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Última modificación: 2006-08-02
Protección del ejercicio del derecho a ser elegido

· Derecho a ser elegido implica el derecho a que en caso de vacancia se designe reemplazo de conformidad con el procedimiento establecido

Una alcaldesa que fue suspendida de su cargo interpuso acción de tutela en contra del Gobernador, por considerar que al haber sido designado su reemplazo con desconocimiento del procedimiento establecido para tal finalidad le estaban siendo vulnerados sus derechos fundamentales de participación política y concretamente su derecho a ser elegida. La Corte consideró que habiendo sido elegida la demandante por votación popular, adquiría el derecho de exigir que se respetara la voluntad de los ciudadanos que la eligieron, y en ello radica su derecho fundamental a que su reemplazo se llevara a cabo de conformidad con el procedimiento establecido, sin que el encontrarse suspendida, significara que sus derechos políticos hubieran desaparecido, ni tampoco hubiera desaparecido su compromiso con la comunidad que la eligió, ni su responsabilidad para que su reemplazo fuera garantía de que se continuara con los programas por los que votaron sus electores. Por tal motivo se concedió la tutela. nota 1

· Periodo de los gobernadores es de carácter institucional. No hay períodos personales.

La inconformidad del demandante en tutela respecto de la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado de reconocerlo como Gobernador del Departamento para el período comprendido entre el año 2001 y el año 2003, luego de anulado el acto que declaró la elección del gobernador en funciones y realizado el nuevo escrutinio ordenado en la sentencia, radica en que la misma no siguió la jurisprudencia de la Corte Constitucional conforme a la cual el período de alcaldes y gobernadores es personal y no institucional, así como también dejó de aplicar lo preceptuado en el artículo transitorio del Acto Legislativo 02 de 2002, en virtud del cual, quienes inicien su período entre el momento de entrada en vigencia de dicho acto y el 31 de diciembre de 2003 ejercerán su cargo por la mitad del tiempo que haga falta para llegar al 31 de diciembre de 2007.

La Corte constató que el Acto Legislativo 02 de agosto 6 de 2002 ha estipulado expresamente que los períodos de alcaldes y gobernadores son institucionales y no personales. No existe duda para la Corte de que la realización de un nuevo escrutinio no implica nueva votación ni nueva elección, y al no implicar una nueva participación de los electores, el período de los gobernadores es institucional. Criterio éste que fue reiterado por el Congreso a través de la expedición del Acto Legislativo 01 de julio 3 de 2003, en cuya virtud se ha agregado un parágrafo al artículo 125 de la Constitución, conforme al cual "[l]os períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo o por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue elegido.

La Corte no encontró de recibo la petición del actor de que se diera aplicación al artículo transitorio del Acto Legislativo 02 de 2002, pues, como ya se explicó, el nuevo escrutinio no equivale a una nueva elección y ésta, sin lugar a dudas, es presupuesto indispensable de la aplicación del mencionado artículo. En consecuencia, después de la vigencia del Acto Legislativo 02 del 2002 desaparecieron los períodos personales y todos los períodos se convirtieron en institucionales, de modo que el reemplazo de un gobernador por otro, cualquiera que sea la causa, es para completar el período del anterior y no para iniciar un nuevo período. nota 2

· Los nuevos alcaldes elegidos en los municipios con períodos atípicos deben regirse por el inciso primero del artículo séptimo del Acto Legislativo 02 de 2002.

El alcalde electo de un municipio y una ciudadana instauraron una acción de tutela contra la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, bajo la consideración de que ésta violó sus derechos fundamentales a elegir y ser elegidos, a la igualdad y al debido proceso.

La elección del alcalde fue objeto de dos demandas a través de la acción de nulidad electoral. Las demandas solicitaron que se declarara la nulidad del acto de elección, en lo que se refiere específicamente al período. En sus sentencias, el Tribunal Administrativo declaró la nulidad parcial del acto de elección del tutelante y, en consecuencia, determinó que gobernaría entre el 8 de noviembre de 2003 y el 4 de diciembre de 2005.

Mediante sentencias de los días 19 y 26 de agosto de 2004, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado confirmó las dos providencias del Tribunal Administrativo.

Al respecto los demandantes anotan que en todos los documentos electorales ? la solicitud de inscripción, el acta parcial de escrutinio, la credencial otorgada por la comisión escrutadora y el acta de posesión ? se anotó que el período de ejercicio del nuevo alcalde se extendería entre los años 2004 y 2007. Por lo tanto, la sentencia atentaría contra la voluntad popular y contra el debido proceso ? puesto que habría modificado a posteriori las reglas de la elección - y desconocería el principio de la confianza legítima.

Sobre estas críticas la Corte manifestó que, en primer lugar, la duración del período de los gobernantes no depende ni de las autoridades electorales ni de los votantes, sino que debe orientarse por lo establecido en la Constitución. Y el inciso primero del artículo 7 del Acto Legislativo N° 02 de 2002 es muy claro al determinar que ?los alcaldes y gobernadores que inicien sus períodos entre la vigencia del presente Acto Legislativo y el 31 de diciembre del año 2003, ejercerán sus funciones por un período equivalente a la mitad del tiempo que haga falta para llegar al 31 de diciembre del año 2007...? Esta decisión del Constituyente Derivado podrá quizás ser cuestionada por inconveniente, pero esto no le resta su carácter vinculante ni permite apartarse de ella.

Si bien es cierto que en distintos documentos relacionados con la elección del alcalde se anotó que el nuevo mandatario gobernaría entre 2004 y 2007, también es verdad que distintas autoridades nacionales habían advertido, antes y después de la elección, que los nuevos alcaldes elegidos en los municipios con períodos atípicos debían regirse por el inciso primero del artículo 7 del Acto Legislativo 02 de 2002 y que ello implicaba que se posesionaran inmediatamente después de que venciera el período de sus antecesores en el cargo. Y lo cierto es que tanto el Acto Legislativo 02 de 2002 como los mencionados actos administrativos del orden nacional debían ser conocidos por los funcionarios locales del municipio y por el mismo actor y sus copartidarios. Por lo tanto, no cabe afirmar que las sentencias acusadas vulneraran el debido proceso de los actores o el principio de la confianza legítima.

Según la Corte, tampoco se podía afirmar que las providencias hubieran vulnerado el principio de igualdad de los actores, por cuanto el período del alcalde era atípico, lo que impide brindarle el mismo trato que a los alcaldes de municipios que cuentan con períodos ordinarios. Tampoco vulneraron los derechos políticos de los actores ni de los ciudadanos del municipio. Para la Corte, las decisiones del Consejo de Estado se ajustaron a lo indicado en el artículo 7 del Acto Legislativo 02 de 2002. De la misma manera, no se podía afirmar que hubiera vulnerado el derecho de los actores al debido proceso. Si bien no hubo completa claridad en las reglas que rigieron la elección, dadas las contradicciones entre los actos realizados a nivel municipal y las instrucciones y directivas emanadas de autoridades del orden nacional, lo cierto es que los procesos electorales debían ceñirse a lo establecido en la Constitución, tal como lo dispuso la Sección Quinta en sus sentencias.

Finalmente, la Corte expresó que los períodos de los elegidos están determinados a partir de criterios objetivos, tales como los preceptos de la Constitución o de la Ley, el vencimiento del período anterior y la fecha en que se ha realizado la elección del sucesor. Frente a estos hechos no cabía invocar, con el fin de que una sentencia del Consejo de Estado fuera invalidada, la voluntad del elegido ni los errores en los que hubieran podido incurrir las autoridades electorales locales, en contravía de lo dispuesto por la cabeza de la organización electoral, el Consejo Nacional Electoral.

Con base en lo anterior, la Corte negó la tutela solicitada, puesto que las sentencias acusadas, proferidas por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, no constituían una vía de hecho. nota 3

· El legislador puede establecer un periodo institucional para el personero distinto al de las otras autoridades municipales

El accionante demandó el artículo 170 de la Ley 136 de 1994 por considerar que viola los artículos 13, 125 y 209 de la Constitución Política, pues fija un período de tres años para los personeros municipales mientras que el período de las demás autoridades municipales, es decir de los alcaldes, concejales y contralores municipales, es de cuatro años.

La Corte encontró que existe un tratamiento constitucional diferente dado a los períodos del contralor municipal y del personero municipal. De una parte, en el artículo 272 la Carta Política prescribe que corresponde a los concejos distritales o municipales elegir contralor para período igual al del alcalde, y en el artículo 314 dispone que el alcalde será elegido popularmente para períodos institucionales de cuatro años. De otra parte, en el artículo 313 numeral 8 faculta al legislador para fijar el período del personero municipal, sin contemplar reserva o límite expreso alguno para el cumplimiento de esta atribución.

Para la Corte resultaba claro que el personero es un funcionario municipal, que tiene relaciones funcionales con el Ministerio Público, pero su período, a diferencia de otras autoridades locales, no es señalado por la Carta Política, la que, en cambio, deja su determinación en manos del legislador.

Entonces, el legislador dispone de atribución expresa para fijar el período de los personeros y no está obligado constitucionalmente a señalar que sea exactamente el mismo que el de los alcaldes, concejales e, indirectamente, el mismo de los contralores municipales. De modo que, si la voluntad del constituyente fue dar un tratamiento distinto al período de personeros, el legislador bien podía establecer una regla especial en esa materia

La Corte encontró que la disposición demandada, en cambio de contrariar los preceptos constitucionales invocados por el actor, constituye un desarrollo razonable y proporcionado de la atribución asignada expresamente al legislador por el artículo 313 numeral 8 de la Carta Política para fijar el período del personero municipal. El hecho de disponer que el período de este funcionario sea de tres años no constituye vulneración del derecho a la igualdad, del principio de coordinación ni del carácter institucional de los períodos de los elegidos, así la Constitución haya previsto que el período de alcaldes, concejales y contralores municipales sea de cuatro años. Ése es un asunto que forma parte de la amplia y flexible potestad de configuración legislativa que asiste al Congreso de la República, como órgano de representación política por excelencia.

En consecuencia, la Corte declaró exequible la norma demandada. nota 4

· Suspensión provisional de alcaldes o gobernadores por incumplimiento de órdenes presidenciales de orden público debe ajustarse al debido proceso para proteger al elegido

Declarado el Estado de Conmoción Interior motivado por el hecho de que grupos armados ejercieran presiones sobre funcionarios de entidades territoriales induciéndolos a entrar en diálogos con ellos y contrariar la política presidencial de orden público, se expide el decreto legislativo 1811 del 9 de noviembre de 1992, "Por el cual se dictan normas para hacer efectivas las órdenes que en materia de orden público imparta el Presidente de la República". Un gobernador consideró que el mismo contraviene la Constitución por consagrar causales de suspensión y destitución de los Funcionarios de elección popular, cuando las mismas deben ser taxativamente determinadas por la ley, como en efecto lo son en la Ley 4a. de 1991, las cuales operan previa investigación que establezca su efectiva ocurrencia, proceso que no puede estar regulado mediante un decreto legislativo.

La Corte consideró que en la misma ley se establece que para aplicación de esas sanciones, se seguirá el procedimiento administrativo establecido en la Ley 13 de 1984. Así, aun cuando el decreto revisado hace más graves las causales de suspensión para alcaldes y gobernadores, está específicamente orientado determinar las consecuencias que acarrearían, en época de grave perturbación del orden público como la que se afronta, apoyado en la urgencia de dictar normas para asegurar el cumplimiento de las órdenes presidenciales. Por otro lado, en materia de órden público la constitución dispone que los actos y órdenes del Presidente se aplican inmediata y preferentemente sobre los de gobernadores; y los actos y órdenes de estos de igual manera y con los mismos efectos en relación con los de los alcaldes; de forma que en nada se ve disminuida la autoridad presidencial en esta materia por el hecho de que gobernadores y alcaldes sean elegidos popularmente.

La suspensión provisional mientras se adelanta la investigación, puede ser decretada en ambos casos por el Presidente y no tiene el carácter de sanción, por ser una medida preventiva tendiente a controlar la situación que pueda suscitarse en el ente territorial por la posible acción u omisión del funcionario. Esta facultad no desconoce la constitución, pues tiene el mismo fundamento de prevalencia del interés público que sirve de soporte a instituciones tales como la detención preventiva, pero debe ajustarse a los requerimientos del debido proceso y partir de elementos de juicio objetivos y de la definición previa por la ley de la conducta que produce la suspensión. Aunque la norma en revisión no lo exige, se deriva de los preceptos constitucionales que la determinación ha de ser debidamente motivada y fundamentada, para preservar los derechos del inculpado y a fin de establecer eventuales responsabilidades del Presidente o Gobernador, si incurriere en cualquier abuso queriendo así evitar su discrecionalidad, en la remoción de funcionarios elegidos popularmente. nota 5

· Incompetencia de los gobernadores para disponer el retiro de un alcalde municipal incurso en inhabilidad declarada en juicio

El alcalde de un municipio presentó acción de tutela contra el Gobernador de un departamento que, so pretexto de dar cumplimiento a una sentencia judicial, lo había retirado de su cargo, le había designado un reemplazo y había convocado a nuevas elecciones. El actor sostuvo que se le había vulnerado su derecho al debido proceso pues el fallo sobre el cual el Gobernador apoyaba su decisión no se le había comunicado y, tampoco disponía lo que arbitrariamente había asumido el Gobernador. El actor adujo que al no estar incurso en ninguna de las causales previstas por la ley como falta absoluta ni haber sido suspendido o destituido por la Procuraduría, el gobernador no podía ordenar su retiro inmediato ni designar nuevo alcalde.

La Corte advirtió que la decisión del Gobernador resultaba ilegítima, pues de la simple lectura de la parte resolutiva de la sentencia del Consejo de Estado, era evidente que no se había dispuesto el retiro inmediato del cargo de alcalde al accionante. Lo que allí se había ordenado era que el citado alcalde manifestara al gobernador la inhabilidad en que había incurrido, para luego, de manera conjunta, ?el demandado y el Gobernador del Departamento tomarán las medidas necesarias a efectos de acatar lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 6° de la Ley 190 de 1995?.

De esta manera, el mandatario departamental había actuado sin competencia para retirar del servicio al alcalde, pues no mediaba en este caso facultad constitucional ni legal, como tampoco orden judicial para ello. Ni el artículo 305 de Carta Política ni ninguna otra norma legal atribuían esa facultad a los gobernadores. De hecho, no existía respecto de los alcaldes elegidos popularmente superior jerárquico o nominador a quien pudiera dirigirse el juez para obligarlo a expresar la inhabilidad en el cargo, pues esa superioridad sólo existe en materia de conservación del orden público y del derecho de policía, según las reglas legales que la desarrollen.

La Corte concluyó que el derecho fundamental al debido proceso del actor había sido desconocido por la Gobernación del Departamento. nota 6

· Designación de alcalde por falta absoluta del titular debe respetar el partido o movimiento por el cual fue electo el mandatario saliente

En concepto del demandante, la decisión del Gobernador del Departamento de designar a una persona para ocupar el cargo de alcalde, declarado vacante de manera absoluta debido a una enfermedad del elegido, sin atender a la terna suministrada por los integrantes del movimiento o partido que apoyó la candidatura del saliente mandatario y sin verificar que el designado fuese parte de dicho movimiento o partido, desconoció el derecho al debido proceso, así como los derechos constitucionales a la participación en la vida política y el derecho a elegir y a ser elegidos. En concepto de la Corte, resulta claro que el artículo 314 de la Constitución ha de interpretarse de manera sistemática junto a las disposiciones sobre el voto programático y el mandato contenido en el programa de gobierno adoptado por el pueblo. Las dos hipótesis contenidas en la disposición, entonces, adquieren un sentido más amplio.

La primera hipótesis supone que, merced a la nueva elección, habrá de adoptarse un nuevo programa; mientras que en el segundo evento, la ausencia de votación obliga a considerar que el alcalde designado sigue sujeto al programa aprobado junto al alcalde inicial. Lo anterior, por cuanto sólo el voto popular puede modificar el programa de gobierno. Sólo el pueblo, en los términos de la ley y según los parámetros de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, tiene la potestad para revocar el mandato del alcalde que incumple con el programa. Con lo anterior adquiere un sentido pleno la obligación del Gobernador de respetar al movimiento, partido o grupo político que apoyó la candidatura del alcalde ganador de los comicios ?segunda hipótesis normativa del artículo 314 de la Constitución-, pues se asegura la continuidad del programa de gobierno.

De lo anterior se sigue para la Corte que el Gobernador, en este caso, tiene la obligación de seleccionar una persona que efectivamente cumpla con dicho rograma. Además, es necesario que la designación recaiga en una persona que guarde alguna relación de pertenencia y de identidad con el grupo, movimiento o partido que inscribió el candidato y el programa ganador. Para el efecto, son los propios partidos, movimientos, grupos o coaliciones quienes definan quienes pertenecen a su colectividad. Respecto al argumento del Gobernador, en el sentido de que el partido político había perdido la personería jurídica, la Corte aclaró que, si bien ello es cierto, el mandato popular subsiste a través del programa de gobierno y la necesidad de asegurar un correcto funcionamiento del grupo de personas como partido organizado (así haya perdido su personería).

La Corte concedió como mecanismo transitorio, la protección del derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia, ordenó al Gobernador del Departamento que en el término de diez (10) días a partir de la notificación de la sentencia, designara el reemplazo del alcalde saliente, respetando los parámetros fijados en la misma. nota 7

· Inhabilidad de los directivos de las Cajas de Compensación Familiar para aspirar a cargos de congresista o Presidente de la República

La prohibición que consagra el parágrafo 6º del artículo 21 de la ley 789 de 2002, en el sentido de que los directores y subdirectores de las Cajas de Compensación Familiar ?que tienen la naturaleza de entidades privadas- no podrán ser elegidos para una corporación o cargo de elección popular hasta un año después de haber hecho dejación del cargo, desconoce, a juicio del actor, el derecho de todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, consagrado en el artículo 40-1 Superior. En criterio de la Corte, la regla general de competencia legislativa para fijar el régimen de inhabilidades de los distintos cargos públicos encuentra una excepción en lo tocante a los cargos de Congresista o Presidente de la República, dado que los artículos 179 y 197 Constitución Política establecen un sistema cerrado, es decir, que no facultan expresamente al Legislador para agregar nuevas inhabilidades a la enumeración efectuada por el Constituyente.

Sin embargo, la Corte encontró que la inhabilidad que se consagra en la norma que se revisa, es idéntica a la que establece el artículo 179 ordinal 3° de la Carta Política. Para la Corte, los recursos del subsidio familiar no son contribuciones parafiscales típicas puesto que no reúnen, en sentido estricto, el requisito del origen y destinación sectoriales, lo cual no obsta para que sean una especie de parafiscalidad, como lo ha señalado la propia Corporación. En este caso, no es necesario analizar las implicaciones generales y diversas de la especificidad del régimen legal del subsidio familiar ni de que las Cajas sean personas jurídicas privadas que administran una prestación social, sino que es tan solo preciso determinar si la inhabilidad prevista en el artículo 179 ordinal 3° de la Constitución comprende a los representantes legales de las Cajas.

Habida cuenta de que la Corte ha sostenido que los recursos del subsidio familiar participan de varias características de la parafiscalidad y son exenciones parafiscales atípicas y, además, en consideración a que la función de la inhabilidad establecida en dicha norma también es aplicable a la administración de los recursos del subsidio por su magnitud, por su función social y por su impacto inmediato y directo en los beneficiarios, la Corte concluyó que los alcances de dicha inhabilidad cobijan a los representantes legales de las Cajas. Observó la Corte que la inhabilidad que consagra la norma acusada coincide, para estos efectos, con la que dispuso expresamente el Constituyente en el artículo 179-3 Superior, con una diferencia, a saber: el término de duración que fijó el Legislador, que supera en seis meses el que estableció el Constituyente.

Dado que no puede el Legislador modificar los límites expresamente fijados en la Carta Política en materia de inhabilidades para ser congresista, la Corte declaró la constitucionalidad condicionada de la norma bajo revisión en lo que atañe a los directores y subdirectores de Cajas de Compensación Familiar que, siendo representantes legales, aspiren a ocupar el cargo de Congresista, en el sentido de que el término que en ella se establece durará seis (6) meses, y no un (1) año. Con todo, la Corte advirtió que las inhabilidades como las que se consagran en la norma acusada, sólo son razonables en la medida en que se apliquen a situaciones que tengan lugar dentro del mismo ámbito territorial en el cual habrá de llevarse a cabo la respectiva elección, puesto que es ése el criterio que adoptó el propio constituyente en aras de promover la integridad del proceso electoral, el equilibrio en la contienda política y la igualdad de oportunidades entre los candidatos.

Este factor de razonabilidad previsto en la Carta Política y que es el fundamento de la exequibilidad misma de la inhabilidad creada, no fue tomado en cuenta a plenitud, en especial respecto de sus aspectos territoriales, por el Legislador al diseñar la norma que se acusa, puesto que no distingue entre circunscripciones electorales ni delimita el ámbito territorial de la inhabilidad. Por lo tanto, la Corte condiciona la constitucionalidad de la norma a que se entienda que la inhabilidad que en ella se establece únicamente se refiere a situaciones donde el ámbito de actuación del director o subdirector tenga lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección. Sólo esa coincidencia hace razonable la inhabilidad. En lo tocante a los Directores y Subdirectores de Cajas de Compensación que aspiren al cargo de Presidente de la República, por su parte, la Corte encontró que la norma es inconstitucional, puesto que el artículo 197 no consagra una disposición similar respecto de quienes hayan sido representantes legales de entidades que administren cualquier clase de recursos parafiscales.

Que el régimen de inhabilidades para ser elegido Presidente de la República sea cerrado es de suma trascendencia en una democracia pluralista y participativa porque impide que el Legislador establezca nuevas prohibiciones que excluyan a ciertas personas o grupos de la posibilidad de competir en determinada campaña presidencial, si la prohibición es temporal, o para siempre, si la prohibición se basa en una condición inmutable. En consecuencia la Corte declaro exequible, por los cargos analizados, el Parágrafo 6 del artículo 21 de la Ley 789 de 2002, en el entendido de que la inhabilidad que en ella se establece (i) no se aplica a quienes aspiren al cargo de Presidente de la República, (ii) se aplica para quienes aspiren al cargo de Congresista por el término de seis (6) meses, y (iii) se aplica cuando el ámbito de actuación del Director o Subdirector tenga lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección nota 8.

· Derecho de acceso al cargo de concejal del segundo renglón cuando la elección del primer renglón ha sido declarada nula por inhabilidad. Improcedencia de modificar el número de concejales de un municipio con posterioridad al hecho de la elección.

La Corte se ocupó de analizar si un concejo municipal había vulnerado el derecho fundamental del accionante a conformar el poder político (art. 40 Constitución Política) al negarse a darle posesión, en su condición de segundo renglón de una de las listas presentadas para elección de dicho Concejo, en la vacante ocasionada por la decisión de la jurisdicción contencioso administrativo de cancelar la credencial del primer renglón de dicha lista, una vez encontró probada la inhabilidad por la relación de parentesco de éste con uno de los integrantes de la Comisión Escrutadora Municipal (numeral 6 del artículo 223 del CCA).

La Corte observó que la decisión adoptada en la acción electoral seguida ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo sólo podía afectar la elección del principal, pues la inhabilidad que sirvió de fundamento para declarar la nulidad de la elección sólo podía predicarse de dicho primer renglón, ya que el régimen de inhabilidades debe ser interpretado de manera restrictiva, como lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia. Si bien en la parte resolutiva de la decisión judicial se hizo mención a la nulidad de los votos, la lectura integral de la providencia permitió establecer que el proceso siempre circunscribió su decisión al principal de la lista. Si la intención de los fallos proferidos no hubiera tenido el alcance señalado, sino el de afectar también los derechos de los demás integrantes de la lista, habría sido necesario llamarlos a juicio en el proceso electoral, pues de lo contrario se habría vulnerado el derecho fundamental al debido proceso de aquellos y todas las garantías que de éste se derivan.

De otra parte, la Corte estima necesario ocuparse del concepto emitido por la Delegación Departamental de la Registraduría del Estado Civil, en respuesta a una consulta elevada por el Concejo Municipal para determinar la procedencia de darle posesión al segundo renglón de la lista cuyos votos fueron declarados nulos. En tal concepto, la Delegación de la Registraduría concluyó que la lista ?queda con cero (0) votos?. La Corte encontró que, como consecuencia de la interpretación de unos fallos judiciales, no podía modificarse el número de concejales de un municipio, ya que ésta facultad no podía ejercerse sino conforme a los parámetros definidos por la ley y, sobre todo, de forma oportuna, esto es, antes de que se iniciara el período respectivo de los mandatarios locales. De manera que argumentar, estando en curso este período, que el Concejo Municipal demandado había quedado con un concejal menos, vulneraría el artículo 312 de la Constitución, que dispone que estas corporaciones no pueden ser integradas por un número menor de siete concejales, así como el derecho de los electores a la efectiva representación, y estaría modificando las reglas que rigieron la elección.

Por lo anterior, la Corte confirmó la orden del juez de segunda instancia, ya que sin requisito distinto a la certificación expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil en la que se expresa que el accionante es el segundo renglón de la lista, se debe efectuar su posesión como concejal, a fin de amparar el derecho fundamental invocado nota 9.

· Derecho de los alcaldes a ser reintegrados efectivamente a sus cargos, cuando han sido desvinculados de ellos por una decisión de nulidad de la elección, medida que es revocada posteriormente.

Un ciudadano acudió ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a fin de que se declarara la nulidad del acto de elección del actor como Alcalde de su municipio pues éste superaba la edad de retiro forzoso al momento de su inscripción como candidato. La Sección Quinta del Consejo de Estado aceptó declarar la nulidad de la elección, decisión que posteriormente fue revocada por la Sala Plena de la misma Corporación, al resolver el recurso de súplica presentado por el afectado contra la sentencia. Durante el trámite del proceso electoral, el Gobernador del Departamento convocó a nuevas elecciones, resultando electo como alcalde otro ciudadano. Por esta razón, se abstuvo de reintegrar al actor al cargo de Alcalde del Municipio. El Consejo de Estado se limitó a declarar válida la elección del actor sin disponer de manera clara, expresa y exigible lo relativo al desempeño del cargo. Debido a ello, el actor no podía solicitar la ejecución de la providencia para que se ordenara su posesión.

Para la Corte, no queda duda que los jueces están en el deber de acatar la jurisprudencia constitucional y resolver conforme a ésta. La propia Corte en su momento definió el carácter personal del periodo de los alcaldes y gobernadores, pero de esto no se sigue que un Alcalde no ejercerá el cargo -así la autoridad judicial declare que tiene derecho a hacerlo-, porque en el curso del proceso que definió el asunto otro ciudadano fue elegido para reemplazarlo. Porque en este último caso no se discute sobre un periodo constitucional, sino se reclama sobre la influencia de los jueces en el restablecimiento de la convivencia y el orden justo, para lo cual se deben considerar claros dictados constitucionales y normas internacionales que indican la sujeción estricta a la eficacia de los pronunciamientos de los jueces.

Así las cosas, la Corte advierte que una autoridad estatal no puede aducir que no cumple un fallo judicial porque no le fue notificado, y no le es dable sostener que hace caso omiso del recurso de súplica que cursa contra la sentencia proferida en juicio electoral, fundada en que el trámite no suspende la ejecución de la sentencia, como quiera que las acciones electorales tienen efectos generales y una actuación que puede dar lugar al desconocimiento de un fallo, así este se encuentre ejecutoriado, indica que la situación puede cambiar y que en tanto no quede definida deberán evitarse las actuaciones que llegaren a obstruir el cumplimiento de la decisión.

Como el resultado del proceso electoral indicó que la elección del actor fue válida, éste tenía derecho a exigir que lo resuelto se ejecutara, es decir, que se le permitiera dirigir los destinos del municipio que lo eligió como su alcalde, así en el interregno del proceso otro ciudadano hubiera resultado electo para reemplazarlo; porque el acceso a la justicia es un derecho fundamental del que se deriva que puesta en marcha una causa electoral el juez resuelva efectivamente sobre el ejercicio del cargo. En consecuencia, la Corte reconoció que el actor tenía derecho a ser restablecido en el cargo del que fue suspendido, por lo que confirmó la sentencia de segunda instancia, la cual dispuso que el Gobernador del Departamento actuaría en consecuencia con el derecho del actor a ejercer como alcalde del municipio, hasta completar los tres años del periodo individual para el que fue elegido.

La Corte no se pronunció sobre el proceso electoral que culminó con la esignación del otro candidato, dado que las condiciones normativas, constitucionales y legales de las que depende su validez tendrán que ser examinadas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, si algún ciudadano así lo propusiera. nota 10

· El candidato doblemente inscrito no pierde su derecho a participar en las elecciones

El parágrafo primero del artículo 1º del Reglamento 01 de 2003 establece que la violación del régimen de candidatos y listas únicas acarreará la nulidad de la inscripción, precisando con ello que, de todos modos, lo que se entiende anulado por virtud de la doble inscripción es la primera de ellas y no ambas, tal como lo establece el artículo 7º del Reglamento al precisar que ?En caso de violación del régimen de candidatos y listas únicas, se tendrá como válida la segunda inscripción, salvo lo previsto en el parágrafo segundo del artículo primero de este Reglamento?. Esta medida garantiza la efectividad de la exigencia constitucional, al tiempo que impone una sanción proporcional al candidato doblemente inscrito, que no pierde por ese hecho su derecho a participar en las elecciones.

En consecuencia de lo anterior, la Corte consideró que el parágrafo primero del artículo 1º del Reglamento 01 de 2003 es exequible. nota 11

· El rechazo de la inscripción de un candidato o lista no impide que se presente una nueva solicitud

Respecto de la expresión ?in límine? contenida en el artículo 7º del Reglamento 01 de 2003, expedido por el Consejo Nacional Electoral, relativo a la competencia de los funcionarios de la Registraduría competentes para verificar el cumplimiento de los requisitos al momento de la inscripción de candidatos, la Corte afirmó que, tratándose de la simple verificación de los requisitos de inscripción relativos a (i) que ella se haga por parte de los representantes legales de los partidos o movimientos políticos o por los propios inscriptores en el caso de los grupos o movimientos significativos de ciudadanos, y (ii) que ella se haga ante los funcionarios competentes, no puede hablarse propiamente de un proceso administrativo.

En efecto, el proceso administrativo se ha entendido como ?un conjunto de actos independientes pero concatenados con miras a la obtención de un resultado final que es la decisión administrativa definitiva?. Así entendido comprende pues un conjunto de actos, inicialmente uno que desencadena la actuación, seguido de otros instrumentales o intermedios, y finalmente el que le pone fin, aunado al que la comunica, publica o notifica. La Corte precisó que esta serie de actos se echa de menos en la simple verificación de los requisitos de representación legal del inscriptor y competencia del funcionario que recibe la inscripción. El objeto que persigue esta verificación, que no implica la resolución de un conflicto de orden jurídico, dispensaba de diseñar mecanismos que garanticen ampliamente el ejercicio de derecho de defensa.

Adicionalmente, la Corte consideró que la decisión adoptada por cualquiera de los registradores mencionados no implicaba la pérdida de oportunidad de volver a presentar la solicitud correspondiente, con el lleno de los requisitos necesarios. Es claro que frente al rechazo de la inscripción, los inscriptores podrán volver a solicitarla en los términos del artículo 3º del Reglamento 01 de 2003, por lo que si se cumplen los requisitos exigidos por la ley, nada obsta para que la candidatura vuelva a presentarse. Para la Corte, los registradores deben indicar las fallas en que se incurrió y que condujeron al rechazo de la inscripción, con el fin de que si su intención es la de volver a presentarla, no se cometan los mismos errores que condujeron al rechazo.

Por lo anterior, la Corte estimó que la norma se ajustaba a la Constitución. nota 12

· En caso de inscripciones simultáneas de listas o candidatos se tendrá por válida la última de ellas

El inciso 2° del artículo 7° del Reglamento 01 de 2003, expedido por el Consejo Nacional Electoral, dispone que en caso de violación del régimen de candidatos y listas únicas, se tendrá como válida la segunda inscripción, salvo lo previsto en el parágrafo segundo del artículo primero del mismo Reglamento, conforme al cual ?(q)uienes hayan participado en las consultas internas de los partidos o movimientos políticos, no podrán inscribirse como candidatos por otro partido o movimiento político o grupo significativo de ciudadanos, en el mismo proceso electoral.?

La Corte observó que la disposición consagra un mecanismo adicional para garantizar la inscripción de candidatos y listas únicas, conforme al cual si un partido, movimiento o grupo llegare a inscribir más de un candidato o lista, la única inscripción valida será la segunda inscripción. La Corte consideró que la norma ha debido prescribir que ?la última? inscripción sería la que se tendría por válida, y no la segunda, toda vez que cabe el evento de que sean más de dos las inscripciones de listas o candidatos que se verifiquen contraviniendo el mandato constitucional de listas únicas. De cualquier manera, el Tribunal determinó que ello no acarreaba su inconstitucionalidad, pero consideró que debe entenderse que la ?segunda? inscripción hace referencia a la ?última? de ellas, que será la única válida. Este constituye un mecanismo de garantía de inscripción de listas y candidatos únicos que se ajusta a la Constitución. nota 13

· Derecho del ciudadano secuestrado a ser elegido

Al revisar el proyecto de ley estatutaria por medio del cual se dictan normas concernientes a la elección de ciudadanos secuestrados, la Corte determinó que el propósito de proteger, el derecho a ser elegidos para cargos públicos, que tienen los ciudadanos que han sido víctimas del secuestro, y el derecho a la participación de los electores, que podrían ver limitadas sus opciones políticas por el secuestro, tiene claro fundamento constitucional y responde al imperativo de evitar que este hecho irregular y grave, se convierta en una gravosa limitación de los derechos políticos de los ciudadanos. Para garantizarlo, se contempla un régimen excepcional en relación con los requisitos que se han previsto para la inscripción de candidaturas, que evite la aplicación de las consecuencias que se derivan de la falta de posesión en el cargo y un régimen especial de protección patrimonial para los aspirantes a los cargos de elección popular.

Al permitirse la inscripción de una candidatura de un ciudadano secuestrado sin que medie su aceptación escrita, tal requisito orientado a garantizar la seriedad de la elección, debe ceder a los derechos de participación política que, en las circunstancias extraordinarias de la norma, se restringen completamente. Se salvaguarda la autonomía del candidato, en la medida en que al recuperar su libertad puede optar por la aceptación o el rechazo de tal candidatura. En desarrollo del derecho a elegir y ser elegido, no se exige que para que proceda tal protección se requiera que la persona haya sido formalmente proclamada como candidata por algún partido o movimiento político, pero si es necesario que haya existido una manifestación sería y pública de su parte sobre su interés en candidatizarse.

Al disponer una de las normas del proyecto que en caso de fraude o falsa denuncia, la autoridad competente declarará la nulidad absoluta de la lista y ordenará que la credencial se otorgue a la lista o candidato siguiente en orden de votación según el caso, para asegurar la seriedad de la elección, no se considera constitucionalmente admisible que la sanción afecte a las personas que, en una elección plurinominal, hagan parte de la lista de candidatos en la que se encuentre la persona que se suponía secuestrada, cuando ellas no hayan participado de la conducta reprochada; razón por la cual tal disposición es declarada parcialmente exequible. Finalmente se consideró que tanto el Legislador como la jurisprudencia han avanzado en el camino de encontrar instrumentos de protección patrimonial para las víctimas del secuestro y en particular para sus familias, de tal forma que, el régimen establecido en el proyecto no sería más que una particularización del esquema general, en atención a las especiales circunstancias de los aspirantes a cargos de elección popular, por lo que no resulta vulnerado el principio de igualdad.

No obstante, al consagrarse solo para el caso de los congresistas, la posibilidad de que el secuestrado elegido adquiera la calidad de servidor público, junto con los derechos laborales y prestacionales que ello implica, se establece una restricción contraria al principio de igualdad respecto de otros cargos de elección popular, por lo que profiere fallo integrador en el sentido de extender tal protección a hipótesis que habían sido originalmente excluidas, de manera que comprenda a ciudadanos elegidos a cualquiera de los cargos públicos de elección popular. En tales casos por fuerza mayor una persona no está en capacidad de ejercer esa representación y de asumir la responsabilidad que le corresponde, se produce una vacante en el cargo, que debe ser llenada conforme a las previsiones constitucionales y legales para garantizar el derecho de representación de los ciudadanos; y cuando por virtud de su liberación, esté en condiciones de entrar a ejercer sus funciones, es imperativo que lo haga con el lleno de los requisitos constitucionales y legales para el efecto, esto es, en particular, la toma de posesión y los juramentos de rigor. nota 14

· Los actos electorales de carácter particular no pueden ser revocados sin consentimiento del titular del derecho que ellos confieren

Se plantea a la Corte Constitucional que resuelva si la Registraduría Nacional del Estado Civil vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la participación política de la accionante, con la expedición de un nuevo calendario electoral mediante el cual se convocó para el 30 de octubre de 2005 la realización de comicios para alcalde en el municipio de San Antonio de Palmito Sucre, modificando con esta decisión el período de cuatro años ?2004 a 2007- de la actual mandataria del municipio ?accionante dentro de este proceso-, el cual se había previsto así en diferentes actos administrativos como son el Acta de Inscripción E-6 AG, el Acta Parcial de Escrutinio E-26-AG, el Formulario E-27 de la Comisión Escrutadora y el Registrador Municipal y el Acta de Posesión.

La Corte observó que la convocatoria a nuevas elecciones por la Registraduría Nacional del Estado Civil en Palmito Sucre, modificaba parcial pero efectivamente el contenido de los actos administrativos o documentos electorales expedidos en relación con la actual mandataria del municipio, pues todos ellos fijaron, sin excepción, que su período sería el comprendido entre los años 2004 y 2007, y con la programación de elecciones para el próximo 30 de octubre de 2005, es un hecho que dicho lapso de tiempo resulta reducido a la mitad.

En estas circunstancias la Corte encontró que había operado una revocatoria tácita de los actos administrativos relacionados con la elección de la accionante, por la evidente incompatibilidad que surge entre ellos y la nueva decisión adoptada por la autoridad accionada, pues con la expedición de un acto administrativo posterior, cual fue el de la fijación de un nuevo calendario electoral, aquéllos fueron privados parcialmente de sus efectos y suprimido parte de su contenido.

Dada esta condición, la revocatoria de los actos administrativos de contenido particular y concreto exige como requisito el consentimiento expreso y escrito del particular (CCA artículo 73), del cual sólo podrá prescindirse de manera excepcional si se trata de un acto administrativo i) fruto del silencio administrativo positivo respecto del cual se verifica alguna de las causales previstas en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo o ii) si resulta evidente que el acto se expidió por medios ilegales, lo cual no obsta para que en todos los casos se adelante una actuación administrativa previa en los términos de los artículos 14 y 28 del Condigo Contencioso Administrativo. Así, pues, de la norma comentada se desprende que los actos administrativos expresos de contenido particular -en contraposición a los fictos- siempre requieren para ser revocados del consentimiento del titular de los derechos que en ellos se reconocen y la única excepción aplicable es cuando se hubieran expedido por medios ilegales.

De acuerdo con lo afirmado por la Corte, si ninguna razón de excepción concurre para revocar un acto administrativo de contenido particular, la Administración debe demandar su propio acto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo (CCA artículo 149 num. 1). En este caso concreto observó que la Registraduría Nacional del Estado Civil tenía a su alcance la posibilidad de promover la acción de nulidad electoral y que al haber omitido el ejercicio de este mecanismo ?razón por la cual se verifica el fenómeno de la caducidad de la acción-, esa circunstancia no le autorizaba para revocar el acto.

La Corte encontró que los actos administrativos que resultaron revocados con la decisión de la autoridad accionada, son actos de una naturaleza especial, se trata de actos electorales de carácter particular que consolidaron en forma expresa un derecho en cabeza de la mandataria local accionante, cual es el de ejercer el cargo por un período determinado.

Pese a las consideraciones expuestas, la autoridad procedió a revocar parcialmente los actos administrativos relacionados con la elección de la actual Alcaldesa del municipio de Palmito, prescindiendo del consentimiento de ésta y, tratándose de actos expresos, en ningún caso bastaba con que se planteara como fundamento de este proceder la contradicción entre éstos y la Constitución, pues como quedó expuesto por la Corte, esto sólo es posible excepcionalmente cuando se trata de actos fruto del silencio administrativo positivo -fictos o presuntos-. Tampoco se alegó siquiera que el acto hubiere surgido a la vida jurídica por medios fraudulentos y por el contrario ha quedado claro que la causa de la supuesta inexactitud al fijar el período, tuvo origen en una confusión en la que cayeron varios servidores, incluidos algunos de la propia Registraduría, como es, entre otros, el Registrador que firmó la credencial de la accionante.

La Corte ordenó a la Registraduría suspender las elecciones en el municipio de Palmito hasta que se cumpliera el período institucional de la alcaldesa accionante. nota 15

· Derecho del elegido a renunciar al cargo

La actora, siendo concejal, alegó haber firmado una carta de renuncia a su carta para asegurar una coalición de apoyo al alcalde sin fecha determinada, en virtud de la cual fue desvinculada en el momento en que retirara su apoyo a la mencionada coalición, mediante aceptación de la supuesta renuncia. Tal aceptación resultaría violatoria de sus derechos políticos, por ser una sanción a su decisión de no apoyar la coalición. La Corte determinó que no le es posible entrar a analizar la autenticidad de la carta de renuncia, por cuya aceptación se desvincula a un concejal. Teniendo tal documento como autentico, hasta tanto la jurisdicción competente haga un pronunciamiento al respecto, no es posible pensar que el acto de aceptación de la renuncia, pueda ser violatorio de derechos fundamentales, ya que lo que hace es garantizar y respetar su ejercicio, pues el derecho a ser elegido supone el derecho a renunciar. Únicamente en el evento en que se hubiera demostrado previamente que la renuncia era falsa, surgía la posibilidad de que se considerara una eventual violación de derechos fundamentales. nota 16

· La reelección presidencial no implica una supresión del principio de igualdad del presidente frente a otros candidatos.

La demandante afirmó que la supresión del principio de igualdad habría operado en el sistema electoral para la elección de Presidente de la República al ser autorizada la reelección presidencial mediante el Acto Legislativo No. 02 de 2004, porque no era comparable la situación del Presidente que decide postularse para un segundo mandato, con la de ningún otro candidato. Por consiguiente, la reforma que permite la reelección presidencial inmediata sería irreconciliable con el principio de igualdad.

A juicio de la Corte, no puede sostenerse que el acto reformatorio de la Constitución se oriente a impedir que ella se de en esos términos, sino que en el mismo se señalan las reglas que limitan los poderes del presidente, las actividades que puede cumplir y las garantías que deben brindarse a los restantes candidatos. El desarrollo de esas pautas se confía al legislador estatutario, lo cual no hace inconstitucional la reforma. Si algún vicio pudiese presentarse desde esta perspectiva, el mismo estaría en la ley estatutaria y en lo inadecuado de sus previsiones, pero no en el acto reformatorio acusado, que de manera expresa y categórica dispone que corresponde al legislador estatutario regular la igualdad electoral entre los candidatos que reúnan los requisitos que determine la ley, igualdad que, como se señala en el parágrafo transitorio, remite a la consideración de aspectos tales como las garantías de la oposición, la participación en política de los servidores públicos, el acceso equitativo a los medios de comunicación que hagan uso del espectro electromagnético, la financiación preponderantemente estatal de las campañas electorales o el derecho de réplica en condiciones de equidad.

Si el marco institucional, tanto el anterior como el nuevo, están orientados por principios de equidad y de igualdad, en el plano jurídico no se puede concluir que el Acto Legislativo mismo ha sustituido el esquema del equilibrio democrático. Colombia continúa siendo una democracia pluralista. El acto legislativo acusado no reemplaza este principio por otro opuesto o integralmente diferente, sino que el mismo se continúa proyectando en todos los ámbitos de la vida nacional: en las elecciones al Congreso de la República, en las elecciones de las demás corporaciones públicas, en las de gobernadores y alcaldes, y en la propia elección presidencial, con nuevas reglas de juego, pero no con reglas que cierren el paso a la expresión de la diversidad. No le corresponde a la Corte anticipar los efectos prácticos de las nuevas reglas, sino tan solo verificar si éstas sustituyeron el principio de la democracia pluralista por otro opuesto o totalmente diferente, lo cual no es el caso con este acto legislativo. nota 17

· La restricción de cuatro meses para actividades de campaña se aplica sólo al Presidente que se postula como candidato

En el proceso de revisión oficiosa del proyecto de Ley Estatutaria N° 216/05 Senado, N° 235-Cámara, ?por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República?, la Corte consideró menester distinguir entre lo que es la campaña presidencial propiamente tal, definida en su concepto en el inciso primero del artículo 2 del Proyecto de las actividades de simple proselitismo político. La primera tiene una duración máxima de cuatro meses para todos los candidatos inscritos incluido el candidato presidente. Las segundas están abiertas en cualquier tiempo a todos los ciudadanos que aspiren a ser candidatos, quienes pueden desarrollar actividades de tipo político por fuera de ese período de cuatro meses; excepto el Presidente y el Vicepresidente de la República, quienes, de conformidad con lo establecido en la Constitución, sólo puede llevar a cabo actividades políticas dentro del término de cuatro meses de la campaña presidencial.

A juicio de la Corte, los límites a las actividades políticas de estos dos funcionarios no podían ser convertidos por el legislador estatutario en restricciones aplicables también a los demás candidatos presidenciales que no habían tenido las mismas ventajas derivadas de ejercer la jefatura de estado. Por lo tanto, el plazo de cuatro meses para realizar actividades de campaña electoral no podía ser interpretado como un impedimento para que los candidatos que no eran funcionarios públicos pudieran hacer proselitismo político antes de esa fecha en ejercicio de sus libertades democráticas. nota 18

· Las restricciones para garantizar la igualdad en la campaña operan desde que el presidente se postula como candidato.

En el artículo 4° del Proyecto de Ley Estatutaria N° 216/05 Senado, N° 235-Cámara, ?por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República?, se hace mención de dos momentos al decir que el Presidente o el Vicepresidente de la República que "manifiesten su interés de participar en la campaña presidencial o se inscriban como candidatos", estarán sujetos a las normas especiales que para esos casos consagra la Constitución Política y la ley.

Al resolver la duda relativa al momento en que deben empezar a operar las normas especiales previstas para cuando el Presidente aspira a la reelección inmediata, es decir, al entrar a resolver si tales normas restrictivas deben entran a regir desde cuando él se postula o presenta su candidatura, o si se comienzan a aplicar cuando la inscribe formalmente, la Corte manifestó que la interpretación que mejor garantizaba los postulados de la democracia era aquella que indica que, en principio, desde que el presidente manifiesta su interés en inscribirse como candidato, deben operar las restricciones previstas en aras de la transparencia y la igualdad electoral.

Por lo anterior, la Corte declaró la exequibilidad del artículo 4° del proyecto de ley condicionada a que se interpretara que las restricciones legalmente previstas al ejercicio de la función gubernamental se aplicaban desde el momento de la manifestación pública por escrito depositado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, hecha por el Presidente o el Vicepresidente respecto de su interés en postularse como candidatos.

Lo anterior, a juicio de la Corporación, implica lo siguiente:

(i) A partir de los seis meses anteriores a la fecha de la elección presidencial, no se podrán destinar ni usar los bienes propios de las funciones públicas, para las actividades de proselitismo político. Sin embargo, el Presidente de la República sí podría continuar usando los bienes destinados a garantizarle su seguridad en cualquier lugar del territorio nacional, así como el Estado también le debía brindar a los demás candidatos presidenciales protección para ellos y sus campañas en cualquier lugar del país.

(ii) A partir de esa fecha, tampoco se podrán usar los privilegios de acceso oficial a la televisión y la radio, es decir, no se podrán utilizar los canales institucionales para divulgar actos de gobierno. Además, tampoco se podrá interrumpir la programación de televisión para transmitir discursos presidenciales durante el lapso de 60 días previsto en el artículo 22 del Proyecto. Ello no impediría que todas las actividades de Gobierno se siguieran realizando normalmente por el Presidente de la República según lo que él mismo estimara adecuado, y que los medios de comunicación informaran libremente sobre tales actividades, pero sobre ellas sólo podrían informar los medios de comunicación libremente, no el canal institucional.

(iii) Durante ese mismo lapso de seis meses, la publicidad institucional del Estado podrá continuar, pero sometida a dos restricciones: dicha publicidad estatal no podrá ser aumentada durante ese lapso, para evitar ventajas en la divulgación del proyecto político de uno de los candidatos; además, la publicidad del Estado no se podrá utilizar como propaganda política de los candidatos o partidos o movimientos políticos o sociales. nota 19

· El Presidente que sea aspirante a la reelección no puede interrumpir la programación de televisión para transmitir discursos presidenciales

El artículo 22 del Proyecto de Ley Estatutaria N° 216/05 Senado, N° 235-Cámara, ?por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República? dispone que durante los 60 días anteriores a la elección presidencial, el Estado podrá hacer uso del espectro electromagnético destinado a los concesionarios y operadores privados de radio y televisión en un espacio diario de 2 minutos en televisión, horario ?triple A?, y 4 minutos diarios en radio en el horario de mayor audiencia ?para que los candidatos divulguen sus tesis y programas de gobierno?. El parágrafo de la misma norma determina que la reserva de los espacios de radiodifusión será hecha por el ministerio de Comunicaciones ?previo concepto del Consejo Nacional Electoral?.

La Corte Constitucional conceptuó que, como la voluntad de volver a ser elegido no puede determinar un incremento en el acceso del Presidente a los medios de comunicación, aquel no podrá utilizar la facultad que tiene de interrumpir la programación habitual de televisión para transmitir discursos presidenciales durante el lapso de 60 días previsto en el artículo 22. Lo anterior porque, aunque el Presidente candidato tiene el derecho a disfrutar de los mismos espacios televisivos que sus contrincantes para exponer su plan de gobierno, no resulta factible que dicho funcionario se aproveche de la potestad que le confiere la citada ley para incrementar su figuración pública.

Por lo tanto, la Corte condicionó la exequibilidad de la norma, a que se entendiera que durante los sesenta días a que ella hace referencia, el Presidente candidato no podrá interrumpir la programación de televisión.

Adicional a lo anterior, la Corte precisó que la distribución de los espacios televisivos y radiales prevista por el artículo 22 debe entenderse también vigente para la segunda vuelta -si la hubiera- pues, además de que no tendría sentido que los candidatos perdieran la oportunidad de exponer su campaña política en la segunda vuelta, cuando más cerca están de la disputa por la presidencia, es claro que el discurso político puede variar en esta etapa de las elecciones, lo cual justifica que los competidores conserven la posibilidad de exponerlo a la opinión pública.

En cuanto al parágrafo del mismo artículo 22, que establece que la reserva de los espacios respectivos se hará ?previo el concepto del Consejo Nacional Electoral?, la Corte advirtió que el Ministerio de Comunicaciones, como organismo integrante del Ejecutivo central, carece de la independencia necesaria para regular con neutralidad la distribución de los espacios radiales a que se refiere la norma. Por ello, en aras de garantizar la transparencia y el manejo equitativo y neutral de los mismos, la Corte consideró que, en el caso de los espacios que el Ministerio de Comunicaciones debe reservar previo concepto del Consejo Nacional Electoral, la necesidad de que la regulación parta de una autoridad independiente impone que el concepto de dicho Consejo sea vinculante para el Ministerio.

Así, la Corte condicionó la exequibilidad del parágrafo del artículo 22 del proyecto de ley a que se entendiera que el concepto del Consejo Nacional Electoral es vinculante para el Ministerio de Comunicaciones. nota 20

· El Presidente no puede utilizar los canales institucionales para transmitir actos de gobierno o adelantar su campaña política, una vez haya manifestado su voluntad de ser reelegido para un segundo período

Frente a la potestad conferida al Consejo Nacional Electoral para regular el acceso a los medios de comunicación social de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que inscriban candidato a la Presidencia de la República, contenida en el último inciso del artículo 23 del Proyecto de Ley Estatutaria N° 216/05 Senado, N° 235-Cámara, ?por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República?, la Corte consideró que la misma encuadra en el catálogo de competencias ordinarias del Consejo, particularmente, en la que le confiere el numeral 9o del artículo 265 de la Constitución Política para ?reglamentar la participación de los partidos y movimientos políticos en los medios de comunicación social del Estado? (Artículo 265 CP).

No obstante lo anterior, la Corporación estimó necesario advertir que dicha reglamentación deberá tener en cuenta que, una vez el Presidente manifieste su voluntad de ser candidato a la presidencia por un segundo periodo, el mismo no podrá aprovecharse de los canales institucionales para transmitir actos de gobierno o adelantar su campaña política. A la luz de las limitaciones que han sido esbozadas en el proyecto de ley, y que pretenden garantizar el equilibrio informativo entre el Presidente candidato y sus contendores, es claro que el reglamento que regulará la materia debe evitar que el Jefe del Ejecutivo aproveche las ventajas que se derivan de su condición de privilegio para incrementar su figuración en los canales institucionales al servicio del Estado, ni siquiera con el fin de promocionar actos vinculados con el ejercicio de su cargo. La restricción anotada implica la imposibilidad que tiene el primer mandatario de transmitir por los medios institucionales del Estado, desde que manifiesta su voluntad de ser candidato, actos propios de su gobierno que puedan ser malinterpretados como actos de la campaña presidencial. Claramente, otros medios de comunicación sociales podrán registrarlos, pero ello en ejercicio de su libertad informativa y con las limitaciones establecidas en otros apartes pertinentes del proyecto de ley.

Finalmente, dado que la ley no distingue entre si los espacios asignados por el artículo 23 son en primera o segunda vuelta, la Corte aclaró que también en la segunda dichos espacios se deben garantizar a los candidatos que lleguen a ella. nota 21

· Las campañas electorales pueden contratar propaganda política aún cuando no reciban financiación estatal

La primera parte del inciso primero del artículo 24 del Proyecto de Ley Estatutaria N° 216/05 Senado, N° 235-Cámara, ?por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República?, establecía que sólo las campañas presidenciales ?que cumplan las condiciones para acceder a la financiación estatal previa?, podrían contratar propaganda electoral con los operadores privados de televisión durante los 30 días anteriores a la elección presidencial, asimilando el derecho a la financiación estatal con la posibilidad de contratar propaganda política. La parte final del tercer inciso del mismo artículo 24 facultaba al Ministerio de Hacienda para regular el pago de la propaganda electoral de cada campaña.

En este sentido, la Corte Constitucional estimó que la norma limitaba la libre iniciativa privada de contratar propaganda política por el hecho de que la campaña a la presidencia no tuviera derecho a la financiación pública, lo cual resultaba desproporcionado. En efecto, una campaña política puede no tener derecho a financiación estatal, pero no por ello pierde el derecho a contratar propaganda política. La financiación está sujeta a ciertos requisitos legales y de composición de la campaña, pero la posibilidad de contratar propaganda política no tiene más límite que el de la iniciativa privada, que puede ser financiada incluso con recursos propios.

Por tales razones, la Corte declaró inexequible la expresión ?que cumplan las condiciones de ley para acceder a la financiación estatal previa?, contenida en el inciso primero del artículo 24 del proyecto de ley de la referencia.

Sobre el tercer inciso, la Corte juzgó contrario a la equidad de la contienda electoral la facultad otorgada al Ministerio de Hacienda para regular la forma en que debe hacerse el pago de la propaganda, pues en un escenario electoral con posibilidad de reelección, el Ministerio de Hacienda carece de la independencia necesaria para garantizar la neutralidad en el desarrollo de dicha temática. La Corte Constitucional, en aras de garantizar el equilibrio y la neutralidad de las elecciones con opción de reelección, resolvió declarar inexequible la expresión contenida en el inciso tercero, parte final, de la norma que decía ?El Ministerio de Hacienda y Crédito Público regulará la manera como se emitirá el pago de la respectiva propaganda electoral de cada campaña, según los términos establecidos en la presente ley?. nota 22

· Prohibición al Presidente de hacer referencias a otros candidatos cuando obra como jefe de Estado o de Gobierno

Las prohibiciones que el artículo 30 del Proyecto de Ley Estatutaria N° 216/05 Senado, N° 235-Cámara, ?por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República?, impone al Presidente durante la campaña, además de ser legítimas en cuanto persiguen la igualdad electoral, son manifestación del desarrollo de los fines de la administración (artículo 209 constitucional) en particular de la moralidad administrativa.

No obstante, la Corte encuentra que si bien el Presidente no abandona la responsabilidad del cumplimiento de sus funciones mientras se encuentra como candidato, no es legítimo que se excluya de la prohibición mencionada las referencias de los demás candidatos en situaciones que aborden asuntos de seguridad nacional, o seguridad de los candidatos o sus campañas políticas, soberanía, o emergencia o desastre, como lo hace el numeral 3 del artículo 30 sometido a estudio.

El grado de indeterminación semántica de expresiones tales como soberanía, seguridad, emergencia o desastres, permitiría que el candidato Presidente o Vicepresidente haga referencia a los demás candidatos teniendo como sustento casi cualquier supuesto de hecho. Lo anterior terminaría haciendo ilusoria la prohibición, puesto que la excepción se convertiría en regla general. Además, el equilibrio que pretende la presente ley sería imposible de lograr.

Por tanto, la expresión ?excepto en situaciones que hagan referencia a asuntos de seguridad nacional, seguridad de los candidatos o sus campañas políticas, soberanía, emergencia o desastres? fue declarada inexequible. nota 23

· Las medidas de protección y seguridad de los candidatos deben trascender la campaña electoral y el ámbito nacional

En el artículo 35 del Proyecto de Ley Estatutaria N° 216/05 Senado, N° 235-Cámara, ?por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República?, se desarrollan medidas para garantizar la seguridad durante la campaña electoral a los candidatos presidenciales y a los directivos de las campañas del orden nacional.

La Corte Constitucional consideró que la restricción temporal, según la cual sólo se dispondrá de las medidas de seguridad durante el periodo de campaña presidencial, es deficiente, puesto que las personas protegidas por el artículo 35 no sólo están en riesgo en el momento de la campaña, sino desde que anuncian su candidatura. Tal sería la situación de los aspirantes para ser candidatos únicos de partido, los cuales pueden estar amenazados por tal intención política.

Igualmente, la protección se torna deficiente cuando se limita en su extensión a los directivos de las campañas de carácter nacional. La Corte afirmó que todos los directivos de las campañas, así éstos sean de carácter regional o local, están sometidos a un mayor riesgo en su actividad política. Por tanto, para garantizarle la efectiva protección de su derecho a la vida es preciso que el Estado les brinde seguridad a éstos.

En consecuencia, el artículo 35 fue declarado exequible, a excepción de las expresiones ?durante el periodo de campaña presidencial? y ?nacionales?, las cuales fueron retiradas del ordenamiento. nota 24

· La presencia de veedores internacionales en las elecciones no debe condicionarse a alteraciones del orden público o fraudes

El artículo 36 del Proyecto de Ley Estatutaria N° 216/05 Senado, N° 235-Cámara, ?por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República?, prevé la existencia de veedurías internacionales de acompañamiento del proceso de elección en caso de que se presenten indicios serios y razonables de riesgo inminente de alteración del orden público o fraude el día de las elecciones que puedan comprometer el desarrollo normal de las votaciones.

En opinión de la Corte, la expresión ?cuando existan indicios serios y razonables de riesgo inminente de alteraciones del orden público o fraude el día de los comicios electorales, que puedan comprometer el normal desarrollo de la jornada de votación?, a cuya existencia se condiciona el despliegue de la veeduría, deriva en una protección deficiente. En efecto, el grado de excepcionalidad de la circunstancia que se precisa hace que se tenga a la figura de la veeduría electoral no como parte del fortalecimiento de una democracia en consolidación, para lo cual está desarrollada, sino como última razón, en momentos en los cuales la ayuda que preste tal veeduría puede ser nula.

Además, la veeduría electoral no comprende únicamente el día de las votaciones, razón por la cual tener como parámetro para su solicitud el orden público del día preciso de las votaciones desfigura su propósito integral. En efecto, una veeduría internacional se despliega en las etapas pre-comicial, del día de los comicios y post-comicial. En esta medida, la Corte estimó necesario retirar del ordenamiento la expresión citada. nota 25

· El despliegue de la veeduría internacional para las elecciones es un imperativo para el Gobierno Nacional

El artículo 36 del Proyecto de Ley Estatutaria N° 216/05 Senado, N° 235-Cámara, ?por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República?, prevé la presencia de veedurías internacionales de acompañamiento al proceso de elección por solicitud del Gobierno Nacional, del Consejo Nacional Electoral o de un candidato a la Presidencia. El mismo artículo dispone un proceso de concertación entre el Gobierno, el Consejo Nacional Electoral y los partidos, movimientos o grupos de ciudadanos, para determinar los puestos de votación que contarán con la presencia de dicha veeduría.

La Corte consideró que si bien es válido que el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades del Presidente de dirigir las relaciones internacionales (artículo 189, numeral 2 CP) sea quien autorice la veeduría, una vez hecha la solicitud ante el Gobierno, éste no puede negarse al despliegue de la veeduría, toda vez que el artículo no establece una facultad discrecional. Sin embargo, el Gobierno sí puede exigir el cumplimiento del ordenamiento jurídico colombiano en la realización de ésta.

En otro sentido, la Corte Constitucional encontró que el inciso segundo del mismo artículo que autoriza al Gobierno Nacional a participar en la concertación de los puestos de votación que tendrán presencia de la veeduría, establece un papel decisivo en cabeza del Gobierno, lo cual genera un desequilibrio a favor del candidato presidente. En efecto, al no dejar de ser el candidato Presidente, parte del Gobierno Nacional, a la hora de determinar los puestos vigilados tendría una doble votación: una a través del partido, movimiento político, movimiento social o grupo significativo de ciudadanos al cual pertenezca y otra a través de su vocería del Gobierno. La Corte decidió, para garantizar el equilibrio en la campaña electoral, retirar la expresión citada del ordenamiento. nota 26



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-269-97
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-960-03
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-870-05
  4. Corte Constitucional, Sentencia C-822-04
  5. Corte Constitucional, Sentencia C-032-93
  6. Corte Constitucional, Sentencia T-525-06
  7. Corte Constitucional, Sentencia T-116-04
  8. Corte Constitucional, Sentencia C-015-04
  9. Corte Constitucional, Sentencia T-637-03
  10. Corte Constitucional, Sentencia T-424-04
  11. Corte Constitucional, Sentencia C-1081-05
  12. Corte Constitucional, Sentencia C-1081-05
  13. Corte Constitucional, Sentencia C-1081-05
  14. Corte Constitucional, Sentencia C-688-02
  15. Corte Constitucional, Sentencia T-1080-05
  16. Corte Constitucional, Sentencia T-374-01
  17. Corte Constitucional, Sentencia C-1040-05
  18. Corte Constitucional, Sentencia C-1153-05
  19. Corte Constitucional, Sentencia C-1153-05
  20. Corte Constitucional, Sentencia C-1153-05
  21. Corte Constitucional, Sentencia C-1153-05
  22. Corte Constitucional, Sentencia C-1153-05
  23. Corte Constitucional, Sentencia C-1153-05
  24. Corte Constitucional, Sentencia C-1153-05
  25. Corte Constitucional, Sentencia C-1153-05
  26. Corte Constitucional, Sentencia C-1153-05

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