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Última modificación: 2006-08-01
Falta de regulación de las veedurías no implica la pérdida del derecho de ejercer vigilancia y control sobre la gestión pública, en cabeza de los ciudadanos

La Corte Constitucional al declarar la inconstitucionalidad de la Ley 563 de 2000, por la cual se reglamentaban las veedurías ciudadanas, reiterando jurisprudencia según la cual la regulación de tal mecanismo de participación no podía realizarse por ley ordinaria, concluyó que mientras el Congreso no expida la correspondiente ley estatutaria, el ejercicio de la vigilancia y control sobre la gestión pública de las diferentes autoridades o sobre la convocatoria y ejecución de proyectos o contratos para la prestación de un servicio público, no puede llevarse a cabo a través del mecanismo de veeduría ciudadana. Los efectos de la declaración de inexequibilidad de ninguna manera privan a los ciudadanos del derecho de ejercer control sobre la gestión pública ya que este mecanismo no es todo grupo conformado por los ciudadanos para participar en el ámbito público, o para ejercer un control de la administración, simplemente por el hecho de autodenominarse ?veeduría?.

La consagrada en la Ley 563 de 2002 era una institución jurídica que contemplaba reglas específicas para su creación, principios democráticos que regían la organización interna, restricciones, limitaciones, así como condiciones y herramientas especiales que no se otorgan a otras organizaciones para ejercer a cabalidad sus funciones de control. Era entonces una institución jurídica con características, requisitos y efectos jurídicos propios. El hecho de que no exista la ley de veedurías tiene como efecto que los grupos de ciudadanos no pueden gozar de las especiales prerrogativas que se contemplaban para dichas organizaciones. Sin embargo, pueden recurrir a las otras formas legales asociativas existentes, para crear personas jurídicas con propósitos de participación y vigilancia de la administración, pudiendo incluso denominarlas ?veedurías?. nota 1

1. Corte Constitucional, Sentencia C-1338-00