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EL PLEBISCITO

Última modificación: 2006-08-01
El referendo

En la revisión constitucional del proyecto de ley estatutaria "por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.", la Corte definió el referendo como el mecanismo mediante el cual el pueblo aprueba o rechaza las decisiones normativas de las autoridades, expresadas en un texto ya elaborado de proyecto, para derogar reformas constitucionales y leyes, aprobar reformas a la Constitución y convocar asambleas constituyentes. La posibilidad para los ciudadanos de participar en referendos tiene la naturaleza de derecho político fundamental, como mecanismo de participación. Se distinguen dos clases de referendo: Referendo derogatorio, por el cual se convoca al pueblo para que decida si deroga en todo o en parte un acto legislativo, una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución local, siendo los mismos ciudadanos quienes están facultados para solicitar ante la organización electoral la convocatoria del referendo para la derogatoria de una ley.

Referendo aprobatorio, es el sometimiento de un proyecto de acto legislativo, de una ley, de una ordenanza, de un acuerdo o de una resolución local de iniciativa popular que no haya sido adoptado por la corporación pública correspondiente, a consideración del pueblo para que éste decida si lo aprueba o rechaza. Este instrumento se deriva del principio de soberanía popular y busca, darle eficacia a la iniciativa popular. La revisión previa de la convocatoria por parte de la Corte se declaró exequible, en el entendido que a esta le compete proferir con anterioridad al pronunciamiento popular, una decisión sobre la constitucionalidad de la convocatoria de carácter nacional, sólo por vicios de procedimiento pero no tiene competencia en relación con actos de convocatoria a referendos sobre normas de carácter departamental, distrital, municipal o local.

En relación con los referendos sobre leyes, se instituye un control posterior y no previo. Aunque la Constitución no consagra la prohibición de que coincida con otra elección, juzgó la Corte que ello puede hacerlo el Legislador para otorgar más y mejores garantías para el libre ejercicio de este derecho. Igualmente se estima razonable la facultad del Gobierno, para evaluar la incidencia que circunstancias de orden público puedan tener en la convocatoria, o producir intimidación a los votantes, ya que el ejercicio de dicha competencia mediante decreto legislativo, se sujeta al control automático y oficioso de la Corte. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-180-94

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