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Última modificación: 2006-08-01
Suspensión de la ciudadanía por condena en materia penal lleva consigo la suspensión de los derechos políticos

Se presentó demanda parcial contra el inciso 30 del artículo 52 de la ley 599 de 2000 (Código Penal) que establece: ?En todo caso, la pena de prisión conllevará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena a que accede y hasta por una tercera parte más, sin exceder el máximo fijado en la ley, sin perjuicio de la excepción a que alude el inciso 2º del artículo 51?. Para el accionante, la expresión demandada contraría los artículos 1, 2, 40 y 98 de la Constitución, como quiera que restringe de manera definitiva la posibilidad de ejercer funciones públicas a quien resulta condenado en los términos del artículo acusado.

De acuerdo con la Corte, debe tenerse en cuenta que la Constitución señala como presupuesto para el ejercicio de los derechos políticos y, en consecuencia, el ejercicio de funciones y cargos públicos, la necesaria condición de ciudadano. Así, de la lectura del artículo 40 de la Constitución se desprende que el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y las prerrogativas que de dicho derecho se derivan solamente son atribuidas a los ciudadanos. En el mismo sentido, el artículo 99 superior precisa que la calidad de ciudadano es condición previa e indispensable para ejercer el derecho al sufragio, para ser elegido y para desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción. El artículo 98 de la Constitución señala que en aquellos casos determinados por el Legislador, se podrá suspender el ejercicio de la ciudadanía mediante una decisión judicial.

La Corte llama la atención sobre el hecho de que la suspensión del ejercicio de la ciudadanía autorizada directamente por la Constitución, implica que el ejercicio de los derechos políticos ligados a la misma se suspende igualmente en esas circunstancias, con lo que las prerrogativas a que alude el artículo 40 superior, no podrán ser ejercidas por aquellas personas sobre las que recaiga una decisión judicial en este sentido. En el caso de la norma acusada, encontró la Corte que el Legislador, dentro del ámbito de la potestad de configuración que le atribuye la Constitución, había establecido uno de los casos en que, en virtud de sentencia judicial, se suspende el ejercicio de los derechos políticos ligados a la ciudadanía, por lo cual, no cabe ningún reproche sobre la constitucionalidad de la norma en este sentido. Por lo anterior, la Corte declaró exequible la norma acusada, con excepción de la expresión ?derechos?, respecto de la cual se inhibe para pronunciarse de fondo, por cuanto el actor no sustentó su acusación sobre ella a partir de razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, configurándose una ineptitud sustantiva de la demanda nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-329-03

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