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Última modificación: 2006-08-01
Derecho a la identidad de partidos y movimientos políticos

La Corte al revisar una acción de tutela interpuesta por una serie de candidatos a cargos y corporaciones públicas de algunos municipios de Antioquia a quienes los delegados de la Registraduría del Estado Civil y los registradores municipales no había accedido a recibir las fotografías para el tarjetón electoral en las que aparecía con indumentarias especiales con las cuales se identificaban durante sus campañas políticas, preceptuó que un trato desigual no siempre implica la violación del principio de igualdad, cuando este obedece a una justificación razonable y es, además, necesario y proporcional frente al trato que igualmente se le otorga a las demás personas que pueden encontrarse en la misma situación. Es razonable, por lo mismo, que se permita a ciertas personas, en trance de actividad política, que presenten en el tarjetón electoral con sombrero o cachucha, si se puede establecer que esa es la manera como desarrollan una expresión característica de su individualidad y ella contribuye a distinguirlas del resto de las personas de su entorno.

Pero, además, es claro que dicho tratamiento resulta necesario para proteger sus intereses, porque de otra manera se menguaría su identificación ante el electorado, es decir, la forma como se les reconoce por los posibles electores, y que en los ajetreos políticos tiene una especial relevancia, al punto que en buena parte de esa identificación física constituye un factor determinante del favor de las gentes. El derecho fundamental de todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, reconocido por el artículo 40 de la Constitución y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por el Pacto Internacional de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, que se traduce, entre otros, en el derecho a elegir y ser elegido, a tomar parte en elecciones y otras formas de participación democrática y acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, debe ser garantizado por el Estado en su núcleo esencial.

Por lo tanto, las restricciones que se impongan deben ser las estrictamente necesarias en una sociedad democrática, organizada bajo un Estado Social de Derecho, como es el que nos rige, de suerte que aquéllas no impliquen que se anule o se desdibuje el derecho. Así, no va en contra de la identificación, el hecho de que los candidatos utilicen un determinado atuendo, siempre que los elementos que lo integren no se exageren hasta el punto que puedan modificar la identidad y por consiguiente generar equívocos en los electores. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-040-98

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