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Última modificación: 2006-08-01
Mecanismos de participación democrática (nums. 2,4 y 5 art. 40 de la constitución política).

· Estímulos al votante no son aplicables en los eventos de participación ciudadana distintos de los electorales.

En la demanda instaurada en contra del artículo 2º de la Ley 403 de 1997, que establecía algunos estímulos en favor de quienes participen en las elecciones y en los eventos programados en desarrollo de los mecanismos de participación política previstos en la Carta, la accionante consideró que se vulneraba la Constitución, por cuanto existen ciertos mecanismos, tales como la convocatoria a una asamblea constituyente y a un referendo, para cuya validez se requiere alcanzar un determinado porcentaje del censo electoral. A su juicio, para los casos enunciados, a diferencia de las elecciones de los alcaldes, gobernadores, miembros del Congreso y demás corporaciones públicas, la abstención es activa, toda vez que produce efectos jurídicos.

La Corte encontró que la abstención activa, en el referendo derogatorio y aprobatorio, en el plebiscito, en la consulta popular, así como aquélla que convoca a asamblea constituyente y la revocatoria del mandato, produce efectos jurídicos, por cuanto los ciudadanos pueden no votar con el fin de que no se cumpla el umbral requerido por la Constitución y la ley para efectos de su validez. La eficacia jurídica de estos mecanismos de participación está condicionada al cumplimiento del porcentaje del censo electoral exigido. Así, para que cualquiera de ellos surta efectos jurídicos es necesario un número determinado de votos válidos. En esta medida, no basta que el texto reformatorio o que se pretende derogar, para el caso del referendo, sea aprobado por la mayoría de los sufragantes, antes debe cumplirse el umbral requerido para efectos de determinar si la mayoría aprobó o improbó la reforma.

Lo mismo ocurre para el caso del plebiscito, pues es necesario que concurran a las urnas por lo menos la mayoría del censo electoral, después, si se determinará si fue aprobado o no. De esta forma, la Corte reconoce que para el caso del referendo, el plebiscito, la revocatoria del mandato y la consulta popular, la abstención, además de tener eficacia jurídica, es una estrategia legítima de oposición y por ende no le está permitido al Legislador establecer estímulos para las personas que mediante el voto participan en estos eventos democráticos no electorales. En consecuencia, la Corte declaró la inexequibilidad de la expresión ?y en los eventos relacionados con los demás mecanismos de participación constitucionalmente autorizados.?, contenida en el artículo 2 de la Ley 403 de 1997.

Dado que la expresión ?o del día en que deba realizarse un evento de participación ciudadana de carácter nacional o territorial?, contenida en el artículo 6 de la Ley 403 de 1997, referente a la divulgación, empleando los medios de comunicación del Estado, de diversos estímulos a que tienen derecho quienes acrediten haber sufragado en los mecanismos de participación no electorales carece de fundamento alguno debido a la declaratoria de inexequibilidad de la expresión inicialmente demandada, la Corte hizo extensivo su pronunciamiento respecto del mencionado segmento normativo.

De igual manera, encontró la Corte que la expresión ?...o eventos de participación ciudadana directa?, contenida en el numeral sexto del artículo 2 de la Ley 815 de 2003, y que alude a un nuevo estímulo al sufragante, consistente en que las universidades no oficiales podrán establecer, dentro de sus estrategias de mercado, un descuento en el valor de la matrícula a los estudiantes de pregrado y posgrado que acrediten haber sufragado en las últimas elecciones ?o eventos de participación ciudadana directa?, también resultó ser inconstitucional por cuanto al Legislador le estaba vedado establecer cualquier clase de estímulo a quienes sufragaban con ocasión de una convocatoria a un mecanismo de participación. nota 1

· Rebaja del costo de la matrícula en universidades privadas como estímulo electoral coarta la libertad del elector.

La Corte declaró la inexequibilidad del numeral 6 del artículo 2 de la Ley 815 de 2003 que establecía: ??Como una contribución a la formación de buenos ciudadanos, las universidades no oficiales podrán establecer, dentro de sus estrategias de mercadeo, un descuento en el valor de la matrícula a los estudiantes de pregrado y postgrado que acrediten haber sufragado en las últimas elecciones??. La norma había sido demandada parcialmente. Se habían formulado los siguientes cargos a las expresiones ?buenos? y ?o eventos de participación ciudadana directa?:

- La expresión ?buenos? violaba los principios de dignidad humana e igualdad, ya que por su intermedio el Legislador estaba creando una odiosa diferencia entre buenos y malos ciudadanos, encasillando en este último grupo a quienes por diversas razones - políticas o cívicas- decidían no ejercer su derecho al voto.

- La expresión ?o eventos de participación ciudadana directa? desconocía el carácter participativo y pluralista del sistema político imperante, pues el reconocimiento de estímulos a favor de quienes acreditaban haber sufragado en los eventos de participación no electorales, iba en contra vía de una forma de oposición política constitucionalmente admisible como es el abstencionismo.

La Corte consideró que la expresión ?buenos? se encontró en relación de conexidad directa con el resto de la proposición jurídica prevista en la norma acusada y, en consecuencia, decidió extender el juicio de inconstitucionalidad a todo el numeral 6° del artículo 2° de la Ley 815 de 2003, con el fin de evitar que una decisión parcial fraccionara su verdadero sentido y alcance.

La Corte Constitucional consideró que es posible que el Legislador, respetando los principios y garantías constitucionales - en particular el de la igualdad -, consagre estímulos electorales en beneficio de los ciudadanos que sufraguen en los procesos de elección democrática, por constituir la abstención en estos casos un comportamiento negativo de participación. Sin embargo, le está prohibido al Congreso concebir cualquier tipo de incentivo en favor de quienes voten en los eventos de participación ciudadana no electorales, toda vez que en ellos la abstención produce efectos jurídicos y es objeto de una clara protección constitucional, derivada de la forma como se encuentra diseñado en el ordenamiento jurídico el sistema de participación, que consiste en exigir la obtención de unos umbrales mínimos para que se entienda válido el respectivo acto de convocatoria.

La Corte consideró que la referencia normativa ?buenos ciudadanos? era inconstitucional, en cuanto por su intermedio se estaba desconociendo a la abstención como manifestación legítima del derecho ciudadano a expresar libremente sus opiniones políticas. Tanto la opción de participar activamente en un evento electoral como la de no participar, hacen parte del núcleo esencial del derecho al sufragio. En tal sentido, constitucionalmente ninguna de las dos opciones o conductas políticas altera o modifica la condición de ciudadano que se detenta, ni conlleva a que uno sea considerado más bueno que otro.

La diferencia que consagra la norma entre buenos ciudadanos y quienes no lo son, sin lugar a dudas, genera una odiosa discriminación en perjuicio de aquél sector de la población que por razón de su posición ideológica, filosófica, política, cívica, social o incluso religiosa o de fuerza mayor, se abstiene de participar en una elección. Tal discriminación viola el principio de igualdad y el derecho a la libertad del elector, en cuanto supone para dicho sector abstencionista una restricción al ejercicio libre del voto sin que exista una justificación constitucionalmente objetiva y razonable. Si es la propia Carta la que ampara como opciones políticas válidas la conducta ciudadana de votar a favor de un candidato, votar en blanco o no votar, no puede el Legislador expedir y justificar una medida que descalifique sólo a quien asume esta última conducta: la de la abstención.

En relación con el estimulo propiamente dicho, consideró la Corporación que el mismo era igualmente violatorio de la Constitución Política. La Corte encontró que facultar a las universidades no oficiales para bajar el costo de la matrícula a los estudiantes que acrediten haber votado en las últimas elecciones, permitiendo que dicha facultad se desarrolle como una estrategia de mercadeo, afecta los derechos fundamentales al sufragio y a la educación, ya que la misma viene a constituir una forma de coartar la libertad del elector y de darle a la educación un tratamiento meramente político y de mercancía. La Corte declaró inexequible la totalidad del numeral 6° del artículo 2° de la Ley 815 de 2003, salvo la expresión ?o eventos de participación ciudadana directa?, respecto de la cual ordenó estarse a lo resuelto en la Sentencia C-041 del 27 de enero de 2004, que la declaró inconstitucional. nota 2



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-041-04
  2. Corte Constitucional, Sentencia C-224-04

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