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Última modificación: 2006-08-01
Derecho a elegir no se agota en el derecho al voto: conexión directa entre el derecho a la representación política y el derecho a elegir le da el carácter de derecho fundamental

La actora afirmó que había votado por un ciudadano que resultó elegido como representante a la cámara, y que posteriormente fue secuestrado. Consideró que le fue vulnerado su derecho al ejercicio del poder público a través de sus representantes, por la negativa del Secretario General de la Cámara de declarar la falta temporal del congresista y designar al segundo candidato de la lista para suplir la falta temporal; argumentando que ninguna de las personas podrá ingresar en calidad de representante a la Cámara, ante la existencia de una relación laboral con el secuestrado. La Corte consideró que el derecho de participación requiere la presencia ciudadana en el ejercicio del poder, que se materializa a través de la representación efectiva; por lo que existe una conexión entre el derecho a la participación y la representación efectiva. Así al faltar esta última, el primero comienza a perder uno de sus elementos conceptuales: el ejercicio del poder.

La representación adquiere carácter de derecho fundamental por dos vías: i) por una conexión conceptual con el derecho a elegir y ser elegido, que no se agota con el ejercicio del voto, sino que presupone la efectividad de la elección; y ii) por una interpretación sistemática de la Constitución, que conecta al sistema de elección y representación con la idea de un ciudadano participativo, con injerencia directa en la conformación, ejercicio y control del poder. La figura de la vacancia tiene como objeto permitir la continua representación del pueblo, ante eventos como la fuerza mayor. El Congreso en este caso, debió declarar la falta temporal del representante, por considerarse el secuestro un caso de fuerza mayor, y en consecuencia estaba obligado a llamar al segundo candidato de la lista. Al no hacerlo, el derecho político fundamental a la representación efectiva de la actora fue vulnerado.

Sin embargo al ser aplicada la tutela, pudieron vulnerarse derechos fundamentales de otras personas como los familiares del secuestrado, quienes al designarse a otra persona dejarían de recibir los salarios correspondientes al secuestrado. Además, se consideró la dificultad que se presentaba frente a las disposiciones constitucionales relativas a la legalidad del gasto público y conforme a las cuales no es posible que exista una doble erogación por concepto de un mismo cargo público. Estimó la Corte, sin embargo, que esa regla admite excepciones, como sería, la adoptada en este fallo, donde dispuso pagar los salarios tanto al congresista secuestrado como a quien debía reemplazarlo. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1337-01

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