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Última modificación: 2006-08-01
Las veedurías como mecanismo de participación directa para la vigilancia ciudadana de la gestión pública

La Corte revisó el proyecto de ley estatutaria No. 022 de 2001, Senado, 149 de 2001, Cámara, ?por medio de la cual se regulan las veedurías ciudadanas?. El artículo 1º del proyecto define las veedurías como un ?mecanismo democrático de representación? para ejercer la vigilancia sobre la gestión pública de las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativos y los órganos de control, ?así como la convocatoria de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto o contrato de la prestación de un servicio público?. La actividad de participación en el control no puede ser invadido por el Estado, quien tiene que otorgar los espacios para que la sociedad intervenga de manera directa en dichas actividades. Por lo mismo, quienes participan en tal actividad, no pueden convertirse en servidores públicos ni su actividad estimarse como función pública.

Para la Corte, lo anterior en manera alguna significa que las veedurías ciudadanas se conciban como un mecanismo que pueda suplir las funciones encomendadas por la Constitución a las autoridades del Estado, específicamente a los organismos de control y vigilancia. Esa misma situación explica porqué un veedor no puede ser asimilado a un servidor público. La Corte aclaró que la expresión ?gestión pública? debe comprenderse en una perspectiva amplia, de manera que incluya no sólo la prestación de un servicio público o de una función pública, sino también toda actividad del Estado encaminada al cumplimiento de sus fines esenciales, en algunos casos desarrolladas por los particulares. De otro lado, al determinar el proyecto de ley que la veeduría ciudadana es un mecanismo mediante el cual se ejerce la vigilancia sobre la ?gestión pública?, podría entenderse que el Legislador estatutario ha limitado el ejercicio del derecho a la participación directa en la vigilancia de la gestión pública a ésta única modalidad.

La Corte consideró inadmisible esta interpretación, pues la participación ciudadana es un fenómeno complejo y con distintas modalidades de desarrollo. En el artículo 103 de la Carta, precisamente se han contemplado diversas opciones de la participación ciudadana, en desarrollo del derecho fundamental previsto en el artículo 40 de la Constitución. En este orden de ideas, la Corte observó que el Legislador en el presente proyecto de ley, únicamente ha regulado una de las modalidades de participación en la vigilancia, aquella prevista en el artículo 270 de la Carta, resultando admisible, por lo mismo, que los ciudadanos acudan a otras modalidades para ejercer la vigilancia de la gestión pública. Lo anterior apareja que se deba interpretar el proyecto de ley en un sentido restringido, esto es, que la regulación y definiciones adoptadas únicamente rigen aquellas veedurías ciudadanas que tienen por objeto vigilar la gestión pública. El Legislador está autorizado para desarrollar otras modalidades de veeduría con objetos distintos.

Por lo anterior, la Corte condicionó la constitucionalidad del artículo 1º del proyecto a que se entienda que las personas tienen derecho de participación directa en la vigilancia de la gestión pública, de acuerdo con la Constitución y la ley. Sobre la expresión ?convocatoria? del mismo artículo 1º del proyecto, la Corte expresó que la actividad de las veedurías ciudadanas comprende lo relativo a la gestión pública de las entidades indicadas en la disposición. El artículo 270 de la Constitución se refiere a la vigilancia de la gestión pública y ésta comprende actividades de propuesta, selección, desarrollo y seguimiento de programas y de ejecutores de tales programas. Así las cosas, resultó palmario que la expresión ?convocatoria? contenida en el inciso 1º del proyecto de ley supone una restricción al ámbito de acción de las veedurías ciudadanas, tratándose de la vigilancia de la gestión pública referida a proyectos, programas, contratos o prestación de servicios públicos. Por ello, la Corte la declaró inexequible nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-292-03

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