› Observatorio de Justicia Constitucional
» Derecho de Participación Política
Tabla de Contenidos
Última modificación: 2006-08-01
Función electoral

· Concepto de Función electoral, distinción con mecanismos y derechos de participación y necesidad de regularla mediante ley estatutaria

Se demandó la Ley 84 de 1993, que tenía el carácter de ley ordinaria, al considerar que reguló algunos aspectos de la función electoral, por lo que había debido tratarse como ley estatutaria. Para la Corte el concepto constitucional de funciones electorales desborda el campo del desarrollo del derecho al voto y a la participación ciudadana, aunque tiene lazos muy estrechos con estos: Los derechos de participación permiten a los ciudadanos que conforman el cuerpo electoral, por medio de determinados mecanismos e instituciones de participación ciudadana, ejercer la función electoral, gracias a la cual la sociedad democrática se autogobierna. No por ello las funciones electorales se reducen a los mecanismos y derechos de participación. Las funciones electorales son entonces la expresión orgánica del principio democrático, de forma que son públicas, ya que por medio de ellas se constituyen los órganos del Estado, pero no estatales, ya que los ciudadanos las efectúan con fundamento en derechos propios y no en nombre del Estado.

Si bien, en materia de derechos fundamentales se impone una interpretación restrictiva de la reserva de ley estatutaria, en materia electoral la situación es diversa; esta debe ser mucho más exhaustiva por las siguientes razones: i) la propia Constitución ordena regular las funciones electorales mediante ley estatutaria y no solamente los aspectos esenciales de las mismas; ii) una definición restrictiva de la noción de funciones electorales haría perder su especificidad normativa al mandato constitucional del artículo 152 literal c, ya que las funciones electorales se disolverían en los mecanismos y derechos de participación; iii) no se puede aducir que una reglamentación exhaustiva de las funciones electorales vacía al Legislador ordinario de su competencia puesto que las funciones electorales son un campo jurídico delimitado; y iv) esta concepción encuentra una sólida justificación democrática y constitucional cuando se analiza el sentido de las reglas electorales en el funcionamiento del principio democrático, ya que el funcionamiento adecuado del procedimiento democrático basado en la alternancia de mayorías, requiere el reconocimiento por los actores sociales y políticos de reglas básicas previas, no sólo para garantizar la igualdad y universalidad del sufragio sino también a proteger los derechos de las minorías en la dinámica democrática.

Por ello, la Corte examinó cada uno de los preceptos de la ley acusada, declarándolos en su mayoría inconstitucionales por considerar que regulan aspectos de la función electoral con carácter permanente, de forma que debieron tramitarse mediante ley estatutaria. No fueron declarados inexequibles los artículos 9, 16 y 17, considerando que regulan materias que, aunque tienen conexidad con la función electoral, tratan aspectos económicos, de contratación y con carácter meramente técnico y transitorio. nota 1

· Restricción a transmisión de resultados de encuestas sobre preferencias electorales durante elecciones debe respetar derecho a la información

La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del segundo inciso del artículo 23 de la Ley 58 de 1958 que prohibía a los medios de comunicación transmitir los resultados de las encuestas sobre preferencias electorales durante los treinta días que precedían la elección. Para la Corte, con la restricción a la publicación de encuestas se transgrede el derecho fundamental a la información pues a través de ella se configura una censura respecto de un aspecto de interés público en una comunidad que se precia de ser democrática. Las personas tienen el derecho a ser informados sobre la aceptación de los candidatos que se encuentran en disputa, lo que le permite la formación de una preferencia en materia política. Esto no obsta, sin embargo, para que el Legislador establezca un plazo razonable de restricción a las encuestas electorales para que el ciudadano común a través reflexión individual libre de toda influencia decida a conciencia su preferencia electoral. Sin embargo, el tiempo de restricción no puede excederse de unos pocos días antes de la elección, pues de lo contrario se incurriría en una violación de los derechos fundamentales de libertad de información y de opinión. nota 2

· Posibilidad para el Consejo Nacional Electoral de anular los registros de inscripción de cedulas para las votaciones

Al estudiar la demanda del alcalde electo de un municipio contra la decisión de la jurisdicción contencioso administrativa de anular su elección, a causa de la votación efectuada en algunas mesas de su localidad por personas no residentes en la localidad y cuyo registro se había anulado previamente Consejo Nacional Electoral, la Corte consideró que se violó el derecho de participación de los residentes en una circunscripción electoral cuando las personas portadoras de cédulas de ciudadanía cuya inscripción fue anulada, sufragaron efectivamente en un municipio distinto a aquel en que residían y sus votos fueron escrutados en esas elecciones locales. El escrutinio de esos votos falsearon la voluntad de las personas residentes en la localidad, que eran aquellas que constitucionalmente estaban facultadas. Por esta razón las corporaciones de la jurisdicción contencioso administrativa pudieron declarar que fueron nulas las correspondientes actas de escrutinio de los jurados de votación. nota 3

· La función de reglamentación del Consejo Electoral no puede desplazar la potestad reglamentaria del Gobierno

La Secretaría del Senado remitió a la Corte, para efectos de su revisión de constitucionalidad, el Proyecto de Ley estatutaria número 285 de 2005 Senado, 129 de 2004 Cámara, ?Por medio de la cual se reglamenta el voto de extranjeros residentes en Colombia?.

El parágrafo segundo del artículo 1º del citado proyecto, establece que el Consejo Nacional Electoral deberá reglamentar el procedimiento para el ejercicio del sufragio de los extranjeros residentes en Colombia. La anterior remisión resulta para la Corte Constitucional demasiado amplia, por cuanto se refiere a la reglamentación por parte del Consejo Nacional Electoral de todos los aspectos relativos a la forma en que los extranjeros ejercerán el derecho al voto. Por ello, la Corte consideró que la manera en que el legislador estipuló la redacción del parágrafo analizado induce en error al interprete, porque otorgar una extensa facultad de reglamentación al Consejo Nacional Electoral desconoce el ámbito propio de reglamentación que el artículo 265 de la Constitución le prescribe a este órgano electoral, y da lugar a interpretar que con ello se le quita la función natural reglamentaria al gobierno. Por esta razón la Corte determinó que el parágrafo segundo del artículo 4º del proyecto estudiado era inexequible. nota 4

· Los asuntos electorales de carácter accesorio o instrumental deben ser regulados mediante ley estatutaria

En la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 13 de la Ley 844 de 2003 ?Por la cual se efectúan unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2003?, el cual determina los requisitos para poder acceder a la reposición de gastos electorales a los candidatos que participaron en las elecciones departamentales y municipales del 26 de octubre de 2003, el actor manifestó que la norma demandada vulneraba la reserva de Ley estatutaria, consagrada en los artículos 152 y 153 de la Constitución, como quiera que tiene relación directa y conexa con los partidos y movimientos políticos y con las funciones electorales.

Consideró la Corte que es importante precisar que, según sus características y su incidencia, también asuntos electorales que podrían ser considerados como accesorios o instrumentales deben ser regulados mediante Leyes estatutarias. Por lo menos dos razones fundamentan esta definición: por una parte, porque una característica distintiva de las normas electorales es precisamente su tendencia a fijar procedimientos detallados, puesto que de las particularidades de esas reglas? y de su combinación ? se derivan efectos importantes para la dinámica y los resultados de la contienda electoral. Dada la importancia de todos esos detalles operativos para el desenlace de la puja electoral y para asegurar condiciones de igualdad y de transparencia para las elecciones, es fundamental que su reglamentación no quede en manos de mayorías coyunturales, sino que se someta a procedimientos especiales como los de las Leyes estatuarias. Por otro lado, muchas de las normas electorales de carácter operativo tienen la virtualidad de afectar derechos fundamentales, en puntos como la intimidad, la igualdad y la libertad en el sufragio, etc. ? razón por la cual aparece como necesario que su regulación se realice a través de Leyes estatutarias. nota 5

· Potestad reglamentaria del Consejo Nacional Electoral es de carácter residual y subsidiaria

En el trámite de revisión previa integral constitucional del proyecto de Ley estatutaria No. 081/02, Senado, 228/03, Cámara, por medio del cual se establece el mecanismo del voto electrónico, la Corte encontró que la primera parte del artículo 3º del citado proyecto, según el cual ?la Organización electoral reglamentará lo relacionado con la implementación de este mecanismo electoral, dispuesto en la presente ley?, era contrario a la Constitución. Para la Corte la disposición examinada, en la medida en que atribuía a la Organización Electoral, de manera general, la competencia para reglamentar la Ley, resultaba contraria a las previsiones constitucionales en materia de potestad reglamentaria.

En opinión de la Corte, de la Constitución se deriva para las autoridades electorales una cierta capacidad reglamentaria, pero la misma tiene carácter residual y subordinado y no puede desconocer la competencia que en materia de potestad reglamentaria la Constitución atribuye al Presidente de la República. Así, para el cabal cumplimiento de sus cometidos, las autoridades electorales pueden expedir disposiciones de carácter general, pero tal facultad es residual porque recae sobre aspectos que por su nivel de detalle y su carácter puramente técnico y operativo no hayan sido reglamentados por el Presidente de la República, y subordinada porque en todo caso no puede contrariar los reglamentos que en el ámbito de su competencia haya expedido el Presidente de la República.

De este modo, no es posible que la ley atribuya a las autoridades electorales una competencia reglamentaria que desplace la que de acuerdo con la Constitución le corresponde al Presidente del Republica. Ello quiere decir, o que la competencia reglamentaria especial está expresamente prevista en la Constitución ?caso en el cual desplazaría a la competencia ordinaria del Presidente de la República-, o que es una competencia de reglamentación administrativa de carácter residual y subordinado. Encontró la Corte que la Constitución ha preservado en materia electoral la competencia reglamentaria del Gobierno y que al Consejo Electoral le corresponde servir de cuerpo consultivo del gobierno y recomendar proyectos de decreto, sin que pueda la ley, por consiguiente, atribuirle una competencia reglamentaria distinta de las expresamente previstas en la Constitución. Ello no obsta, sin embargo, para que la ley autorice al Consejo Nacional Electoral para expedir disposiciones reglamentarias indispensables para el cabal ejercicio de la función electoral, siempre que tal facultad se entienda circunscrita a la regulación de aspectos técnicos y de mero detalle.

La autonomía que la Constitución ha previsto para la organización electoral, se desenvuelve en el ámbito de la organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identidad de las personas (Constitución Política Art. 120), dentro de las atribuciones que para el efecto contempla el Título IX de la Constitución. Para la Corte, esa autonomía que en materia electoral se concreta en la dirección, organización, ejecución y vigilancia de los procesos que están a su cargo, debe armonizarse con la potestad reglamentaria que corresponde al Gobierno, quien para tales efectos tendrá como cuerpo consultivo al Consejo Nacional Electoral, entidad que podrá recomendar la expedición de los decretos reglamentarios de las Leyes que regulen el desarrollo de la función electoral. Por las anteriores consideraciones, la Corte concluyó que la expresión ?... la Organización electoral reglamentará lo dispuesto en la presente Ley y ...?, contenida en el artículo 3º del proyecto de Ley que se revisa, era inexequible. nota 6

· El reparto de las curules se hace entre las listas que superen el umbral y no entre miembros de la Corporación

El artículo 16 del Reglamento 01 de 2003 expedido por el Consejo Nacional Electoral, define y describe la figura de la cifra repartidora. En principio, la Corte Constitucional encontró exequible el inciso primero, pues su texto es copia casi literal del primer inciso del artículo 263 de la Constitución Política, tal como fue modificado por el artículo 12 del Acto Legislativo 01 de 2003.

No obstante lo anterior, la Corte realizó algunas precisiones en torno a algunas diferencias de redacción entre la norma constitucional y el Reglamento.

En primer lugar, mientras el artículo 16 del Reglamento 01 de 2003 dice que la adjudicación de las curules se hará entre los miembros de la respectiva lista, la Constitución Política indica que la adjudicación de las curules se hará entre los miembros de la respectiva corporación.

Aunque a su juicio esta diferencia no entraña un problema constitucional, la Corte precisó que el reparto de las curules se hace entre los miembros de la respectiva lista y no entre los miembros de la corporación. Ciertamente, el proceso de adjudicación de las curules no se hacía entre los miembros de la corporación, sino entre los miembros de las listas, porque para los efectos de la aplicación de la cifra repartidora, la corporación debía estar desprovista de miembros. En otros términos, la lógica del sistema imponía imaginar una corporación vacía cuyos cargos serían proveídos con los nombres de los miembros de las listas que cruzaran el umbral, luego no es posible suponer, en el escenario teórico, que la adjudicación se hiciera entre individuos que ya eran miembros de la corporación.

Por ello, a juicio de la Corte, la norma reglamentaria era constitucional en tanto que, siguiendo el entendimiento de la norma constitucional, precisa y afina la imprecisión que consiste en suponer que la adjudicación de curules se hace entre los miembros de la corporación.

En consecuencia, la Corte determinó que el artículo 16 del Reglamento 01 de 2003 era exequible. nota 7

· La organización de elecciones para autoridades en territorios indígenas debe garantizar el derecho al voto de sus miembros

Por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a manifestar la opinión, a la participación, al sufragio, a la integridad étnica, cultural, social y económica y supervivencia de los pueblos indígenas, los derechos de los niños y a la igualdad, tres jóvenes, en su condición de miembros del Resguardo Indígena de Ipiales, a quienes la comunidad les reconoce el derecho al voto por ser mayores de 15 años, instauraron acción de tutela en contra del Gobernador Electo, el Cabildo Indígena de Ipiales y la Alcaldía Municipal, con miras a que se adelanten nuevas elecciones para Gobernador del Cabildo. Lo anterior por cuanto no pudieron votar en las del 12 de diciembre de 2004, al igual que alrededor de 2500 integrantes de la comunidad, dado que el mecanismo de elección acordado previamente entre los candidatos según los usos y costumbres resultó ser particularmente lento.

La Corte Constitucional ha expresado que el núcleo esencial del derecho al sufragio comprende la posibilidad de acceder a los medios logísticos e informativos necesarios para participar efectivamente en la elección de los gobernantes. Siendo el derecho al voto a su vez, derecho y deber, las posibilidades de ejercicio y cumplimiento están supeditadas a la existencia de una adecuada, consciente y eficiente organización electoral que facilite su realización, sólo su ejercicio amparado bajo estas garantías, consigue que los ciudadanos confíen en la validez de las decisiones tomadas, en la legitimidad de las autoridades elegidas y en la eficacia misma del proceso democrático.

La Corte consideró que si bien, se pactaron las reglas que regirían el proceso de elección para Gobernador de Cabildo Indígena de Ipiales, las deficiencias o fallas presentadas en el mecanismo diseñado según los usos y costumbres de la comunidad, configuran una violación de los derechos fundamentales alegados y en especial del derecho a la participación y al sufragio, en tanto que se restringió injustificadamente su ejercicio, al igual que el de un número significativo de personas pertenecientes a la comunidad que tampoco lo pudieron hacer por los mismos motivos.

Para la Corte, es claro que la responsabilidad de la organización electoral contemplada en el artículo 258 del ordenamiento superior, corresponde al Cabildo Indígena, en su condición de entidad pública especial y primera autoridad de la comunidad, cuya principal función es representarla legalmente en todo los asuntos que se le atribuyan de conformidad con la ley, los usos y costumbres del resguardo y en desarrollo del principio de autonomía que rige los pueblos indígenas. En efecto, si bien los territorios indígenas gozan de autonomía para la elección de sus autoridades conforme a sus usos y costumbres, es su deber también garantizar una adecuada, conciente y eficiente organización de los procesos electorales, de manera que se facilite la realización del derecho al voto a todos los miembros de la comunidad, pues sólo su ejercicio amparado bajo estas garantías, consigue que los ciudadanos confíen en la validez de las decisiones tomadas, en la legitimidad de las autoridades elegidas y en la eficacia misma del proceso democrático.

Por lo anterior, la Corte dispuso ordenar al Cabildo Indígena de Ipiales, que de conformidad con los usos y costumbres de la comunidad y en desarrollo del principio de autonomía de los pueblos indígenas, adelantara dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, las acciones encaminadas a crear las condiciones necesarias para que el ejercicio del derecho al sufragio tuviera eficacia y sentido, para lo cual debería diseñar y determinar el mecanismo de elección para Gobernador de Cabildo Indígena que garantizara a todos sus integrantes el libre ejercicio al voto, con reglas claras que permitieran el real goce de todas las garantías electorales, de conformidad con el principio democrático de participación ciudadana, incluidas aquellas dirigidas a señalar los mecanismos que considerara idóneos para invalidar o anular total o parcialmente la elección, fijando los medios y los términos en que ello debería hacerse, sin desconocer el ordenamiento constitucional y legal.

Debido a que alrededor de 2.500 o 7.432 personas de la comunidad se quedaron sin poder votar, y que de conformidad con lo establecido en el artículo 2º de la Constitución Política, es deber de las autoridades garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, la Corte extendió los efectos de su fallo a todos los integrantes de la Comunidad Indígena de Ipiales que se encontraran en la misma situación de las tutelantes, con el fin de evitar la vulneración de su derecho a la igualdad. nota 8

· La Registraduría no puede reducir de manera unilateral los períodos de los alcaldes electos, reconocidos por ella en actos de alcance particular y concreto


El día 14 de febrero de 2005, el demandante instauró una acción de tutela contra la Registraduría Nacional de Estado Civil, bajo la consideración de que al convocar elecciones para la alcaldía del municipio, el día 6 de noviembre de 2005, vulneró sus derechos al debido proceso, a la igualdad y a elegir y ser elegido, por cuanto el período para el cual él fue elegido alcalde de ese municipio concluía el 31 de diciembre de 2007.

La Corte encontró que el período del alcalde era atípico, no sólo porque el alcalde anterior se había posesionado en una fecha no ordinaria, sino también porque la anulación de su elección debía haber conducido a que se realizara prontamente la elección del nuevo alcalde, para que éste se posesionara inmediatamente después de conocerse su triunfo, es decir, en fecha diferente a la de la mayoría de los demás alcaldes. Pero, además, la situación del alcalde resultaba atípica dentro del abanico de los alcaldes atípicos, porque, contrario a lo que había sucedido con muchos otros alcaldes que se encontraban en una condición similar, en su caso su elección no había sido demandada ante la jurisdicción contencioso administrativa, con el objeto de que se declarara la nulidad parcial de ella, en lo referido a la extensión del período.

Sin embargo, la Corte consideró que la situación que se presentaba en este proceso era distinta y ello ameritaba que se concediera el amparo impetrado. En el caso que fue fallado mediante la sentencia T-870 de 2005, los actores atacaban dos providencias del Consejo de Estado que habían determinado la reducción del período de gobierno del alcalde de Becerril. Allí, los actos administrativos expedidos por las autoridades locales habían sido anulados parcialmente por una decisión judicial. La Corte concluyó que dichas providencias no eran vías de hecho.

En este caso fue la misma Registraduría la que, a través de un acto administrativo, revocó parcialmente el acta de escrutinio y la credencial otorgada al actor con motivo de su elección como alcalde del municipio, en el punto referido al período durante el cual debía gobernar. Ello, a pesar de que al actor se le había reconocido el derecho para gobernar el municipio entre los años 2004 y 2007, a través del acta parcial de escrutinio, de la credencial de elección y del acta de posesión. De esta forma, la Registraduría revocó de manera directa un acto administrativo que había reconocido un derecho de carácter particular y concreto, sin contar con el consentimiento de su titular.

Al respecto la Corte consideró importante destacar que, en el último tiempo y en relación con el debate acerca de la extensión de los períodos de los alcaldes de distintos municipios, el Consejo de Estado había proferido distintas sentencias en las cuales decidió que, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Acto Legislativo 02 de 2002, el período de gobierno de varios mandatarios era menor al dispuesto en las respectivas actas parciales de escrutinio, credenciales y actas de posesión. Sin embargo, en todos esos casos la decisión fue tomada por la instancia judicial respectiva y no directamente por la Registraduría Nacional del Estado Civil, y luego de demandas instauradas, en muchas ocasiones, por la Procuraduría General de la Nación.

La Corte concluyó que la Registraduría Nacional del Estado Civil había vulnerado el derecho fundamental del accionante a gozar de un debido proceso, puesto que modificó de manera unilateral el período de gobierno que le había sido otorgado en los actos administrativos de alcance particular expedidos a raíz de su elección como alcalde del municipio el día 26 de octubre de 2003.

En consecuencia, la Corte concedió la tutela al derecho fundamental al debido proceso y ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil suspender todas las actuaciones tendientes a realizar elecciones de alcalde en el Municipio el 6 de noviembre de 2005, mientras la justicia de lo contencioso administrativo no se pronunciara. nota 9



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-145-94
  2. Corte Constitucional, Sentencia C-488-93
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-135-00
  4. Corte Constitucional, Sentencia C-238-06
  5. Corte Constitucional, Sentencia C-515-04
  6. Corte Constitucional, Sentencia C-307-04
  7. Corte Constitucional, Sentencia C-1081-05
  8. Corte Constitucional, Sentencia T-603-05
  9. Corte Constitucional, Sentencia T-895-05

 Ocultar columna

Búsquedas

Modificaciones recientes
2013-09-12
La acción electoral y la de pérdida de investidura en contra de la misma persona y con base en la misma causal de inhabilidad, admiten decisiones diversas

2013-09-12
La sala plena del consejo de estado al resolver asuntos sobre pérdida de investidura, no impone con carácter de precedente su decisión a la sección quinta, al resolver asuntos contencioso electorales

2013-09-12
La sala plena del consejo de estado al resolver asuntos sobre pérdida de investidura, no impone con carácter de precedente su decisión a la sección quinta, al resolver asuntos contencioso electorales

Presentación
Descargue la presentación del Observatorio de Justicia Constitucional
Descargar (39Kb)

Sabía usted que...
En la parte superior e inferior se encuentran los ítem anterior y siguiente de cada elemento.

Contáctenos
Si desea contactarse con el equipo de trabajo del Observatorio de Justicia Constitucional, escríbanos al correo observatorio@defensoria.org.co

Descargas
Constitución Política de Colombia en formato PDF
Descargar (569Kb)

Versión actualizada (julio de 2013)

Ver - Imprimir
Versión completa del documento sobre Derecho de Participación Democrática optimizada para impresión

Informes

Segundo informe del Observatorio de Justicia Constitucional

Marzo de 2007 - febrero de 2011

Descargue el libro

Tomo 1

(7.2 Mb)

Tomo 2

(8.5 Mb)

Primer informe del Observatorio de Justicia Constitucional de la Defensoría del Pueblo

Marzo de 1992 - febrero de 2007

Descargue el libro

Tomo 1

(2.7 Mb)

Tomo 2

(3.0 Mb)

© 2003 - 2006 Defensoría del Pueblo Colombia | línea gratuita nacional 018000 914814
Requisitos técnicos del sitio web | Su uso de este sitio web constituye aceptación de nuestras condiciones de uso y privacidad