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Última modificación: 2006-08-01
Inconstitucionalidad sobreviniente del quórum que requiere el congreso para deliberar y decidir

Sobre el artículo 30 del Decreto 1222 de 1986, la demandante adujo que era contrario a la Carta ya que consagraba un quórum deliberatorio para el Congreso en Pleno, las Cámaras y las Comisiones, distinto al previsto en el artículo 145 del Texto Fundamental. Afirmó que mientras la norma constitucional citada preveía que el Congreso en Pleno, las Cámaras y las Comisiones no podían abrir sesiones ni deliberar con menos de la cuarta parte de sus miembros, la disposición acusada indicaba que las sesiones podrían abrirse con la asistencia de la tercera parte de los mismos. La Corte encontró que el artículo impugnado fue modificado por el artículo 145 de la Constitución del 91, al exigir este último un quórum diferente al previsto en la citada norma para que el Congreso en pleno, las Cámaras y las Comisiones puedan abrir sesiones y deliberar. Ciertamente, en tanto la preceptiva impugnada prevé para la apertura y deliberación un quórum de la tercera parte de los miembros, la norma constitucional citada establece que ello no es posible con menos de una cuarta parte de sus miembros.

En lo que se refiere a la toma de decisiones, a pesar de que podría considerarse que las dos disposiciones mantienen el mismo quórum, lo cierto es que el mismo es expresado en diferentes términos jurídicos, ya que mientras la norma preexistente consagra que las decisiones sólo podrán adoptarse ?con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes de la respectiva corporación?, la actual preceptiva constitucional dispone que las decisiones se toman ?con la asistencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva corporación?, con lo cual esta última le reconoce al quórum decisorio una identidad distinta a la contenida en la Ley impugnada.

En la medida en que las normas acusadas se expidieron con anterioridad a la Constitución del 91, y su incompatibilidad manifiesta con el texto Superior surge como consecuencia de contener materias reguladas directamente y de forma distinta por la actual Carta Política, se configura respecto de ellas una inconstitucionalidad sobreviniente que le impuso a la Corte reconocerle a la decisión de inexequibilidad efectos ex tunc o retroactivos, desde el mismo momento en que entró a regir el Estatuto Fundamental, es decir, desde el día 7 de julio de 1991. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-571-04

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