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Última modificación: 2006-08-01
Principios del derecho al voto

El actor demandó a la Registraduría Nacional de Estado Civil por considerar que tal organismo al disponer la elaboración de listas de sufragantes mediante los formularios E-10 y E-11, estaba vulnerando su derecho fundamental al voto secreto, pues al elaborar un listado, en el que aparecían en forma consecutiva el nombre y número de cédula de los ciudadanos que se acercaron a sufragar, era fácil conocer el sentido de su voto, puesto que los tarjetones numerados fueron entregados a los ciudadanos también en su orden de aparición. La Corte señaló que para resolver este caso es necesario analizar las características que debe tener el voto de acuerdo con nuestro ordenamiento constitucional.

En tal sentido la Constitución establece que el voto debe ser universal, igual, directo y secreto: i) Universal, como derecho que le corresponde a todos los nacionales de un país, y si bien su extensión tiene algunas restricciones, tales como la edad, la nacionalidad, y la necesidad de estar inscrito en el padrón electoral, estas limitaciones han sido consideradas como indispensables para garantizar un voto en conciencia y una administración electoral eficiente y que garantice transparencia. El concepto de igualdad implica que los votos de todos los ciudadanos tienen el mismo valor para efectos de la distribución de los cargos en disputa. ii) Directo, en la medida en que los ciudadanos puedan elegir a sus representantes o gobernantes, sin intermediarios. iii) Secreto en cuanto se garantiza al ciudadano que el sentido de su elección no será conocido por los demás, evitando represalias o consecuencias adversas, con lo cual podrá ejercer su derecho de sufragio de manera completamente libre.

El derecho a emitir el voto en secreto es un derecho subjetivo que reside únicamente en cabeza de los ciudadanos. La aplicación o inaplicación de estos principios permite definir si un determinado régimen político es democrático o no, y han recibido reconocimiento como derechos de los individuos en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia y en la misma Constitución. Finalmente determinó la Corte que no le asistía razón al actor en su aseveración acerca de que los formularios que debían llenar los jurados posibilitaban establecer las preferencias políticas del ciudadano se llenaron en forma desordenada y discontinua de acuerdo al orden de llegada de los votantes, por lo que no resultó procedente el amparo. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-261-98

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