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Última modificación: 2006-08-01
Funcionamiento de las corporaciones públicas

· Celebración de sesiones no presenciales de los concejos municipales por razones de orden público.

En desarrollo del Estado de conmoción Interior, el Gobierno Nacional expidió el Decreto legislativo No. 2255 de 2002, mediante el cual se adoptaron medidas excepcionales para garantizar el normal funcionamiento de los Concejos Municipales. Estas medidas comprenden la celebración de sesiones no presenciales de los concejos y la adopción de decisiones mediante comunicación simultánea o sucesiva, utilizando para el efecto los avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones tales como fax, teléfono, teleconferencia, video conferencia, internet, conferencia virtual o vía ?chat? que se encuentren al alcance de los concejales. El decreto prevé que los mismos medios podrán emplearse ?con el fin de escuchar a quienes deseen rendir declaraciones verbales o escritas sobre hechos o temas que requieran ser debatidos, o puedan aportar información o elementos de juicio útiles para las decisiones de los Concejos Municipales?. El Decreto faculta asimismo al alcalde municipal para autorizar el traslado de la sede oficial del Concejo cuando concurran las circunstancias de orden público, intimidación o amenaza en contra de los miembros de la Corporación.

Para la Corte, promover las reuniones no presenciales de los Concejos Municipales cuando por razones de orden público no puedan sesionar en la sede oficial, y establecer la forma como en esos casos se puede deliberar y decidir, en ningún caso constituyen medidas que excedan el ámbito de aplicación del Estado de Conmoción Interior o que se aparten de su objetivo más próximo. La finalidad perseguida con las mismas coincide plenamente con las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Conmoción, y que la Corte encontró ajustadas a la Constitución Política, como es la de preservar el sistema democrático ante la andanada terrorista y el ataque indiscriminado a las instituciones públicas municipales por parte de grupos armados al margen de la ley.

Con todo, la exequibilidad de la medida que autoriza la celebración de las reuniones no presenciales estará condicionada a que dichas reuniones siempre deben garantizar:

(i) La previa publicación y remisión anticipada de la propuesta a debatir, para que la misma sea conocida por la totalidad de los miembros del Concejo y por todos los demás interesados;

(ii) La efectiva intervención ciudadana, conforme a la Constitución, a la ley y al reglamento interno de la corporación municipal, y que aquella sea conocida oportunamente por los concejales;

(iii) Que las posiciones fijadas o asumidas por los miembros del respectivo Concejo sean conocidas por todos ellos con anterioridad a la adopción de la decisión;

(iv) Que los proyectos o propuestas de decisión se sometan a consideración de todos los miembros del Concejo Municipal para que se surta efectivamente la deliberación;

(v) Que el voto emitido por cada uno de los miembros del Concejo sea plenamente identificable, y que éste conste por escrito no sólo cuando así lo determine la mayoría, sino también cuando se utilice un medio de comunicación que no permita la interacción auditiva o verbal;

(vi) Que de la actuación que antecede a la toma de la decisión y de la decisión misma, se levante la respectiva acta, la cual deberá reposar en la Secretaría de la Corporación junto con los documentos que hayan sido aportados a los distintos debates;

(vii) Que no se pretermitan los trámites y plazos de los procedimientos establecidos en la Constitución, la ley y los reglamentos para la adopción de las decisiones.

Adicionalmente, en aras de mantener el carácter excepcional y transitorio de las reuniones no presenciales y de optimizar su ejecución, es necesario que, previamente a la realización de las mismas, se cumplan las siguientes condiciones: (i) Que la autoridad nacional competente haya definido las zonas del territorio nacional en las cuales el Estado no está en capacidad de brindar protección a los miembros de los Concejos Municipales amenazados, ni tampoco de garantizar las reuniones presenciales; (ii) Que la decisión de convocar a este tipo de reuniones sea adoptada por la mayoría de los miembros de la Corporación. (iii) Que exista una infraestructura de comunicaciones que permita la realización de las citadas reuniones; (iv) Que el medio tecnológico escogido por el Presidente del Concejo Municipal o quien lo represente, se encuentre al alcance de todos los concejales que van a participar de la reunión, sea idóneo para la transmisión fidedigna de la voluntad y permita asegurar la autenticidad de la misma.

Pero para la Corte, las decisiones adoptadas en el inciso final del artículo 1°, en el inciso final del artículo 2° y en algunos apartes del artículo 4° del Decreto Extraordinario, consistentes en facultar al respectivo Alcalde Municipal para trasladar la sede oficial del concejo a otra jurisdicción diferente de la cabecera municipal, y para convocar a sesiones ordinarias y definir su modalidad, no resultan compatibles con el texto de la Constitución Política. Las atribuciones de excepción que las normas antes citadas reconocen a los alcaldes, en cuanto están relacionadas con el manejo y funcionamiento de los Concejos Municipales, desconocen el principio de autonomía funcional que el ordenamiento jurídico le otorga a estos organismos territoriales, al tiempo que comportan una intromisión o invasión indebida en las competencias políticas y administrativas que el estatuto Superior y las leyes asignan a las Corporaciones Públicas del nivel local.

En consecuencia, se declararon inexequibles: El inciso final del artículo 1°, que expresamente consagra: ?En todo caso el Alcalde Municipal podrá autorizar el traslado de la sede oficial del Concejo municipal a otra jurisdicción diferente de la cabecera municipal, cuando se presenten las circunstancias de alteración del orden público, intimidación o amenaza contra los integrantes de dichas corporaciones.?; el siguiente apartado del inciso final del artículo 2°: ?indicando la modalidad de las sesiones?.; el siguiente apartado del artículo 4°: ?y ser convocadas por el alcalde?, y el siguiente apartado del artículo 6°: ?... el inciso 4, del artículo 111 de la ley 418 de 1997, prorrogada por la ley 548 de 1999.? nota 1.

· Celebración de sesiones por fuera de sede oficial de los concejos municipales sólo procede cuando se presentan alteraciones de orden público

Un concejal presentó acción de tutela para obtener el traslado provisional de sede del concejo municipal con el fin de amparar sus derechos a la vida, integridad, trabajo y ejercicio de cargos públicos, en situación de riesgo debido a presuntas amenazas provenientes de grupos armados ilegales que operan en la región. Esta situación había sido objeto de decisión de tutela presentada previamente por uno de los miembros de la Corporación que no compartía la propuesta de traslado, quien había obtenido un fallo a su favor con la orden judicial de que el Consejo siguiera sesionando en la sede habitual de la Corporación.

La Corte manifiesta que la única norma que en la actualidad permite a los concejales trasladar la sede para sesionar es la Ley 782 de 2002 que en su artículo 35 indica que ?las corporaciones públicas referidas, a las cuales se les dificulte sesionar en su sede oficial por razones de alteración del orden público, podrán sesionar donde lo determine el presidente de la corporación respectiva.? Sin embargo, advierte que es necesario que se presente una alteración del orden público. Si no se da éste supuesto de hecho consagrado en la norma, se deberá seguir la regla general; es decir, sesionar en la cabecera del municipio en el cual son elegidos los concejales.

La Corte denegó la tutela por encontrar probado que la situación de orden público en el municipio era normal y en esta medida no corre peligro, en términos genéricos, la vida de ninguno de los concejales que allí labora y, al no estar alterado el orden público, no había norma que permitiera sesionar a los concejales fuera de su sede oficial. De otro lado, advirtió, que no era posible desvirtuar, con una nueva tutela, lo decidido en una tutela anterior que no fue seleccionada por la Corte Constitucional y que, por tanto, ya había hecho tránsito a cosa juzgada constitucional. nota 2

· Las irregularidades en el manejo del debate parlamentario deben ser impugnadas mediante los recursos que prevé el reglamento del Congreso

El demandante, Senador de la República, solicitó la protección de su derecho a la participación política, al debido proceso y a la igualdad frente a la ley. Alegó que tales derechos fueron vulnerados tanto por el Presidente como por la Mesa Directiva del Senado al impedirle realizar un debate a varios funcionarios estatales por el manejo de los fondos para la reconstrucción del eje cafetero (FOREC).

La Corte parte de considerar la existencia del derecho al ius in officium como una garantía reconocida constitucionalmente a los Congresistas con el propósito de asegurar la efectividad de los derechos fundamentales a la participación en el ejercicio y control del poder político (C.P. art. 40) y al acceso y desempeño en condiciones de igualdad en el desarrollo de las funciones y cargos públicos.

En virtud de lo anterior, y en relación con el caso concreto, la Corte llega a una primera conclusión: Las Cámaras no pueden citar a funcionarios distintos del gobierno, de la rama ejecutiva del poder público o a personas naturales para ejercer el control político a través de las modalidades de citación previamente identificadas, pues ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Congreso, le otorgan dicha competencia.

En esta medida, la citación formulada al Contralor General de la República por iniciativa del accionante carecía de un soporte jurídico que permitiese su desenvolvimiento, pues según la Constitución, el control político que se puede adelantar por el Congreso a dicho funcionario es la solicitud de informes anuales o esporádicos, cuando ellos resulten necesarios.

Por consiguiente, dijo la Corte, no puede existir una violación al ius in officium cuando la Carta Fundamental no permite la prosperidad de las citaciones como tipo de control político-administrativo al ejercicio de la función pública del Contralor General de la República.

En relación con el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, sí era viable adelantar la ?citación para la discusión de políticas y/o temas generales? pues los directores de departamento administrativo pueden ser citados a las Cámaras Legislativas cuando se pretende discutir los propósitos, objetivos y resultados del Gobierno en la formulación o gestión de una política general, ya sea para corregir el alcance dicha política, obtener respuestas concretas a su eficacia, necesidad y operatividad, manifestar la oposición parlamentaria a su adopción, o en últimas, promover la dimisión del cargo cuando existan serias dudas sobre el cumplimiento idóneo de la función encomendada, pero a diferencia de la inasistencia injustificada de los ministros, en donde el reglamento contempla la posibilidad de promover la moción de censura (Ley 5ª de 1992, artículos 29 y 30), en tratándose de directores de departamento existe un vacío legal que le impedía a la mesa directiva adoptar medidas coercitivas para apremiar la presencia de los citados.

La Corte encontró que, en el caso concreto:

i) La solicitud del Senador citante fue tramitada por la Mesa Directiva y sometida a consideración de la Plenaria;

ii) Dicha Plenaria la aprobó mediante proposición No. 06 del 31 de julio de 2001;

iii) La citación se comunicó a sus destinatarios, quienes respondieron el cuestionario que les fue propuesto, y iv) El debate se inició con la intervención del Senador citante y la de otros senadores, así como la de algunos funcionarios citados mediante proposición aditiva.

Dada la imposibilidad de la Mesa Directiva del Senado de adoptar medidas coercitivas para asegurar la asistencia del Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para la Corte no era posible identificar un acto de autoridad que hubiera desconocido o impedido arbitrariamente el ejercicio del derecho al control político del Senador citante, más aún cuando frente a las eventuales irregularidades en el manejo de las sesiones, éste contaba con los recursos previstos en el reglamento ante la Mesa Directiva y ante la Plenaria, para dirimir el conflicto.

En criterio de la Corte, si existió alguna irregularidad en el manejo del debate sobre la reconstrucción del eje cafetero, el Senador citante pudo haber interpuesto en su debido momento los recursos previstos en la Ley Orgánica de Funcionamiento del Congreso y no trasladar dicho debate ante los jueces de tutela, quienes, por razón de competencia, carecen de la atribución para dirigir el debate parlamentario. El ámbito de control reconocido a los jueces constitucionales en el artículo 86 de la Constitución Política se limita a establecer la violación o amenaza al núcleo esencial del ius in officium, dirigido a preservar la función representativa parlamentaria, constituida por las actividades directamente relacionadas con la producción legislativa y las potestades encaminadas a salvaguardar el control político (C.P. art. 40).

Por lo anterior, la Corte decidió que la acción de tutela no podía prosperar, debido al riesgo de vulnerar el núcleo mínimo de autonomía reconocido a las Cámaras Legislativas en la Constitución y en la Ley Orgánica de Funcionamiento del Congreso. nota 3

· La falta de representación territorial en el Congreso no afecta sus decisiones cuando ella obedece a la declaración de nulidad de la elección

Los actores demandaron la inexequibilidad de la Ley 848 de 2003, ?por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2004?.

La demanda planteó que, dado que dentro del lapso que corrió entre la cancelación judicial de las credenciales de los representantes a la Cámara por el Departamento de Vaupés por decisión del Consejo de Estado y la nueva elección para llenar estas vacantes, dicho Departamento careció de representación en el Congreso de la República. Debido a que el artículo 176 superior señala que el Departamento de Vaupés tendrá como mínimo dos representantes en la Cámara, el hecho de haber sesionado sin esta representación para expedir la ley acusada ocasiona la nulidad de lo actuado, y por lo tanto la inconstitucionalidad de la Ley 848 de 2003?.

La Corte expresó que si la causal de nulidad no es de aquellas que proceden de las condiciones personales del elegido, sino que se origina en las circunstancias que rodearon a las votaciones en sí mismas o al escrutinio, como es el caso de la violencia ejercida sobre los electores o los escrutadores, sus efectos no cobijan solamente a los candidatos declarados elegidos, sino a la lista completa que resultó triunfadora. En este evento, no es posible llamar a los candidatos siguientes no elegidos, a fin de que llenen la vacancia temporal que la declaratoria de nulidad produce mientras se repite la elección. Por esta razón, podía afirmarse que la declaración de nulidad de la elección de los miembros del Congreso no necesariamente daba lugar al nombramiento de reemplazos.

En opinión de la Corte, el sistema que garantiza que las elecciones y el voto sean verdaderamente libres de coacción física o violencia implica necesariamente que cuando se comprueba esta causal de nulidad en comicios para corporaciones públicas (violencia contra los electores o escrutadores), la consecuencia jurídica inevitable sea la cancelación de las credenciales de los elegidos, sin posibilidad de nombramiento de suplentes provenientes de la misma lista a la que pertenecían quienes perdieron la curul. Consecuencia jurídica que a su vez puede implicar, en ciertos casos, la imposibilidad jurídica de acatar temporalmente, es decir, mientras se convoca una nueva elección, lo dispuesto en el artículo 176 de la Constitución, sobre la representación mínima en la Cámara de Representantes por cada circunscripción electoral.

Para la Corte, no es posible afirmar que el Congreso se reúne por fuera de las condiciones constitucionales, cuando la falta de la representación territorial mínima exigida por el artículo 176 de la Constitución obedece a la declaración de nulidad de la elección de dicha representación. En este caso opera una causal constitucional de justificación, que hace que la reunión del Congreso en esas circunstancias no pueda considerarse contraria al orden jurídico, sino más bien exigida en esas condiciones por el mismo ordenamiento. Tal causal constitucional de justificación se deriva directamente del principio de soberanía popular que impone tener como representantes del pueblo solamente a quienes han sido designados por la voluntad popular manifestada en elecciones verdaderamente libres.

En consecuencia, la Corte declaró exequible la Ley 848 de 2003. nota 4

· Las opiniones manifestadas durante la audiencia pública de participación ciudadana no son imperativas para el Congreso

Sostiene la demandante que dentro del trámite del proyecto de Acto Legislativo 12/04 Senado y 267/04 Cámara, sobre reelección presidencial, el Presidente de la Comisión Primera del Senado convocó a la audiencia pública después de que los ponentes rindieran su informe sobre el proyecto de acto legislativo. Por lo cual, esta convocatoria extemporánea vulneró el Preámbulo de la Constitución, sus artículos 1º, 2º, 121 y 123 de la Constitución y el artículo 232 de la Ley 5ª de 1992 que garantizan la participación de la ciudadanía en las discusiones y decisiones políticas.

Como quiera que la audiencia pública se realizó el 20 de abril de 2004, las intervenciones de los ciudadanos que participaron en ella no fueron consignadas en la ponencia como lo ordena el artículo 232 de la Ley 5ª de 1992 y como se desprende de las diversas disposiciones constitucionales que hacen referencia a la participación de la ciudadanía a través de las audiencias públicas convocadas por el Congreso.

Sobre las observaciones u opiniones que formulen los ciudadanos en torno a un determinado proyecto, la Corte expresó que su publicación e incorporación en la ponencia, y particularmente su aceptación, no constituye un imperativo para el Congreso. Dicho en otras palabras, que en torno al cumplimiento de las previsiones contenidas en los artículos 232 y 233 del Reglamento del Congreso, las Cámaras legislativas gozan de un alto grado de discrecionalidad pues no están obligadas a acoger las propuestas ciudadanas, debiendo sólo publicar e incorporar en la ponencia aquellas que el Presiente y Ponente consideren de importancia. Suponer lo contrario, que tales observaciones tienen carácter vinculante, comporta, a juicio de la Corte, ?una imposición que coartaría la libre autonomía del Congreso?.

De acuerdo con las consideraciones precedentes, para la Corte, la acusación sobre un presunto desconocimiento del derecho de participación ciudadana no estaba llamada a prosperar, por las siguientes razones: (i) porque el Presidente de la Comisión, como miembro y cabeza visible de la Mesa Directiva, se encuentra plenamente facultado para definir aspectos relacionados con la participación ciudadana en el estudio de los proyectos de acto legislativo; (ii) porque de conformidad con la Ley 5ª de 1992, es posible que se presenten observaciones ciudadanas a los proyectos que se discuten en una Comisión constitucional, con posterioridad a la entrega del informe de ponencia, sin que ello signifique que las mismas no puedan ser tenidas en cuenta por los miembros de la respectiva Comisión; y (iii) porque estaba demostrado dentro del expediente de constitucionalidad que, en todo caso, los ponentes de la iniciativa publicaron el informe de la audiencia pública cuando todavía el proyecto era objeto de debate en la Comisión Primera del Senado, en primera vuelta, cumpliéndose así los objetivos propuestos para hacer efectivo el derecho de participación ciudadana: que el Congreso y la sociedad en general conocieran las opiniones y observaciones de los ciudadanos respecto de un proyecto de ley y, en consecuencia, que dichas observaciones pudieran constituirse en nuevos elementos de juicio y puntos de discusión, a considerar por las instancias legislativas al momento de abordar el debate de la iniciativa.

Entonces, apareció claro para la Corte que las observaciones ciudadanas cumplieron su objetivo de publicidad y reflexión, no sólo porque la audiencia se realizó con anterioridad al inicio del debate en la Comisión, sino porque los Senadores ponentes publicaron antes de la segunda sesión de discusión las intervenciones que se realizaron en la audiencia pública e hicieron algunas consideraciones y conclusiones frente a las mismas, para ilustrar de una mejor manera el debate en el seno de la Comisión Primera del Senado. En esos términos la participación ciudadana se garantizó de manera amplia, respetándose el principio democrático. nota 5

· El derecho de los congresistas a participar se satisface cuando las mesas directivas brindan la oportunidad de intervenir en las deliberaciones

La demandante sostiene que el informe de conciliación del proyecto que concluyó con el Acto Legislativo No. 02 de 2004, que autorizó la reelección presidencial, no fue debatido ni en la Plenaria del Senado de la República ni en la Plenaria de la Cámara de Representantes antes de haber procedido a su votación durante la segunda vuelta. A su juicio, esta ausencia de discusión desconoce el artículo 161 de la Constitución, modificado por el artículo 9º del Acto Legislativo, en el que se exige que el texto escogido por la comisión de conciliación sea discutido previo a su aprobación por parte de las plenarias.

Para la Corte, conforme con la Constitución, la ley y la jurisprudencia, el debate comporta una garantía esencial del principio de participación política parlamentaria, instituido como un prerrequisito para la toma de decisiones, cuyo objetivo es asegurar a todos los miembros del Congreso, en particular a los que integran los grupos minoritarios, su derecho a intervenir activamente en el proceso de expedición de la ley o actos legislativos y a expresar sus opiniones libremente. Desde este punto de vista, el derecho a debatir se entiende satisfecho cuando los órganos directivos de las respectivas células legislativas, en acatamiento a las normas que regulan el proceso legislativo, mantienen abiertos los espacios de participación con plenas garantías democráticas, es decir, cuando brindan a los congresistas la oportunidad de intervenir en las deliberaciones de los proyectos de ley o de actos legislativos sometidos a la consideración del Parlamento.

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta lo sucedido en las sesiones del 14 de diciembre de 2004 en Plenarias de Senado y Cámara, la Corte no encontró que en el trámite de discusión y aprobación del informe de conciliación dichas células legislativas hubieran incurrido en un vicio de procedimiento, particularmente relacionado con la ausencia de debate. Si bien en ambas Cámaras, una vez puesto en consideración el informe de conciliación, no se presentaron intervenciones por parte de los congresistas presentes, la oportunidad para la discusión si fue garantizada íntegramente por las Mesas Directivas, con lo cual se debe entender cumplida la exigencia de debate.

Según lo manifestado por la Corte, el debate, como presupuesto estructural del procedimiento legislativo, se entiende satisfecho con la oportunidad que debe otorgarse a los miembros del parlamento para discernir, hacer pública su opinión, manifestar sus ideas o expresar su desacuerdo con lo debatido. En ningún caso la exigencia del debate busca afectar la órbita de autonomía e independencia del congresista, en el sentido de imponerle la carga de tener que intervenir materialmente, es decir, imprimiéndole un carácter impositivo u obligatorio a su participación en la discusión.

En el caso analizado, lo que ocurrió fue que para el momento en que la presidencia abrió la discusión, ninguno de los congresistas presentes manifestó su deseo de intervenir sobre el alcance del informe, entre otras razones, porque ninguno se inscribió previamente para participar en el debate tal como lo exige el artículo 97 del Reglamento del Congreso, ni tampoco pidió el uso de la palabra en el lapso dispuesto para la discusión. Lo cierto es que, aun cuando no hubo inscritos, estando en consideración el informe de conciliación, las Mesas Directivas estaban en disposición de conceder la palabra a quienes por una u otra causa así lo solicitaran y se mantuvo abierta esa posibilidad, haciéndose evidente que estaba en curso el debate en los términos previstos en la Constitución y el reglamento.

Así, las circunstancias en que se desarrollaron los trámites de aprobación de los informes de conciliación en las dos Plenarias, dejaron en claro para la Corte que, en la práctica, lo que se presentó en las respectivas sesiones fue una decisión implícita de terminación del debate por suficiente ilustración, amparada en el hecho incontrovertible de que no hubo congresistas inscritos para participar en el debate ni solicitud del uso de la palabra en el lapso de la apertura de la discusión, lo que llevó a las Presidencias a pasar a la votación. Este proceder, que según se anotó no tiene porqué generar un vicio de procedimiento, encuentra un claro respaldo en la jurisprudencia constitucional.

Por lo anterior, la Corte decidió declarar exequible el Acto Legislativo No. 02 de 2004 ?Por el cual se reforman algunos artículos de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones?, salvo el siguiente aparte contenido en el inciso tercero del parágrafo transitorio del artículo 4º del citado Acto Legislativo: ?[s]i el Congreso no expidiere la ley en el término señalado o el Proyecto fuere declarado inexequible por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, en un plazo de dos (2) meses reglamentará transitoriamente la materia?, que se declara inexequible. nota 6

· Las normas sobre quórum no son aplicables a las audiencias públicas de participación ciudadana en el Congreso

El demandante considera que en el trámite del Acto Legislativo No. 02 de 2004, que aprobó la reelección presidencial, se violaron los artículos 116 y 230 del Reglamento del Congreso, por cuanto ?la sesión de la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes del 1º de junio de 2004 se inició sin el quórum decisorio, requerido por el Art. 116 de la Ley 5ª de 1992, para declarar la sesión informal con el fin de poder escuchar las intervenciones ciudadanas a que se refiere el Art. 230 de la Ley 5ª de 2004?.

Para la Corte, la acusación efectuada por el demandante no estaba llamada a prosperar. En efecto, el artículo 116 de la Ley 5ª de 1992, sobre el concepto y las clases de quórum, define este último concepto como el ?número mínimo de miembros asistentes que se requieren en las Corporaciones legislativas para poder deliberar o decidir?; de allí se infiere que lo dispuesto en dicho artículo sobre quórum no es aplicable a las audiencias públicas de participación ciudadana decretadas por los Presidentes de las Cámaras legislativas o sus comisiones permanentes, dado que el propósito de éstas no es el de que los Congresistas deliberen ni decidan sobre algún asunto, sino el de permitir a los particulares interesados expresar sus posiciones y puntos de vista sobre los proyectos de ley o acto legislativo que se estén examinando en la célula legislativa correspondiente; no son, así, sesiones del Congreso o de sus cámaras, sino audiencias programadas para permitir la intervención de los ciudadanos interesados. En consecuencia, no es cierto que para iniciar las audiencias de participación ciudadana se requiera quórum deliberatorio o decisorio; el cargo, en consecuencia, fue desestimado por la Corte. nota 7

· Los pactos de grupos mayoritarios en el Congreso no deben limitar la garantía institucional del debate parlamentario

Los demandantes sostienen que en las sesiones llevadas a cabo en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes durante el trámite de la primera vuelta del Acto legislativo que autorizó la reelección, se omitió el debate para evitar que el texto aprobado fuera distinto al texto aprobado en Senado. En consecuencia, consideran que existió elusión del debate.

La Corte Constitucional recordó que la Constitución, - especialmente con posterioridad a la llamada Reforma Política -, promueve la solidez de los partidos y movimientos políticos y su actuación legislativa coherente y consistente, lo cual puede suponer acuerdos de bancada realizados por fuera del debate parlamentario. Lo que prohíbe la Constitución es que estos acuerdos de mayorías se consoliden o se impongan a través de la violación de los derechos de las minorías y, en especial, de la garantía institucional del debate. En otras palabras, lo que la constitución reprocha es la existencia de pactos cuyo objetivo sea imponer arbitrariamente y con vulneración de los derechos de las minorías la decisión de las mayorías.

En consecuencia, el dato verdaderamente relevante para la Corte consistió en si la Presidencia había dio a todos los representantes que consideraban necesario archivar o modificar el proyecto presentado, una oportunidad real, efectiva, material, de intervenir en la formación de la voluntad de la Comisión y controvertir el acuerdo de mayorías destinado a aprobar el proyecto tal y como había sido aprobado por la Plenaria del Senado.

Revisadas por la Corte las pruebas que obraban en el expediente, no se encontró que hubiera, al menos en este punto, una conducción arbitraria del respectivo trámite. En dichas sesiones ningún congresista interesado en intervenir fue privado del uso de la palabra. No se vulneraron ni las normas de la ley 5 de 1992, ni las que el mismo Presidente impuso para la conducción del debate. No se traicionó la confianza legítima de los miembros de la Comisión en las reglas del juego previamente definidas. En suma, pese al acuerdo existente entre los miembros de la mayoría en el sentido de no modificar el proyecto, quienes no compartían esta posición tuvieron la oportunidad real de intervenir en cada momento del trámite para controvertir la posición de las mayorías y el contenido del proyecto.

La Corte destacó el hecho de que, en la etapa que se estudia, la Mesa Directiva cumplió con las garantías reglamentarias para que el debate pudiera satisfacer la finalidad que lo justifica. En efecto, el estudio del Acta arrojó que durante toda la discusión se permitió, materialmente, la presentación de proposiciones y enmiendas respecto de los distintos artículos, dando así aplicación a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 5ª de 1992. Adicionalmente, la etapa del debate fue sustancialmente diferente a la etapa de la votación. Se sometió a debate y votación, de manera separada, el informe de ponencia, los textos normativos que integraban la iniciativa y las respectivas proposiciones. Las garantías reglamentarias del debate se aplicaron en lo pertinente tanto a la discusión de los informes de ponencia como a la discusión sobre los artículos que componían el proyecto. Finalmente, el Presidente sólo cerró el debate de cada una de las cuestiones sometidas a consideración de la Comisión cuando todas las personas que querían participar lo habían hecho y, en consecuencia, ninguno de los oradores inscritos o interesados en hablar dejó de hacerlo en el momento en el cual lo solicitó.

Por las razones antes advertidas, la Corte concluyó que en el trámite del Acto Legislativo surtido en la Comisión primera de la Cámara en la primera vuelta del trámite legislativo no se produjo el vicio por elusión del debate. nota 8



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-008-03
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-1028-03
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-983A-04
  4. Corte Constitucional, Sentencia C-759-04
  5. Corte Constitucional, Sentencia C-1040-05
  6. Corte Constitucional, Sentencia C-1040-05
  7. Corte Constitucional, Sentencia C-1043-05
  8. Corte Constitucional, Sentencia C-1047-05

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