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Última modificación: 2006-08-01
Requisitos para el ejercicio del derecho a ser elegido

· Derecho a elegir es independiente del derecho a ser elegido: Naturaleza jurídica de las inhabilidades e incompatibilidades

Fue demandado el Numeral 5 del art. 44 de la Ley 200 de 1995, que consagra como incompatibilidades para diputados y concejales que en los seis (6) meses anteriores a la fecha de la elección hayan sido empleados públicos o trabajadores oficiales, hayan sido excluidos en el ejercicio de una profesión o se encuentren en interdicción para la ejecución de funciones públicas, por considerar que se desconoce el principio de igualdad al otorgar a unos ciudadanos el derecho de elegir y al mismo tiempo se les restringe el derecho a ser elegidos, al ser consagrados en la Carta los dos como un solo derecho.

La Corte determino que con las inhabilidades se persigue que quienes aspiran a acceder a la función pública, posean ciertas cualidades o condiciones que aseguren una gestión con arreglo a los criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e imparcialidad; mientras que las incompatibilidades se prevén por razones de eficiencia y moralidad administrativa para evitar que no se acumulen funciones, actividades, facultades o cargos. En esa medida lo regulado por la norma estudiada es una inhabilidad, con pleno respaldo en normas constitucionales. Por otro lado se aclaró que no es lo mismo elegir que ser elegido, en tanto es distinta la situación fáctica y jurídica de quien elige o quien es elegido; por lo que no se viola el principio de igualdad, cuando con fundamento en precisas normas constitucionales se señala una inhabilidad. nota 1

· Determinación de inhabilidades e incompatibilidades en cargos de elección popular corresponde al Legislador y no son idénticas para todos los cargos

Consideró el actor que el Legislador violó el principio de igualdad al consagrar un régimen de inhabilidades para alcaldes y concejales que resultaba más estricto que el que la propia Constitución establece para los Congresistas. Además sería desproporcionado que se tome la fecha de inscripción de la candidatura para determinar la vigencia de la inhabilidad referente a la previa intervención en la celebración de contratos con entidades públicas en interés propio o ajeno. Sostuvo que para contar el término de vigencia de dicha inhabilidad, el Legislador había debido tomar la fecha de la elección y no la de la inscripción, como la Constitución lo consagra para los Congresistas. Para la Corte, el Congreso puede regular de manera diferente los requisitos de acceso y ejercicio de los distintos cargos públicos, incluso si se trata de cargos de elección popular, ya que no por coincidir en el origen de la designación puede afirmarse que todos los cargos de elección popular son idénticos y que deben ser objeto de una reglamentación similar, por lo que no hay una vulneración del principio de igualdad.

El Legislador, sólo tiene como límite para señalar las circunstancias que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida para desempeñar los cargos públicos de elección popular en los entes territoriales, lo establecido por la Constitución o los que resulten abiertamente irrazonables, desproporcionados o arbitrarios. Al encontrarse que la inhabilidad establecida por la norma acusada busca patrocinar el respeto y prevalencia de los intereses públicos y evitar que estos se vean afectados por la eventual utilización del cargo para obtener beneficios privados, sin restringir en forma desproporcionada e irrazonable el derecho de participación política y el acceso a tales cargos de elección popular, fue declarada exequible. nota 2

· Consagración de inhabilidades e incompatibilidades debe respetar el principio de igualdad, y asegurar la efectiva dedicación del funcionario al cargo para cual es elegido

Se demandaron algunas normas de la ley ?por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y funcionamiento de los municipios?, que consagra el hecho de ejercer o haber ejercido como docente universitario como única excepción a una inhabilidad consistente en haber ejercido cargo o empleo público tres meses antes de la inscripción de su candidatura; y una incompatibilidad consistente en ejercer cualquier cargo o empleo público durante el periodo como concejal. Tales normas estarían creando un privilegio para quienes ejercen como docentes universitarios discriminando a los demás docentes en la posibilidad de ser elegidos para el cargo.

La Corte consideró vulnerada en forma clara la Constitución en cuanto al principio de la igualdad, pues se configuraba un privilegio injustificado en favor de un sector de docentes frente a otros que se desempeñaban en niveles diferentes de la educación. Además, aclaró que el ejercicio de la docencia junto con la función de concejal, no implica vulneración de la Constitución, siempre y cuando quien la ejerza, no lo haga vinculado a la entidad de tiempo completo o medio tiempo, pues conllevaría la imposibilidad de dedicación que exige su actividad como concejal; ni que coincidan las horas de cátedra con las de sesiones o labores propias de concejal, ya que en tal caso, se incurriría en una incompatibilidad señalada en la Constitución. nota 3

· Prohibición para los congresistas de desempeñar otras actividades sólo atañe a los oficios que impliquen un empleo público o privado

Para el demandante, con la sentencia proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, que declaró improcedente el recurso extraordinario de revisión contra la providencia mediante la cual esa misma corporación decretó su pérdida de investidura como Senador de la República, se incurrió en una vía de hecho en perjuicio de sus derechos fundamentales ya que, con su actividad de narrador deportivo, no se configuró ninguna de las causales de pérdida de investidura establecidas expresamente por el artículo 180-1 de la Constitución, ya que la actividad mencionada, jamás se derivó de una relación contractual con las empresas respectivas, no existió de facto y menos solemnemente contrato en tal sentido, ni relación de subordinación en el ejercicio de la misma, ni se recibió dinero alguno por la narración deportiva.

En consecuencia, al decretar la pérdida de su investidura como congresista, el Consejo de Estado creó una nueva norma, referida a la prohibición de desempeñar cualquier clase de oficio, reformando la Constitución, que sólo prohibía desempeñar cargos o empleos y que ahora prohíbe cargos, empleos u oficios. A juicio de la Corte, las causales de pérdida de investidura de los congresistas, por afectar derechos fundamentales como el de elegir y ser elegido que otorga a los ciudadanos el artículo 40 de la Constitución Política, son de derecho estricto, de orden público y de interpretación restrictiva, pues establecen una sanción que impide al afectado el ejercicio pleno de sus derechos políticos en el futuro y a perpetuidad. Por tanto, no pueden existir incompatibilidades por analogía ni por extensión.

Para la Corte, la prohibición contenida en el numeral 1° del artículo 180 de la Constitución Política sólo atañe a los oficios que impliquen un empleo público o privado, es decir, que entrañen un vínculo jurídico de carácter laboral, con exclusión de todos aquellos que no estén precedidos por un vínculo de esa naturaleza. En consecuencia, encontró que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en las sentencias cuestionadas, a pretexto de realizar una interpretación ?teleológica? del referido artículo 180-1 de la Constitución, termina por crear, sin estar autorizado para ello, una causal de perdida de investidura que la disposición constitucional no contempla, consistente en que el miembro del Congreso no puede desempeñar ningún oficio diverso al de congresista, aunque ese oficio no esté mediado por una vinculación laboral o remuneración.

Interpretación que a todas luces resulta irrazonable y excesiva, toda vez que ella conduciría a que la mayoría de los congresistas, por no decir que todos, perdieran su investidura de congresistas, pues es notorio que ellos desarrollan oficios privados. Por lo tanto la Corte dispuso dejar sin efectos las sentencias proferidas el 18 de julio de 2000 y el 13 de agosto de 2002, por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por las cuales se declaró la pérdida de investidura como senador de la República del accionante y se declaró la improsperidad del recurso extraordinario de revisión interpuesto por el actor, respectivamente nota 4.

· Inhabilidad por parentesco para parientes de concejales y diputados que aspiren a ser designados funcionarios de la respectiva entidad territorial

Para el actor la prohibición consagrada en el artículo 49 inciso 2 de la Ley 617 de 2000 tal como quedó modificado por el artículo primero de la Ley 821 de 2003, al determinar que los parientes de los diputados y concejales dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, no puedan ser designados funcionarios en la respectiva entidad territorial, vulnera el artículo 292 inciso 2 constitucional que expresamente establece una regla menos restrictiva que reza: ?No podrán ser designados funcionarios de la correspondiente entidad territorial los cónyuges o compañeros permanentes de los diputados y concejales, ni sus parientes en el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil?. En el entendido de que la Constitución Política es Norma de normas, afirma el actor que no puede la Ley señalar inhabilidades diferentes a las allí establecidas.

Consideró la Corte que el Legislador al establecer en el segundo inciso del artículo 49 de la Ley 617 de 2000 la prohibición para que los parientes de los diputados y concejales dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad sean designados funcionarios del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas, contradijo un mandato expreso de la Constitución en un asunto en el que ésta no había dejado ningún margen al Legislador y había decidido regular directamente dicha prohibición. La contradicción se presenta concretamente en la hipótesis en que los mismos diputados o concejales no intervienen en la designación de sus parientes o no están llamados a intervenir en la designación de quien actúa como nominador, pues en esas circunstancias la regla aplicable es exclusivamente la que ordena el segundo inciso del artículo 292 superior y que alude es al segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad.

Cosa diferente sucede cuando dichos diputados y concejales sí actúan como nominadores o intervienen en la designación de quien actúa como nominador de sus parientes, hipótesis en la que la regla contenida en el artículo 292-2 superior debe concordarse con el artículo 126 de la Constitución que efectivamente alude, pero en esas circunstancias, al cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Dado que el inciso 2º del artículo 49 de la Ley 617 de 2000 modificado no hace diferencia entre dichas hipótesis, es claro que la norma puede interpretarse en el sentido que va más allá del texto expreso de la Constitución Política y, por tanto, la vulnera. Con todo, a juicio de la Corte, no resulta posible declarar la inexequibilidad del segundo inciso del artículo 49 de la Ley 617 de 2000, tal como quedó modificado por el artículo 1° de la Ley 821 de 2003, ni de las expresiones ?cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad?, pues dicha declaratoria de inexequibilidad dejaría por fuera del ordenamiento jurídico disposiciones que en determinadas hipótesis y en relación con determinadas personas en él invocadas, en nada contradicen la Constitución.

Para la Corte debe preferirse la interpretación que sí respeta el artículo 292-2 superior, a saber, que en el caso de los parientes de los diputados y concejales, cuando los mismos diputados y concejales no actúan como nominadores o no han intervenido en la designación de quien actúa como nominador, se aplicará en cuanto al grado de parentesco la regla prevista en el segundo inciso del artículo 292 de la Constitución, esto es, que no podrán ser designados funcionarios de la correspondiente entidad territorial los parientes allí señalados hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil. Mientras que i) cuando dichos diputados o concejales actúan como nominadores o han intervenido en la designación de quien actúa como nominador, o ii) cuando se trata de los parientes de gobernadores y alcaldes, o iii) cuando se trata de los parientes de los miembros de las juntas administradoras locales municipales o distritales, el grado de parentesco a tomar en cuenta es el previsto en el referido inciso segundo del artículo 49 de la Ley 617 de 2000 modificado.

En cuanto a los miembros de las juntas administradoras locales municipales y distritales la Corte advirtió que debe tenerse en cuenta que en este caso no existe ninguna disposición constitucional que regule de manera directa el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de sus miembros y de sus parientes, al tiempo que los artículos 293, 318 y 322 asignan a la Ley de manera general la regulación del régimen aplicable a dichas juntas administradoras locales. La Corte resolvió declarar la exequibilidad condicionada del segundo inciso del artículo 49 de la Ley 617 de 2000 tal como quedó modificado por la Ley 821 de 2003. nota 5

· Inhabilidad por parentesco de los candidatos a diputados inscritos por el mismo partido o movimiento

El actor estimó que el numeral 5 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000 violaba, en particular, el precepto contenido en el inciso segundo del artículo 292 de la Constitución Política porque, al establecer las inhabilidades de los diputados en el precepto impugnado, las hizo extensivas hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, contrariando lo dispuesto en el aludido mandato constitucional que las fija en el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad. A partir de esta deducción, extendió los argumentos de violación, entre otros, a los mandatos contenidos en los artículos 13 y 293 de la Carta Política.

La Corte encontró que el numeral 5 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000 está conformado por tres enunciados normativos relativos al régimen de inhabilidades de los miembros de las asambleas departamentales, advirtiendo que el reparo de inconstitucionalidad recaía únicamente sobre el tercero de ellos, es decir, el referente a la inhabilidad para inscribirse como candidatos a ser elegidos diputados de quienes tuvieran entre sí vínculos por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil y se inscribieran por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas a realizarse en el mismo departamento en la misma fecha.

Señaló la Corte que frente a la determinación del régimen de inhabilidades de los diputados existe una norma expresa y específica en la Constitución Política, que prevalece sobre las demás disposiciones generales sobre la materia, correspondiente al artículo 299, en el cual se establece: ?El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda?.

En esta materia la Constitución Política consagra expresamente una inhabilidad para los miembros del Congreso de la República. El artículo 179 numeral 6 establece que ?no podrán ser congresistas: (...) 6. Quienes estén vinculados entre sí por matrimonio, o unión permanente, o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil, y se inscriban por el mismo partido, movimiento o grupo para elección de cargos, o de miembros de corporaciones públicas que deban realizarse en la misma fecha?.

Entonces, al decir de la Corte, si el artículo 299 superior asigna al Legislador la atribución para fijar el régimen de inhabilidades de los diputados y establece como condición que el régimen no sea menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda, al observarse que el contenido normativo demandado contiene los mismos grados de parentesco previstos en la Carta para los Congresistas, no puede más que concluirse que el Legislador, al incorporar el precepto acusado al ordenamiento jurídico nacional, ha actuado dentro de los límites que le fija la Constitución Política.

Finalmente, la Corte consideró que la norma demandada tampoco vulneraba el principio de igualdad ni el artículo 293 de la Carta Política que atribuye al Legislador la determinación de inhabilidades e incompatibilidades para cargos de elección popular, puesto que contiene un ejercicio legítimo y proporcional de la atribución asignada expresamente al Legislador por el artículo 299 de la Constitución, en concordancia con el artículo 179-6, mencionado, y porque, en relación con los concejales, el artículo 312 Superior no señalaba un grado de rigurosidad semejante al previsto para la determinación del régimen de inhabilidades de los diputados; por consiguiente, el Legislador bien podía fijar diferentes regímenes de inhabilidad para diputados y concejales, así correspondieran a materias semejantes. El Constituyente no exige que el régimen de inhabilidades sea el mismo para todos los miembros de corporaciones públicas en el orden territorial y, por el contrario, faculta por separado al Legislador para que los fije a partir de diferentes parámetros de referencia.

La Corte resolvió declarar la exequibilidad de la expresión demandada contenida en el numeral 5 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000. nota 6

· Inhabilidad de los parientes de los ediles para ser contratistas de la respectiva entidad territorial

Para el actor el hecho de que en el tercer inciso del artículo 49 de la Ley 617 de 2000 tal como quedó modificado por el artículo 1° de la Ley 821 de 2003, se estableciera que ?Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y Distritales y concejales municipales y Distritales, y miembros de juntas administradoras locales municipales y Distritales, sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, no podrán ser contratistas del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas, ni directa, ni indirectamente?, vulnera los artículos 13 y 83 superiores, que consagran los principios de igualdad y buena fe.

En cuanto a la expresión demandada ?y los miembros de las juntas administradoras locales municipales y distritales? contenida en el tercer inciso del artículo 49 de la Ley 617 de 2000, la Corte hizo énfasis en los siguientes aspectos:

i) No existe ninguna disposición constitucional que regule de manera directa el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los miembros de las juntas administradoras locales y de sus parientes, tanto para acceder a un cargo público como para contratar con el Estado, al tiempo que los artículos 293, 318 y 322, superiores, asignan a la ley de manera general la regulación del régimen aplicable a dichas juntas.

ii) En función de asegurar la plena vigencia de los principios de moralidad e imparcialidad en la administración local, -tomando en cuenta particularmente la función atribuida a las juntas administradoras de distribuir las partidas globales que les asigne el presupuesto municipal-, bien puede el Legislador, sin desbordar los límites de su potestad de configuración, establecer reglas estrictas dirigidas a asegurar el pleno respeto de los referidos principios.

iii) La prohibición acusada ha de entenderse circunscrita al respectivo distrito o municipio, por lo que no podía considerarse que la norma estuviera estableciendo una prohibición desproporcionada o irrazonable que vulnerara los derechos fundamentales de las personas a las que ella se aplicaba.

iv) Lo que buscan las disposiciones demandadas es evitar, entre otros efectos, la injerencia indebida de los miembros de las corporaciones públicas en materia de contratación en el orden territorial a favor de sus allegados, de tal suerte que la prohibición aludida constituye una garantía de imparcialidad, transparencia y moralidad de la gestión pública en los distritos y municipios y no el desconocimiento de la buena fe de los miembros de las Juntas Administradoras Locales Municipales o Distritales ni de sus parientes, por lo que no cabía en consecuencia considerar vulnerado en este caso dicho principio constitucional invocado por el actor (art. 83 C.P.).

v) La prohibición a que alude el tercer inciso del artículo 49 de la Ley 617 de 2000, tal como quedó modificado por el artículo 1° de la Ley 821 de 2003, se predica sin distinción de todos los miembros de juntas administradoras locales o distritales y de sus parientes en los casos a que en él se alude, por lo que tampoco podía considerarse vulnerado el principio de igualdad.

Con todo, la Corte declaró la exequibilidad condicionada de las expresiones ?y miembros de juntas administradoras locales municipales o distritales? en el entendido que la prohibición a que hace referencia el tercer inciso del artículo 49 de la Ley 617 de 2000 se aplica dentro del ámbito territorial de competencia del respectivo miembro de junta administradora local, municipal o distrital, y ella no impide a las personas allí enunciadas contratar bienes o servicios que la administración ofrece, en igualdad de condiciones, a todos los ciudadanos y personas en desarrollo de sus funciones constitucionales y legales. nota 7

· Inhabilidad de cónyuges o compañeros permanentes de autoridades territoriales para integrar juntas o consejos directivos de entidades descentralizadas

El actor consideró que la expresión ?Los cónyuges o compañeros permanentes? del inciso primero del artículo 49 de la Ley 617 de 2000, modificado por el artículo 1º de la Ley 821 de 2003, vulnera el artículo 292 de la Constitución, al prohibir que cónyuges o compañeros permanentes de gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de JAL puedan ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades descentralizadas de la correspondiente entidad territorial o miembros de juntas directivas, representantes legales, revisores fiscales, auditores o administradores de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo departamento o municipio.

El actor estimó que era inconstitucional extender tal prohibición a los cónyuges y compañeros permanentes de aquellos servidores públicos territoriales, por cuanto la Constitución alude únicamente a los miembros de las corporaciones públicas territoriales y a sus parientes, pero sin mencionar en la prohibición a cónyuges y compañeros permanentes.

A juicio de la Corte, si bien el artículo 292 de la Constitución consagra algunas prohibiciones para los miembros de las juntas o consejos directivos de las entidades descentralizadas del orden territorial, ello no permite concluir que esa disposición excluya cualquier otra regulación constitucional o legislativa referente a la conformación de tales órganos de dirección en las entidades descentralizadas. Existen otras disposiciones que expresamente remiten al legislador la determinación del régimen de las entidades descentralizadas y en él, naturalmente, está incluido lo referente a la conformación de su junta o consejo directivo. Para el alto Tribunal la interpretación propuesta por el accionante ignora la existencia de otros principios superiores que también deben ser considerados en el orden territorial y que impiden la designación de cónyuges o compañeros permanentes o que expresamente asignan al legislador la facultad para establecer el régimen jurídico de las entidades descentralizadas.

La Corte encontró que la norma demandada corresponde al ejercicio de la atribución dada al legislador por el artículo 210 de la Constitución para establecer el régimen jurídico de las entidades descentralizadas. Por ello, no vulnera el artículo 292 de la Constitución, por cuanto allí no se dispone que las únicas limitaciones para adquirir la calidad de miembros de juntas o consejos directivos de entidades descentralizadas en el orden territorial sean las previstas en esa disposición superior.

La Corte decidió declarar la exequibilidad de la expresión ?Los cónyuges o compañeros permanentes? del artículo 49 de la ley 617 de 2000, modificado por el artículo 1º de la Ley 821 de 2003. nota 8

· Los candidatos a Corporaciones sólo pueden formar parte de una lista

El Reglamento 01 de 2003, proferido por el Consejo Nacional Electoral, consagra en el parágrafo primero del artículo 1º una consecuencia lógica de la obligación de inscripción de listas y candidatos únicos, y es la de que los candidatos inscritos por los diferentes partidos, movimientos políticos, grupos políticos o movimientos sociales no puedan formar parte de otra lista, ni puedan inscribirse en una lista diferente a la que hicieran para Alcalde o Gobernador.

Acorde con la intención de la reforma constitucional de fortalecer los partidos y evitar la proliferación de candidaturas sin soporte social y erradicar el agenciamiento de microempresas electorales, la Corte Constitucional precisó que el Reglamento 01 de 2003 limitó la participación de los candidatos a una sola de las listas propuestas. El artículo constitucional reglamentado indica que ?Para todos los procesos de elección popular, los partidos y movimientos políticos presentarán listas y candidatos únicos?. Por ello, no tendría sentido, en la lógica de la reforma, que un candidato hiciera parte de varias listas, es decir, de varios partidos, movimientos políticos, sociales, o diferentes grupos significativos de ciudadanos.

La Corte insistió en que la reforma política implantada por el Acto Legislativo 01 de 003 pretendía, fundamentalmente, limitar el derecho de postulación de candidatos, evitando la proliferación de listas internas dentro de los partidos, presentadas con la intención de obtener una curul ?por residuo?, según la anterior fórmula electoral. nota 9

· La presentación de listas únicas integradas mediante coaliciones o alianzas es factible en sistemas de lista única

El artículo 5º del Reglamento 01 de 2003, expedido por el Consejo Nacional Electoral, se refiere a las alianzas entre partidos y movimientos políticos, para la inscripción de candidatos y listas.

Conforme a lo dispuesto por el inciso primero del artículo quinto, se podrán inscribir candidaturas a cargos uninominales (gobernadores y alcaldes) en alianza con otros partidos o movimientos con personería jurídica; en cuyo caso, el partido postulante otorgará el aval correspondiente y los partidos o movimientos adherentes anexarán un escrito en el que manifiesten su apoyo a dicho candidato.

En relación con la anterior disposición, la Corte observó que la misma consagra una modalidad de inscripción de candidatos y de listas, que podría ser llamada modalidad de coalición o de alianza. Ahora bien, el artículo 263 del Acto Legislativo 01 de 2003, no se refiere en modo alguno a esta modalidad de inscripción de candidatos o de listas, como tampoco lo hace ningún otro artículo del acto reformatorio de la constitución.

La Corte Constitucional enfatizó que las reformas emprendidas consistieron en la reforma del sistema electoral, el establecimiento de umbrales mínimos de votación para participar en la asignación de las curules, el requisito de cierto respaldo popular para el reconocimiento de la personería jurídica a los partidos y movimientos políticos o el derecho de inscripción a los grupos sociales, etc. en síntesis, la reforma pretendió lograr que los candidatos y las listas postuladas para la campañas electorales tuvieran un respaldo popular demostrado. Así pues, se pretendió lograr el agrupamiento ciudadano en torno de partidos o movimientos fuertes, y el abandono de las prácticas políticas organizadas en torno de grupos o personas agentes de intereses particulares.

Siendo lo anterior así, se puede concluir que la presentación de listas por parte de coaliciones o alianzas partidistas o de movimientos políticos con personería jurídica secunda el espíritu de la reforma. Tales estrategias, lejos de promover el fraccionamiento de las fuerzas políticas, propugnan su agrupamiento y fortaleza como expresión de los anhelos populares. De igual manera permiten el ejercicio de una sana oposición por parte de las minorías que cuentan con respaldo popular.

Dado que los partidos o movimientos con personería jurídica reconocida tienen por el sólo hecho el derecho de postular listas y candidatos, la posibilidad de recibir adhesiones contribuye a su fortalecimiento, según el propósito constitucional. Además, se trata de un mecanismo de profundización del principio democrático, que permite a los partidos y a sus miembros ejercer con mayor libertad el derecho de elegir y ser elegido.

Por otro lado, la Corte destacó que las coaliciones o alianzas no desconocen el mandato superior de presentar candidatos o listas ?únicos?. Ciertamente, de tales adhesiones no se deriva que un partido o movimiento acabe presentando más de una lista o candidato; todo lo contrario, dos o más partidos o movimientos presentarán la misma lista o candidato. En tal virtud, esta modalidad de inscripción no se estimaba contraria a la Constitución. nota 10

· Los aspirantes que han participado en consultas internas de sus partidos no pueden inscribirse en listas de otros partidos

El parágrafo segundo del artículo 1º del Reglamento 01 de 2003 señala otra de las consecuencias derivadas de la restricción de la norma constitucional. Acorde con la política de reducir la atomización de campañas electorales, la reforma política pretendió que los partidos, movimientos y grupos representativos de ciudadanos presentaran listas únicas con candidatos únicos. En ese escenario, la norma reglamentaria prevé que si los candidatos han participado en consultas internas de sus partidos o movimientos políticos, no podrán inscribirse en listas de otro partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos. En este entendido, la norma se dirige no ya a los candidatos, sino a los aspirantes a candidatos que no lograron ser elegidos como tales en consultas internas de su respectivo partido o movimiento político.

Por este camino, la Corte encontró que la norma resultaba fiel a la política que inspiraba la reforma constitucional y pretende evitar que el aspirante a candidato que ha sido derrotado en una consulta interna, acuda a las huestes de otro partido o movimiento político para presentar de nuevo su nombre. La Corte manifestó que detrás de esta medida existía una legítima intención de solidificar y fortalecer el grado de representación que los candidatos tienen en relación con el partido o movimiento político o social del que recibe su apoyo.

Con base en esta consideración, el parágrafo segundo del artículo 1º del Reglamento 01 de 2003 fue declarado exequible. nota 11

· La obligación de renunciar a sus cargos, impuesta a los funcionarios que aspiren a la presidencia no viola el principio de igualdad

La actora señaló que el Acto Legislativo No. 02 de 2004 que introdujo la reelección presidencial es contrario al principio de igualdad en la medida en que no permite que altos funcionarios del Estado distintos del Presidente de la República sean candidatos a la Presidencia, sin necesidad de renunciar a sus cargos. Encontró la Corte que esta línea argumentativa era inepta para configurar un cargo por sustitución de Constitución, puesto que la misma se orientaba a cuestionar un pretendido desconocimiento del principio de igualdad en el que se habría incurrido debido a una omisión en la reforma al no haberse incluido en su supuesto de hecho todas las situaciones que, en criterio de la actora, por responder a idénticas condiciones, debían haber sido reguladas de la misma manera.

La Corte consideró que se trataba de una controversia en torno a la aplicación del principio de igualdad en un asunto que admitía diversas interpretaciones, sin que, en principio, apareciera claro que situaciones que si bien tenían rasgos comunes, tenían también claros elementos diferenciadores, debían regularse de la misma manera y que no hacerlo así resultara contrario al principio de igualdad. Se trataba, entonces, claramente, de un cargo referido al contenido material de la reforma, en relación con el cual la Corte Constitucional carece de competencia. nota 12

· El término de un mes para hacer proselitismo al interior de los partidos o movimientos políticos se aplica sólo al Presidente candidato

Los intervinientes y también la Vista Fiscal presentan objeciones de inconstitucionalidad respecto del artículo 6º del Proyecto de Ley Estatutaria N° 216/05 Senado, N° 235-Cámara, ?por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República?. Aducen que la facultad de participar en los mecanismos de selección de candidatos que le otorga el citado artículo al Presidente y al Vicepresidente, corresponde a una intromisión indebida en los asuntos internos de los partidos políticos, y que la intervención del Presidente, tanto en la elección de candidatos como en la determinación de las reglas del juego para la selección de los mismos, distorsiona el derecho de los ciudadanos de constituir partidos políticos sin limitación alguna (artículo 40, numeral 3, CP), salvo que se entienda que estos derechos los tiene el Presidente en relación exclusiva con su propio partido o con los grupos de partidos que respaldan su aspiración, pues de otra manera se llegaría a desvirtuar el derecho a la oposición consagrado en el artículo 112 constitucional.

Por su lado, el Ministerio Público adujo que el artículo 6° del Proyecto no es claro en cuanto al término que tienen el Presidente y el Vicepresidente para participar en la consulta interna de su partido. La norma, según el Ministerio Público, permite una ?pre-campaña política? sin la aplicación de las medidas establecidas en la Ley.

Además, la Vista Fiscal afirma que no puede otorgarse un término igual de un mes a los candidatos y al Presidente en ejercicio para la realización del proselitismo al interior del partido, toda vez que debe bastar que éste último manifieste su intención de hacerse reelegir.

La Corte consideró que no era cierto que no se restringiera en el tiempo la facultad de intervención presidencial, ni tampoco que se permitiera una ?precampaña política? sin la aplicación de las medidas establecidas en la Ley para asegurar la igualdad electoral. Todo lo contrario, la norma sí fija un límite temporal de un mes para la intervención presidencial en la precampaña política, y sí establece que dentro de dicho lapso se aplicarán al presidente o al vicepresidente que actúen como precandidatos las mismas reglas que, con miras a garantizar la igualdad electoral, se prevén en el caso en que dichos funcionarios sean candidatos a la elección presidencial. Por tal razón, los reproches de inconstitucionalidad que en este sentido formularon los intervinientes no se fundaban en razones ciertas, en cuanto no tenían en cuenta lo que la disposición atacada realmente prescribe.

En cuanto a la apreciación según la cual no puede otorgarse un término igual de un mes a los demás precandidatos y al Presidente en ejercicio para la realización del proselitismo al interior del partido, la Corte estimó que si el propósito de la ley es lograr la igualdad electoral, dicha restricción temporal para hacer campaña al interior del partido debía cobijar solamente al presidente candidato, que era quien se encontraba por este aspecto en una posición ventajosa que resultaba necesario compensar. Además, la ley debía ocuparse de definir los términos en los cuáles el Presidente o el Vicepresidente podrían participar en los mecanismos de selección de candidatos, pero no los términos en los cuales los demás precandidatos lo podrían hacer, asunto que correspondía a la decisión de cada partido según su reglamento interno.

Por lo anterior, la Corte determinó que la expresión ?los demás candidatos a dicha elección, dispondrán del mismo tiempo para realizar su campaña, de acuerdo con las regulaciones internas de sus partidos? contenida en el segundo inciso del artículo 6° era inexequible. nota 13

· El Presidente que aspira a la reelección sólo puede utilizar bienes propios de sus funciones para actividades oficiales

El numeral 5º del artículo 30 del Proyecto de Ley Estatutaria N° 216/05 Senado, N° 235-Cámara, ?por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República?, consagra la prohibición que tiene el Presidente de utilizar bienes o recursos del Estado para su campaña política de reelección, con excepción de aquellos ?propios de sus funciones?.

La Corte manifestó que el grado de indeterminación de la expresión ?propios de sus funciones? permite, contrariando el propósito de la ley, que el Presidente-candidato cuente con más medios que los otros candidatos para el desarrollo de su campaña electoral.

Por lo tanto, la Corte advirtió que el Presidente sólo podrá usar los bienes propios de sus funciones para actividades oficiales. En esa medida, por ejemplo, no se podrá usar la Casa de Nariño como sede de campaña política, ni emplear el avión presidencial para su desplazamiento cuando éste conlleve el despliegue de la campaña. Ahora bien, la limitación del uso de los bienes propios de sus funciones sólo será aplicable cuando el Presidente esté actuando como candidato, pero no cuando únicamente esté ejerciendo las funciones constitucionales de Presidente.

La Corte declara la inexequibilidad de la expresión ?los propios de sus funciones?. La norma queda circunscrita a bienes destinados para la seguridad personal del candidato presidente, lo cual resulta a juicio de la Corte Constitucional razonable y no genera desequilibrio en relación con los otros candidatos. nota 14

· Las faltas al régimen de campaña electoral se derivan de las obligaciones que la ley impone sin necesidad de una tipificación especial

El artículo 21 del Proyecto de Ley Estatutaria N° 216/05 Senado, N° 235-Cámara, ?por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República? faculta al Consejo Nacional Electoral para adelantar auditorías o revisorías sobre los ingresos de las campañas y para imponer sanciones de acuerdo con la valoración que hagan de las faltas en que hubieran incurrido.

El interviniente sostiene que la norma es inexequible por cuanto el legislador estatutario incurrió en una omisión legislativa al no desarrollar los lineamientos generales del régimen sancionatorio en la materia, ya que no identificó ?cuáles son las faltas, cuáles las sanciones y cuáles los criterios para la graduación y la imposición de las sanciones, dejando una potestad abierta al Consejo Nacional Electoral?.

La Corte consideró que la falta de definición de las conductas que merecen la sanción del Consejo Nacional Electoral, prevista en el artículo 21 del proyecto de ley, no implica la indefinición de las conductas reprochables, pues, por remisión a las disposiciones de la misma ley que describen los comportamientos a que deben acogerse los partidos, movimientos y candidatos, es posible determinar a la Administración cuáles son las faltas contra el régimen. En este sentido, no es inconstitucional que el legislador no haya fijado de manera explícita y detallada las faltas sancionables, pues ellas, tal como ocurre con las demás sanciones administrativas, se derivan de las obligaciones contenidas en el proyecto de ley de la referencia.

No obstante, en aras de garantizar el debido proceso de los destinatarios de la norma, la Corte consideró necesario que el Consejo Nacional Electoral, en desarrollo de la potestad mencionada, fijara de manera previa, mediante regulación general y abstracta, conocida a priori por todos los individuos, cuáles serían los criterios que se tendrían en cuenta para valorar la gravedad de las faltas a que hace referencia el artículo 20 del proyecto de ley. Ello con el fin de que quienes se sometan a un proceso electoral conozcan de antemano los parámetros que servirán de base para determinar la gravedad de las faltas en que posiblemente incurran. La Corte estimó como indispensable que dicha conceptualización se expidiera con anterioridad a la comisión de las faltas, con el fin de evitar valoraciones ad hoc, para cada proceso en particular. nota 15

· El respaldo popular exigido a los candidatos y listas de los movimientos y grupos de ciudadanos debe ser razonable

El inciso cuarto del artículo 4º del Reglamento 01 de 2003, expedido por el Consejo Nacional Electoral, contiene reglas que persiguen garantizar la seriedad de la inscripción de listas y candidatos por parte de los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales

En primer lugar, prescribe que los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales podrán inscribir candidatos a corporaciones públicas y cargos uninominales, para lo cual deberán acreditar el número de firmas señalado en el parágrafo 1° del mismo artículo, firmas que respaldarán la totalidad de la lista inscrita. El número de estas firmas es el equivalente al veinte por ciento (20%) del resultado de dividir el número de ciudadanos aptos para votar en la correspondiente circunscripción electoral por el número de puestos por proveer. Y para el caso de candidatos a Gobernaciones y Alcaldías, un número de firmas equivalente al veinte por ciento (20%) del número de personas aptas para votar en la correspondiente circunscripción electoral

En cuando al número de firmas exigido, el inciso analizado remite al parágrafo 1° del mismo artículo cuarto, que contiene dos sub reglas: una primera que señala que ese número será el equivalente al veinte por ciento (20%) del resultado de dividir el número de ciudadanos aptos para votar en la correspondiente circunscripción electoral por el número de puestos por proveer. Por los términos de la disposición, que se refiere al número de puestos proveer, la Corte asumió que ella resultaba aplicable únicamente para el caso de inscripción de listas para corporaciones públicas territoriales (asambleas departamentales, concejos municipales, juntas administradoras locales). La segunda regla es la aplicable para la elección de candidatos a Gobernaciones y Alcaldías, e indica que en esos casos el número de firmas que respaldará la inscripción será el equivalente al veinte por ciento (20%) del número de personas aptas para votar en la correspondiente circunscripción electoral.

En relación con lo anterior, la Corte estimó que al Consejo Nacional Electoral le asistía cierto espacio de libertad configurativa al momento de definir el margen de respaldo popular que debían demostrar los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos a la hora de inscribir candidatos a cargos unipersonales y listas para corporaciones públicas de elección popular, libertad que en todo caso debía ejercerse dentro de parámetros de proporcionalidad. Es decir, el respaldo expresado por las firmas exigidas no podía resultar mínimo o irrelevante, porque en tales circunstancias se revelaría contrario al propósito o designio del constituyente de favorecer las inscripciones de candidatos avalados por grupos políticos con un respaldo popular significativo, en aras de acabar con la excesiva atomización política que se juzgó contraria a los valores de una democracia fincada en el principio mayoritario. Empero, tampoco podía exigirse un respaldo máximo, que significara en la práctica un desconocimiento del derecho de las minorías políticas a postular candidatos, en desmedro del pluralismo político propio de la misma democracia. nota 16

· El número plural exigido para inscribir candidatos se predica de los inscriptores y no de las pólizas de garantía

El inciso cuarto del artículo 4º del Reglamento 01 de 2003, expedido por el Consejo Nacional Electoral dispone que los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales deberán prestar caución, póliza de seriedad o garantía bancaria, las cuales serán presentadas y otorgadas por los inscriptores o candidatos, que no serán inferiores en ningún caso a tres (3).

La Corte observó que la exigencia de cauciones, garantías o pólizas a que se refiere la disposición constituye un requisito para la inscripción de candidatos o de listas por parte de los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos.

Ahora bien, la Corte aclaró que las mencionadas cauciones, garantías o pólizas son exigidas, no para asegurar la devolución de los dineros públicos con los cuales se podrán financiar las campañas adelantadas por los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos (pues las mismas, al tenor de lo dispuesto por el artículo 109 superior, reformado por el 3° del acto Legislativo 01 de 2003, serán financiadas con recursos estatales mediante el sistema de reposición por votos depositados), sino para garantizar la seriedad de la inscripción de candidatos por parte de tales grupos.

En este contexto, a juicio de la Corte, el número de tres a que hace referencia la norma no es al número de pólizas que se requieren para garantizar la seriedad de las campañas, sino al número de inscriptores. Ciertamente, si la finalidad de la póliza es garantizar la seriedad de la propuesta política, no se ve por qué deba exigirse más de una para satisfacer ese fin. Cuando la norma dice que quienes decidan inscribir un candidato ?deberán acreditar el número de firmas señalado en el parágrafo 1° de éste artículo, que respaldarán la totalidad de la lista inscrita y prestar caución, póliza de seriedad o garantía bancaria, las cuales serán presentadas y otorgadas por los inscriptores o candidatos, que no serán inferiores en ningún caso a tres (3)?, debe entenderse entonces que no se refiere a la póliza de seriedad, pues esta se encuentra garantizada con una sola póliza, sino al número de inscriptores que deben proceder a tramitar esta diligencia. nota 17



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-564-97
  2. Corte Constitucional, Sentencia C-1412-00
  3. Corte Constitucional, Sentencia C-231-95
  4. Corte Constitucional, Sentencia T-1232-03
  5. Corte Constitucional, Sentencia C-311-04
  6. Corte Constitucional, Sentencia C-671-04
  7. Corte Constitucional, Sentencia C-720-04
  8. Corte Constitucional, Sentencia C-1051-04
  9. Corte Constitucional, Sentencia C-1082-05
  10. Corte Constitucional, Sentencia C-1081-05
  11. Corte Constitucional, Sentencia C-1081-05
  12. Corte Constitucional, Sentencia C-1040-05
  13. Corte Constitucional, Sentencia C-1153-05
  14. Corte Constitucional, Sentencia C-1153-05
  15. Corte Constitucional, Sentencia C-1153-05
  16. Corte Constitucional, Sentencia C-1081-05
  17. Corte Constitucional, Sentencia C-1081-05

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