad de i) la expedición física del certificado de antecedentes judiciales; ii) la renovación del certificado de antecedentes judiciales; iii) la disponibilidad electrónica de información sobre antecedentes judiciales para ser consultados por el interesado o por terceros; y iv) la renovación del servicio de disponibilidad electrónica de la información sobre antecedentes judiciales.

A juicio de la demandante, esa tasa vulneraba distintas normas constitucionales y el precedente sentado en la sentencia C-511 de 1999 en cuanto al papel del artículo 40 constitucional como un límite a la libertad de configuración del legislador en materia tributaria. Indicaba, entre otras afirmaciones, que la tasa vulneraba el derecho al hábeas data porque imponía una tasa uniforme que debía pagar los interesados para acceder a la información relacionada con sus antecedentes judiciales, tasa que estimaba demasiado elevada en relación con el nivel de ingresos del colombiano promedio, de manera tal que la mayoría de las personas no podría costearse la expedición del certificado de antecedentes judiciales y en esa medida no podría ejercer el derecho a la autodeterminación informativa respecto de la información consignada en las bases administradas por el Departamento Administrativo de Seguridad.

La Corte destacó que el certificado de antecedentes judiciales tenía estrecha relación con el ejercicio del derecho fundamental a la autodeterminación informativa, previsto en el artículo 15 de la Carta Política, pues este documento estipula si el titular no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales y de policía, o si no es solicitado por las mismas autoridades. En esa medida tener acceso a esta información, actualizarla y eventualmente corregirla resulta de fundamental importancia para las personas residentes en Colombia no solo para el eventual ejercicio de cargos y funciones públicas, sino también incluso para garantizar su libertad personal.

No se debe confundir el certificado de antecedentes judiciales con la información relativa a la situación judicial de un ciudadano frente a la justicia y autoridades colombianas, información a la cual, en principio, pueden acceder los interesados por medios distintos al certificado judicial, como por ejemplo, en ejercicio del derecho de petición. Sin embargo, por la interpretación que el DAS ha hecho de la normas, en la práctica, el acceso a la información sobre si una persona tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales y de policía, o si no es solicitado por las mismas autoridades ha estado condicionado al pago de un tasa. Lo cual resulta a todas luces inconstitucional, porque una persona interesada, que carezca de los recursos suficientes para el pago del tributo, no podrá acceder a esa información en extremo relevante para su libertad personal, ni tampoco podrá actualizarla ni corregirla, tal como prevé el artículo 15 constitucional. Supeditar el ejercicio de derechos fundamentales al pago de una contraprestación económica significa ignorar su carácter inalienable, tantas veces puesto de relieve por la jurisprudencia constitucional.

El literal a) del artículo tercero de la Ley 961 de 2005 preveía como hechos generadores de la tasa demandada la expedición física del certificado de antecedentes judiciales y sus renovaciones (numeral 1) y la disponibilidad electrónica de información sobre antecedentes judiciales para ser consultados por el interesado o por terceros (numeral 2). De manera tal que, como antes se consignó, todas las posibilidades de acceso a la información sobe los antecedentes judiciales estaban condicionadas al pago de una tasa, razón por la cual la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la expresión ?por el interesado? contenida en el numeral 2 del literal a) del artículo 3 de la Ley 961 de 2005, para garantizar que las personas interesadas pudieran tener acceso a la información electrónica sobre sus antecedentes judiciales de manera gratuita, y de esta manera dejar a su disposición una vía no onerosa para poder asegurar el ejercicio de su derecho a la autodeterminación informativa.

La Corte ordenó al Departamento Administrativo de Seguridad habilitar las condiciones necesarias para que los interesados puedan tener acceso a la información electrónica sobre sus antecedentes judiciales de manera gratuita, pues sólo de esta manera es posible garantizarse efectivamente el derecho a la autodeterminación informativa.

La Corte también observó que el Departamento Administrativo de Seguridad hacía una interpretación de las normas relacionadas con el certificado de antecedentes judiciales de conformidad con la cual sólo estaba autorizada a informar a los interesados para suministrar información sobre antecedentes judiciales mediante la expedición del certificado. Tal interpretación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la expedición de este documento ?precisó- desconocía claramente el derecho a la autodeterminación informativa, por cuanto impedía el acceso a la información relativa a la situación judicial frente a la justicia y autoridades colombianas, la cual es relevante para las personas residentes en Colombia. Por ello la Corte Constitucional indicó que el Departamento Administrativo de Seguridad estaba obligado a suministrar a petición del interesado y de manera gratuita información sobre sus antecedentes judiciales, para que éste pueda conocer tal información, actualizarla y rectificarla, sin que la respuesta a esta solicitud reemplace al certificado de antecedentes judiciales, en los trámites y actuaciones para los cuales este documento es requerido. nota 1

  1. Corte Constitucional, Sentencia C-536-06

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