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Última modificación: 2006-08-01
La iniciativa legislativa y normativa en corporaciones públicas

En la Revisión constitucional del proyecto de ley estatutaria "por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana. ", la Corte definió este mecanismo de participación como la posibilidad en cabeza de los ciudadanos en ejercicio, las organizaciones cívicas, sindicales, gremiales, indígenas o comunales del orden nacional, departamental, distrital, municipal o local de presentar proyectos de acto legislativo y de ley ante el Congreso de la República, de ordenanza ante las Asambleas Departamentales, de acuerdo ante los Concejos Municipales o Distritales y de resoluciones ante las Juntas Administradoras Locales, respecto de normas jurídicas que regulan situaciones de carácter general, abstracto e impersonal, cuya naturaleza es la de un derecho político fundamental de origen constitucional.

Se consideró inconstitucional la revisión de la iniciativa legislativa por la jurisdicción contencioso administrativa, por menoscabar el alcance de este mecanismo al dar al órgano respectivo una inusitada capacidad de incidir de manera favorable o desfavorable sobre su contenido, alcance y apoyo. Además, el concepto del Consejo de Estado podía no coincidir con el fallo que le competía emitir a la Corte Constitucional, dando lugar a dos visiones de dos jurisdicciones distintas sobre el mismo asunto, con la consiguiente inseguridad jurídica. Finalmente la jurisdicción constitucional es materia desarrollada por el Constituyente, por lo cual el Legislador no tiene competencia de regulación. También se declaró inexequible la posibilidad de que por ley ordinaria se pudieran excluir de la iniciativa popular las materias que fueran de competencia privativa de los gobernadores o alcaldes, pues el señalamiento de restricciones a la iniciativa popular sólo podían efectuarse mediante Ley estatutaria.

Igualmente se declaró inexequible una norma del proyecto que señalaba que en la iniciativa de acto legislativo, promovida por concejales o diputados, debía ser del veinte por ciento (20%), toda vez que el conflicto planteado por la incongruencia sobre el monto del apoyo previsto en dos normas de la Constitución, que señalan una el 20% y otra el 30%, debe resolverse en favor de este último, por considerarse congruente con la jerarquía superior que ostentan los actos legislativos, que en razón al carácter estricto y rígido de la Constitución, están sometidos a requisitos indudablemente más rigurosos y exigentes para su adopción. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-180-94

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